La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha afirmado que el sistema de organización territorial en España no es inviable, sino que ha resultado un "modelo bueno" para los ciudadanos, por lo que, aunque ha admitido que tiene "fallos" y "necesita reformas", ha advertido al Gobierno de Mariano Rajoy de que los socialistas "no le van a permitir" cambiarlo "al socaire" de las medidas que está tomando para combatir la crisis.


Rodríguez ha dicho estar "en absoluto desacuerdo" con las afirmaciones del presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, y de algunos dirigentes del PP que consideran que el actual Estado autonómico es inviable, tras lo cual ha recordado que el modelo territorial fue acordado por todas las fuerzas políticas en la transición y que se ha demostrado que es "equilibrado".

"Ha sido un modelo bueno para los españoles, nos ha facilitado una buena convivencia política, hemos avanzado económicamente y hemos ido generando un Estado social que ha prestado a los ciudadanos, hasta ahora, la satisfacción de derechos muy importantes", ha señalado.

Un sistema con "fallos"
Aunque la portavoz de los socialistas en la Cámara Baja ha reconocido que el Estado de las autonomías tiene "fallos", requiere "reformas" y podría ser "más eficaz", ha insistido en que para ello no es necesario "cuestionarse y destruir el modelo".

En este sentido, ha acusado a "una parte" del PP de querer "reducir competencias" a las comunidades autónomas y ha culpado al Gobierno de conseguir en siete meses colocar a estas administraciones dentro de las "preocupaciones" de las instituciones europeas.

A pesar de todo, Rodríguez se ha mostrado convencida de que será "muy difícil" que tanto el Ejecutivo como el PP quieran, "al socaire de las medidas contra la crisis", modificar el modelo constitucional "sólo con su mayoría absoluta". "No se lo vamos a permitir o vamos a intentar no permitírselo", ha subrayado.

En cualquier caso, la portavoz ha augurado que en los próximos meses el Gobierno irá "dando respuestas" a estos posibles cambios, en los que ha enmarcado la próxima reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, cuyo anteproyecto ha sido rechazado por el PSOE e incluso por alcaldes 'populares', según asegura.

Mínimos de eficiencia en los ayuntamientos

Una de las novedades en la propuesta que ha presentado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es el impulso que reciben las diputaciones provinciales. Todos los ayuntamientos deberán cumplir unos mínimos de eficiencia para poder prestar los servicios públicos y aquellos que no cumplan y que tengan menos de 20.000 habitantes traspasarán sus competencias a la diputación correspondiente. Los de tamaño mayor podrán hacerlo voluntariamente.

Tras tachar esta propuesta de "aberración y barbaridad", la portavoz del PSOE en el Congreso ha recordado que 7.750 ayuntamientos de los 8.116 que hay en España tienen menos de 20.000 vecinos, por lo que cree que las diputaciones "no tendrán capacidad" para hacerse cargo de los servicios públicos de tantos municipios.

Privatización de servicios

En este sentido, ha avisado de que detrás de la reforma de la administración local, así como de "todas las medidas" que ha puesto en marcha el Gobierno, hay un "interés empresarial en la privatización de los servicios". En concreto, "muchos grupos empresariales" que hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria se dedicaban a este sector y ahora se les está "buscando un refresco, una sustitución".

"En todas las reformas del PP hay alguien detrás con un interés empresarial en la gestión privada de los servicios, y en esta reforma territorial también porque las diputaciones no tienen capacidad de gestionar las competencias de más de 7.000 ayuntamientos", ha apuntado.

Freno del PP en la reforma
Además, Rodríguez ha censurado la intención del Gobierno de reducir en un 30 por ciento el número de concejales cuando "más del 80 por ciento" de estos ediles "no cobra nada".

Debido a que, para el PSOE, esta reforma "no hay por dónde cogerla", ha recordado que su partido ha presentado al Ejecutivo y a todos los grupos parlamentarios un texto alternativo sobre el que negociar, un proceso que ha dicho que espera que comience en septiembre en el ámbito de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Por otro lado, la portavoz ha censurado las exigencias que impone el Gobierno a las comunidades autónomas, a las que ha fijado, a su juicio, unos objetivos de déficit y deuda "inalcanzables e inasumibles" y que no van a poder cumplir. "Son objetivos imposibles a no ser que acometan recortes durísimos en sanidad, educación y servicios sociales", ha advertido.

A este respecto, ha hecho hincapié en que, a pesar de lo técnico del debate, "al final se trata de un problema para los ciudadanos" porque se trata de "camas de hospitales, listas de espera o copago". "No es un problema entre administraciones, entre quién gobierna una comunidad y el Gobierno, no es un enfrentamiento político, sino un problema muy serio de los ciudadanos, vivan en Extremadura o en Andalucía", ha afirmado.