En este hilo voy a colgar algunos artículos de Francesc de Carreras en La Vanguardia. Este señor es catedrático de Derecho Constitucional y, aunque tenga la desgracia de ser el padrino político de Albert Rivera, escribe artículos bien fundamentados.

Poco antes de la medianoche del lunes pasado, el ex president Jordi Pujol declaraba a TV3, en referencia a la corrupción política, que no le parecía conveniente "tirar de la manta" porque "todos" saldríamos perdiendo. Diez horas más tarde, en una operación policial dirigida por el juez Garzón, eran detenidas diversas personalidades, entre ellas conocidos políticos de CiU y del PSC: ya sabíamos, si es que teníamos dudas, a quién se refería Pujol al decir "todos".
¿Es cierto que si de una vez tiramos de la manta saldremos "todos" perdiendo? Si este "todos" se refiere a los ciudadanos, al contrario: ha llegado el momento de ir aclarando las cosas, de ponerlas en su lugar, antes de que, de verdad, salgamos todos perdiendo, todos los ciudadanos, por supuesto. Nunca había visto a un Pujol tan desfasado, tan tributario de una época, la Catalunya de los años ochenta y noventa, que ha dejado de existir. Estamos en otros tiempos, han sido muchas las decepciones y la indignación está a flor de piel. La gente se ha vuelto descreída, sabe que el enemigo está dentro y que los himnos y las banderas ya no pueden tapar las vergüenzas. Además, comprueba a diario que la corrupción es algo extendido por toda España.

El descrédito de la política y de los políticos es seriamente preocupante, tanto por la ineficacia de sus actuaciones y la lejanía de sus preocupaciones respecto de los intereses generales, como por la incesante corrupción política en la que se ven envueltos. La corrupción política, descrita muy sumariamente, es aquella que consiste en utilizar los cargos y funciones públicas para beneficio personal (o del partido o grupo al que se pertenece) a cambio de una recompensa, en lugar de utilizarlos para aquello que prevén las leyes. Debemos, pues, empezar a tratar en serio de la corrupción política para intentar ponerle remedio. Me permito apuntar, muy brevemente, algunas tesis para el debate.

1. No hay corrupción política sin corrupción social previa. Es desde la sociedad que se puede corromper al político y, por tanto, las responsabilidades deben repartirse equitativamente.

2. Los casos de corrupción política son éticamente inaceptables pero también son inevitables. El problema comienza a ser grave cuando el sistema político y administrativo da tantas facilidades a la corrupción que esta se convierte más en regla que en excepción. Quizás en algunos campos –por ejemplo, el urbanismo y las obras públicas– la situación española haya llegado hace tiempo a este punto.

3. El monopolio de los poderes públicos por partidos políticos cerrados y jerarquizados –lo que se conoce como partitocracia– contribuye a incrementar la corrupción en tanto que estos partidos son redes organizadas que se extienden por amplias zonas territoriales y que, por su participación en el ejercicio del poder, tienden a asegurar una cierta impunidad.

4. Las habituales corruptelas socialmente toleradas fomentan la gran corrupción que, sin embargo, es socialmente condenada. Cobrar en negro para no tributar en el IRPF o entrar en el juego del "con IVA o sin IVA", para poner dos conocidos ejemplos, es el primer paso para justificar, para uno mismo y para los demás, corrupciones de mayor calado e iniciar un ascenso sin parada final. Por esta razón no hay corruptela pequeña y la sociedad, además de las leyes, debe ser intolerante con cualquiera de sus formas y dimensiones.

5. La corrupción política amenaza a la democracia cuando el ciudadano tiene la sensación de que no sólo todas las administraciones públicas son habitualmente venales, sino que sus alternativas políticas también. Sin la posibilidad de escoger en las elecciones a partidos honrados, el ciudadano deja de confiar en el sistema político, se abstiene de votar y en lugar de sentirse moralmente obligado a cumplir la ley intenta eludirla si ello favorece a sus propios intereses. Este desprecio a la ley socava la confianza en el Estado de derecho y pone en riesgo el sistema democrático.

6. El incremento de instancias de poder, así como de las regulaciones que exigen cada vez más licencias y permisos, aumenta las posibilidades de corrupción.

7. Las denuncias de los medios de comunicación y, especialmente, los controles judiciales, son instrumentos imprescindibles para combatir la corrupción. Sin embargo, no bastan cuando las instituciones legales y la complicidad social tienden a fomentarla hasta el punto de que la corrupción misma se convierte en el tronco vertebral del sistema. Por tanto, para combatir la corrupción con eficacia, además de la regeneración moral de la sociedad, es necesaria una reforma institucional que no la facilite.

8. Los nuevos valores éticos que priman ante todo el éxito social y la riqueza económica son el caldo de cultivo en el que se asienta la corrupción. Los deportistas y artistas, entre otros "famosos", que son exhibidos como ejemplo de esta popularidad y dinero fácil, contribuyen a que seamos tolerantes con la corrupción o que la practiquemos en nuestro ámbito sin graves problemas de conciencia.

9. La gran corrupción, la que actúa a través de tramas internacionales para el blanqueo de capitales, normalmente procedentes de ilegales y abyectos negocios, sólo puede combatirse si se eliminan los paraísos fiscales, unos territorios insólitos en el mundo de hoy que muestran la hipocresía de los estados en la persecución de los delitos.

Seguiremos.

Al futuro presidente de Caja Madrid debe designarlo su junta general, no los dirigentes del Partido Popular, aunque así parezca. Es el último y lamentable ejemplo, entre otros muchos, de que nuestro sistema político no es una "democracia de partidos" sino una "partitocracia". Veamos ambos conceptos, bien diferentes.
La "democracia de partidos", un término ya acreditado en teoría del Estado, supone un notable cambio respecto de la democracia parlamentaria clásica, en la cual el diputado era el eje fundamental de todo el proceso de participación política. Por el contrario, en la democracia de partidos son estos quienes protagonizan los dos momentos fundamentales de dicho proceso: las elecciones y la actividad parlamentaria.

En el momento electoral, ahora los ciudadanos no escogen candidatos individuales, como antes sucedía, sino listas electorales confeccionadas por los partidos. Con lo cual la relación representativa no se establece entre elector y parlamentario sino entre elector y partido. En cuanto a la actividad parlamentaria, en la democracia de partidos las cámaras han dejado de ser órganos para el debate entre diputados: ahora las decisiones que allí formalmente se adoptan han sido acordadas con anterioridad en el seno de los respectivos partidos y sus portavoces parlamentarios se limitan meramente a declararlas en público. Así, en la democracia de partidos, el Parlamento ha sido desposeído de su función primigenia más característica con la que soñaron los primeros liberales: ser un centro de debate en el cual, mediante argumentos racionales, se decide lo más conveniente para el interés general.

Podremos lamentar la pérdida, si es que existieron alguna vez, de aquellos parlamentos argumentativos y racionales, pero en la actualidad la democracia de partidos se ha impuesto en toda Europa y en buena parte del mundo. "La democracia de nuestro tiempo es, necesariamente, una democracia de partido", escribió el maestro García Pelayo, de quien el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales acaba de publicar la segunda edición de sus Obras completas. Necesariamente: la democracia española no escapa a esta regla general y es hoy, incluso formalmente, una democracia de partidos. Pero todos los sistemas políticos degeneran, como ya advirtió Aristóteles. Y la democracia de partidos española ha degenerado, por culpa de los partidos, en una partitocracia, que es cosa distinta.

En una partitocracia los partidos no se limitan a ocupar el lugar que les corresponde según el sistema constitucional, sino que desbordan su espacio propio y ocupan todo el Estado y una buena parte de la sociedad. Un principio clave de la democracia es el de división de poderes, según el cual los órganos estatales no sólo están separados sino que se eligen y controlan mutuamente mediante un sistema de pesos y contrapesos para que ninguno invada el ámbito del otro y cada uno sea responsable de los actos en que es competente. Pues bien, en una partitocracia el poder transversal de los partidos anula esta división de poderes e instaura un sistema descontrolado que tiende a configurarse como un dominio absoluto de todo poder, creando así el caldo de cultivo de todo tipo de desafueros y corrupciones.

Como han sostenido autores de referencia al tratar de España –véase el libro de Roberto Blanco sobre Las conexiones políticas (Alianza, Madrid, 2001) o el de Alejandro Nieto El desgobierno de lo público (Ariel, Barcelona, 2008)– los partidos han "colonizado" el Estado, se han repartido el botín que allí han encontrado y consideran que todos los poderes son patrimonio propio. Nieto lo resume así: "En definitiva, la colonización se hace efectiva mediante la ocupación (por parte de los partidos) de los instrumentos más operativos de acción social: la administración pública en primer término y luego los medios de comunicación social, la educación y la cultura, el sector público económico y, por descontado, sus organismos de control".

En definitiva, primero hay que asegurarse de que la administración pública esté dirigida por los cargos de confianza (de los partidos) y no por los funcionarios (independientes). A partir de ahí, es fácil adueñarse de los medios de comunicación públicos, establecer órganos de supervisión para los privados, conceder innumerables subvenciones en cultura y educación, así como licencias y permisos en actividades económicas, todas otorgadas con discrecionalidad formal y arbitrariedad real. Al final, como blindaje definitivo, intentan nombrar indirectamente, e indebidamente, a jueces, fiscales, interventores, defensores del pueblo, tribunales de cuentas, secretarios de ayuntamientos, profesores de universidad o de instituto. Todo.

La voracidad de los partidos para obtener cada vez más cuotas de poder es insaciable. Quieren llegar al poder mediante las elecciones –con toda razón, en eso consiste la democracia–, pero una vez lo han obtenido se desatan las furias. "Que un poder frene a otro poder", dijo Montesquieu. Esta ya no es una regla democrática para la partitocracia: quiere un poder sin frenos. El pacto tácito entre partidos hace que nadie frene a nadie y que ninguno denuncie al otro. Si están en el poder, por razones obvias; si no, ya les llegará la ocasión.

Frente a esta situación, las últimas esperanzas de los ciudadanos están depositadas en los funcionarios, jueces, fiscales y órganos de comunicación independientes. Son los últimos contrapesos a la partitocracia.

El fatal recorrido que inició la política catalana al pretender que un nuevo Estatut de Catalunya reformaría, de hecho, la Constitución sigue su curso de tropiezo en tropiezo.
A la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional, vamos conociendo algunos de sus adelantos, no por las filtraciones de las que no hay que fiarse mucho, sino por las dificultades de legislar, en Barcelona y en Madrid, de acuerdo con lo que habían prometido los principales propagandistas catalanes del Estatut. Es el caso de la ley de Educación de Catalunya y de la actual reforma de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).

El caso de la ley de Educación está adquiriendo aires de sainete. El Partido Popular ha interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra tres aspectos claramente inconstitucionales. Pero el recurso del PP, desde el punto de vista de los partidos que han aprobado la ley, refuerza su legitimidad catalana: ya se sabe, en el imaginario nacionalista, el PP es un partido anticatalán. Pero lo cierto es –y esto ya hace más daño– que también ha impugnado la ley el Gobierno aunque, la legislación se lo permite sólo a él, defiriendo seis meses la interposición del recurso a la vista del resultado de las negociaciones con la Generalitat.

En Catalunya se ha querido esconder la impugnación del Gobierno porque políticamente hace mucho más daño que el recurso del PP. Pero ambas posiciones, la del PP y la del Gobierno Zapatero, son las mismas y lo importante no es esa miserable tercera hora de catalán que se incumple desde hace años, sino que es de mucho más calado, ya que afecta transversalmente al reparto de muchas competencias y a la estructura de la función pública. El conseller de Educació, Ernest Maragall, dice que está dispuesto a hablar con el Gobierno, pero que no cambiará ni una coma. Ciertamente, una buena manera de iniciar una negociación política.

En cuanto a la reforma de la Lofca, todavía en tramitación parlamentaria pero con una previsible aprobación final, exagera naturalmente CiU al decir que el Estatut ha sido asesinado políticamente, aunque algo de razón tiene.

Después de proclamar por todo lo alto la tontería de que el Estatut es una norma jerárquicamente superior a la Lofca, las formaciones que integran el tripartito catalán se han tenido que enfrentar con la realidad: no hay relación de jerarquía entre la Lofca y el Estatut, sino de competencia y la norma estatutaria no puede escapar a los mandatos de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas aunque quiera, porque así lo dice el artículo 157.3 de la Constitución. Algo tan elemental que si un alumno de primero de Derecho no lo sabe se le suspende.

Dicen que los partidos catalanes quieren acabar con la corrupción. Cuando terminen este arduo trabajo también deberían ir pensando en acabar con la ineptitud.

Aquí, el resto.

Por favor, ¿puedes poner el título y la fecha en que fue publicado en La Vanguardia?

Ciudadanos de Catalunya i el Sr. Rivera, Albertito para los amigos, son el resultado de la unica vez que el Sr. de Carreras (un respeto, que es un rico de toda la vida) ha dejado su columna de marfil desde la que se ha pasado toda la vida impartiendo doctrina para pasar a la accion, a la vida real. Y su paso por la vida real no ha sido precisamente un exito sino un fracaso mas bien bufo: pretendia formar un partido de izquierdas (no otra cosa se podia esperar de un miembro de la gauche divine) y le sale un partido de peperos rebotados, pretendia luchar contra la corrupcion nacionalista y le sale un partido de trepas a la caza del cargo a cualquier precio, ... En fin, mas le hubiera valido quedarse en la teoria.

Doce diarios de Catalunya, entre ellos La Vanguardia, publicaron el jueves un editorial conjunto titulado "La dignidad de Catalunya". Que unos medios de comunicación se arroguen la defensa de la dignidad de un pueblo creo que excede el papel que les corresponde. Que lo hagan conjuntamente evidencia que el pluralismo ideológico tiene en Catalunya el límite de una identidad colectiva que unos pocos han definido yque no puede ser puesta en cuestión. Que se quiera imponer este límite al mismo Tribunal Constitucional, supone una coacción indebida y un grave quebranto de las reglas de juego del Estado de derecho. Desde hace ya mucho tiempo, algo huele a podrido en la vida política catalana. El aplauso de la clase política al editorial es una sonrojante muestra del papel que ha desempeñado en el asunto.

Yo no pretendo hablar de algo tan misterioso como la dignidad de Catalunya sino, simplemente, de mi dignidad como columnista que está en desacuerdo con lo expresado en el editorial conjunto y quiere exponer las razones de este desacuerdo porque, en otro caso, se sentiría indigno. No acabo de entender muy bien qué es la dignidad, pero entiendo perfectamente qué es la indignidad, tengo claro quiénes son indignos y no quiero ser uno de ellos.

El editorial puede ser examinado desde muchos puntos de vista, optaré por abordarlo desde el derecho constitucional, en el que muestra un déficit lamentable de conciencia democrática. Respecto a hechos objetivos, no es cierto, como dice el editorial, que Catalunya sea definida en el Estatut como nación, ni en el preámbulo ni, menos aún, en el articulado, donde precisamente es definida como nacionalidad en su artículo 1.

Yendo a cuestiones valorativas, es contradictorio decir que les resulta inquietante que el tribunal haya sido empujado –¿por quién?– a actuar como "cuarta cámara", es decir, como poder legislativoynocomo jurisdicción, cuando después se le demanda al tribunal que "decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto", recordando que el Estatut es "fruto de un doble pacto político" y que "no va a decidir solamente sobre un pleito" sino sobre "la dimensión real del marco de convivencia español", con alusiones también a que "están en juego" unos misteriosos "pactos profundos" que han hecho posible la actual democracia. Este lenguaje críptico sólo parece pretender que el tribunal incumpla su estricta función de determinar la constitucionalidad de unos preceptos jurídicos y lleve a cabo un juicio político, incumpliendo así con las competencias que tiene asignadas y vulnerando la división de poderes, un principio básico del Estado de derecho.

Si el editorial quiere defender la dignidad de Catalunya, bórrenme de esa Catalunya, yo me apunto a otra distinta en la que espero vivir con dignidad y en la que estoy seguro no me encontraré solo.

Supongo que te refieres al primero, "Tesis sobre la corrupción política". Se publicó el 29/10/09.

Nimrod, aprovechando el hilo que abres y las coincidencias entre Carreras y Espada.

¿Qué opinas que Arcadi Espada haya fichado a Salvador Sostres para factual.es?