Un sistema electoral es el conjunto de principios, normas, reglas, procedimientos técnicos enlazados entre si, y legalmente establecidos, por medio de los cuales los electores expresan, su voluntad política en votos que a su vez se convierten en escaños o poder público.

El maquiavélico sistema electoral español

Nuestro sistema es desproporcional, impone el bipartidismo, fomenta la polarización y hace casi imposible que surja un tercer partido moderador. Los nacionalistas quedan como única alternativa para pactar.

El sistema electoral español es infinitamente más original de lo que parece a primera vista, y es bastante maquiavélico". Quien así habla no es ni un desinformado ni un antisistema resentido, es Óscar Alzaga, uno de los padres del propio sistema. Los dos adjetivos que utiliza describen a la perfección la criatura que él y otros miembros de la UCD alumbraron durante la Transición y que todavía perdura.

Su originalidad es tal que los especialistas no acaban de catalogarlo. Aunque la Constitución habla de "representación proporcional", lo cierto es que las desproporciones en los resultados son de las mayores de la escena internacional. No sólo no se garantiza una proporción más o menos ajustada entre votos y escaños, es que ni siquiera se salvaguarda el mero orden en el que los votantes colocan a los partidos: una formación con menos votos que otra puede conseguir más escaños. Por eso muchos estudiosos del sistema no lo consideran proporcional sino mayoritario atenuado.

Pero un sistema mayoritario se caracteriza por sobrerrepresentar al partido ganador facilitando así que forme gobierno. Y nuestro sistema no siempre beneficia al primer partido: en 2004 las elecciones las ganó el PSOE, pero el más beneficiado fue el PP. Mientras los votantes socialistas recibieron un 3.3% de escaños por encima de lo que hubiera sido proporcional, los populares se vieron agraciados con un 3.7%. De hecho, con el actual empate técnico puede suceder que el PP quede segundo en votos pero primero en escaños, perdiendo y ganando a la vez las elecciones (¡!). Las más elementales leyes de la semántica impiden denominar "mayoritario" a un sistema que posibilita semejante resultado.

Entonces, ¿qué es? Bien, ya se ha dicho: es original. De hecho, lo es tanto que puede afirmarse que su esencia consiste en su inexistencia. El "sistema electoral español" es una construcción meramente verbal que carece de una realidad empírica a la que aplicarse con sentido. Lo que hay son 52 sistemas electorales (50 por provincia más Ceuta y Melilla). Los sistemas en los que se eligen muchos escaños son proporcionales. Los sistemas en los que se eligen 3, 4 o 5 escaños no. La ciencia política suele estimar que estos últimos tienen efectos "mayoritarios", algo que a mi juicio no merece el noble principio de mayoría. Por eso, si me permiten la licencia, yo les voy a denominar "distorsionantes". Porque lo que hacen esos sistemas es distorsionar, y por partida doble y superpuesta.

Pensemos en Teruel, con 3 escaños. Un sistema así distorsiona en primer lugar el propio voto de muchos ciudadanos. Un voto útil no es otra cosa que una emisión de preferencias distorsionada: "Yo prefiero A, pero he de votar por B". Y distorsiona, en segundo lugar, los resultados. Porque el reparto de escaños va a ser prácticamente siempre de 2 a 1 -aunque el partido vencedor lo sea sólo por un voto- y porque todos los votos a terceros partidos se quedan sin representación.

Conviene entonces no claudicar ante la magia de las palabras: no hay "un sistema electoral español", y es preferible hablar, como empiezan a hacer los especialistas, de "los sistemas electorales para el Congreso". La imagen mental adecuada no es la de una entidad más o menos unívoca, sino más bien la de una escala. Una escala en la que se sitúan 52 posibilidades y cuyos límites son por un lado la distorsión y por otro la proporcionalidad.

Soria, con 2 diputados, es un extremo de esa escala; Madrid, con 35, es el otro. Y cada provincia se sitúa de acuerdo a su número de escaños. El 62% de los españoles votan en circunscripciones de 10 escaños o menos, por lo que saben que si su primera preferencia no supera aproximadamente el 10% de los votos, su voto será electoralmente inútil. En ellas se impone a fuego el bipartidismo, ya que sólo el PP y el PSOE pueden en la práctica verse representados (o, en su caso, los nacionalistas). En las cinco provincias en las que habita el 38% de españoles restante serían a priori posibles nuevos partidos e iniciativas, pues la proporcionalidad es elevada. Pero recordemos a Alzaga: no sólo original, también maquiavélico.

Como en un taller de alquimia, la escala que acabamos de describir se encuentra salpicada con unas cuantas gotas de sufragio desigual. Las provincias más pequeñas eligen más escaños de los debidos, disfrutando así de un poder de voto mayor. En las últimas generales el precio del escaño basculó desde las 20.000 papeletas de Soria hasta las 100.000 de Madrid. Tenemos así dos escalas que corren paralelas pero en sentido contrario. La primera nos divide en 52 grupos de acuerdo a nuestra mayor o menor proporcionalidad (sistemas electorales diferentes). La segunda nos divide en otros tantos grupos de acuerdo a nuestro mayor o menor poder de voto (sufragio desigual).

Maquiavelo habría tomado apuntes: los electores cuyos votos son fuertes se hallan en los sistemas "distorsionantes" y por tanto presionados para votar útil o, lo que es lo mismo, a los dos grandes; los votantes eximidos de esa losa psicológica son libres, pero sus votos son débiles. En cifras: en Teruel bastan 25.000 votos para alcanzar un escaño, pero es que eso es un 33% de los votantes turolenses y por tanto sólo el PP y el PSOE pueden permitirse tales escaños de saldo. En Madrid un 3% de los votos suponen 3 escaños, pero es que eso equivale nada menos que a 300.000 votantes.

Aunque centrarse sólo en ellos es ya a mi juicio parte del problema, los efectos del entramado son obvios. Por un lado se impone el bipartidismo y se fomenta la polarización, siendo casi imposible que surja un partido de centro que pueda ejercer un factor moderador. Por otro, la única alternativa para pactar la ofrecen los nacionalistas.

¿Qué hacer? La decisión sobre el sistema electoral configura una situación en buena medida excepcional desde el punto de vista de la filosofía política. Nadie defiende, por ejemplo, que sean las empresas las que redacten las leyes anti-monopolio: esa labor ha de corresponder a instituciones que, situadas por encima de ellas, vayan más allá de sus intereses. Pero el sistema electoral lo deciden los partidos y, ¿qué hay por encima de ellos? "La ley y el Estado de Derecho", se dirá, pero es que la ley y por tanto el derecho son, empezando por la propia Constitución, creaciones suyas.

Si hay otro cuerpo en el Estado que comparte esa situación soberana de los partidos es el militar. El ejército no tiene por encima nada que pueda controlarlo, lo que explica el destacado papel que el honor y la obediencia han desempañado siempre en su código moral: son nuestra única garantía. De ahí que, de la misma manera que la democracia sólo germinó cuando las cúpulas militares interiorizaron de verdad su acatamiento al poder civil, compartieran o no sus designios, la regeneración de la democracia sólo será posible cuando las cúpulas partidistas asuman ciertos principios, convengan o no a sus intereses.

Por eso, a pesar de que de ellos no se escuche ya últimamente ni el más leve susurro, resulta fundamental volver a hablar de principios. Cuando uno lee a los viejos defensores del ideal de la proporcionalidad descubre los valores que la nutren: a los electores les garantiza libertad; a los resultados, justicia. Y cuando uno vuelve a los clásicos de la democracia, recuerda que hay un valor que bajo ningún concepto puede claudicarse: la igualdad del voto. Son las élites de los grandes partidos las que han impedido que esos tres valores sean hoy y ahora una realidad entre nosotros. Llevar los principios al centro del debate y recordar lo que significa "inalienable" es el primer paso para evitar que puedan seguir haciéndolo.

El fraude contra la izquierda en el sistema electoral español

La democracia española practica el fraude contra la izquierda estatal con programa de izquierdas, es decir, Izquierda Unida. En las últimas elecciones generales a IU cada diputado le costó 484.935 votos, al PSOE 66.797 y al PP 66.739. Si al PSOE y al PP cada escaño le hubiera requerido los mismos votos que a IU, habrían obtenido 23 y 21 escaños respectivamente, en vez de 169 y 154. ¿Imaginan la que armaría cualquiera de esos dos partidos si fueran objeto del fraude que ellos perpetran contra IU?

Da igual lo que haga IU porque sus potenciales votantes saben que, si le dan su confianza, habrán emitido un voto liliputiense. Por ello, y dado que mucha gente vota más contra lo que teme que a favor de lo que desea, en la última cita electoral cientos de miles de personas votaron al PSOE para rechazar a Mariano Rajoy, sabiendo que si votaban a IU quedarían infrarrepresentados. Esta realidad la puso de manifiesto, el pasado mes de julio, la extrapolación de los datos de una encuesta encargada por el diario Público, cuando reveló que 558.000 votantes del PSOE habrían votado a IU, de no haber tenido la prioridad de frenar a Rajoy y porque sabían que el voto a IU valdría mucho menos.

En realidad, la encuesta de Público muestra que la ciudadanía progresista habría permitido crecer a IU, en relación a sus resultados de 2004, y que, si ello no sucedió, no fue a causa de un desencuentro con la etapa de Llamazares, sino debido a la polarización bipartidista y biderechista. De hecho, desde 1989, en todas y en cada una de las convocatorias electorales, los dos grandes partidos favorecidos por la legislación, han aumentado el total de votos que suman conjuntamente, pasando del 65,3% de los votos -y el 80,5% de los escaños- al 87,3% del voto y al 92% de los escaños. Siempre han obtenido mayor proporción de escaños que de votos y, además, un porcentaje mayor de subvenciones públicas y de espacios en los medios de comunicación públicos, que de votantes. IU siempre ha obtenido menor porcentaje de escaños, subvenciones y espacios públicos que de votantes. Este es el pucherazo estructural que tiende a borrar del mapa electoral español a la izquierda, con la nocturnidad derivada de la ausencia de observadores internacionales que denuncien el fraude contra la ciudadanía progresista.

El sesgo derechista del sistema electoral español es tan descarado que, por ejemplo, en las elecciones generales de 2004, el PP venció en el 80% de las quince provincias en que menos votos cuesta un escaño y ganó en el 40% de las quince provincias en que más votos cuesta un escaño. No es casualidad que, según una encuesta divulgada el pasado mes de agosto por el diario El Mundo, sólo el 13,4% de los españoles considera justo nuestro sistema electoral.

En España, dos más dos suman uno si se trata de votos a IU, cinco si van al PSOE o al PP y cuatro si van a los partidos nacionalistas. El desprecio al principio democrático de una persona un voto es la condición necesaria para el viaje a la amnesia bipartidista y biderechista. La meta es la implantación del modelo estadounidense, con sus costosas campañas electorales, que subordinan los candidatos a los poderes económicos, y con la imposibilidad de elegir un presidente que, por ejemplo, rechace las guerras de agresión contra ciertos estados del Tercer Mundo.

Los términos izquierda y derecha van significando lo mismo que en Barrio Sésamo, a medida que se implanta una cultura política teletubbie. En Italia, en el contexto de las elecciones del pasado mes de abril, el partido de Silvio Berlusconi acusó al Partido Democrático de plagiar su programa electoral, mientras Massimo D’Alema, vicepresidente y ministro de Exteriores de Prodi, reivindicaba para la izquierda el pedigrí de ser la verdadera derecha: "Necesitamos introducir profundas reformas liberalizadoras sin hacer trizas la cohesión social, la cuadratura del círculo. Nos ha costado liberalizar, pero el único que lo ha hecho hasta ahora ha sido el centro-izquierda. Es verdad que se han agravado las diferencias sociales, no hay movilidad suficiente, los jóvenes tienen dificultades y tardan en dejar a sus familias. Pero una novedad de esta campaña es que el mundo empresarial está muy a favor del centro-izquierda. Saben que el trabajo más difícil lo hacemos nosotros, y que Berlusconi no es un liberal". En Italia, el miedo a la derecha de Berlusconi disparó el voto útil a una izquierda que reconoce que su programa liberalizador agrava las diferencias sociales, es decir, que su programa es el de la derecha neoliberal. Berlusconi venció y la izquierda con programa de izquierdas fue borrada del mapa parlamentario. La lección es obvia: el miedo a la derecha derechiza.

El bipartidismo hace que, al final, las siglas de izquierdas acaban ambicionando ser la mejor derecha. Y, para lograrlo, hace falta una ley electoral que castigue el voto progresista y también un sistema de financiación de partidos que ponga en manos de los poderes económicos a las fuerzas políticas que quieran ser visualizadas por toda la ciudadanía. Es la legislación electoral y la interferencia del poder del dinero lo que provoca la destrucción de la izquierda con programa de izquierdas. Si todos los votos tuvieran idéntico valor, hoy IU no estaría en crisis y habríamos tenido gobiernos de coalición PSOE-IU, que habrían homologado el gasto social español con el europeo y mejorado significativamente nuestra calidad de vida. Homologación que el PSOE nunca ha hecho, ni hará.

PP y UPL piden al Gobierno un sistema electoral igualitario para los leoneses residentes en el extranjero

Unos 35.000 leoneses viven en el extranjero y de ellos, 7.000 son oriundos de la capital y el PP pide que se apoye la iniciativa nacional de crear un sistema de urna ante las elecciones en otros países, con el modelo de voto en España.

El Ayuntamiento de León instará a los grupos parlamentarios en las Cortes Generales y al Gobierno a que, con “carácter de urgencia”, aprueben una Proposición de Ley impulsada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados y se proceda a la modificación del Régimen Electoral General para homogeneizar el procedimiento de voto de las personas residentes en el exterior con los ciudadanos españoles que residen en el país. Se trata de una moción presentada por el Partido Popular y que ha sido respaldada por la UPL, con la abstención del PSOE.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de León, Ana Guada, ha asegurado que los poderes públicos “deben articular algún mecanismo” que permita a los españoles residentes en el exterior ejercer el derecho de sufragio y a ser “elector y elegible” con todas las garantías y en los mismos términos” que los españoles.

Con esta medida se garantizaría que los residentes en el extranjero, en España más de un millón, en León unos 35.000 y de ellos 7.000 oriundos de la capital leonesa, tuvieran a su disposición en los países extranjeros un único sistema de urna para depositar su voto, al igual que ocurre en España cuando se convocan elecciones. Para el PP, en este aspecto, la regulación normativa de esta cuestión es “insatisfactoria” desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de las garantías democráticas.

Esta iniciativa ha contado con el apoyo de la Unión del Pueblo Leonés. El concejal de la formación leonesista, Abel Pardo, ha asegurado que con esta medida presentada por el Partido Popular se garantizaría el derecho a voto de los leoneses que habitan en las colonias de los países sudamericanos como por ejemplo Argentina. Del mismo modo, se aseguraría la limpieza del proceso.

El edil ha dejado entrever que no existe un control suficiente y que con la creación de un sistema electoral presencial en una urna se evitaría que personas en edad centenaria votaran. “Nos apenará ver cómo desaparecen del censo personas de más de cien años, que van a dejar de ejercer su derecho a voto”, ha ironizado el concejal.

Abstención del PSOE

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de León, Natalia Rodríguez Picallo, ha anunciado la abstención de su grupo municipal. La formación considera que la creación en el Congreso de los Diputados de una subcomisión en la Comisión Constitucional relativa al Régimen Electoral es el “foro” en el que se debe desarrollar la propuesta del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de llevar a cabo una reforma de la Ley Electoral.

Picallo ha asegurado que esta reforma que se reclama desde el Partido Popular no debe llevarse como una Proposición de Ley, sino que debe buscar el consenso de todo el parlamento nacional, un acuerdo que ya se ha alcanzando en la creación de la subcomisión que la portavoz socialista ha citado. Sin embargo, ha aclarado que su grupo “no está en contra” de esta proposición, si no en la forma en la que el PP quiere desarrollarla porque cree que el Gobierno está “trabajando satisfactoriamente al respecto”.

Reconocimiento de los valores constitucionales

Además, se ha aprobado por unanimidad una moción presentada por los tres grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de León con motivo del Día de la Constitución. En el texto se contempla el reconocimiento de PSOE, PP y UPL al “modelo territorial descentralizado” que se enmarca en la Carta Magna y que “pone en valor el papel de los ayuntamientos como un pilar básico” en el modelo de Estado.

Asimismo se pretende promover el conocimiento de los valores democráticos de la Constitución española entre los niños y los jóvenes, planificando actos en los centros educativos y culturales, así como institucionalizar en fechas próximas al 6 de diciembre, actividades públicas en conmemoración de la aprobación de la Carta Magna.

Además, se plantarán 30 árboles autóctonos, uno por cada uno de los años que cumple la Constitución española en un emplazamiento dentro del municipio como “acto de consideración y respecto hacia el medio ambiente”.

¿Es justo el sistema electoral español?

¿Si no lo es no tocaría cambiarlo?

¿Esperaran a que se celebren las elecciones para una vez vistos los resultados quejarse?

Perdón, ya hay un hilo abierto, continuemos en el.