Aunque se ha descubierto una gran bolsa de fraude en las ayudas sociales no van a hacer nada especial para perseguirlas, pa mear y no echar gota ¡oiga!
El Gobierno vasco descarta perseguir con inspectores el fraude en ayudas sociales. El Correo El Gobierno vasco descarta perseguir con inspectores el fraude en ayudas sociales
El PP exige desde hace «cinco años» un servicio de control específico y rechaza una reforma fiscal para hacer frente al creciente gasto en prestaciones
10.12.09 - 03:09 -
LUIS LÓPEZ | BILBAO
Aralar pide «concreción en contenido y fechas» para la reforma fiscal que quieren el Gobierno y las diputaciones
Todas las fuerzas políticas vascas están de acuerdo en que hay que tomar medidas para sostener los servicios sociales en el futuro, porque mientras los ingresos de las haciendas se desploman el gasto en prestaciones crece cada vez más. Pero las recetas son muy diferentes. Las diputaciones, en manos del PNV, quieren subir los impuestos; el Gobierno vasco, con el PSE al frente, apuesta por una «profunda reforma fiscal», aunque a largo plazo y de un modo inconcreto; Aralar urge a que se haga esta reforma para una mejor redistribución de la riqueza; y el PP rechaza más presión impositiva y apuesta por controlar el fraude en las ayudas.
«Hace cinco años que demandamos la creación de una inspección específica que detecte el fraude en los servicios sociales», asegura el portavoz económico popular, Antón Damborenea. Con la llegada de los socialistas al Ejecutivo gracias al apoyo conservador, en el PP vieron visos de que su planteamiento fuese escuchado. Pero no. Fuentes del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales descartaron ayer la puesta en marcha de un cuerpo de inspectores. «Hay que eliminar la idea de que existe un fraude generalizado», replican en la consejería, y apuestan por «gestionar el sistema con efectividad».
Para ello, el Ejecutivo tiene pensado vincular las ayudas con la búsqueda activa de trabajo por parte de los perceptores, algo que sólo será posible cuando esas prestaciones sean gestionadas por el servicio público vasco de empleo, Lanbide. Y no hay plazo para esto. También señalan que con las nuevas ayudas que entrarán en vigor en 2010 (como la de vivienda) se mejorará la gestión y se evitará un fraude que, señalan, «no es mayor del que existe con las becas en Educación o las recetas en Sanidad».
Sin embargo, lo cierto es que los engaños en el cobro de prestaciones generan desasosiego en la opinión pública: Vitoria ha detectado fraudes por valor de tres millones de euros en ayudas sociales en los tres últimos años; en Bilbao, el Ayuntamiento ha cazado irregularidades en uno de cada cuatro expedientes de renta básica; en Barakaldo se sospecha que las estafas suponen el 25% de las solicitudes tramitadas. «Hay pisos patera con decenas de personas empadronadas que cobran subsidios y que ni siquiera viven en el País Vasco», denuncia Damborenea. Si no hay inspección, ¿cómo se detectan ahora estas irregularidades? «Cuando el ayuntamiento de turno decide por sí mismo revisar algo», asegura el parlamentario popular.
Con todo, la lucha contra el fraude es sólo una de las medidas más inmediatas para hacer frente al gasto social. Un parche para un problema estructural. Aunque con distintos ritmos, tanto Gobierno vasco como diputaciones apuestan por la reforma fiscal, por recaudar más dinero para hacer frente a los servicios sociales. Sin embargo, desde el PP rechazan esta política. «No se resuelve nada subiendo impuestos porque, en plena crisis, eso provoca que la economía se ralentice y la deslocalización de empresas», asegura Damborenea. A su juicio, lo que hace falta es crear empleo y aumentar la base de cotizantes. Es decir, que haya más gente a pagar en vez de pagar más los que estamos ahora. ¿Cómo se hace esto? «Cambiando la política económica, teniendo empresas competitivas y evitando que las de aquí se vayan a otras comunidades, como está ocurriendo», dice el PP.
Poco concreto, poco creíble
En las antípodas está Aralar. «Para hacer frente a los retos sociales hay que apostar por una política fiscal mucho más redistributiva», dice su portavoz parlamentaria, Aintzane Ezenarro. Y recuerda que la presión fiscal «tanto en el Estado español como aquí es siete puntos inferior a la de la Europa de los 15». Frente a esa progresividad deseada, que pague más quien más tiene, Ezenarro critica que en los últimos años se ha caminado en la dirección contraria, «modificando el impuesto de sociedades, el IRPF y eliminando el de patrimonio».
Pero ahora parece que Gobierno vasco y diputaciones están por la labor de echar mano al asunto fiscal. «Si es así, bienvenido sea», replica la líder de Aralar con desconfianza. «Pero para que esa actitud sea creíble debe tener más concreción en contenido y en fechas». Y no hay ninguna de las dos. Eso sí, «se debe gravar a quien más tiene», no «subir el IVA, que afecta a todo el mundo» independientemente de su renta.