MonteKarmelo
Madmaxista
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>Gasto/ El Gobierno emplea 5 millones al año y 62 funcionarios en una agencia para vigilar la eficiencia de la Administración que no vale de nada. La duplicidad de puestos y su vacuidad están a la orden del día. F. Núñez
La reforma estructural más urgente que necesita el país para aumentar la competitividad y reducir el gasto no productivo es la de las tres administraciones (central, autonómica y local). Se trata de un pozo insondable plagado de cargos históricos, muchos de ellos sin función alguna; de organismos, en su mayor parte sin contenido administrativo; de un aparato burocrático duplicado y multiplicado que sólo sirve para poner trabas a la actividad privada; y de un desentrañable número de partidas de gasto sin control y, sobre todo, de falta de eficiencia.
A finales de 2006, el Gobierno creó por decreto un organismo que estaba destinado a ser el paradigma de «la racionalización del uso de los recursos públicos», según su presentación. La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Aeval) tiene como cometido, según consta en la norma de su configuración, «la promoción y realización de evaluaciones y análisis del impacto de las políticas y programas públicos, favoreciendo la rendición de cuentas a la ciudadanía», e impulsando «mejoras en la transparencia y el conocimiento de la eficiencia y calidad de los servicios públicos».
Sin embargo, no hay noticias de la eficiencia de la Agencia, que depende del Ministerio de Presidencia del Gobierno y que empezó a operar en 2007. Ni siquiera de los convenios que debería desarrollar con las autonomías y ayuntamientos.
Para 2010, el Ejecutivo, en pleno debate sobre el urgente recorte del gasto público, le ha encargado la misión de evaluar «los programas de vacaciones para mayores» o «el funcionamiento de las demarcaciones de costas para la protección del dominio público marítimo».
109 directores generales, 1.090 subdirectores
El Ministerio de Hacienda tiene 92 subdirectores, el de Trabajo, 62, y el de Industria, 52. Todos ellos con sus adjuntos, jefes de área y jefes de servicio. Desde el primer Gobierno de Aznar nadie se ha planteado si su función tiene sentido.
Mientras tanto, se ha descafeinado el control previo del gasto que antes hacía la Intervención General del Estado. Ahora, sólo habilita partidas de gasto. Y nadie es capaz de poner orden, por ejemplo, a la existencia de casi un millar de subdirecciones generales sólo en la Administración central, con sus respectivas unidades de apoyo, vocales asesores, divisiones con sus respectivos directores, adjuntos, jefes de áreas o jefes de servicios. ¿Qué sentido tiene que Presidencia tenga una subdirección destinada al «control estricto»?
La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Aeval), que depende de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tiene un coste previsto para 2010 de 4,9 millones de euros, de los cuales 3,3 se destinan a pagar nóminas de los 62 funcionarios adscritos a este departamento. Y, al tratarse de un organismo público que busca la eficiencia, resulta que emplea 800.000 euros (el 16% de su presupuesto) a «arrendamientos de edificios» ya que, al no tener sede donde ubicarse, ha optado por el alquiler de un cuarto piso lejos de los departamentos ministeriales. Pero el pago de este arrendamiento no es comparable, por ejemplo, con los 9,8 millones que abona el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Para tener una idea de la generosidad de cargos existente en la Administración, conviene saber que en el máximo escalafón hay, además de los 17 ministerios, 25 secretarios de Estado. Parte de ellos no son funcionarios. Pero, de aquí hacia abajo, las cifras se multiplican exponencialmente y todos ellos tienen empleo vitalicio. Y hay exactamente 26 secretarios generales, 17 secretarios generales técnicos, 17 subsecretarios, 109 directores generales y 1.090 subdirectores generales. Todos ellos con sus respectivos equipos.
El Ministerio de Economía y Hacienda tiene en su nómina a 97 subdirectores generales, incluido uno que se encarga de «las relaciones laborales» que, a la vez, dispone de ocho adjuntos, un jefe de área y otro de servicio, entre otros. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, también dispone de 98 consejeros en otras tantas oficinas comerciales en el extranjero (pero del comercio se ocupa el Ministerio de Industria); de 52 delegados provinciales de la Agencia Tributaria, más otros 17 autonómicos; así como de otros 52 de Economía, y otros nueve delegados especiales.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, tiene a su disposición 62 subdirectores generales, y Miguel Sebastián, ministro de Industria y Comercio, dispone de 59. Entre ellos, uno de «crecimiento empresarial» y otra de «entorno institucional y coordinación internacional en política de pyme». ¿A qué se dedican? Sebastián acumula también en su organigrama 31 direcciones territoriales de comercio y 29 oficinas de turismo en el extranjero.
Puestos a sumar, existen en los diversos ministerios 35 institutos de lo más variopinto, desde el de Cualificación, en Educación, al de Gestión Sanitaria o el Geológico y Minero. Defensa, por ejemplo, se apunta en su estructura a 22 mandos (de Acción, Adiestramiento y Doctrina o Artillería de Costa), así como un organismo dedicado a la Historia y Cultura Naval. En la Casa Real figuran 14 ayudantes de campo.
Este es el esquema administrativo que han copiado las 17 autonomías. Y por si fuera poco, además de las 8.000 administraciones locales, hay que añadir 52 presidentes y otros tantos secretarios generales de las diputaciones provinciales, más idéntico número de vicesecretarios generales. Así como los 17 delegados del Gobierno en las autonomías, 52 delegados provinciales y otros tantos subdelegados, y sus respectivos secretarios generales.
Pero hay más. Todavía al Gobierno, tan preocupado por el control del gasto, no se le ha ocurrido encargar a la agencia de control de la eficiencia que evalúe el chorreo de millones que los ministerios emplean a alquilar edificios a pesar de la infrautilización de los metros de que disponen. Por ejemplo, Fomento emplea casi 1,6 millones y la secretaría general de Instituciones Penitenciarias, adscrita a Interior, se gasta 4,4 en estos menesteres. Justicia emplea casi tres millones y hasta el Tribunal de Cuentas usa 470.000 euros. Mientras, Exteriores alcanza los 12 millones. Claro que ese departamento tiene abiertas nada menos que 189 embajadas sin que se sepa cuál es su eficiencia, para qué sirve tener tantas o si cumplen sus objetivos.
Esto es lo que hizo el PP en 1996 cuando necesitó ajustar el gasto público para facilitar la convergencia con la UE. Desde entonces, ningún Gobierno ha puesto boca abajo todas las partidas presupuestarias para saber si sirven de algo o se repite o amplía el gasto del año anterior.
La responsabilidad del control del gasto es de Economía y Hacienda. Pero de la eficiencia de la Administración responde Presidencia. Y resulta que la vicepresidenta De la Vega tiene en su gabinete a 14 personas (y otras cinco vacantes).
En su negociado hay, por ejemplo, una dirección general que se ocupa de la coordinación y administración de «servicios periféricos» (dotada con cinco subdirectores generales y un secretario general, además de una «secretaría particular») y de una serie de subdirecciones generales sin contenido aparente. Por ejemplo, hay una de «conflictos de intereses» y otra de «seguimiento de iniciativas económico-presupuestarias». En Presidencia también existe un Centro para la Prevención y Lucha contra la Contaminación Marítima y del Litoral, que cuenta con una directora, secretaría, unidad de apoyo, vocales asesores, división de estudios y planificación y otra de cooperación y asuntos internacionales.
Lo que es evidente es que en la Administración central hay una hiperinflación de organismos y, sobre todo, de cargos que nadie se ha entretenido en averiguar para qué sirven. El problema es que la mayoría de ellos son funcionarios y, aunque se suprima el cargo, seguirán en la nómina pública. Por tanto, los reajustes de ubicación anunciados por el Gobierno no tienen apenas trascendencia en el gasto.
Ocurre también que, cuando los altos cargos cesan en su responsabilidad, cobran el 80% de su salario durante dos años y es compatible con cualquier otro sueldo público. Así, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha anunciado que va a unificar en una las cuatro secretarías de Estado que tiene en su departamento. Sin embargo, los tres salientes seguirán cobrando esa indemnización junto a su sueldo. En 2010, a pesar de que a partir de junio han dejado de cobrar los ex ministros y ex secretarios de Estado que salieron en el ajuste ministerial de 2008, el gasto total previsto por esa dádiva es de un millón de euros. A pesar de este anuncio, Moratinos no va a reducir su organigrama. Va a compensar la supresión de estas secretarías de Estado con la creación de secretarías generales.
No hay cuenta pública ni economía que aguante este peso, cuya eficiencia nadie ha evaluado.
El Mundo vía e-pesimo Auxiliar 1: MERCADOS: El país de lo cargos inútiles/ 109 directores generales, 1090 subdirectores/ Top de los prescindibles/ "El Gobierno retrasó el ajuste y daño
La reforma estructural más urgente que necesita el país para aumentar la competitividad y reducir el gasto no productivo es la de las tres administraciones (central, autonómica y local). Se trata de un pozo insondable plagado de cargos históricos, muchos de ellos sin función alguna; de organismos, en su mayor parte sin contenido administrativo; de un aparato burocrático duplicado y multiplicado que sólo sirve para poner trabas a la actividad privada; y de un desentrañable número de partidas de gasto sin control y, sobre todo, de falta de eficiencia.
A finales de 2006, el Gobierno creó por decreto un organismo que estaba destinado a ser el paradigma de «la racionalización del uso de los recursos públicos», según su presentación. La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Aeval) tiene como cometido, según consta en la norma de su configuración, «la promoción y realización de evaluaciones y análisis del impacto de las políticas y programas públicos, favoreciendo la rendición de cuentas a la ciudadanía», e impulsando «mejoras en la transparencia y el conocimiento de la eficiencia y calidad de los servicios públicos».
Sin embargo, no hay noticias de la eficiencia de la Agencia, que depende del Ministerio de Presidencia del Gobierno y que empezó a operar en 2007. Ni siquiera de los convenios que debería desarrollar con las autonomías y ayuntamientos.
Para 2010, el Ejecutivo, en pleno debate sobre el urgente recorte del gasto público, le ha encargado la misión de evaluar «los programas de vacaciones para mayores» o «el funcionamiento de las demarcaciones de costas para la protección del dominio público marítimo».
109 directores generales, 1.090 subdirectores
El Ministerio de Hacienda tiene 92 subdirectores, el de Trabajo, 62, y el de Industria, 52. Todos ellos con sus adjuntos, jefes de área y jefes de servicio. Desde el primer Gobierno de Aznar nadie se ha planteado si su función tiene sentido.
Mientras tanto, se ha descafeinado el control previo del gasto que antes hacía la Intervención General del Estado. Ahora, sólo habilita partidas de gasto. Y nadie es capaz de poner orden, por ejemplo, a la existencia de casi un millar de subdirecciones generales sólo en la Administración central, con sus respectivas unidades de apoyo, vocales asesores, divisiones con sus respectivos directores, adjuntos, jefes de áreas o jefes de servicios. ¿Qué sentido tiene que Presidencia tenga una subdirección destinada al «control estricto»?
La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Aeval), que depende de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tiene un coste previsto para 2010 de 4,9 millones de euros, de los cuales 3,3 se destinan a pagar nóminas de los 62 funcionarios adscritos a este departamento. Y, al tratarse de un organismo público que busca la eficiencia, resulta que emplea 800.000 euros (el 16% de su presupuesto) a «arrendamientos de edificios» ya que, al no tener sede donde ubicarse, ha optado por el alquiler de un cuarto piso lejos de los departamentos ministeriales. Pero el pago de este arrendamiento no es comparable, por ejemplo, con los 9,8 millones que abona el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Para tener una idea de la generosidad de cargos existente en la Administración, conviene saber que en el máximo escalafón hay, además de los 17 ministerios, 25 secretarios de Estado. Parte de ellos no son funcionarios. Pero, de aquí hacia abajo, las cifras se multiplican exponencialmente y todos ellos tienen empleo vitalicio. Y hay exactamente 26 secretarios generales, 17 secretarios generales técnicos, 17 subsecretarios, 109 directores generales y 1.090 subdirectores generales. Todos ellos con sus respectivos equipos.
El Ministerio de Economía y Hacienda tiene en su nómina a 97 subdirectores generales, incluido uno que se encarga de «las relaciones laborales» que, a la vez, dispone de ocho adjuntos, un jefe de área y otro de servicio, entre otros. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, también dispone de 98 consejeros en otras tantas oficinas comerciales en el extranjero (pero del comercio se ocupa el Ministerio de Industria); de 52 delegados provinciales de la Agencia Tributaria, más otros 17 autonómicos; así como de otros 52 de Economía, y otros nueve delegados especiales.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, tiene a su disposición 62 subdirectores generales, y Miguel Sebastián, ministro de Industria y Comercio, dispone de 59. Entre ellos, uno de «crecimiento empresarial» y otra de «entorno institucional y coordinación internacional en política de pyme». ¿A qué se dedican? Sebastián acumula también en su organigrama 31 direcciones territoriales de comercio y 29 oficinas de turismo en el extranjero.
Puestos a sumar, existen en los diversos ministerios 35 institutos de lo más variopinto, desde el de Cualificación, en Educación, al de Gestión Sanitaria o el Geológico y Minero. Defensa, por ejemplo, se apunta en su estructura a 22 mandos (de Acción, Adiestramiento y Doctrina o Artillería de Costa), así como un organismo dedicado a la Historia y Cultura Naval. En la Casa Real figuran 14 ayudantes de campo.
Este es el esquema administrativo que han copiado las 17 autonomías. Y por si fuera poco, además de las 8.000 administraciones locales, hay que añadir 52 presidentes y otros tantos secretarios generales de las diputaciones provinciales, más idéntico número de vicesecretarios generales. Así como los 17 delegados del Gobierno en las autonomías, 52 delegados provinciales y otros tantos subdelegados, y sus respectivos secretarios generales.
Pero hay más. Todavía al Gobierno, tan preocupado por el control del gasto, no se le ha ocurrido encargar a la agencia de control de la eficiencia que evalúe el chorreo de millones que los ministerios emplean a alquilar edificios a pesar de la infrautilización de los metros de que disponen. Por ejemplo, Fomento emplea casi 1,6 millones y la secretaría general de Instituciones Penitenciarias, adscrita a Interior, se gasta 4,4 en estos menesteres. Justicia emplea casi tres millones y hasta el Tribunal de Cuentas usa 470.000 euros. Mientras, Exteriores alcanza los 12 millones. Claro que ese departamento tiene abiertas nada menos que 189 embajadas sin que se sepa cuál es su eficiencia, para qué sirve tener tantas o si cumplen sus objetivos.
Esto es lo que hizo el PP en 1996 cuando necesitó ajustar el gasto público para facilitar la convergencia con la UE. Desde entonces, ningún Gobierno ha puesto boca abajo todas las partidas presupuestarias para saber si sirven de algo o se repite o amplía el gasto del año anterior.
La responsabilidad del control del gasto es de Economía y Hacienda. Pero de la eficiencia de la Administración responde Presidencia. Y resulta que la vicepresidenta De la Vega tiene en su gabinete a 14 personas (y otras cinco vacantes).
En su negociado hay, por ejemplo, una dirección general que se ocupa de la coordinación y administración de «servicios periféricos» (dotada con cinco subdirectores generales y un secretario general, además de una «secretaría particular») y de una serie de subdirecciones generales sin contenido aparente. Por ejemplo, hay una de «conflictos de intereses» y otra de «seguimiento de iniciativas económico-presupuestarias». En Presidencia también existe un Centro para la Prevención y Lucha contra la Contaminación Marítima y del Litoral, que cuenta con una directora, secretaría, unidad de apoyo, vocales asesores, división de estudios y planificación y otra de cooperación y asuntos internacionales.
Lo que es evidente es que en la Administración central hay una hiperinflación de organismos y, sobre todo, de cargos que nadie se ha entretenido en averiguar para qué sirven. El problema es que la mayoría de ellos son funcionarios y, aunque se suprima el cargo, seguirán en la nómina pública. Por tanto, los reajustes de ubicación anunciados por el Gobierno no tienen apenas trascendencia en el gasto.
Ocurre también que, cuando los altos cargos cesan en su responsabilidad, cobran el 80% de su salario durante dos años y es compatible con cualquier otro sueldo público. Así, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha anunciado que va a unificar en una las cuatro secretarías de Estado que tiene en su departamento. Sin embargo, los tres salientes seguirán cobrando esa indemnización junto a su sueldo. En 2010, a pesar de que a partir de junio han dejado de cobrar los ex ministros y ex secretarios de Estado que salieron en el ajuste ministerial de 2008, el gasto total previsto por esa dádiva es de un millón de euros. A pesar de este anuncio, Moratinos no va a reducir su organigrama. Va a compensar la supresión de estas secretarías de Estado con la creación de secretarías generales.
No hay cuenta pública ni economía que aguante este peso, cuya eficiencia nadie ha evaluado.
El Mundo vía e-pesimo Auxiliar 1: MERCADOS: El país de lo cargos inútiles/ 109 directores generales, 1090 subdirectores/ Top de los prescindibles/ "El Gobierno retrasó el ajuste y daño
