Garzón imputa al gerente del Incasòl, Emili Mas, y al ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Víctor Ros en el 'caso Pretoria'
Garzón imputa al gerente del Incasòl, Emili Mas, y al ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Víctor Ros en el 'caso Pretoria'
El nombre de Mas ya apareció en el auto de juez hace un mes y entonces el Govern salió en su defensa
El PSC le ha suspendido de militancia y él ha renunciado a su cargo voluntariamente. El juez imputa a otras 11 personas, entre ellas las esposas de Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, la madre de Bartomeu Muñoz, y el ex concejal de Urbanismo de Sant Andreu de Llavaneres Antoni Jiménez (PSC)
02/12/2009| Actualizada a las 18:56h | Política
Madrid. (Agencias).- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado, a instancias de la Fiscalía, al gerente del Insitut Català del Sòl, Emili Mas, en la causa en la que investiga la presunta trama de corrupción desmantelada con la Operación Pretoria, según ha podido saber La Vanguardia. El PSC ha suspendido de militancia a Emili Mas quien ya ha renunciado voluntariamente al cargo en la institución pública.
El juez ha imputado a otras 11 personas, entre las que también se encuentran las esposas de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, Doris Malfeito y Lluïsa Mas, respectivamente. Ambas están citadas mañana a las 13 horas en la Audiencia Nacional para declarar ante Garzón.
También están imputados el ex alcalde y el ex concejal de Urbanismo de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), Víctor Ros (PP) y Antoni Jiménez (PSC), respectivamente. El primero se ha dado de baja de militancia del PP y el segundo ya lo hizo del PSC la semana pasada.
Otra imputada es Josefina Calvet, madre y esposa de los ex alcaldes de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu y Blas Muñoz, respectivamente.
Asimismo, Garzón ha dejado en libertad bajo fianza de 200.000 euros al ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma de Gramenet Manuel Dobarco, que permanecía en prisión desde el pasado día 30 de octubre.
Se da la circunstancia de que uno de los nuevos imputados se encuentra actualmente fuera de España, por lo que el juez cursará una comisión rogatoria para tomarle declaración.
El nombre de Emili Mas ya apareció en la página 10 del auto de encarcelamiento de Garzón. Entonces, Mas envió un comunicado a título personal donde quiso dejar claro su honestidad. "Quiero dejar clara mi honestidad y transparencia en el ejercicio de mi cargo y expresar mi máxima disponibilidad de colaborar con la administración de justicia en lo que sea necesario", afirmó.
Además, el Govern salió en defensa del gerente del Incasòl a través de los consellers de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, y el d'Educació, Ernest Maragall, que descartaron irregularidades en las tramitaciones urbanísticas.
Pocas horas antes, el juez había nombrado administrador judicial de la empresa Gramepark, vinculada a la trama, a la Oficina Antifrau de Catalunya.
Con estas nuevas imputaciones asciende a 21 el número de implicados en este procedimiento, que investiga las operaciones urbanísticas que la trama desarrolló tanto en Sant Andreu como en Santa Coloma de Gramenet y Badalona, corporaciones que dejaron de ingresar 44,7 millones de euros por las actividades de la trama.
Los otros nueve imputados que el juez hizo declarar en la Audiencia Nacional el pasado 30 de octubre son Bartomeu Muñoz, Manuel Dobarco, concejal de Urbanismo, Macià Alaverda y Lluis Prenafeta, ex onsejero de Economía y ex secretario de Presidencia de los gobiernos de CiU y Luis Garcia, exdiputado del PSC. Los cinco ingresaron en la prisión madrileña de Soto del Real.
Por contra, los empresarios Josep Singla, presidente de Proinosa, y Lluis Casamitjana, presidente de la inmobiliaria Espacio, y Manuel Carrillo, consejero delegado de la empresa madrileña de servicios de limpieza Limasa Mediterrania, quedaron con libertad con fianza.
El magistrado ha adoptado esta decisión después de que el pasado viernes el fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, le solicitara su imputación en respuesta a un requerimiento que le dirigió Garzón "con la finalidad de avanzar en la investigación de los hechos". Según las citadas fuentes jurídicas, los imputados son, en su mayoría, empresarios y altos cargos municipales de ayuntamientos catalanes.
En el auto que Garzón dictó el pasado 30 de octubre para enviar a prisión a cinco de los nueve primeros imputados, aparecían cargos públicos y empresarios que, aunque no fueron imputados formalmente, podrían haber tenido relación con las presuntas actividades ilícitas desarrolladas por la trama.
Entre ellos se encuentra Antoni Jiménez, que era concejal de Urbanismo en Sant Andreu de Llavaneres cuando se desarrolló la Operación Niesma, que dejó un agujero en este ayuntamiento de 17,6 millones de euros.
Garzón también citaba está el gerente del Institut Català del Sòl, Emili Mas Margarit, al que se atribuían unas conversaciones con el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, Dobarco y el ex director de Servicios Municipales Pasqual Vela sobre la emisión de unas facturas con el fin de justificar el empleo de unos fondos europeos.
El juez también incluía en su resolución a Genís Carbó, ex jefe de Planificación Territorial de la Generalitat y coordinador en 2002 del plan territorial metropolitano de Barcelona.
Según el auto, la sociedad GCB Assessorament Urbanistic i Proyectes S.L., propiedad de Carbó, percibió 244.011 euros en la Operación Niesma.
En esta misma actuación urbanística aparecen relacionados Manuel Valera Navarro y Francisco Alejandro Pretus Labayen, administradores solidarios de la sociedad Niesma Corporació junto al presunto cerebro de la trama, Luis García.
En la Operación Pallaresa de Santa Coloma, que dejó un agujero en las arcas municipales de 13 millones de euros, aparece el nombre del funcionario Lluis Falcó, que trasladó a los adjudicatarios del proyecto Centre Comercial Gramenet la inviabilidad de desarrollar este proyecto en ese momento.
Con la tercera operación investigada por el juez, que tuvo lugar en Badalona con un coste de 14 millones, está vinculado el consejero delegado de las empresas Marina de Badalona y IBBW S.L., Juan Felipe Ruiz Sabido. Cuando se produjo la operación, la segunda sociedad pagó a Kundry Blau Inversiones 2,55 millones de euros en concepto de rescisión de un contrato de gestión de la que una empresa de Luis García resultó la principal beneficiaria.
Además, el ex alcalde de Sant Andreu Víctor Ros (PP) fue acusado por la Plataforma SOS Llavaneres ante la Fiscalía de Delitos Urbanísticos de Barcelona por favorecer a dos de sus primos con una reforma urbanística vinculada a la trama.
También es investigado por un juzado de Mataró por otros dos convenios urbanísticos polémicos firmados con la constructora Proinosa, cuyo presidente, Josep Singla, está imputado en la causa.
En el auto también aparecen el cuñado de Luis García, Wenceslao Manzanares; Jeff Schroeder, Luis Renau y Manuel Grandes, titulares de empresas que en 2003 recibieron pagos de la trama.
Según el magistrado, siete de los nueve imputados formaban "un grupo organizado de personas" que invertía capitales procedentes de paraísos fiscales en la compra de terrenos que eran adjudicados y posteriormente recalificados gracias a una red de "intermediarios y comisionistas" formada por Alavedra, Prenafeta y el propio García.
La actividad de la trama se desarrollaba en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma aunque también tenía "ramificaciones en otras localidades de Catalunya, Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y las islas Madeira y Caimán".
Garzón imputa al gerente del Incasòl, Emili Mas, y al ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Víctor Ros en el 'caso Pretoria'
El nombre de Mas ya apareció en el auto de juez hace un mes y entonces el Govern salió en su defensa
El PSC le ha suspendido de militancia y él ha renunciado a su cargo voluntariamente. El juez imputa a otras 11 personas, entre ellas las esposas de Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, la madre de Bartomeu Muñoz, y el ex concejal de Urbanismo de Sant Andreu de Llavaneres Antoni Jiménez (PSC)
02/12/2009| Actualizada a las 18:56h | Política
Madrid. (Agencias).- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado, a instancias de la Fiscalía, al gerente del Insitut Català del Sòl, Emili Mas, en la causa en la que investiga la presunta trama de corrupción desmantelada con la Operación Pretoria, según ha podido saber La Vanguardia. El PSC ha suspendido de militancia a Emili Mas quien ya ha renunciado voluntariamente al cargo en la institución pública.
El juez ha imputado a otras 11 personas, entre las que también se encuentran las esposas de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, Doris Malfeito y Lluïsa Mas, respectivamente. Ambas están citadas mañana a las 13 horas en la Audiencia Nacional para declarar ante Garzón.
También están imputados el ex alcalde y el ex concejal de Urbanismo de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), Víctor Ros (PP) y Antoni Jiménez (PSC), respectivamente. El primero se ha dado de baja de militancia del PP y el segundo ya lo hizo del PSC la semana pasada.
Otra imputada es Josefina Calvet, madre y esposa de los ex alcaldes de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu y Blas Muñoz, respectivamente.
Asimismo, Garzón ha dejado en libertad bajo fianza de 200.000 euros al ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma de Gramenet Manuel Dobarco, que permanecía en prisión desde el pasado día 30 de octubre.
Se da la circunstancia de que uno de los nuevos imputados se encuentra actualmente fuera de España, por lo que el juez cursará una comisión rogatoria para tomarle declaración.
El nombre de Emili Mas ya apareció en la página 10 del auto de encarcelamiento de Garzón. Entonces, Mas envió un comunicado a título personal donde quiso dejar claro su honestidad. "Quiero dejar clara mi honestidad y transparencia en el ejercicio de mi cargo y expresar mi máxima disponibilidad de colaborar con la administración de justicia en lo que sea necesario", afirmó.
Además, el Govern salió en defensa del gerente del Incasòl a través de los consellers de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, y el d'Educació, Ernest Maragall, que descartaron irregularidades en las tramitaciones urbanísticas.
Pocas horas antes, el juez había nombrado administrador judicial de la empresa Gramepark, vinculada a la trama, a la Oficina Antifrau de Catalunya.
Con estas nuevas imputaciones asciende a 21 el número de implicados en este procedimiento, que investiga las operaciones urbanísticas que la trama desarrolló tanto en Sant Andreu como en Santa Coloma de Gramenet y Badalona, corporaciones que dejaron de ingresar 44,7 millones de euros por las actividades de la trama.
Los otros nueve imputados que el juez hizo declarar en la Audiencia Nacional el pasado 30 de octubre son Bartomeu Muñoz, Manuel Dobarco, concejal de Urbanismo, Macià Alaverda y Lluis Prenafeta, ex onsejero de Economía y ex secretario de Presidencia de los gobiernos de CiU y Luis Garcia, exdiputado del PSC. Los cinco ingresaron en la prisión madrileña de Soto del Real.
Por contra, los empresarios Josep Singla, presidente de Proinosa, y Lluis Casamitjana, presidente de la inmobiliaria Espacio, y Manuel Carrillo, consejero delegado de la empresa madrileña de servicios de limpieza Limasa Mediterrania, quedaron con libertad con fianza.
El magistrado ha adoptado esta decisión después de que el pasado viernes el fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, le solicitara su imputación en respuesta a un requerimiento que le dirigió Garzón "con la finalidad de avanzar en la investigación de los hechos". Según las citadas fuentes jurídicas, los imputados son, en su mayoría, empresarios y altos cargos municipales de ayuntamientos catalanes.
En el auto que Garzón dictó el pasado 30 de octubre para enviar a prisión a cinco de los nueve primeros imputados, aparecían cargos públicos y empresarios que, aunque no fueron imputados formalmente, podrían haber tenido relación con las presuntas actividades ilícitas desarrolladas por la trama.
Entre ellos se encuentra Antoni Jiménez, que era concejal de Urbanismo en Sant Andreu de Llavaneres cuando se desarrolló la Operación Niesma, que dejó un agujero en este ayuntamiento de 17,6 millones de euros.
Garzón también citaba está el gerente del Institut Català del Sòl, Emili Mas Margarit, al que se atribuían unas conversaciones con el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, Dobarco y el ex director de Servicios Municipales Pasqual Vela sobre la emisión de unas facturas con el fin de justificar el empleo de unos fondos europeos.
El juez también incluía en su resolución a Genís Carbó, ex jefe de Planificación Territorial de la Generalitat y coordinador en 2002 del plan territorial metropolitano de Barcelona.
Según el auto, la sociedad GCB Assessorament Urbanistic i Proyectes S.L., propiedad de Carbó, percibió 244.011 euros en la Operación Niesma.
En esta misma actuación urbanística aparecen relacionados Manuel Valera Navarro y Francisco Alejandro Pretus Labayen, administradores solidarios de la sociedad Niesma Corporació junto al presunto cerebro de la trama, Luis García.
En la Operación Pallaresa de Santa Coloma, que dejó un agujero en las arcas municipales de 13 millones de euros, aparece el nombre del funcionario Lluis Falcó, que trasladó a los adjudicatarios del proyecto Centre Comercial Gramenet la inviabilidad de desarrollar este proyecto en ese momento.
Con la tercera operación investigada por el juez, que tuvo lugar en Badalona con un coste de 14 millones, está vinculado el consejero delegado de las empresas Marina de Badalona y IBBW S.L., Juan Felipe Ruiz Sabido. Cuando se produjo la operación, la segunda sociedad pagó a Kundry Blau Inversiones 2,55 millones de euros en concepto de rescisión de un contrato de gestión de la que una empresa de Luis García resultó la principal beneficiaria.
Además, el ex alcalde de Sant Andreu Víctor Ros (PP) fue acusado por la Plataforma SOS Llavaneres ante la Fiscalía de Delitos Urbanísticos de Barcelona por favorecer a dos de sus primos con una reforma urbanística vinculada a la trama.
También es investigado por un juzado de Mataró por otros dos convenios urbanísticos polémicos firmados con la constructora Proinosa, cuyo presidente, Josep Singla, está imputado en la causa.
En el auto también aparecen el cuñado de Luis García, Wenceslao Manzanares; Jeff Schroeder, Luis Renau y Manuel Grandes, titulares de empresas que en 2003 recibieron pagos de la trama.
Según el magistrado, siete de los nueve imputados formaban "un grupo organizado de personas" que invertía capitales procedentes de paraísos fiscales en la compra de terrenos que eran adjudicados y posteriormente recalificados gracias a una red de "intermediarios y comisionistas" formada por Alavedra, Prenafeta y el propio García.
La actividad de la trama se desarrollaba en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma aunque también tenía "ramificaciones en otras localidades de Catalunya, Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y las islas Madeira y Caimán".
