macduro
Madmaxista
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Y gano con mayoria absoluta hace unas semanas ... asi son las cosas .
Atentos a la transcripcion de una conversacion de Ortiz.
La Policía sostiene que Castedo y Alperi llegaron a ´pactos encubiertos´ para beneficiar a Ortiz con el Rico Pérez - Informacion.es
La Policía sostiene que Castedo y Alperi llegaron a ´pactos encubiertos´ para beneficiar a Ortiz con el Rico PérezLa investigación deduce que el constructor compró el estadio en 2007 a sabiendas de que el suelo anexo se recalificaría en el PGOU para instalar una gran zona comercial
El informe de la Policía Judicial sobre el Plan General de Ordenación Urbana incluido en el sumario del caso Brugal concluye que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, su antecesor, Luis Díaz Alperi, y el empresario y exmáximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, alcanzaron varios "pactos encubiertos" para beneficiar los intereses del constructor con la reforma del estadio José Rico Pérez en el marco de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. De las múltiples conversaciones telefónicas intervenidas a Ortiz, los investigadores deducen que el empresario compró el estadio y los terrenos anexos en abril de 2007 a través de la empresa Aligestión a sabiendas de que ese suelo sería posteriormente recalificado en el nuevo PGOU y como fruto de un acuerdo alcanzado con el anterior primer edil Díaz Alperi. "En el lío en que nos ha metido Luis", llega a reconocer el constructor.
Aunque no llegaron a materializarse, los supuestos acuerdos entre la alcaldesa y el empresario también habrían contemplado, en diferentes fases de la investigación, desde la construcción de un nuevo estadio en Rabasa a la demolición del Rico Pérez para construir viviendas, pasando por la reforma integral del campo por 60 millones de euros. Esta última operación se financiaría con la permuta de grandes cantidades de suelo comprado por el constructor en terrenos de futuros parques naturales a cambio de parcelas urbanizables de alto valor inmobiliario en Torres de la Huerta, en La Condomina.
Para llevar a cabo todas estas operaciones, la Policía documenta una frenética ronda de contactos telefónicos y encuentros presenciales entre Ortiz y Castedo -tanto en la casa del empresario como en el propio despacho de la alcaldesa-, además del acceso por parte del constructor a documentos sobre el Rico Pérez incluidos en el Plan General en plena fase de elaboración del mismo -cuando aún no eran públicos- e incluso la colaboración directa del redactor del PGOU, Jesús Quesada, y de parte de sus colaboradores con el propietario de Cívica y su equipo. Por todo este cúmulo de contactos y actuaciones, la Policía concluye que Ortiz dispuso de información privilegiada sobre la revisión del Plan General para adaptarlo a sus intereses con el Rico Pérez.
Las grabaciones al empresario por el caso Brugal se iniciaron el 12 de mayo de 2008, pero es un año antes, el 16 de abril de 2007, cuando Ortiz compró el Rico Pérez al Ayuntamiento por 7,8 millones de euros, a los que debía añadir 4,2 millones en concepto de obras de reforma del estadio. Analizadas las conversaciones telefónicas intervenidas, la Policía Judicial deduce que Ortiz ya sabía en el momento de la compra que los terrenos del Rico Pérez serían recalificados posteriormente en el PGOU y que el máximo accionista de Cívica habría alcanzado un "acuerdo" con Díaz Alperi, Castedo y el arquitecto redactor del plan, Jesús Quesada, "para la acomodación a los intereses del empresario en lo referente al estadio de fútbol Rico Pérez y sus aledaños". La investigación también sugiere que Ortiz tuvo acceso al proyecto de ordenación de la ciudad antes de que fuera expuesto públicamente en octubre de 2008 y que se reunió con la alcaldesa y Quesada para abordar el futuro planeamiento y su incidencia sobre el estadio. Así se desprende de una conversación el 9 de junio del mismo año entre Ortiz y Castedo -por entonces aún concejala de Urbanismo-, en la que acuerdan verse el día siguiente para hablar del asunto del estadio: "Pues voy directamente allí y vemos si me das la solución ya de lo que éste plantea del Hércules (...) y si me interesa, y ya te cuento temas que he estado viendo también con Luis y me dices y demás. Intenta tener el planito y me lo enseñas". Castedo respondió afirmativamente: "Sí, sí, mañana nos vemos entonces". Nueve horas más tarde de ese mismo día, Ortiz dejaba muy claras sus intenciones en una conversación con otro alto dirigente del club: "Vamos a ver: todo el mundo tiene que tener una cosa clara: nuestra meta está en la recalificación del campo".
Sobre la estrecha relación entre el empresario y el redactor del PGOU también queda constancia cuando el 26 de junio de 2008, Quesada accede a prestar ayuda al arquitecto encargado del proyecto de la remodelación del estadio, siempre y cuando lo autoricen Castedo y el todavía alcalde Alperi y la reunión no se celebre en el despacho del urbanista, sino en la sede de la empresa Cívica, tal y como se llevó a cabo. La Policía sostiene que la edil autorizó el encuentro en el despacho de Ortiz.
En paralelo a estas reuniones, el empresario ya había puesto en marcha la promoción de la futura
zona comercial que pretendía instalar junto al Rico Pérez. El 2 de julio llamó a un alto directivo de una firma de inversiones y desinversiones (Rodamco) para decirle que lo que le había contado del estadio ha cambiado "en un tres mil por cien" para convertirse en "una macro manzana gigantesca en el centro de Alicante" con una superficie bruta alquilable (SBA) de unos 50.000 metros cuadrados en dos plantas con un aparcamiento para 2.000 plazas y zona verde.
Es en este punto, en la cuantificación de la SBA del futuro planeamiento del Rico Pérez, cuando la Policía Judicial llega a la conclusión de que Ortiz maneja información privilegiada y datos procedentes del Plan General aún en fase de redacción. El informe da por hecho que el dato de los 50.000 metros cuadrados que maneja el empresario ha sido extraído de la ficha de planeamiento de desarrollo y gestión de la unidad de ejecución del Rico Pérez "y hace entender que el empresario tuvo en fechas tan tempranas información privilegiada inalcanzable para el resto de ciudadanos". Es el propio Ortiz quien hace saber a Jesús Quesada el 2 de julio "que ha recibido la autorización" de Castedo "para que le haga llegar la mencionada ficha, si bien, al parecer, Quesada ya se la habría proporcionado -leído- a Carlos Laína -integrante del Estudio Lamela Arquitectos-", encargado del proyecto de reforma del Rico Pérez. Sólo una semana después, el entorno del empresario "habría comenzado las negociaciones para la venta de la zona comercial prevista para la zona aledaña al estadio".
Mientras tanto, los plazos legales avanzan y, un día antes, el 1 de julio de 2008, se presenta en la Gerencia de urbanismo el Plan General ya revisado para hacerlo público el 17 de octubre y abrir el periodo preceptivo de alegaciones hasta el 18 de enero de 2009. La aprobación provisional del PGOU en el Pleno del Ayuntamiento tuvo lugar el 17 de abril de ese año y se fijó un nuevo plazo de alegaciones hasta el 28 de mayo. Se inicia, pues, un nuevo periodo, "en el que el entorno del empresario prepara las oportunas alegaciones para acomodar el estadio y sus aledaños a sus intereses". Vuelven entonces, siempre según la investigación, los contactos de Ortiz con Castedo y Quesada y llega al despacho del constructor el 15 de abril -dos días antes de que venza el plazo- la información de que sus alegaciones al Plan General iban a ser desestimadas. Esa información la habrían suministrado el propio redactor del PGOU y la jefa del servicio técnico de la Gerencia de Urbanismo, sostiene el informe. Ortiz cree que sus alegaciones serían rechazadas por incumplimiento del plazo, pero hasta su despacho también llega que es la propia Castedo quien se opone por la negativa del pequeño comercio a una gran superficie junto al estadio.
El tiempo apremia, se confirma la tesis del rechazo de los comerciantes, y el entonces máximo accionista del Hércules decide dar una vuelta de tuerca y traslada a su hombre de confianza en el club que va a reunirse con Castedo para defender su proyecto "y que si el proyecto no es como ellos quieren, no lo van a vender; y si no lo venden, no arreglarán el estadio, con lo que Alicante perdería la oportunidad de ser escogida como sede para la posible designación de España para acoger el Mundial de Fútbol de 2018". Por estas fechas -en concreto el 12 de mayo-, y a pesar de las dificultades con las alegaciones, el grupo Cívica contacta con Carrefour para conocer su posible interés por la zona comercial prevista en el Rico Pérez. Seis días después, Ortiz reclama por teléfono a Castedo una reunión para abordar el asunto de las alegaciones: "El tema es rellenito, estoy viendo el Plan General, macho, y me destroza por todos los lados, es que es increíble". Finalmente, esa reunión se celebra el 20 de mayo en el despacho de Castedo, en presencia de Quesada y del jefe de servicio de la Gerencia de Urbanismo, José Luis Ortuño, después de que el constructor recibiera el dato de que en sus pretensiones de cambiar el planeamiento del Rico Pérez -con soterramiento de calles incluido- llegaba a ordenar un territorio que no le pertenecía.
Finalizado el plazo de alegaciones, Ortiz pergeña otra estrategia para agilizar la reforma del Rico Pérez mediante la vía de autorizarla al margen del Plan General con el argumento de la urgencia para ser subsede del Mundial, "lo que le permitiría llevar a cabo las operaciones financieras que hasta ese día no podría realizar al no estar el proyecto aprobado", argumenta la Policía. "Aquí sabe todo el mundo que para poder poner un hipermercado en Alicante se puede poner en dos sitios; en la salida de Rabassa y allí [en las inmediaciones del Rico Pérez]. El de la salida de Rabassa ya está vendido, lo tiene Ikea, que va a montar allí un boom", comenta Ortiz por teléfono el 17 de julio al letrado de la asociación de comerciantes Paco Maestre.
Pocos días antes, en conversación con el concejal de Hacienda Juan Zaragoza, el empresario admite que está incumpliendo el convenio de compra del estadio en lo tocante a las obras de reforma por 4,2 millones de euros. El incumplimiento no sería casual ni accidental, dado que el propio Ortiz reconoce a la alcaldesa su intención "de aprovecharse de la recalificación de los terrenos anexos al estadio para con ese dinero acometer las obras de reforma".
Todo ello ocurre a comienzos del verano de 2009, casi un año después del acceso de Castedo a la Alcaldía -el 17 de septiembre de 2008-. Se abre entonces un compás de espera sin novedades, aunque la Policía "tiene constancia" de que por esas fechas -agosto- Ortiz y la alcaldesa, "junto con sus respectivas familias, pasaron unos días de vacaciones en el barco del primero".
Concluidas las vacaciones, el empresario retoma en septiembre la idea de sacar la reordenación del Rico Pérez del Plan General -aprobado por el Ayuntamiento en abril, pero aún pendiente de su ratificación definitiva-, al tiempo que la alcaldesa le recrimina en otra conversación que haya trasladado al diario INFORMACIÓN la intención de construir un nuevo estadio en la zona de Rabasa, donde Ortiz es propietario de más de cuatro millones de metros cuadrados de suelo. Los investigadores mantienen que esa propuesta de traslado no estaría justificada por la necesidad de un nuevo campo, "sino condicionada por la superficie comercial que el empresario pretende realizar en los aledaños" del Rico Pérez. También deducen que Castedo era partidaria de transformar en zona residencial los alrededores del Rico Pérez, "ocultando que el actual estadio sería demolido, y con los beneficios obtenidos de la recalificación construir el nuevo estadio". Los agentes reseñan, asimismo, que en esta misma conversación, la alcaldesa solicita al empresario, "por enésima vez, que consiga trabajo a una amiga suya, comprometiéndose a ello" Ortiz. Ese mismo día, ambos protagonistas acuerdan ofrecer una versión pública de la operación basada en "el interés de la ciudad" y mencionan, como novedad, la posibilidad de que Ortiz consiga dinero para las obras de reforma del estadio mediante la recalificación de la zona terciaria o la construcción de vivienda, "obviando el compromiso adquirido por Aligestión de gastarse 4,2 millones de euros" en esa remodelación.
Es el 9 de septiembre cuando la primera edil exige públicamente al empresario la renuncia al centro comercial junto al Rico Pérez, habida cuenta del rechazo del pequeño comercio y del anuncio de Ikea de construir un hipermercado en Rabasa. Al mismo tiempo, la alcaldesa propone la construcción de un nuevo estadio en esa misma zona del norte de la ciudad, que se financiaría con la recalificación y posterior edificación de viviendas en los terrenos aledaños al Rico Pérez. Sin embargo, dos semanas después, y tras no pocas críticas de la oposición y la masa social del Hércules, Castedo rectifica y descarta el nuevo campo en Rabasa.
Son tiempos de bandazos y el 29 de septiembre la primera edil anuncia en el Pleno que hará cumplir escrupulosamente a Ortiz el convenio por el que se obliga a invertir 4,2 millones en las reformas del estadio. Según la Policía, ese anuncio se preparó un día antes entre ambos en el domicilio del empresario.
"Si el Alicante asciende, le paso el marrón y yo me quedo con el estadio"
Enrique Ortiz dejó entrever sus planes sobre una fusión entre el Hércules y el Alicante durante una conversación con Blas Bernal, entonces director general del club.
E.O.: (...) "Posiblemente lo mande todo a la hez".
B.B.: "Tienes que coger al alcalde y decirle, oye".
E.O.: "No a ese no, a ese se la rezuma (....) Voy a terminar con esto y a ver a quién le paso el tomate. Todo depende de que el Alicante ascienda. Si asciende me siento con el otro (Juan Antonio Iniesta, presidente del Alicante, presumiblemente) y le paso el marrón al otro, le hago el hombre importante y yo me quedo con el campo y él el responsable del fútbol. Le doy todos los años un millón de euros y a tomar por trastero".
Atentos a la transcripcion de una conversacion de Ortiz.
La Policía sostiene que Castedo y Alperi llegaron a ´pactos encubiertos´ para beneficiar a Ortiz con el Rico Pérez - Informacion.es
La Policía sostiene que Castedo y Alperi llegaron a ´pactos encubiertos´ para beneficiar a Ortiz con el Rico PérezLa investigación deduce que el constructor compró el estadio en 2007 a sabiendas de que el suelo anexo se recalificaría en el PGOU para instalar una gran zona comercial
El informe de la Policía Judicial sobre el Plan General de Ordenación Urbana incluido en el sumario del caso Brugal concluye que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, su antecesor, Luis Díaz Alperi, y el empresario y exmáximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, alcanzaron varios "pactos encubiertos" para beneficiar los intereses del constructor con la reforma del estadio José Rico Pérez en el marco de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. De las múltiples conversaciones telefónicas intervenidas a Ortiz, los investigadores deducen que el empresario compró el estadio y los terrenos anexos en abril de 2007 a través de la empresa Aligestión a sabiendas de que ese suelo sería posteriormente recalificado en el nuevo PGOU y como fruto de un acuerdo alcanzado con el anterior primer edil Díaz Alperi. "En el lío en que nos ha metido Luis", llega a reconocer el constructor.
Aunque no llegaron a materializarse, los supuestos acuerdos entre la alcaldesa y el empresario también habrían contemplado, en diferentes fases de la investigación, desde la construcción de un nuevo estadio en Rabasa a la demolición del Rico Pérez para construir viviendas, pasando por la reforma integral del campo por 60 millones de euros. Esta última operación se financiaría con la permuta de grandes cantidades de suelo comprado por el constructor en terrenos de futuros parques naturales a cambio de parcelas urbanizables de alto valor inmobiliario en Torres de la Huerta, en La Condomina.
Para llevar a cabo todas estas operaciones, la Policía documenta una frenética ronda de contactos telefónicos y encuentros presenciales entre Ortiz y Castedo -tanto en la casa del empresario como en el propio despacho de la alcaldesa-, además del acceso por parte del constructor a documentos sobre el Rico Pérez incluidos en el Plan General en plena fase de elaboración del mismo -cuando aún no eran públicos- e incluso la colaboración directa del redactor del PGOU, Jesús Quesada, y de parte de sus colaboradores con el propietario de Cívica y su equipo. Por todo este cúmulo de contactos y actuaciones, la Policía concluye que Ortiz dispuso de información privilegiada sobre la revisión del Plan General para adaptarlo a sus intereses con el Rico Pérez.
Las grabaciones al empresario por el caso Brugal se iniciaron el 12 de mayo de 2008, pero es un año antes, el 16 de abril de 2007, cuando Ortiz compró el Rico Pérez al Ayuntamiento por 7,8 millones de euros, a los que debía añadir 4,2 millones en concepto de obras de reforma del estadio. Analizadas las conversaciones telefónicas intervenidas, la Policía Judicial deduce que Ortiz ya sabía en el momento de la compra que los terrenos del Rico Pérez serían recalificados posteriormente en el PGOU y que el máximo accionista de Cívica habría alcanzado un "acuerdo" con Díaz Alperi, Castedo y el arquitecto redactor del plan, Jesús Quesada, "para la acomodación a los intereses del empresario en lo referente al estadio de fútbol Rico Pérez y sus aledaños". La investigación también sugiere que Ortiz tuvo acceso al proyecto de ordenación de la ciudad antes de que fuera expuesto públicamente en octubre de 2008 y que se reunió con la alcaldesa y Quesada para abordar el futuro planeamiento y su incidencia sobre el estadio. Así se desprende de una conversación el 9 de junio del mismo año entre Ortiz y Castedo -por entonces aún concejala de Urbanismo-, en la que acuerdan verse el día siguiente para hablar del asunto del estadio: "Pues voy directamente allí y vemos si me das la solución ya de lo que éste plantea del Hércules (...) y si me interesa, y ya te cuento temas que he estado viendo también con Luis y me dices y demás. Intenta tener el planito y me lo enseñas". Castedo respondió afirmativamente: "Sí, sí, mañana nos vemos entonces". Nueve horas más tarde de ese mismo día, Ortiz dejaba muy claras sus intenciones en una conversación con otro alto dirigente del club: "Vamos a ver: todo el mundo tiene que tener una cosa clara: nuestra meta está en la recalificación del campo".
Sobre la estrecha relación entre el empresario y el redactor del PGOU también queda constancia cuando el 26 de junio de 2008, Quesada accede a prestar ayuda al arquitecto encargado del proyecto de la remodelación del estadio, siempre y cuando lo autoricen Castedo y el todavía alcalde Alperi y la reunión no se celebre en el despacho del urbanista, sino en la sede de la empresa Cívica, tal y como se llevó a cabo. La Policía sostiene que la edil autorizó el encuentro en el despacho de Ortiz.
En paralelo a estas reuniones, el empresario ya había puesto en marcha la promoción de la futura
zona comercial que pretendía instalar junto al Rico Pérez. El 2 de julio llamó a un alto directivo de una firma de inversiones y desinversiones (Rodamco) para decirle que lo que le había contado del estadio ha cambiado "en un tres mil por cien" para convertirse en "una macro manzana gigantesca en el centro de Alicante" con una superficie bruta alquilable (SBA) de unos 50.000 metros cuadrados en dos plantas con un aparcamiento para 2.000 plazas y zona verde.
Es en este punto, en la cuantificación de la SBA del futuro planeamiento del Rico Pérez, cuando la Policía Judicial llega a la conclusión de que Ortiz maneja información privilegiada y datos procedentes del Plan General aún en fase de redacción. El informe da por hecho que el dato de los 50.000 metros cuadrados que maneja el empresario ha sido extraído de la ficha de planeamiento de desarrollo y gestión de la unidad de ejecución del Rico Pérez "y hace entender que el empresario tuvo en fechas tan tempranas información privilegiada inalcanzable para el resto de ciudadanos". Es el propio Ortiz quien hace saber a Jesús Quesada el 2 de julio "que ha recibido la autorización" de Castedo "para que le haga llegar la mencionada ficha, si bien, al parecer, Quesada ya se la habría proporcionado -leído- a Carlos Laína -integrante del Estudio Lamela Arquitectos-", encargado del proyecto de reforma del Rico Pérez. Sólo una semana después, el entorno del empresario "habría comenzado las negociaciones para la venta de la zona comercial prevista para la zona aledaña al estadio".
Mientras tanto, los plazos legales avanzan y, un día antes, el 1 de julio de 2008, se presenta en la Gerencia de urbanismo el Plan General ya revisado para hacerlo público el 17 de octubre y abrir el periodo preceptivo de alegaciones hasta el 18 de enero de 2009. La aprobación provisional del PGOU en el Pleno del Ayuntamiento tuvo lugar el 17 de abril de ese año y se fijó un nuevo plazo de alegaciones hasta el 28 de mayo. Se inicia, pues, un nuevo periodo, "en el que el entorno del empresario prepara las oportunas alegaciones para acomodar el estadio y sus aledaños a sus intereses". Vuelven entonces, siempre según la investigación, los contactos de Ortiz con Castedo y Quesada y llega al despacho del constructor el 15 de abril -dos días antes de que venza el plazo- la información de que sus alegaciones al Plan General iban a ser desestimadas. Esa información la habrían suministrado el propio redactor del PGOU y la jefa del servicio técnico de la Gerencia de Urbanismo, sostiene el informe. Ortiz cree que sus alegaciones serían rechazadas por incumplimiento del plazo, pero hasta su despacho también llega que es la propia Castedo quien se opone por la negativa del pequeño comercio a una gran superficie junto al estadio.
El tiempo apremia, se confirma la tesis del rechazo de los comerciantes, y el entonces máximo accionista del Hércules decide dar una vuelta de tuerca y traslada a su hombre de confianza en el club que va a reunirse con Castedo para defender su proyecto "y que si el proyecto no es como ellos quieren, no lo van a vender; y si no lo venden, no arreglarán el estadio, con lo que Alicante perdería la oportunidad de ser escogida como sede para la posible designación de España para acoger el Mundial de Fútbol de 2018". Por estas fechas -en concreto el 12 de mayo-, y a pesar de las dificultades con las alegaciones, el grupo Cívica contacta con Carrefour para conocer su posible interés por la zona comercial prevista en el Rico Pérez. Seis días después, Ortiz reclama por teléfono a Castedo una reunión para abordar el asunto de las alegaciones: "El tema es rellenito, estoy viendo el Plan General, macho, y me destroza por todos los lados, es que es increíble". Finalmente, esa reunión se celebra el 20 de mayo en el despacho de Castedo, en presencia de Quesada y del jefe de servicio de la Gerencia de Urbanismo, José Luis Ortuño, después de que el constructor recibiera el dato de que en sus pretensiones de cambiar el planeamiento del Rico Pérez -con soterramiento de calles incluido- llegaba a ordenar un territorio que no le pertenecía.
Finalizado el plazo de alegaciones, Ortiz pergeña otra estrategia para agilizar la reforma del Rico Pérez mediante la vía de autorizarla al margen del Plan General con el argumento de la urgencia para ser subsede del Mundial, "lo que le permitiría llevar a cabo las operaciones financieras que hasta ese día no podría realizar al no estar el proyecto aprobado", argumenta la Policía. "Aquí sabe todo el mundo que para poder poner un hipermercado en Alicante se puede poner en dos sitios; en la salida de Rabassa y allí [en las inmediaciones del Rico Pérez]. El de la salida de Rabassa ya está vendido, lo tiene Ikea, que va a montar allí un boom", comenta Ortiz por teléfono el 17 de julio al letrado de la asociación de comerciantes Paco Maestre.
Pocos días antes, en conversación con el concejal de Hacienda Juan Zaragoza, el empresario admite que está incumpliendo el convenio de compra del estadio en lo tocante a las obras de reforma por 4,2 millones de euros. El incumplimiento no sería casual ni accidental, dado que el propio Ortiz reconoce a la alcaldesa su intención "de aprovecharse de la recalificación de los terrenos anexos al estadio para con ese dinero acometer las obras de reforma".
Todo ello ocurre a comienzos del verano de 2009, casi un año después del acceso de Castedo a la Alcaldía -el 17 de septiembre de 2008-. Se abre entonces un compás de espera sin novedades, aunque la Policía "tiene constancia" de que por esas fechas -agosto- Ortiz y la alcaldesa, "junto con sus respectivas familias, pasaron unos días de vacaciones en el barco del primero".
Concluidas las vacaciones, el empresario retoma en septiembre la idea de sacar la reordenación del Rico Pérez del Plan General -aprobado por el Ayuntamiento en abril, pero aún pendiente de su ratificación definitiva-, al tiempo que la alcaldesa le recrimina en otra conversación que haya trasladado al diario INFORMACIÓN la intención de construir un nuevo estadio en la zona de Rabasa, donde Ortiz es propietario de más de cuatro millones de metros cuadrados de suelo. Los investigadores mantienen que esa propuesta de traslado no estaría justificada por la necesidad de un nuevo campo, "sino condicionada por la superficie comercial que el empresario pretende realizar en los aledaños" del Rico Pérez. También deducen que Castedo era partidaria de transformar en zona residencial los alrededores del Rico Pérez, "ocultando que el actual estadio sería demolido, y con los beneficios obtenidos de la recalificación construir el nuevo estadio". Los agentes reseñan, asimismo, que en esta misma conversación, la alcaldesa solicita al empresario, "por enésima vez, que consiga trabajo a una amiga suya, comprometiéndose a ello" Ortiz. Ese mismo día, ambos protagonistas acuerdan ofrecer una versión pública de la operación basada en "el interés de la ciudad" y mencionan, como novedad, la posibilidad de que Ortiz consiga dinero para las obras de reforma del estadio mediante la recalificación de la zona terciaria o la construcción de vivienda, "obviando el compromiso adquirido por Aligestión de gastarse 4,2 millones de euros" en esa remodelación.
Es el 9 de septiembre cuando la primera edil exige públicamente al empresario la renuncia al centro comercial junto al Rico Pérez, habida cuenta del rechazo del pequeño comercio y del anuncio de Ikea de construir un hipermercado en Rabasa. Al mismo tiempo, la alcaldesa propone la construcción de un nuevo estadio en esa misma zona del norte de la ciudad, que se financiaría con la recalificación y posterior edificación de viviendas en los terrenos aledaños al Rico Pérez. Sin embargo, dos semanas después, y tras no pocas críticas de la oposición y la masa social del Hércules, Castedo rectifica y descarta el nuevo campo en Rabasa.
Son tiempos de bandazos y el 29 de septiembre la primera edil anuncia en el Pleno que hará cumplir escrupulosamente a Ortiz el convenio por el que se obliga a invertir 4,2 millones en las reformas del estadio. Según la Policía, ese anuncio se preparó un día antes entre ambos en el domicilio del empresario.
"Si el Alicante asciende, le paso el marrón y yo me quedo con el estadio"
Enrique Ortiz dejó entrever sus planes sobre una fusión entre el Hércules y el Alicante durante una conversación con Blas Bernal, entonces director general del club.
E.O.: (...) "Posiblemente lo mande todo a la hez".
B.B.: "Tienes que coger al alcalde y decirle, oye".
E.O.: "No a ese no, a ese se la rezuma (....) Voy a terminar con esto y a ver a quién le paso el tomate. Todo depende de que el Alicante ascienda. Si asciende me siento con el otro (Juan Antonio Iniesta, presidente del Alicante, presumiblemente) y le paso el marrón al otro, le hago el hombre importante y yo me quedo con el campo y él el responsable del fútbol. Le doy todos los años un millón de euros y a tomar por trastero".
