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valencia
El ayuntamiento gasta 360.000 euros más en coches y pagos pendientes de telefonía móvil


El gasto en celulares, que Barberá incluye en el plan de austeridad, se disparó un 40% en 2008

Tras situarse al frente de los planes locales de austeridad frente a la crisis y preconizar el recorte de gastos "no productivos", el equipo de gobierno encabezado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, sin embargo, sigue sumando facturas. El ahorro, en todo caso, parece haberse aplazado al año 2009 ya que el año termina con la convocatoria de un concurso público para alquilar otros siete vehículos oficiales (217.233,60 euros por cuatro años) y el abono de la factura pendiente de teléfonos móviles, que crece un 40% más de lo presupuestado.
Estos nuevos siete vehículos con un coste de 54.308,40 euros por año, se incorporarán en el verano de 2009 al parque móvil cuyo mantenimiento supone un desembolso anual a las arcas locales de unos seis millones. El informe del servicio económico advierte que el nuevo importe medio de alquiler y año, 7.758,34 es un 41,1% superior al del contrato que sustituye, cuyo coste era de 5.500 euros al año ya que se solicitan vehículos con características superiores a los anteriores.
En septiembre se renovó parcialmente la flota de vehículos oficiales, en este caso no por adquisición sino mediante alquiler con opción de compra, con 29 nuevos automóviles para los ediles. Además, se incorporaba, también por "renting" el nuevo automóvil de la alcaldesa, similar al que usa el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El contrato tiene una duración de 48 meses y supone un desembolso de unos 219.000 euros anuales (los de los concejales, a razón de unos 500 euros mensuales y el de la alcaldesa, unos 2.000).
A los coches se sumaron los ordenadores portátiles personales para concejales, asesores y algún jefe de servicio adquiridos con un coste de 41.200 euros (una media de 1.300 euros por unidad). En todos los casos se trata de gastos previstos en el presupuesto que ahora se cierra, aunque no deja de ser contradictorio con la política que se anuncia para 2009, con congelación de sueldos de los ediles y recorte en gastos postales o ágapes.
La alcaldesa anunció para el próximo año una bajada del 2,9% en el gasto en telefonía, tanto fija como de móviles. El dato de salida no es muy alentador ya que el gasto en telefonía móvil que en 2008 se presupuesto en 360.000 euros ha acabado yéndose hasta 503.000 euros, un 40% más de lo previsto.
Reparos de Intervención
El equipo de gobierno dio ayer luz verde en la junta de gobierno local a un reconocimiento de obligaciones de 143.000 euros con Telefónica Móviles España. De esa cantidad, 52.200 euros corresponden al mes de junio y 91.469 a los meses de septiembre y octubre. La reserva inicial de 360.000 euros que hizo el gobierno local "ha devenido insuficiente para atender el gasto real del periodo", expone el informe del Servicio Fiscal de Gasto. El Interventor aprobó el mayor gasto con reparo ya que se trata de "gastos realizados sin haber sido autorizados y sin la previa fiscalización".
El Ayuntamiento de Valencia tiene 285 teléfonos móviles, repartidos entre los 33 concejales de la corporación, algunos asesores (sólo tienen los del PP) y los jefes de servicio. También se computan como gasto en telefonía móvil las llamadas realizadas por los funcionarios a móviles a través de la centralita del consistorio.

El ayuntamiento gasta 360.000 euros más en coches y pagos pendientes de telefonía móvil - Valencia - Levante-EMV
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VILLENA
Una edil del PP asfalta el camino a su finca con una subvención
La actuación denunciada por Los Verdes ha costado 198.000 euros con cargo a los fondos de la Diputación y el Ayuntamiento




El camino real de Granada recientemente asfaltado que conduce a la finca de la concejala de Agricultura, varios de sus familiares y un par de propietarios ajenos JESÚS CRUCES


PÉREZ GIL La concejala de Agricultura de Villena, la popular Virtudes Amorós Revert, ha podido acondicionar y asfaltar el camino rural que da acceso a su finca así como a los campos de varios familiares directos y un par de propietarios ajenos, -el camino real de Granada-, acogiéndose a la línea de subvenciones que los ayuntamientos y la Diputación otorgan dentro de los planes anuales de mejora y mantenimiento de la red de vías rurales. Son en total 4,8 kilómetros de trazado que conecta a la altura del paraje de la Serrata de Villena con el antiguo camino de Sax a Yecla, también asfaltado desde hace años, y atraviesa vastos y recónditos campos de vid y almendro donde apenas se aprecian cuatro caseríos que bordean el término limítrofe con Murcia.
El presupuesto de la actuación se ha elevado a 198.000 euros y, en contra de lo que viene siendo habitual, la propuesta no ha partido del consejo agrario local. Ha sido la concejalía de Agricultura la que se ha decantado por acondicionar el camino que conduce a las propiedades de la titular del área y de sus familiares antes que decidirse por otros muchos caminos del término que dan servicio a un mayor número de vecinos, son por tanto más transitados y pueden encontrarse en mucho peor estado. La carretera que da acceso al centro de menores La Villa es un válido ejemplo.
Todo ello fue denunciado en un pleno por el grupo municipal de Los Verdes al considerar que "la concejala del PP ha podido hacer valer intereses particulares frente a los generales. Y decimos esto porque consideramos que estas obras deberían haberse realizado en otras partidas rurales que las necesitan con más urgencia. Así se lo hicimos saber al consejo agrario local, que es el órgano que marca las prioridades sobre las vías que hay que arreglar cada año, pero este asunto parece no haber interesado mucho a sus miembros porque nada han dicho al respecto", puntualizó ayer la portavoz municipal de Los Verdes, Catalina Hernández Martínez, quien ha anunciado que su grupo no va a seguir investigando este asunto.
En la ejecución de los trabajos no se ha escatimado en gastos y de hecho los expertos hablan de un "asfaltado más propio de una autopista que de una vía rural", según se indica desde Los Verdes. Los últimos trabajos han finalizado hace apenas unos días y desde entonces la edil de Agricultura puede ir en coche a su finca desde su casa en Villena sin pisar baches ni circular por tierra.

"La única petición con los trámites en regla"

Frente a la denuncia pública efectuada por Los Verdes en el punto de ruegos y preguntas del pleno ordinario del mes pasado, Virtudes Amorós prefirió responder en la misma sesión y no hacerlo días después por escrito a pesar de que la alcaldesa le ofreció esta posibilidad. La concejala de Agricultura aseguró que la decisión de asfaltar el camino que conduce a su finca se basó en criterios puramente objetivos. Según expuso, se trataba del único camino de Villena que reunía todos los trámites en regla para poder acogerse al plan de mejora de caminos rurales de la Diputación y, además, en caso de no seguir adelante con esta opción el Ayuntamiento corría el riesgo de perder la subvención porque ya era demasiado tarde para sustituirla por otra. Amorós también eludió cualquier responsabilidad respecto a la elección del camino a acondicionar asegurando que toda la tramitación, documentación y valoración fue realizada por los técnicos de la concejalía que ella dirige. La edil, con la que este diario intentó contactar ayer sin conseguirlo, también recordó que muchos años atrás ya figuraba el camino real de Granada en un listado de vías rurales a acondicionar.

Una edil del PP asfalta el camino a su finca con una subvención - Elda - INFORMACION.es
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La verdad Germain, es que nuestra comunidad es de traca, castillo y mascletà!
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Denuncian la realización de oposiciones a la carta en el Ayuntamiento de La Nucía

El portavoz del PSOE registró ante notario el nombre de los 20 ganadores varios días antes de las pruebas y acertó en el 95% de los casos


JULIO MARÍN El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de La Nucía ha denunciado la realización de oposiciones "a la carta" al convocar plazas para funcionarios interinos del propio Consistorio. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Vicent Santamaría, argumenta para ello que él mismo fue capaz de conocer y plasmar los nombres de los aspirantes que se iban a hacer con el puesto varios días antes de que se celebrasen las pruebas. De hecho, Santamaría acudió a un notario de Alicante el pasado 21 de octubre y en el acta notarial hizo constar los nombres de las 20 personas que accederían a las plazas convocadas. Acertó 19 de ellas, el 95% del total. Las oposiciones se celebraron durante los primeros días de noviembre.
El Ayuntamiento nuciero había convocado cuatro plazas de administrativo, otras cuatro de auxiliar administrativo, una de auxiliar de biblioteca, una de conserje de la escuela infantil, una de director de dicha escuela, una de fisioterapeuta, otra más de oficial de almacén, tres plazas de peón de brigada, una plaza de psicólogo, una de técnico de cultura, otra de técnico de deportes y otra más de diplomado en Informática. En total se habían presentado 128 aspirantes para cubrir la convocatoria, cuyas pruebas se hicieron a primeros de noviembre.
El primer nombramiento, según consta en la documentación a la que ha accedido Información, se produce el 5 de noviembre y se trataba de la plaza de director de la Escuela Infantil, para la cual sólo había un aspirante. El resto de nombramientos se realizaron el 11 de noviembre a través de un decreto firmado por el alcalde Bernabé Cano y por el secretario. En el citado decreto se realiza el nombramiento de los 19 trabajadores restantes como nuevos funcionarios interinos.
Lo llamativo del caso, además de adivinar días antes la inmensa mayoría de quienes finalmente lograron el puesto, es que el concejal socialista "acertase" las cuatro personas que obtuvieron la plaza de administrativo de entre las veinte que se presentaron, o los nombres de tres de los cuatro aspirantes que lograron el puesto de auxiliar administrativo municipal, de las 54 personas que optaban al mismo. Por cierto que éste fue el único fallo que Santamaría tuvo en su pronóstico.
El propio Vicent Santamaría señaló ayer al respecto que "se trataba de una oferta de empleo pública y libre y la gente que se presentaba tenía que pagar sus tasas, por lo que nos parece un engaño hacia los que no han conseguido su propósito". Santamaría recordó que en el presupuesto de 2008 aparecían como vacantes las plazas que venían desempeñando los que ahora han aprobado. "Casualmente son esas personas quienes ya tienen el puesto. Resulta bastante sospechoso. Lo que nos hizo reflexionar fue el hecho de que junto al nombre de cada uno aparecía una R, que quería decir que esas plazas deberían regularizarse". No obstante el edil añadió que "no nos aventuramos a asegurar que haya sido una ilegalidad".
Un solo aspirante para dirigir la Escuela Infantil
De las veinte plazas que salían a concurso público en el Ayuntamiento de La Nucía para funcionario interino, sólo una de ellas tenía un ganador claro. Se trataba de la de director de la Escuela Infantil del municipio, para la cual sólo había un aspirante. Antonia Agulló, la única que se presentó fue lógicamente la elegida para el puesto.
Para el resto de vacantes había mucha más variedad. Desde los tres aspirantes para una plaza de oficial de almacén, fisioterapeuta o técnico de deportes, hasta los 54 que se presentaron para lograr una de las 4 plazas de auxiliar administrativo.

Denuncian la realización de oposiciones a la carta en el Ayuntamiento de La Nucía - Benidorm - INFORMACION.es
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Denuncian la realización de oposiciones a la carta en el Ayuntamiento de La Nucía

JULIO MARÍN El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de La Nucía ha denunciado la realización de oposiciones "a la carta" al convocar plazas para funcionarios interinos del propio Consistorio. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Vicent Santamaría, argumenta para ello que él mismo fue capaz de conocer y plasmar los nombres de los aspirantes que se iban a hacer con el puesto varios días antes de que se celebrasen las pruebas. De hecho, Santamaría acudió a un notario de Alicante el pasado 21 de octubre y en el acta notarial hizo constar los nombres de las 20 personas que accederían a las plazas convocadas. Acertó 19 de ellas, el 95% del total. Las oposiciones se celebraron durante los primeros días de noviembre.
El Ayuntamiento nuciero había convocado cuatro plazas de administrativo, otras cuatro de auxiliar administrativo, una de auxiliar de biblioteca, una de conserje de la escuela infantil, una de director de dicha escuela, una de fisioterapeuta, otra más de oficial de almacén, tres plazas de peón de brigada, una plaza de psicólogo, una de técnico de cultura, otra de técnico de deportes y otra más de diplomado en Informática. En total se habían presentado 128 aspirantes para cubrir la convocatoria, cuyas pruebas se hicieron a primeros de noviembre.
El primer nombramiento, según consta en la documentación a la que ha accedido Información, se produce el 5 de noviembre y se trataba de la plaza de director de la Escuela Infantil, para la cual sólo había un aspirante. El resto de nombramientos se realizaron el 11 de noviembre a través de un decreto firmado por el alcalde Bernabé Cano y por el secretario. En el citado decreto se realiza el nombramiento de los 19 trabajadores restantes como nuevos funcionarios interinos.
Lo llamativo del caso, además de adivinar días antes la inmensa mayoría de quienes finalmente lograron el puesto, es que el concejal socialista "acertase" las cuatro personas que obtuvieron la plaza de administrativo de entre las veinte que se presentaron, o los nombres de tres de los cuatro aspirantes que lograron el puesto de auxiliar administrativo municipal, de las 54 personas que optaban al mismo. Por cierto que éste fue el único fallo que Santamaría tuvo en su pronóstico.
El propio Vicent Santamaría señaló ayer al respecto que "se trataba de una oferta de empleo pública y libre y la gente que se presentaba tenía que pagar sus tasas, por lo que nos parece un engaño hacia los que no han conseguido su propósito". Santamaría recordó que en el presupuesto de 2008 aparecían como vacantes las plazas que venían desempeñando los que ahora han aprobado. "Casualmente son esas personas quienes ya tienen el puesto. Resulta bastante sospechoso. Lo que nos hizo reflexionar fue el hecho de que junto al nombre de cada uno aparecía una R, que quería decir que esas plazas deberían regularizarse". No obstante el edil añadió que "no nos aventuramos a asegurar que haya sido una ilegalidad".
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El ex alcalde de Bigastro sale en libertad provisional sin fianza a petición del fiscal

Un juzgado de Orihuela ha decretado la libertad sin fianza del ex alcalde de Bigastro José Joaquín Moya, del PSPV-PSOE, en prisión desde el pasado octubre por un presunto delito urbanístico.

EUROPA PRESS El actual alcalde de Bigastro, Raúl Valerio, ha informado hoy a Efe de que Moya salió ayer del centro penitenciario de Fontcalent, donde se hallaba ingresado de forma provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza desde tres días después de que se emitiera el auto de encarcelamiento del juzgado número 3 de Orihuela, el 28 de octubre de 2008.

A Moya, que llevaba 25 años de alcalde en el momento de ser detenido, se le imputan supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, contra la ordenación del territorio y varias falsedades, en un caso que lleva el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.

Además de Moya, una decena de personas, entre empresarios y concejales del equipo de gobierno socialista, fueron imputados en la causa, que permanece bajo secreto de sumario.

Valerio, otro de los imputados, ha explicado que ha visto personalmente a Moya en las últimas horas, y que éste se encuentra "bien y animado", al poder volver a casa tras más de dos meses de encarcelamiento.

"Es lo que se buscaba ahora mismo: Después de solicitar en varias ocasiones la puesta en libertad, ahora (Moya) esperará los acontecimientos en materia judicial desde un punto de vista más lógico, como es estar en libertad", ha comentado el alcalde.

Fuentes del equipo de gobierno también han expresado su "satisfacción" por el excarcelamiento de Moya ya que creen que supone un motivo de "tranquilidad" a la espera de que se levante el secreto de las actuaciones.

A finales del pasado diciembre, la juez que instruye el caso decretó la prórroga de un mes del secreto sumarial.


El ex alcalde de Bigastro sale en libertad provisional sin fianza a petición del fiscal - Vega Baja - INFORMACION.es
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Centenares de inmigrantes viven en condiciones infrahumanas

Valencia, la ciudad de la vergüenza


M. Àngels Grau Añó


Centenares de inmigrantes viven en la calle o en viviendas precarias, en condiciones infrahumanas, a pesar de las recomendaciones de la Sindicatura de Greuges, de profesionales y entidades sociales al Ayuntamiento y la Conselleria de Bienestar Social.

Todos recordamos la crisis humanitaria, durante los pasados años 2007-2008, que se vivió en el antiguo cauce del Turia en la ciudad de Valencia, donde malvivían a la intemperie y sin recursos ciento cincuenta inmigrantes, mayoritariamente de origen subsahariano, varones, “sin papeles” y muy jóvenes. Situación que, aunque variando la población afectada, se mantenía desde hacía cinco años.

A pesar de la movilización ciudadana y la de las entidades sociales que atienden al colectivo inmigrado, y a pesar también de la presentación de un estudio sociológico que proponía una política de acogida e integración y de la intervención de la Sindicatura de Greuges, en la actualidad, ni los recursos ni las políticas sociales se han adaptado a las necesidades existentes. Con lo cual, la situación de precariedad residencial y de exclusión social de la población inmigrante se agrava en la ciudad.

La inversión económica que se necesita para poner al día las políticas sociales destinadas al colectivo inmigrado no es una excusa por parte de las instituciones valencianas, ya que el gobierno central aumentó las ayudas económicas para que las Comunidades Autónomas tuvieran más recursos para la acogida e integración de dicho colectivo. Las comunidades autónomas y la Administración municipal son una pieza clave en la política de inmigración. Además, los poderes públicos tienen la obligación de gestionar la inmigración, ofrecer servicios públicos suficientes y garantizar unas mínimas condiciones de vida a toda la población por igual.

La Sindicatura de Greuges realizó una investigación, resultado de la cual se entregó un informe en el que se recomendaba la creación de un centro de acogida que cumpliera unos mínimos requisitos muy básicos: capacidad para cien plazas, posibilidad de permanencia de un tiempo razonable, que el horario del centro les permita trabajar y que tuviera asistencia social y psicológica.

Pues bien, se ha habilitado un centro de acogida, que más bien se trata de un albergue más, obsoleto e inútil que carece de los requisitos mínimos para paliar las carencias de los recursos existentes. Dicho centro consta de setenta plazas, en habitaciones de cinco y seis personas con un baño diminuto, la estancia máxima es de quince días, el horario de entrada y salida del centro no les permite trabajar y no tiene asistencia social ni psicológica.

La consecuencia de dicha intervención, absurda y totalmente despilfarradora por parte del Ayuntamiento y de la Conselleria de Bienestar Social, es la constante existencia de personas inmigrantes que viven en la calle o en infraviviendas en condiciones infrahumanas (desnutrición, enfermedades infecciosas en general, psicopatologías, inseguridad física, persecución policial, explotación laboral…). Además, el abandono institucional del colectivo inmigrado sin techo, estigmatiza y excluye socialmente a dicho colectivo, atenta contra los derechos humanos más básicos y favorece la xenofobia y el racismo en la ciudad de Valencia (las agresiones racistas son demasiado frecuentes y suelen quedar impunes tanto a nivel policial como judicial).

La concentración de inmigrantes sin techo en la ciudad de Valencia no es casual, sino que está causada por múltiples factores, entre los cuales cabe destacar los siguientes:

1.

La ciudad de Valencia, en comparación con otras ciudades españolas de similar peso y características, es una de las que menos recursos tiene para el colectivo inmigrado. Ello implica que ni los recursos ni las políticas sociales se han adaptado a las necesidades sociales ni desarrollado conforme ha ido evolucionando dicho colectivo y su realidad social. Estamos ante una de las Comunidades Autónomas menos desarrolladas en política de inmigración. Pero además, en otras Comunidades Autónomas hay una coordinación y colaboración entre instituciones públicas y las entidades sociales, pero en el País Valencià dicha colaboración es muy limitada.

2.

Los inmigrantes que son trasladados desde Canarias a la ciudad de Valencia.

3.

El mercado de trabajo (recogida de la naranja, construcción, hostelería) y la movilidad de los temporeros agrícolas.

4.

La carencia de recursos económicos de los inmigrantes para poder alquilar una habitación o vivienda.

5.

El elevado precio de la vivienda y los abusos tanto por parte de agencias inmobiliarias como de los arrendatarios (precios abusivos, cobro de gastos y comisiones injustificadas, hacinamiento y condiciones de habitabilidad precarias…).

6.

El rechazo social de muchos arrendatarios que se niegan a alquilar una vivienda a personas inmigrantes.

7.

Los inmigrantes “sin papeles” no pueden salir de semejante situación en un corto plazo de tiempo, ya que la ley de extranjería no permite regularizar su situación hasta pasados tres años de empadronamiento y necesitando, además, un contrato de trabajo. Vivir tres años en la clandestinidad dificulta tener un trabajo y recursos económicos. Además, es la población más vulnerable y se quedan una y otra vez en la calle. Cabe recordar también, que ninguna persona es ilegal, todos estamos amparados por los derechos humanos, que se promulgan mucho pero, en la realidad, se respetan muy poco.

La hipocresía social llega demasiado lejos, los inmigrantes africanos que llegan a la ciudad de Valencia proceden de los países más pobres del mundo, muchos de ellos en la infancia o adolescencia han comido gracias a la ayuda de Cooperación Internacional y cuando salen de su país para mejorar las condiciones de vida propias y de la familia, no son personas, no tienen derechos, ni los humanos. En cambio, somos uno de los países con más aportaciones económicas a las ONGs de Europa. Somos solidarios, pero cuando nos toca de lejos. Evidentemente, la solución al problema de la inmigración económica está en la colaboración y ayuda al desarrollo de los países emisores, ya que es importante recordar que dicha inmigración no es voluntaria, sino forzosa y que ellos preferirían vivir en su país junto a su familia y amigos, pero necesitan algo más que comida.

La operación frío no funciona en la ciudad de Valencia, ya que cada día duermen en la calle o en infraviviendas centenares de inmigrantes, la mayoría de ellos con historias de vida muy dramáticas, con una salud muy precaria y un futuro no muy prometedor.

Al nuevo año le pediría que la sociedad valenciana se sensibilice y movilice, que los responsables políticos actúen y cambien esta vergonzosa situación, para la que ni siquiera “la crisis económica” puede servir de excusa.

Con la actual situación de “crisis económica” y el incremento del desempleo, la población inmigrada sin techo y sin papeles aumentará, siendo uno de los colectivos más vulnerables y, por lo tanto, además de preocuparse de limitar la entrada de inmigrantes y obstaculizar su regularización, se tiene que atender a la población que ya está asentada, mediante políticas de acogida e integración muy específicas, adaptándolas y desarrollándolas en la medida que se aplican al contexto específico tanto a nivel local como autonómico.

M. Àngels Grau Añó, Doctora en Sociología.
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Castellón es la segunda provincia de España que más autónomos pierde
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El caso Fabra cumple cinco años y sigue paralizado



En septiembre, el Consejo General del Poder Judicial autorizó el envío de dos jueces de refuerzo a Nules para tratar de agilizar el trabajo y acabar con el colapso que sufre el juzgado


El Gobierno valenciano, a través de su portavoz Vicente Rambla, habló ayer de la "necesidad de que concluya" el proceso judicial en el que está envuelto Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en esa provincia. Rambla se refirió al caso Fabra a preguntas de los periodistas, que destacaron que ayer se cumplieron cinco años desde que comenzó la investigación. En este tiempo, el juzgado de Nules, encargado de la causa, ha cambiado ocho veces de juez y cuatro de fiscal. El resultado es que la investigación que pesa sobre Fabra no ha conseguido superar el proceso de instrucción.

En septiembre, el Consejo General del Poder Judicial autorizó el envío de dos jueces de refuerzo a Nules para tratar de agilizar el trabajo y acabar con el colapso que sufre el juzgado. La Generalitat tardó cuatro meses en enviar los funcionarios y los medios materiales necesarios.

Rambla defendió ayer el derecho a la presunción de inocencia del dirigente castellonense, que está imputado por varios delitos, entre los que destacan el fraude fiscal, la malversación de fondos, el tráfico de influencias y la falsificación de documentos.
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Che, Germain Ya echaba de menos algún reflote de este hilo
¿Te has hecho eco de lo de la concejala -ahora europeana- de Elche? Se le dedicó un hilo en exclusiva, pero merece estar en los desaguisados de la Comunitat
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