Que la Junta de Andalucía compró "paz social" a través del fondo de reptiles no es una suposición. Es el propio gobierno andaluz el que admite, en un escrito oficial, que si no se aumentaba el presupuesto de la partida de dicho fondo, su departamento no podría "garantizar la paz social y un bajo índice de conflictividad, dada la falta de recursos financieros" para 2010.

Así, el que entonces fuera director general de Trabajo, Juan Márquez Contreras, admite explícitamente el destino de estos fondos, a través de la firma de un documento llamado "Proyecto técnico de encomienda de gestión", al que ha tenido acceso El Mundo. En él, solicitaba que aumentaran los ingresos de este fondo –desde el que se pagaban los ERE falsos- porque de no ser así, no podría "mantener la paz social".

Esto se debe a la falta de fondos que afrontó esta partida destinada a costear el fraude de los ERE , debido a la crisis económica. El presupuesto del pasado año era 30 millones inferior a lo que necesitaba la Consejería para sufragar las prejubilaciones a las que ya se había comprometido, que ascendía a 81,7 millones. En esta situación, la Consejería de Empleo preveía el caos para el ejercicio siguiente, por lo que aprobó este documento.

Por ello, Contreras asegura que "tendría que aumentar su presupuesto en orden a cumplir con los compromisos ya adquiridos, y también al objeto de atender el apoyo al empleo y evitar la conflictividad laboral y social derivada de los nuevos conflictos laborales que se presenten durante el año 2010", asegura esta petición. Se solicita mantener la partida en términos similares a 2009, cuando se habían destinado 71,4 millones de euros.

Tal y como se ha ido descubriendo, la Junta buscó un modo de destinar estos fondos a las prejubilaciones sin que llamase en exceso la atención. La Consejería de Empleo consignaba el dinero en su presupuesto, y lo traspasaba a la Agencia IDEA como una transferencia corriente y ésta procedía al pago a los prejubilados. La Intervención General de Hacienda ya advirtió de que el sistema para el pago de prejubilaciones era ilegal, ya que permitía sortear los controles y la fiscalización, y así lo cree también la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la trama de los ERE y el caso Mercasevilla.

Y es que, en 9 años –de 2001 a 2010- la Junta utilizó 700 millones para costear estas jubilaciones falsas, fondos que partían de la partida presupuestaria 31.L. Estos se utilizaron al margen del procedimiento legal, seleccionando de manera discrecional las empresas beneficiarias, que prejubilaron a sus trabajadores ahorrándose los costes de las pensiones, que pagaba la Junta de Andalucía. En numerosos ERE se ha detectado la inclusión de intrusos, prejubilados que cobraban puntualmente sus rentas pese a no haber trabajado nunca en esas empresas.

Iniciado por Salvado_por_los_pelos

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