| Teconsa cobró 7,4 millones de euros (IVA incluido) de la televisión pública valenciana para montar televisiones y altavoces en el recorrido del Papa por las calles de Valencia, cuando el coste de los servicios apenas alcanzó 3,2 millones, según la contabilidad hallada en los registros de las empresas de la red Gürtel.
El informe de Hacienda describe lo que ya adelantó la investigación: “Teconsa actuó solo como empresa pantalla para ocultar que el destinatario último de la mayor parte del dinero pagado por la televisión autonómica era la organización de Francisco Correa”. Documentos hallados en las sedes de las empresas de Correa acreditan cómo se amañó el concurso y cómo la red Gürtel, y no Teconsa, se encargó de subcontratar los distintos servicios que debían prestar a la televisión autonómica valenciana durante la visita del Papa.
Además, el informe de la Agencia Tributaria expone que “existen indicios que permiten considerar” que la constructora se llevó 200.000 euros por “su participación” y que el resto fue repartido entre los cabecillas de la trama y el entonces director del ente público en tiempos del Gobierno de Francisco Camps, Pedro García.
Las fórmulas mediante las que Teconsa “trasvasó” el dinero a la red fueron tres, según el informe:
— Una parte fue cobrada “en efectivo por Pablo Crespo e ingresada en la caja B de la organización” como cobertura a unas facturas irregulares.
— Otra parte se destinó a financiar una operación inmobiliaria en el municipio valenciano de La Nucia, “utilizando como justificante de la salida de fondos una factura emitida por una sociedad vinculada a la organización de Correa”.
— El resto, añade el informe, salió de Teconsa por medio de facturas que “documentan pagos a favor de los miembros de la organización para sus gastos particulares o el cobro de sus respectivas comisiones”.
Hacienda considera que existe un fraude de IVA de más 198.000 euros, porque Teconsa cobró más de un millón de euros de la Televisión Valenciana por este concepto. Sostiene que la constructora “cobró el IVA repercutido y redujo su propia cantidad a ingresar descontando el IVA de las facturas irregulares”.
En cuanto al impuesto de sociedades, el informe indica que para que un gasto resulte deducible es necesario que quede acreditada la realidad del mismo, así como su actividad empresarial. Dadas las facturas, que no reflejan verdaderas prestaciones de servicios, Hacienda sostiene que se desgravó “improcedentemente” dichas facturas, con lo que la cuota defraudada sería de 434.941 euros.
“Sin perjuicio de la trascendencia penal que tenga el hecho de que, inflando un contrato de adjudicación, se hayan detraído de la Televisión Valenciana fondos”, el informe añade que determinadas personas “se han enriquecido sin haber reflejado ese enriquecimiento en sus declaraciones tributarias”, indica el documento. Así, señala como posibles responsables a los seis miembros del Consejo de Administración de la constructora leonesa Teconsa y a quienes “se beneficiaron de la operación”, entre los que menciona a Correa, a Pablo Crespo, a Álvaro Pérez, El Bigotes, y al que era director de la televisión pública valenciana en el momento en el que se produjo la adjudicación, Pedro García. Este, según la contabilidad incautada a la trama, percibió 500.000 euros por el contrato.
Después de más de dos años desde que la investigación judicial y policial destapara el pelotazo de la red Gürtel, con la connivencia de cargos del PP valenciano, en la visita del Papa Benedicto XVI, Pedro García aún no ha sido imputado, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que era el tribunal valenciano el que debía investigar esta causa y el valenciano no lo aceptó.
Ahora, cuando la instrucción del grueso del caso Gürtel está en manos de Pablo Ruz, después de que la causa volviera a la Audiencia Nacional, este juez deberá decidir la imputación del ex director general del RTVV, tal como solicitó la fiscalía, y resolver sobre las numerosas irregularidades que denuncia el informe de la Agencia Tributaria con un grave perjuicio para las arcas públicas.  | 
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03-feb-2012, 22:06
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