Una empresa vinculada a la ultraderecha vigilará monumentos de la Generalitat

La empresa del líder de España 2000 controlará el castillo de Miravet

MIQUEL NOGUER / LYDIA GARRIDO - Barcelona / Valencia - 01/02/2009


Una empresa de seguridad propiedad del político ultraderechista valenciano José Luis Roberto será, desde mañana, la encargada de vigilar varios recintos dependientes del Departamento de Cultura de la Generalitat en Tarragona. Levantina de Seguridad, una compañía con varios trabajadores condenados por agresiones en Valencia y Castellón, y cuyo propietario es fundador del partido ultraderechista España 2000, desplegará a sus agentes de seguridad en monumentos emblemáticos como el castillo de Miravet, la cartuja de Scaladei y el castillo de Escornalbou.



Cultura asegura que Levantina de Seguridad cumple la normativa

El Departamento de Cultura de la Generalitat, en manos del republicano Joan Manuel Tresserras, justifica la contratación de esta empresa porque, según un portavoz, "cumple todos los requisitos legales" y, añade, "fue la única que se presentó al concurso de proceso negociado".

La concesión del servicio a esta compañía ha causado gran malestar en varios colectivos de Tarragona conocedores del estilo que utilizan los guardas de Levantina de Seguridad en la Comunidad Valenciana, donde está la sede de la compañía. Los agentes de Levantina de Seguridad, en muchos casos ex policías nacionales y ex guardias civiles, están especializados en la vigilancia y control de acceso en locales nocturnos y han estado en el epicentro de numerosísimas polémicas en la Comunidad Valenciana por la agresividad de algunos de sus agentes. Varios de ellos han sido condenados.

La estética de los vigilantes, más próxima a un grupo paramilitar que a un guarda de seguridad, caracteriza a los agentes de Levantina de Seguridad. También sus tatuajes y la simbología que lucen en sus atuendos, que en algunos casos recuerda a motivos neonazis.

Preguntado por EL PAÍS, el Departamento de Cultura quitó hierro a la contrata. Un portavoz explicó que este departamento no ha hecho más que seguir el protocolo. Éste consiste en que, cuando necesitan empresas de seguridad, acuden al registro de empresas homologadas por la Generalitat y por Economía. "En este caso había cuatro posibles empresas en la provincia de Tarragona que podían optar al concurso, pero sólo lo hizo Levantina de Seguridad", aseguró. El mismo portavoz dijo desconocer si Levantina de Seguridad o sus agentes tienen condenas por agresiones.

Cultura también recordó que la filiación partidista de los propietarios de las empresas contratistas no influye en los concursos. El portavoz no pudo concretar si es impedimento para formar parte del registro de la Generalitat el hecho de tener condenas por agresión. Levantina de Servicios, recordó, también forma parte de las empresas homologadas por el Ministerio de Interior para ejercer tareas de seguridad privada.

España 2000, fundado por el propietario de Levantina de Seguridad, tiene contactos en Cataluña con el partido ultramontano de Josep Anglada, Plataforma per Catalunya. España 2000 logró en las últimas elecciones municipales dos concejales en las provincias de Castellón y Valencia y un total de 5.893 sufragios.

Decenas de juicios por agresiones

Algunos le llaman Roberto el ultra . Es el líder de Levantina de Seguridad, la empresa ahora contratada por la Generalitat. Pero lo es también de Anela, la asociación de empresarios de locales de alterne, y de España 2000, una asociación registrada primero como sindicato y, después, como partido que se define como "populista, social y democrático".

Es dueño del despacho de abogados Roberto & Salazar, con sedes en Madrid, Barcelona, A Coruña y Valencia. A él se vinculan varios gimnasios, alguno de ellos investigados por organizar campeonatos ilegales de valetudo (un tipo de lucha). Roberto fue detenido durante la transición por la colocación de dos bombas en unos encuentros independentistas, hechos por los que nunca fue condenado. Ha sido acusado por diversos sectores de fundar y financiar los grupos Acción Radical (activo entre 1990 y 1995) y Frente Antisistema (FAS), aunque no ha sido juzgado ni condenado por ello. Ahora, a él se vincula Alianza Nacional.

SOS Racismo presentó denuncias contra el entramado de Roberto por entender que incitaba a un odio racial, a la violencia y la discriminación, permitiendo que en sus manifestaciones sean coreados lemas xenófobos y racistas, así como vivas a Hitler.

¿Cuál es el eje de su discurso? La inmigración ilegal. ¿Quién les respalda? Jóvenes. de entre 18 y 40 años, más allá de lo conservador, con estética claramente inspirada en los movimientos nazis, militantes de los gimnasios y acostumbrados a ejercer tareas de seguridad en locales de copas, de alterne, en fiestas, en discotecas. José Luis Roberto, abogado, tiene una amplia trayectoria de vinculación a la ultraderecha. España 2000 se ha convertido en el instrumento político para entrar en las esferas de poder político, afirma la oposición.

Levantina de Seguridad ha estado implicada en decenas de juicios por agresiones en locales de copas de los que se ocupa supuestamente de la seguridad. Varios de sus vigilantes han sido condenados, casi siempre por lesiones. En 2002, por ejemplo, uno de sus guardias fue condenado por herir a dos jóvenes en una discusión en el aparcamiento en la discoteca Pinedo de Valencia. En el año 2001, la empresa ya acumulaba más de 200 denuncias por agresiones y se había convertido en una habitual de los juzgados de la Comunidad Valenciana. Aquel ejercicio dos de sus trabajadores fueron condenados a 18 meses por lesiones.

En 2004, la Audiencia de Valencia también confirmó una condena de un año para José Luis Roberto por presentar un testigo falso en un juicio de faltas.

Además de locales de copas, Levantina de Seguridad ha recibido numerosos contratos de la Generalitat Valenciana. En algunos casos, la compañía se ha ocupado de la vigilancia de centros de menores.

Los hombres de esa sociedad, perfectamente identificables por una indumentaria próxima a la estética nazi, son habituales en las manifestaciones que convoca España 2000 para exaltar su ideología ultraderechista, como ocurrió ayer en Paiporta, Valencia, donde la cita ha escandalizado no sólo a la izquierda sino incluso a la derecha encarnada por el PP. Roberto encabezó ayer esta manifestación.

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Tonta hasta decir basta (aunque olfateadora de pasta). Viendo al marido, se ve que se la compró.

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La Generalitat ha adjudicado a las empresas de Ulibarri contratos por 79 millones de euros en tres años

C. A./L. B./ V. R., Valencia
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón levantó ayer parcialmente el secreto del sumario de la presunta trama de corrupción vinculada al PP destapada el pasado viernes. En un auto notificado ayer y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado imputa los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias a 34 personas más, lo que eleva a 37 los relacionados con la operación Gürtel, la trama de corrupción presuntamente liderada por el empresario Francisco Correa.
Entre los imputados aparece el empresario de la comunicación y la construcción José Luis Ulibarri al que el Consell concedió 13 licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT). Ulibarri irrumpió el año 2006 en el mapa televisivo valenciano e incluso el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, acudió a la inauguración de Tele 7, el proyecto audiovisual que Ulibarri puso en marcha.
Cuando el Consell adjudicó las licencias, el empresario tenía el 10% de las acciones de la empresa. El constructor también participa en la UTE del hospital de Llíria y varias promociones públicas por valor de 79 millones de euros. El juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan la adjudicación de una parcela a UFC en Boadilla del Monte. UFC es la rama inmobiliaria del grupo Begar, el imperio de la construcción del empresario castellano-leonés. Además, el juez también ha encausado al presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, detenido el lunes en Valencia y a una treintena de personas más entre las que se encuentra el alcalde popular de Boadilla del Monte, que ayer formalizó su dimisión, junto a la número dos de su partido, aunque seguirá como concejal.
El grueso de Orange Market
En el listado de imputados, todos ellos a petición de los fiscales anticorrupción, figura también el ex consejero delegado de Repsol YPF Ramón Blanco Balín, que entró en Orange Market en otoño de 2008 y que comparte intereses empresariales con Pablo Crespo, fundador a su vez de Orange Market. Con la imputación de Álvaro Pérez, de José Ramón Blanco Balín y de Cándido Herrero figuran ya como imputados todo el consejo de administración de Orange Market. Además, otro de los nombres destacados es el de Jacobo Gordon, que fue testigo de la boda de Alejandro Agag y la hija del ex presidente de Gobierno José María Aznar. Mientras, otro de los imputados, Antoine Sánchez, uno de los tres primeros detenidos por la presunta trama de corrupción y tráfico de influencias, junto al presunto cabecilla, Francisco Correa y Pablo Crespo, tiene una empresa radicada en un piso de Figueres donde viven inmigrantes. Por su parte, el PP presentó su escrito de personación como acusación particular en la operación Gürtel.

Canal autonómico en Castilla y León
Castilla y León abre paso a la televisión autonómica tras la adjudicación a una sociedad privada de dos canales que emitirán en digital terrestre. El Ejecutivo que preside Juan Vicente Herrera, del PP, ha adjudicado dos canales de TDT a una sociedad participada al 50% por Canal 4 Castilla y León y Televisión Castilla y León, las dos cadenas de televisión regional privadas que emiten en analógico, a través de una red de cerca de 30 emisoras, presididas por los empresarios Antonio Miguel Méndez Pozo y José Luis Ulibarri, respectivamente. Uno de los primeros acuerdos de la sociedad ha sido la del nombramiento de un director general de consenso, el periodista leonés Oscar Campillo Madrigal.