MonteKarmelo
Madmaxista
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Manuel Chaves, vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Cooperación Territorial, mintió al Congreso de los Diputados cuando afirmó el pasado mes de junio que su hija no había tenido participación alguna, «ni como apoderada ni como nada», en la polémica ayuda a favor de la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa). En la aprobación de esa subvención participó el mismo Chaves cuando aún era presidente de la Junta de Andalucía, pese a que la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos le obligaba a inhibirse.
Francisco Javier López Rubio, el apoderado que formalizó ante la Junta y en nombre de Matsa la petición del incentivo, ha reconocido a EL MUNDO que trabajó con Paula Chaves Iborra a lo largo de toda la tramitación del expediente, en contra de lo afirmado por su padre.
La versión de Chaves, ahora desmentida, fue asumida tanto por el Ejecutivo autonómico como por la Fiscalía, aunque el Tribunal Supremo aún tiene que pronunciarse sobre la querella presentada por el PP por prevaricación administrativa y tráfico de influencias por los casi 10,1 millones de euros concedidos a la firma apoderada por su hija.
«Paula Chaves era la directora de la asesoría jurídica y, evidentemente, siendo abogado como soy y trabajando en tramitación de ayudas en confección de expedientes, se ha trabajado con ella, porque era la responsable jurídica de Matsa», declaró López Rubio a este diario en una conversación en la que también reconoció que su relación profesional con la hija de Chaves fue «frecuente y fluida» a lo largo de los meses.
«Yo tenía una serie de responsables a los que reportar y de los que, a la vez, sacaba la información. Uno de ellos era Paula Chaves, pero también estaban el director general de Matsa, el director financiero, el de operaciones, el de planta, el de recursos humanos... Son gente con la que te relacionas en la empresa a un cierto nivel, para sacar la información que necesitas para realizar la tramitación del expediente y la confección de la memoria», explicó a EL MUNDO el ex apoderado.
En concreto, y recurriendo al argot técnico profesional, López Rubio precisó que él «ponía en copia de los expedientes» a la hija del vicepresidente del Gobierno para su supervisión y validación, como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que quien en verdad estaba contratado por Aguas Teñidas no era él, sino el despacho de abogados Solventa Consultores, bufete para el que sigue trabajando en la actualidad.
Sobre el papel concreto que jugó Paula Chaves Iborra en la tramitación de la ayuda, López Rubio detalla que, «dentro de su parcela de asesoría jurídica, fue más activo en la fase de presentación final del expediente. En la confección y tramitación fue menos activa, porque en esa fase no tiene nada que aportar. Cuando se está haciendo un tema de planta de minas, la gente que te apoya son los ingenieros».
«Lo lógico y lo normal es que, en un proyecto de esa índole, que es un gran proyecto para la Sierra de Huelva coincidiendo con un momento dulce del mercado del cobre, con una inversión que supera los 200 millones de euros, uno esté relacionado al nivel de lo que denominan los norteamericanos decision maker: la gente que tiene los parámetros para realizar el proyecto», subraya López Rubio.
En ese nivel de responsabilidad directiva se encontraba la hija de Chaves dentro de Matsa. Sin embargo, tanto desde la Junta de Andalucía como desde las filas del PSOE se insiste en definir a Paula Chaves Iborra como una simple trabajadora -el secretario de Comunicación de los socialistas andaluces y diputado autonómico, Miguel Ángel Vázquez, llegó a afirmar que «está en los aledaños del mileurismo»- que no tuvo relación alguna con la tramitación del incentivo.
De hecho, en una entrevista publicada a finales de agosto, el vicepresidente tercero del Gobierno subrayaba en esa misma línea: «Mi hija no tuvo nada que ver en el expediente de las ayudas a una empresa que ha invertido más de 200 millones y ha creado más de 500 empleos».
En realidad, la participación de Paula Chaves fue decisiva en la gestión de la subvención. En este sentido, hay que recordar que fue ella quien firmó -en calidad de apoderada de la empresa- la aceptación de los casi 10,l millones de euros aprobados por la Agencia IDEA para el proyecto con la ratificación del Consejo de Gobierno presidido por su padre, quien el pasado 20 de enero votó la aprobación de la ayuda pese a prohibírselo la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta.
En su artículo 7.1, la Ley señala que «los titulares de altos cargos están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil». Ahora que se sabe que la hija de Chaves codirigió la tramitación del expediente, parece más evidente que su padre nunca debió participar en la aprobación de la ayuda.
La mentira de Chaves al Congreso
El pasado 10 de junio, en respuesta al diputado del PP Juan Manuel Moreno Bonilla, el vicepresidente tercero sostuvo en la Cámara Baja que su hija Paula no tuvo relación con la ayuda a Matsa que él mismo aprobó.
«En todo caso, señor Bonilla, es rotundamente falso que mi hija haya tenido participación en el procedimiento de solicitud y aprobación de ese incentivo, ni como apoderada ni como nada», afirmó Chaves textualmente en el Congreso.
Justicia y Fiscalía, en entredicho
M. Mª B. / Sevilla
La Junta de Andalucía descartó a finales de julio abrir un expediente sancionador a Manuel Chaves argumentando que su hija sólo intervino en la tramitación del incentivo en un «momento posterior» a la aprobación por parte del Consejo de Gobierno que él presidía, algo que queda desmentido con el testimonio del ex apoderado de Matsa Francisco Javier López Rubio.
Según la Inspección General de Servicios de la Junta, no cabía sanción alguna contra Chaves porque faltaba la «forma de acreditación de la existencia» de un conflicto de intereses anterior a que «el asunto» llegara al «campo de actuación del alto cargo». Si la intervención del familiar era a posteriori -siempre según el inspector autonómico-, «ya no prejuzga la decisión» y «resulta irrelevante para la obligación de inhibición».
Igualmente, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado el archivo de la denuncia por prevaricación administrativa y tráfico de influencias presentada por el PP contra Chaves argumentando que la posición que ocupa la hija en Matsa «es la de empleada por cuenta y bajo la dependencia de la misma» y que tuvo una «mínima intervención» en la tramitación del expediente en su calidad de apoderada.
La versión manipulada del PSOE
Madrid
El PSOE andaluz remitió el pasado mes de julio más de 61.000 cartas para que todos sus militantes tuvieran la versión oficial del partido sobre el escándalo por el incentivo aprobado por Chaves a favor de la empresa apoderada por su propia hija, que la dirección socialista no duda en calificar de «cacería» contra el vicepresidente tercero del Gobierno.
En la misiva -rubricada por la presidenta del PSOE de Andalucía, Petronila Guerrero- no es ya que se niegue la participación de Paula Chaves en el expediente hasta el momento final de la firma de la aceptación de la ayuda, sino que se llega a decir que no empezó a trabajar hasta que estuvo «resuelto» el expediente.
La propia compañía minera precisó el pasado mes de mayo, a través de un comunicado remitido a EL MUNDO, que «doña Paula Chaves Iborra es empleada de Matsa desde el 2 de julio de 2007». Es decir, desde prácticamente dos años antes de la fecha en la que el PSOE andaluz ha asegurado a sus afiliados que se produjo su incorporación. Hay que recordar que Matsa nunca ha negado que la hija de Chaves hubiera tramitado la ayuda que ratificó su padre. Al contrario: la vinculó con la «gestión y tramitación» de los expedientes de incentivos sin excepción
El Mundo vía e-pesimo Auxiliar 1: CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN ANDALUCÍA: 'caso MAT SA': Bandolero Chaves mintió al Congreso sobre el papel de su hija en Matsa
Francisco Javier López Rubio, el apoderado que formalizó ante la Junta y en nombre de Matsa la petición del incentivo, ha reconocido a EL MUNDO que trabajó con Paula Chaves Iborra a lo largo de toda la tramitación del expediente, en contra de lo afirmado por su padre.
La versión de Chaves, ahora desmentida, fue asumida tanto por el Ejecutivo autonómico como por la Fiscalía, aunque el Tribunal Supremo aún tiene que pronunciarse sobre la querella presentada por el PP por prevaricación administrativa y tráfico de influencias por los casi 10,1 millones de euros concedidos a la firma apoderada por su hija.
«Paula Chaves era la directora de la asesoría jurídica y, evidentemente, siendo abogado como soy y trabajando en tramitación de ayudas en confección de expedientes, se ha trabajado con ella, porque era la responsable jurídica de Matsa», declaró López Rubio a este diario en una conversación en la que también reconoció que su relación profesional con la hija de Chaves fue «frecuente y fluida» a lo largo de los meses.
«Yo tenía una serie de responsables a los que reportar y de los que, a la vez, sacaba la información. Uno de ellos era Paula Chaves, pero también estaban el director general de Matsa, el director financiero, el de operaciones, el de planta, el de recursos humanos... Son gente con la que te relacionas en la empresa a un cierto nivel, para sacar la información que necesitas para realizar la tramitación del expediente y la confección de la memoria», explicó a EL MUNDO el ex apoderado.
En concreto, y recurriendo al argot técnico profesional, López Rubio precisó que él «ponía en copia de los expedientes» a la hija del vicepresidente del Gobierno para su supervisión y validación, como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que quien en verdad estaba contratado por Aguas Teñidas no era él, sino el despacho de abogados Solventa Consultores, bufete para el que sigue trabajando en la actualidad.
Sobre el papel concreto que jugó Paula Chaves Iborra en la tramitación de la ayuda, López Rubio detalla que, «dentro de su parcela de asesoría jurídica, fue más activo en la fase de presentación final del expediente. En la confección y tramitación fue menos activa, porque en esa fase no tiene nada que aportar. Cuando se está haciendo un tema de planta de minas, la gente que te apoya son los ingenieros».
«Lo lógico y lo normal es que, en un proyecto de esa índole, que es un gran proyecto para la Sierra de Huelva coincidiendo con un momento dulce del mercado del cobre, con una inversión que supera los 200 millones de euros, uno esté relacionado al nivel de lo que denominan los norteamericanos decision maker: la gente que tiene los parámetros para realizar el proyecto», subraya López Rubio.
En ese nivel de responsabilidad directiva se encontraba la hija de Chaves dentro de Matsa. Sin embargo, tanto desde la Junta de Andalucía como desde las filas del PSOE se insiste en definir a Paula Chaves Iborra como una simple trabajadora -el secretario de Comunicación de los socialistas andaluces y diputado autonómico, Miguel Ángel Vázquez, llegó a afirmar que «está en los aledaños del mileurismo»- que no tuvo relación alguna con la tramitación del incentivo.
De hecho, en una entrevista publicada a finales de agosto, el vicepresidente tercero del Gobierno subrayaba en esa misma línea: «Mi hija no tuvo nada que ver en el expediente de las ayudas a una empresa que ha invertido más de 200 millones y ha creado más de 500 empleos».
En realidad, la participación de Paula Chaves fue decisiva en la gestión de la subvención. En este sentido, hay que recordar que fue ella quien firmó -en calidad de apoderada de la empresa- la aceptación de los casi 10,l millones de euros aprobados por la Agencia IDEA para el proyecto con la ratificación del Consejo de Gobierno presidido por su padre, quien el pasado 20 de enero votó la aprobación de la ayuda pese a prohibírselo la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta.
En su artículo 7.1, la Ley señala que «los titulares de altos cargos están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil». Ahora que se sabe que la hija de Chaves codirigió la tramitación del expediente, parece más evidente que su padre nunca debió participar en la aprobación de la ayuda.
La mentira de Chaves al Congreso
El pasado 10 de junio, en respuesta al diputado del PP Juan Manuel Moreno Bonilla, el vicepresidente tercero sostuvo en la Cámara Baja que su hija Paula no tuvo relación con la ayuda a Matsa que él mismo aprobó.
«En todo caso, señor Bonilla, es rotundamente falso que mi hija haya tenido participación en el procedimiento de solicitud y aprobación de ese incentivo, ni como apoderada ni como nada», afirmó Chaves textualmente en el Congreso.
Justicia y Fiscalía, en entredicho
M. Mª B. / Sevilla
La Junta de Andalucía descartó a finales de julio abrir un expediente sancionador a Manuel Chaves argumentando que su hija sólo intervino en la tramitación del incentivo en un «momento posterior» a la aprobación por parte del Consejo de Gobierno que él presidía, algo que queda desmentido con el testimonio del ex apoderado de Matsa Francisco Javier López Rubio.
Según la Inspección General de Servicios de la Junta, no cabía sanción alguna contra Chaves porque faltaba la «forma de acreditación de la existencia» de un conflicto de intereses anterior a que «el asunto» llegara al «campo de actuación del alto cargo». Si la intervención del familiar era a posteriori -siempre según el inspector autonómico-, «ya no prejuzga la decisión» y «resulta irrelevante para la obligación de inhibición».
Igualmente, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado el archivo de la denuncia por prevaricación administrativa y tráfico de influencias presentada por el PP contra Chaves argumentando que la posición que ocupa la hija en Matsa «es la de empleada por cuenta y bajo la dependencia de la misma» y que tuvo una «mínima intervención» en la tramitación del expediente en su calidad de apoderada.
La versión manipulada del PSOE
Madrid
El PSOE andaluz remitió el pasado mes de julio más de 61.000 cartas para que todos sus militantes tuvieran la versión oficial del partido sobre el escándalo por el incentivo aprobado por Chaves a favor de la empresa apoderada por su propia hija, que la dirección socialista no duda en calificar de «cacería» contra el vicepresidente tercero del Gobierno.
En la misiva -rubricada por la presidenta del PSOE de Andalucía, Petronila Guerrero- no es ya que se niegue la participación de Paula Chaves en el expediente hasta el momento final de la firma de la aceptación de la ayuda, sino que se llega a decir que no empezó a trabajar hasta que estuvo «resuelto» el expediente.
La propia compañía minera precisó el pasado mes de mayo, a través de un comunicado remitido a EL MUNDO, que «doña Paula Chaves Iborra es empleada de Matsa desde el 2 de julio de 2007». Es decir, desde prácticamente dos años antes de la fecha en la que el PSOE andaluz ha asegurado a sus afiliados que se produjo su incorporación. Hay que recordar que Matsa nunca ha negado que la hija de Chaves hubiera tramitado la ayuda que ratificó su padre. Al contrario: la vinculó con la «gestión y tramitación» de los expedientes de incentivos sin excepción
El Mundo vía e-pesimo Auxiliar 1: CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN ANDALUCÍA: 'caso MAT SA': Bandolero Chaves mintió al Congreso sobre el papel de su hija en Matsa
