Las cárceles de Estados Unidos, llenas de latinos

Valeria Perasso

BBC Mundo, Los Ángeles

Última actualización: Jueves, 8 de septiembre de 2011


Los habitantes hispanos representan apenas 16% de la población total de Estados Unidos.

Cada vez más hispanos en las cárceles de Estados Unidos: por primera vez en la historia, el número de latinos condenados por delitos federales supera en términos absolutos al de criminales de otros grupos étnicos en el país.

Según el último informe de la Comisión de Sentencias estadounidense (USSC, por sus siglas en inglés), de unas 60 mil condenas dictadas entre octubre de 2010 y julio de 2011 más de la mitad correspondieron a reos latinos.
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"No hemos visto un escenario así recientemente, y me atrevería a decir que no ha existido nunca antes en Estados Unidos, en el que una minoría étnica tenga sobre sus espaldas un porcentaje tan grande de las faltas penadas por la Justicia y donde este número vaya en crecimiento", señaló a BBC Mundo Deborah Denno, profesora de Derecho en la Universidad Fordham y experta en justicia criminal.

El estudio de la USSC, consultado por BBC Mundo, indica que los hispanos cometieron 50,3% de los delitos graves, en comparación con 26,4% entre los blancos no hispanos y 19,7% entre los negros.

Los números son más alarmantes, señalan los expertos, si se considera que los habitantes hispanos representan apenas 16% de la población total del país.

Ahora bien, la lectura detallada de las estadísticas deja en evidencia las razones de este incremento: los crímenes migratorios.

Con una ecuación simple: los delitos de inmigración son hoy los más recurrentes en Estados Unidos (35,5% del total de faltas graves que se procesan) y los hispanos son responsables de casi 90% de ellos.

Así, el mayor volumen de condenas por razones migratorias alimenta las estadísticas para dejar a los latinos al tope del ranking delincuencial.

"En el pasado, si la patrulla fronteriza encontraba a alguien intentando cruzar, lo que hacían era simplemente anotar su nombre y mandarlos de regreso. Hoy, lo que hacen es arrestarlo, tomar sus huellas dactilares e iniciarle una causa"

Bruce Bikle, investigador de la Universidad Estatal de California en Sacramento

"Con esta tendencia, puede decirse que existe una tendenciosidad en el perfil del convicto que se alberga hoy en nuestras cárceles: cada vez más, las condenas son por crímenes de inmigración y no por los crímenes que el ciudadano común percibe como los más amenazadores, tales como asesinatos o abusos sexuales", agregó Denno.
Indocumentados, al banquillo

Los delitos de migración -en esencia complejos y polémicos, en un país divido ante la estrategia que debe adoptar el gobierno de Washington ante la llegada incesante de extranjeros indocumentados- no sólo aplican a individuos que ingresan sin permiso sino que también engloban los casos de tráfico humano.

"Las penas son distintas para un coyote que negocia con el tráfico de terceros que para una persona que cruza para buscar su propio empleo y es descubierta, pero ambos se consideran ofensas graves", explicó Bruce Bikle, investigador en temas de justicia criminal de la Universidad Estatal de California en Sacramento.

Junto con las faltas vinculadas al tráfico de drogas, es la categorías en que los reos hispanos son mayoría: entre 2010 y 2011, se dictó condena sobre más de 19.000 faltas migratorias y 90% de ellas correspondieron a latinos, así como sobre 17.500 casos de narcotráfico donde éstos fueron responsables de casi la mitad.

En cambio, en las tablas que comparan el reparto étnico de otros tipos de ofensas, los latinos quedan siempre por debajo de otros grupos. Así, por caso, tienen menos condenas por asesinato, robo, fraude, abuso sexual o extorsión que los blancos no hispanos.

La tendencia, señalan los expertos, no indica que haya crecido necesariamente la criminalidad hispana, sino que lo se ha transformado es "la estrategia de aplicación de las leyes vigentes".

"En el pasado, si la patrulla fronteriza encontraba a alguien intentando cruzar, lo que hacían era simplemente anotar su nombre y mandarlos de regreso. Hoy, lo que hacen es arrestarlo, tomar sus huellas dactilares e iniciarle una causa", compara Bikle, en diálogo con BBC Mundo.
Leyes más duras

"El peso financiero puede ser altísimo: implica un proceso de sobrepoblación de las cárceles e implica destinar muchos fondos para cumplir con los procesos judiciales de cada uno de estos casos"

Jeffrey Stein, presidente de la asociación Abogados Californianos para la Justicia Criminal

Detrás de esa transformación está el cuerpo de leyes anti-inmigración que se pusieron en vigor hace poco más de un año: de Arizona a Georgia o Alabama, los estados sureños dieron luz verde a normas que criminalizan a los inmigrantes sin papeles.

"En 1991, 60% de las condenas a latinos por ofensas federales eran a causa de crímenes relacionados con el tráfico de drogas y 20% con la inmigración. Hoy ese número se ha revertido. Entonces, este número tiene que ver con cómo el país ha decidido hacer cumplir las leyes y considerar las violaciones migratorias como faltas que merecen condenas como la cárcel", señaló el académico.

Los efectos sobre el sistema carcelario podrían hacerse sentir: el crecimiento de las condenas por este tipo de faltas pone presión sobre los recursos federales.

"El peso financiero puede ser altísimo: implica un proceso de sobrepoblación de las cárceles e implica destinar muchos fondos para cumplir con los procesos judiciales de cada uno de estos casos", destacó ante BBC Mundo Jeffrey Stein, presidente de la asociación Abogados Californianos para la Justicia Criminal (CACJ, en inglés).

"Tiene un efecto grave en las familias, además, porque la mayoría de estos convictos son hombres y son los encargados de llevar el pan a sus hogares", agregó Deborah Denno.

Muchos señalan que, con estas cifras sobre la mesa, se reavivará el debate sobre la conveniencia de establecer un sistema alternativo de audiencias y juicios expeditos en las ciudades de la frontera, para condenar a aquellos que violen las cada vez más severas leyes migratorias estadounidenses.

Obama al margen de las leyes contra indocumentados

William Márquez

BBC Mundo, Washington

Última actualización: Miércoles, 29 de junio de 2011


Varios estados han aprobado leyes más restrictivas frente a los indocumentados.

En opinión de algunos observadores, los estados que han aprobado sus propias leyes draconianas contra extranjeros indocumentados en Estados Unidos violan la prerrogativa del gobierno federal de legislar en temas migratorios. Sin embargo, la Casa Blanca ha mantenido silencio en la mayoría de los casos.

Desde que el gobierno federal demandó y logró bloquear una de las leyes antiinmigratorias más polémicas del país, promulgada en 2010 por la gobernadora conservadora de Arizona, no ha hecho lo mismo ante la racha de otros estados que han seguido el ejemplo aprobando leyes similares.
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Después de Arizona, siguieron los estados de Alabama, Utah, Indiana, Georgia y Carolina del Sur aprobando en sus asambleas leyes hasta más severas en algunos aspectos.

Aunque algunas organizaciones que abogan por los derechos civiles han tenido éxito en los tribunales contra estas leyes, los defensores de las comunidades inmigrantes en EE.UU. ven con preocupación la falta de acción del presidente Barack Obama para enfrentar la legislación estatal.

"El presidente mira por dónde soplan los vientos políticos y ese es el rumbo que sigue"

José Pertierra, abogado de inmigración

Según el Departamento de Justicia, el gobierno está actualmente revisando las leyes aprobadas en estos últimos estados. Asegura que tanto el fiscal general de la nación como el presidente se oponen a que la política relacionada a la inmigración sea una "colcha de retazos" de leyes estatales.

"Donde estas leyes interfieran con el cumplimiento de las leyes federales sobre inmigración estamos preparados para demandar", declaró a BBC Mundo, Xochitl Hinojosa, portavoz del Departamento de Justicia.

Aún no lo han hecho -con la excepción de Arizona- y la portavoz del Departamento de Justicia declinó a comentar sobre la demora.

Esa demora preocupa a algunos defensores de los derechos de los indocumentados que ven una tendencia entre políticos de querer explotar el sentimiento antiinmigrante en el país para lograr popularidad y votos, sobre todo ahora que se inicia la temporada de campañas electorales.

El abogado especialista en inmigración José Pertierra, opina que Barack Obama está midiendo sus pasos según le convenga para sus aspiraciones de ser reelegido.

"El presidente mira por dónde soplan los vientos políticos y ese es el rumbo que sigue", comentó a la BBC.

Pertierra cree que, mientras Obama necesita el voto latino y tiene que dar un buen discurso sobre inmigración, al mismo entiende que el país se ha movido a la derecha y que hay una creciente fuerza política antiinmigrante de la que no se puede aislar. "El quiere estar en ambas partes, pero eso no funciona", afirmó.
De ley estatal a ley federal
Representante Lamar Smith

El congresista Lamar Smith promueve estrictas leyes a nivel federal.

Una de los serios temores que tienen los activistas que defienden los derechos de los ciudadanos -sean indocumentados o no- es que si no se arremete contra los estados, las leyes estatales antiinmigratorias podrían convertirse en leyes federales.

"Ese es el peligro", dijo José Pertierra. "La mayoría republicana en el Congreso tiene un representante de Texas, Lamar Smith, que dirige el Comité Judicial de la Cámara y que quiere varias propuestas de leyes que son completamente antiinmigrantes".

No obstante, hay organizaciones no gubernamentales como la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que han lanzado sus propias demandas contra las leyes estatales y obtenido éxitos en varias instancias.

Precisamente el lunes pasado, la ACLU logró bloquear en un tribunal la ley del estado de Georgia que tenia previsto criminalizar actividades como transportar o darle un "aventón" a una persona indocumentada.

"Muchos de los argumentos y razones que el gobierno federal dio en Arizona se pueden aplicar a los otros estados"

Omar Jadwat, ACLU

"De cuatro leyes estatales que han sido demandadas, cuatro han sido bloqueadas", informó a BBC Mundo Omar Jadwat, abogado del Proyecto sobre Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

Las iniciativas de la ACLU son independientes de las medidas que toma -o no toma- el gobierno contra la legislación estatal y, aunque la organización exhorta a Barack Obama a continuar en otros estados con lo que hizo en Arizona, Omar Jadwat no cree que la inactividad de la Casa Blanca se deba a que las elecciones estén en el horizonte.

"Es verdad que no han demandado a otros, pero no es que haya habido silencio total", recalcó Jadwat. "Obama específicamente criticó la ley en Georgia diciendo que era un error, que no era la vía correcta y el tribunal tomó nota de esa declaración".
A la espera
Inmigrantes en Alabama

La ley en Alabama afecta en especial a los inmigrantes de edad escolar.

Sin embargo, José Pertierra insiste en que lo que necesita el presidente es voluntad política para tomar acción más que discursos.

"Esta es una batalla que él tiene que dar, él la prometió a la comunidad latina cuando se lanzó y muchos latinos votaron por él precisamente por eso", recordó.

Por su parte, Xochitl Hinojosa, del Departamento de Justicia, asegura que el gobierno sí está "consternado con las medidas que han tomado los estados y su posible impacto".

Como muchas de estas leyes no han entrado en vigor en los estados que las aprobaron, es posible que el gobierno esté revisando y sopesando la situación para ver cómo actuará una vez sean promulgadas.

"El hecho que el gobierno no haya demandado a estos estados no sugiere nada", expresó Omar Jadwat de la ACLU. "La verdad es que, muchos de los argumentos y razones que el gobierno federal dio en Arizona se pueden aplicar a los otros estados".

El ACLU cree que el gobierno está viendo cómo mejor utilizar sus recursos ya que "entre más casos ganemos nosotros, menos tendrá que esforzarse la administración", concluyó Jadwat.

Pero para José Pertierra lo que el presidente debe hacer es esforzarse más para cumplir con lo que, según opina, prometió.

"Ojalá se dé cuenta, antes de las elecciones, de que el pueblo responde a un líder que toma decisiones en base a principios y no en base a encuestas", sentenció.

Golpe bajo a la inmigración en EE.UU.

Rebeca Logan

Washington

Última actualización: Viernes, 27 de mayo de 2011

Inmigrantes indocumentados deportados de EE.UU.

Los vacíos legales a nivel federal están multiplicando iniciativas estatales antiinmigrantes.

El republicano Matt Ramsey es un legislador de Georgia, sin embargo fue uno de los primeros en reaccionar ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de una polémica ley de Arizona que penaliza a los negocios que contraten a trabajadores indocumentados.

Para Ramsey, patrocinador de una medida similar firmada hace apenas unos días por el gobernador de Georgia, Nathan Deal, el fallo es un respaldo a su propia propuesta, (HB-87) que también generó un fuerte debate entre activistas en pro y en contra de la inmigración.

La determinación del tribunal avala la autoridad de los estados para implementar, aunque de forma limitada, medidas que refuerzan las leyes federales contra la inmigración ilegal.

"Creo que la decisión de la Corte Suprema es exactamente la correcta... porque reconoce que los estados tienen un papel en responder a las situaciones creadas por la inmigración ilegal", dijo Ramsey al diario Atlanta Journal Constitution.

La legislación ratificada en Georgia es una de las más restrictivas del país y parte de una cadena de ordenanzas antiinmigrantes basadas en medidas aprobadas en Arizona.
Luz verde a más restricciones

El fallo de la Corte le da la "luz verde" a otros estados que quieran implementar normas parecidas, opinan activistas y expertos en inmigración. Catorce estados del país, incluyendo Mississippi, Carolina del Sur, Missouri, Pennsylvania, Tennessee y Virginia ya cuentan con leyes paralelas.

"La decisión de la Corte confirma nuestra convicción de que el código federal no impide que los estados y las localidades implementen las leyes de inmigración"

Dan Stein, presidente de la Federación por una Reforma de Inmigración Estadounidense.

"La decisión de la Corte confirma nuestra convicción de que el código federal no impide que los estados y las localidades implementen las leyes de inmigración", dijo en un comunicado Dan Stein, presidente de la Federación para una Reforma de Inmigración Estadounidense (FAIR por sus siglas en inglés), entidad que aboga por fuertes restricciones migratorias.

El dictamen judicial es sobre una ley que revoca las licencias de operación de los negocios con empleados indocumentados y les exige a que participen en el programa federal E-Verify, que verifica el estatus legal de los trabajadores contratados. Esta ley fue firmada en el 2007 por la entonces gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, actual jefa del Departamento de Seguridad Nacional, e integrante del gabinete de Barack Obama, que ahora se opone a la legislación.

La decisión de la Corte no se aplica a la SB1070 de Arizona, que le exige a la policía detener a sospechosos de ser indocumentados y que generó polémica internacional y llamados a boicotear al estado. La implementación de la SB 1070, firmada en el 2010, está bloqueada mientras se resuelve una demanda legal, y también podría llegar hasta el tribunal supremo.
Si Washington no resuelve, nosotros sí

Según el senador estatal de Maryland, Víctor Ramírez, mientras en Washington siga estancado el debate de inmigración, los estados seguirán atrapados entre la espada y la pared, intentando resolver un tema de competencia federal pero con consecuencias locales.

La última vez que el Congreso de Estados Unidos aprobó una reforma migratoria amplia, fue hace más de dos décadas, cuando Ronald Reagan era presidente. Desde entonces los intentos de autorizar una legalización masiva se han desmoronado ante las contiendas partidistas, mientras crece el número de inmigrantes sin opciones para reglamentar su estatus.
Marcha a favor de una reforma a las peyes migratorias en EE.UU.

La presión de la comunidad inmigrante sigue en aumento ante la falta de una reforma a las leyes migratorias.

El legislador demócrata, también abogado, recalcó a BBC Mundo que aunque las leyes de inmigración tienen que venir del Congreso y firmadas por el presidente, los estados tienen competencia sobre normas de empleo, licencias de conducir, impuestos locales, servicios sociales y los sistemas de educación y de policía.

Y todas estas funciones han sido afectadas por el flujo de población inmigrante y la falta de una reforma migratoria que ha generado más de 12 millones de indocumentados.

En los primeros cuatro meses del 2011 se presentaron 1.538 propuestas de ley relacionadas a la inmigración en los 50 estados del país, un aumento con respecto al año anterior, según datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.
Arizona para un lado, Utah para otro

Ramírez explicó a BBC Mundo que los estados tienen que solucionar de una forma "práctica", lo que pasa en sus comunidades y que las normas estatales también pueden ser favorables a los inmigrantes según la dinámica política local.

"Mientras en Arizona se aprueban medidas antiinmigrantes, en Illinois se desafía el mandato federal que obliga a la policía a colaborar con las autoridades de inmigración", señaló Ramírez, quien gracias al apoyo de una fuerte coalición proinmigrante, logró que su estado de Maryland aprobara este año una ley que permite a los estudiantes indocumentados asistir a las universidades públicas con matrícula de residente.

"Por eso como legisladores estatales estamos pendientes de los que diga la Corte Suprema, queremos saber hasta dónde podemos llegar con los temas que nos afectan"

Víctor Ramírez, senador estatal en Maryland.

Illinois tiene códigos similares, mientras que la asamblea de California acaba de aprobar una medida para revocar su participación en un programa federal que facilita las deportaciones.

Utah por su parte, ha dado un paso incluso más osado, convirtiéndose en el primer estado del país en crear su propio programa de visas para darle papeles a los trabajadores inmigrantes que viven en el estado. Esta ley también enfrenta sus retos legales, y ya se menciona como posible caso para el máximo tribunal.
Lo que diga la corte, con copia para todos

"Por eso como legisladores estatales estamos pendientes de los que diga la Corte Suprema, queremos saber hasta dónde podemos llegar con los temas que nos afectan", indicó Ramírez, señalando que la misma dinámica se da con otros temas de debate. Entre estos el matrimonio gay, la pena de muerte, los derechos laborales y la legalización de la marihuana, asuntos que tienen aplicación local y federal y que varían según la región.

Un fallo a favor de la Corte Suprema le abre el paso a los activistas victoriosos a proponer su agenda en otros estados y le da parámetros a los legisladores para que se copien, sin problema, de las leyes que les gustan.

"Si vemos que una ley que nos interesa ya ha sido ratificada por el tribunal supremo, para qué reinventar la rueda", concluyó Ramírez.

Ha pasado un año desde que el estado de Arizona, en el suroeste de Estados Unidos, se robó las primeras planas de diarios del mundo al convertirse en baluarte de la lucha contra la inmigración ilegal, promovida sobre todo desde los sectores más conservadores de la sociedad estadounidense.

La SB1070, conocida genéricamente como Ley de Arizona, fue firmada por la gobernadora Jan Brewer en abril de 2010 para criminalizar la estadía de indocumentados en el estado. Una norma draconiana que convirtió en delito el no poseer los documentos migratorios apropiados y puso en la mira de las autoridades a miles de latinos.
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¿Qué efectos ha tenido, un año más tarde? Por una parte, varias cláusulas de la misma SB1070 permanecen "congeladas" por tribunales federales, que la bloquearon parcialmente por considerar que las atribuciones que la ley otorga a las autoridades estatales están reñidas con las regulaciones migratorias de aplicación nacional.

Ello no ha impedido, sin embargo, que las cámaras de representantes de otros estados evaluaran paquetes legislativos igual de severos. En los últimos días, la iniciativa aprobada en Georgia -donde se espera la rúbrica del gobernador para convertirla en ley- se ha convertido en el ejemplo más extremo de los controles que EE.UU. quiere imponer a los extranjeros indocumentados.

"Uno de los efectos era que la Ley de Arizona podía replicarse en una veintena de estados. Pero hemos visto que 12 estados en lo que va del año han rechazado la legislación, incluso algunos donde hay mayor peso republicano como Nebraska o Kansas", dijo a BBC Mundo Elena Lacayo, del Consejo Nacional La Raza (NCLR, por sus siglas en inglés), que realizó un estudio sobre el "efecto dominó" de la ley arizoniana.
Es la economía

Según los expertos, el impacto económico que ha tenido la SB1070 es la razón más poderosa para disuadir a otros estados de seguir los pasos de Arizona.

Aunque no existen cifras oficiales, algunos relevamientos de organizaciones no gubernamentales permiten esbozarlo: en el negocio de organización de conferencias y seminarios, por ejemplo, las cámaras de turismo estatal señalan mermas del 35%.

"No hay evidencia de que la ley haya afectado negativamente a la economía. Arizona tiene ahora más empleo, menos presión en el sistema educativo porque hay menos alumnos y menos delitos "

William Gheen, portavoz del grupo Estadounidenses por la Inmigración Legal

"Medimos un impacto en términos de turismo: que se había borrado a Arizona del mapa. Y eso es sólo un pequeño sector de un problema económico más amplio e inmensurable", informó a BBC Mundo Marshall Fitz, director de inmigración del Centro para el Progreso Estadounidense.

A nivel general, la economía de Arizona podría haber perdido unos US$140 millones, según el instituto. Por eso, señala Fitz, no resulta curioso que las cámaras empresariales y agropecuarias sean las que más reservas presentan ante la réplica de normas anti-inmigración en otros estados.

La salida en masa de inmigrantes -sobre todo hispanos- es observable en la mayor disponibilidad de casas para alquilar o en ciertos cambios del mercado laboral, en el que se emplean 30.000 mexicanos, entre otros extranjeros. En promedio, los comercios locales en manos de latinos denuncian haber perdido hasta un 75% de sus negocios.

Parte del deterioro económico está asociado al boicot que varios grupos y empresas organizaron en contra de Phoenix y otras ciudades arizonenses tan pronto se validó la ley. Pero no sólo se trata de eso...

"En las mediciones se puede comprobar un cambio en la imagen de Arizona como destino, que pasó de ser el estado soleado al que la gente va a jubilarse a un estado hostil donde la gente duda antes de ir de vacaciones", reveló Fitz.

Pero no todos lo ven así.
Entre vecinos

"No hay evidencia de que la ley haya afectado negativamente a la economía. Arizona tiene ahora más empleo, menos presión en el sistema educativo porque hay menos alumnos y menos delitos", enfatizó William Gheen, portavoz del grupo Estadounidenses por la Inmigración Legal, en diálogo con BBC Mundo.

La merma del crimen hasta ser "tres veces menos que la media nacional" es uno de los argumentos que esgrime la gobernadora Brewer y los defensores de la SB1070 para confirmar la eficacia de la ley.

"El 'susto comunista' ahora pasó a ser el 'susto latino' y muchos creen que denunciar a los vecinos es una cuestión de hacer un bien a la patria "

Jorge Cruz, estudiante del Phoenix College

Gheen no duda en calificar de "invasores" a los indocumentados y aboga por la eliminación de los llamados "santuarios", en los que las personas sin papeles se sentían a resguardo de ser denunciados por los vecinos porque eso, hasta la nueva ley, no era obligatorio.

"(La SB1070) otorga el control a los ciudadanos", destacó la gobernadora hace poco.

Para muchos hispanos, el supuesto "empoderamiento de los ciudadanos" no es sino fuente de temor a tiempo completo.

"Han dividido a un pueblo entero, como pasó en los años '50 cuando se perseguía a los comunistas. El 'susto comunista' ahora pasó a ser el 'susto latino' y muchos creen que denunciar a los vecinos es una cuestión de hacer un bien a la patria", dijo a BBC Mundo Jorge Cruz, estudiante de 23 años en el Phoenix College nacido en México que logró la deseada ciudadanía hace poco.
Efectos "profundos"

Según el estudio del NCLR, los efectos sociales de la SB1070 han sido mucho más profundos que los económicos.
Jan Brewer, gobernadora de Arizona

Varios estados barajaron leyes similares y Georgia acaba de aprobar una norma parecida a la SB1070.

Jennifer Allen, directora ejecutiva de la red Border Action que defiende los derechos de los inmigrantes, relató a BBC Mundo que muchos indocumentados han cambiado sus rutinas: han minimizado sus movimientos para evitar exponerse. De la escuela al trabajo, el supermercado, la estación de gasolina… y poco más.

Pero no todos siguen aquí expuestos al miedo: el Centro Pew estima que al menos 100.000 hispanos se han ido de Arizona, aunque no es posible cuantificar quiénes lo hicieron a causa de la ley y quiénes como consecuencia de la crisis económica generalizada.

¿Qué esperar ahora? La mirada está puesta en los tribunales que decidirán si la norma se endurece aún más, dando luz verde a las cláusulas actualmente bloqueadas. Ante el último revés, sufrido a comienzos de abril, la gobernadora Brewer ha anticipado que llevará el caso hasta la Corte Suprema. Inmigrantes del país entero tienen puesta la mirada en ella para poder pensar el futuro.

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Entrar en un país ajeno sin permiso debería acarrear las mismas consecuencias que entrar en casa de alguien sin permiso.

¿Les parece muy duro?. No vayan a ese país. Punto.

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No sé de qué me habla: Ningún abuelo mío emigró.

Y los abuelos que sí emigraron lo hicieron casi todos con permisos.

Lo que no se puede hacer es meterse en un país sin permiso.

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España siempre ha sido un país de emigrantes. Haríamos bien en recordarlo ...

Deberían expulsar a todo el inmigrante que delinca, sea legal o ilegal. No hay más.

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