El Gobierno trató de apartar de las investigaciones sobre el chivatazo policial a la organización terrorista ETA al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska. Vio claro que el magistrado estaba dispuesto a resolver el aviso que dos policías dieron a presuntos integrantes de la trama de extorsión etarra. Por este motivo optó por ofrecerle la posibilidad de promocionar laboralmente con el fin de sacarle así de la Audiencia Nacional.

El magistrado recibió hasta en dos ocasiones la oferta de irse a trabajar como juez de enlace con Londres. Este puesto es muy atractivo y codiciado en el mundo judicial por lo que supone de ganar en prestigio internacional y mejorar el nivel adquisitivo. Pero para ello debía paralizar sus investigaciones sobre el chivatazo. Tenía que meter en el congelador el caso y dejárselo al juez Garzón, que entonces estaba en Estados Unidos.

En ese momento, Grande Marlaska había ordenado tanto a la Policía como a la Guardia Civil que trataran de localizar a los autores de la delación. El juez se negó en redondo a aceptar la oferta del Gobierno.