Cerco a las descargas de Internet en España


Las operadoras y la industria cultural han encontrado la manera de lidiar con el intercambio de archivos en Internet: ir contra la oferta. Si las negociaciones que mantienen actualmente llegan a buen puerto, cuando un usuario abra un servicio de descarga como eMule e intente conectar, el programa no lo hará. En el caso de las páginas españolas con enlaces a contenidos con copyright, será la empresa que aloja la web la encargada de bloquearla.

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos (que reúne a autores, entidades de gestión de derechos, productoras, discográficas y distribuidoras) y la otra parte, Redtel (que engloba a los principales proveedores de acceso a Internet salvo Jazztel) tienen muy avanzado un pacto para acabar con las descargas de material audiovisual sujeto a derechos de autor. El Gobierno, por otro lado, ha dado autonomía a las partes para encontrar una solución, como sucedió con el pacto del canon en 2003 entre Asimelec y las entidades de gestión.

El plan de la Coalición, aceptado por los operadores, es atacar la oferta, yendo contra los que ponen en circulación los archivos o facilitan su descarga. Esto no significa que se olviden de los internautas -que constituyen la demanda-, pero las partes implicadas aún están buscando fórmulas de conciliación.

El punto más destacado de este plan es impedir el acceso de los usuarios a las páginas web y servidores de intercambio de archivos tanto españolas como extranjeras, según fuentes de la Coalición.

Los dos sistemas más populares para descargar películas y música son el programa eMule y los basados en el protocolo .torrent, como BitTorrent. Este último, que desde 2008 ha superado en tráfico a eMule, no tiene un buscador de archivos integrado eficaz. Por eso necesita de páginas que, como The Pirate Bay, rastrean la red, realizan listados de obras y ponen en contacto a los usuarios.

El mecanismo que han acordado la industria cultural y los operadores es que, cuando el internauta intente conectarse a una de estas páginas concentradoras o a los servidores de eMule en el extranjero, el proveedor de acceso (ISP) bloqueará el intento. Los ISP compartirán una lista negra de sitios y máquinas prohibidas. "El derecho internacional nos ampara para hacer el bloqueo", dicen las mismas fuentes.

Páginas españolas

Con las páginas radicadas en España el procedimiento será diferente. Según fuentes cercanas a la negociación, las partes solicitarán la creación de un organismo administrativo dependiente del Ministerio de Industria. Esta entidad recibirá las denuncias de los propietarios de derechos de autor. Tras verificar la infracción, pedirá a la empresa que alberga la página la identidad de su propietario. Después, el responsable del sitio tendrá un breve periodo para alegar. Pasado el plazo, se le ordenará quitar los enlaces o archivos denunciados y, de no hacerlo, se ordenará el cierre del sitio.


Aún no se ha concretado qué personas o entidades podrán iniciar la denuncia. Tampoco se ha decidido la composición y competencias exactas de este organismo.

Las negociaciones se han atascado en la amenaza de desconectar a los usuarios, lo que divide a los implicados y podría dar al traste con lo ya acordado. Aunque no se descartan medidas extremas como la desconexión -ya propuesta en Francia- o la imposición de multas, se apuesta más por la disuasión. La idea es mandar correos de advertencia, haciendo pedagogía sobre el impacto de las descargas en el negocio audiovisual. En especial, el objetivo serán los "usuarios intensivos, los que ponen a disposición gran cantidad de archivos y los que inician la cadena de descargas", afirman desde la Coalición. Las partes confían que entre el bloqueo de la oferta y la presión sobre la demanda, bajen las descargas.