yo soy de letras pero tengo entendido que los de ciencias cuando no podeis probar algo teneis que callaros... o algo asi
¿no?
todo el estado intentando probar una version, se hace un juicio, no se puede probar y se les condena a practicamente nada... cuando hemos evolucionado, ya quisiera trashorras haber sido aceitero

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A ver, creo que estáis mezclando diversos temas: el 11S etc , que no tienen nada que ver con lo del aceite de colza.
Yo soy un tipo nada conspiranoico, o sea, me va lo de la navaja de Occam.
Pero en este caso en concreto cuando leí un poco me llamaron la atención los siguientes hechos:

- Directivos de secciones de hospitales despedidos instantáneamente cuando trataron de proponer la teoría del pesticida.
- La Bayer autodefendiéndose diciendo que el Nemacur era un producto muy seguro y cosas así, antes de que nadie le hubiese acusado.
- Prohibición de investigar lo del pesticida, dando por sentado desde el principio que eran las anilinas del aceite en cuestión las causantes del síndrome.

O sea, no sé si el pesticida Nemacur famoso (retirado en varios países por aquellas fechas y recientemente introducido en España por entonces) fue o no fue o no tuvo nada que ver, pero lo que sí me parece por todo lo que me he leído por internet es que lo del pesticida no lo quisieron investigar, lo descartaron ipso facto y a cualquiera que lo quería investigar lo despidieron de su trabajo.

Dentro una misma familia, habían miembros enfermos y otros que no tenían síntomas; de la misma manera, en un edificio entero donde todas las puertas habían comprado aceite (era de venta ambulante desde garrafones con grifo), muchas puertas no desarrollaron ninguna enfermedad, por ejemplo sí los del 4º A pero no los del 7º E, a esto dieron como explicación que el tóxico del aceite no estaba bien homogeneizado en el aceite, por tanto habían diferentes concentraciones de tóxico según la concentración de tóxico que les hubiera "tocado" en la cantidad de aceite consumida.

Si bien el aceite es un indispensable y se utiliza para la mayoría de comidas, ¿cómo es que algunos miembros no tuvieron la enfermedad? Dijeron que también dependía de factores individuales de resistencia, eso leí por ahí.

Me parece más plausible la idea de que unos comieron tomate y otros no comieron tomate. De hecho extraoficialmente investigaron esto de los tomates (creo que fue el doctor Muro) llegaron a saber incluso la variedad de tomates infectados, eran una partida de tomates Lucy.

No sé ya digo, no soy conspiranoico, pero me llamó la atención este caso, porque dijeron que los síntomas cuadraban con intoxicación por organofosforados.

Por supuesto yo no soy quién poara afirmar nada, sólo expongo mi opinión en base a lo leído.


Aporto otras lecturas interesantes:

http://agora.ya.com/biblio81/textos/...viseccion.html

La 'locura' del doctor Muro · ELPAÍS.com

Andreas Faber-Kaiser | SÍNDROME TÓXICO: LA MENTIRA DE LA COLZA

Toda ideologia o creencia que considere que una elite minoritaria tiene derecho a sojuzgar a la gran mayoria es una ideologia perniciosa y destructiva para la humanidad
llamese fascismo, comunismo, sionismo,o libremercado.

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Yo no creo mucho en historias raras, pero he tenido el dudoso honor de leer la sentencia y las "pruebas" que enlazan el aceite de colza con la enfermedad aquella son, por decirlo suavemente, etéreas.

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EL ACEITE DE COLZA, LA GRAN MANIPULACIÓN DEL SÍNDROME TÓXICO. El Oso de Sawgrass


Ahora bien, yo me pregunto: ¿y por qué no se interrogó bien a este agricultor?, porque si resulta que fue él quien aplicó mal el Nemacur en los tomates y no respetó el tiempo para que la toxicidad desapareciera de los tomates una vez aplicado el pesticida, la culpa de todo la tendría este hombre, supuestamente, ¿no?

A no ser que fuese un escape de gases tóxicos en la base militar cercana, la de Torrejón de Ardoz, en la que supuestamente se ensayaba con químicos:

El “síndrome de la colza”: entre la distancia y la mentira - por Teresa Galeote :: El Inconformista Digital :: Periódico independiente desde el subsuelo - Periodismo independiente en la red

Un tiempo atrás me interesé por el tema, indagué y encontré mucha información, siendo la más sólida y coherente la proveniente del libro "Memorias" de Rafael Pérez Escolar, consejero de Banesto por aquella época y por lo tanto conocedor de muchos de los secretos de la Hispanistán de los 80 (no olvidemos quienes manejan realmente los estados).
Pegó aquí el capítulo del libro que trata el caso del síndrome tóxico:

" I.- EL ‘CASO DEL SINDROME TOXICO’

Durante el año 1981 se produjeron en España cuatro acontecimientos de primera magnitud. El 29 de enero Adolfo Suárez anuncia su dimisión como presidente del Gobierno, lo que justificó enigmáticamente ante las cámaras de televisión diciendo que actuaba de esa forma para evitar que, una vez más, la democracia en España fuese un breve capítulo de su historia. El 23 de febrero se produce la intentona golpista liderada de una u otra manera por los generales Armada y Milans del Bosch, lo que permitió al teniente coronel Tejero tomar por la fuerza el Congreso de los Diputados y secuestrar a sus componentes cuando procedían a una votación que condujo más tarde, ya abortado el golpe, a la asunción de la presidencia por Leopoldo Calvo Sotelo. El día primero de mayo hace su aparición oficial una enfermedad, calificada de ‘nueva y desconocida’, que se inicia en la zona de Madrid y se extiende luego en dirección norte y noroeste, más algunos casos aislados en el sur y el este de la península. Una enfermedad a la que se bautizó inicialmente como ‘neumonía atípica’, después con el nombre de ‘síndrome tóxico’ y más tarde, convenientemente manipulada la opinión pública, con el más explícito de ‘síndrome del aceite tóxico’ o ‘el caso del aceite de colza’, con referencia al aceite de esa variedad al que se atribuyó falsamente el origen de la epidemia para ocultar la realidad del agente que la había generado y las graves responsabilidades de quienes propalaron deliberadamente el infundio. Por último, en agosto siguiente, el consejo de ministros, presidido por Calvo Sotelo, acuerda el ingreso de España en la OTAN, a pesar de que un año antes el congreso celebrado por el PSOE, el primer partido de la oposición, había cerrado sus jornadas con el eslogan «OTAN, de entrada no», una proclama que obtuvo extraordinaria aceptación popular. Paradójicamente, cuando en 1982 los socialistas acceden al Gobierno de la Nación, se disponen a convocar un referéndum para perpetuar la permanencia de España en la Alianza. Consulta que consiguió un amplio respaldo ciudadano después de una contundente campaña propagandística, no exenta de habilidad en su planteamiento, propiciada descaradamente desde el poder. Así de coherentes y rectilíneos son los políticos en el cumplimiento de sus programas cuando convocan al pueblo para decidir su destino, aunque muchas veces no le permitan conocer los verdaderos intereses que encierran las propuestas sobre las que ha de pronunciarse. Estos cuatro episodios de la vida nacional, que se sucedieron con tanta rapidez, han permanecido aislados entre sí para que no salgan a la luz sus tenebrosas concordancias. No desvelamos nada nuevo al recordar que la inesperada dimisión de Adolfo Suárez se produjo sin que rindiese cualquier explicación suficiente. ¿Qué demonios quiso decirnos al vincular semejante decisión a la continuidad de la democracia en España? ¿Sabía él que iba a producirse en breve el golpe militar, lo que ni siquiera consiguió eludir con su renuncia al cargo? Años después, en un congreso de la Internacional Liberal que tuvo lugar en la ciudad de Pisa, el de Avila reconoció que su dimisión estuvo vinculada a la entrada de España en la OTAN.

¡Qué golpe militar tan extraño el del 23 de febrero de 1981! Amadeo Martínez Inglés, un oficial expulsado del ejército por pedir la profesionalización de las fuerzas armadas, estudió a fondo la intentona y entrevistó a sus principales protagonistas, lo que le permitió, veinte años después del episodio, publicar una obra que intentaba esclarecer la verdad de lo sucedido bajo el titulo 23-F, el golpe que nunca existió, «una maniobra político-militar-institucional que sí existió». ¿Quién auspició la maniobra y a qué intereses servía? ¿Acaso se cubrieron esos intereses con la puesta en marcha de la intentona golpista pero sin que fuese necesaria su consumación? A todo esto, y ya que no resulta fácil poner límites a la heterogénea cadena de interrogantes, ¿cuál fue el origen de lo que denominaremos con la precisión debida ‘síndrome tóxico’? Y sobre todo, ¿es posible que más de veinte años después de la tragedia las autoridades sanitarias sigan ignorando el agente que generó la enfermedad? Aunque desconocían inicialmente ese agente patógeno, los dirigentes de la UCD hablaron falsamente de la intervención de un micoplasma al que «lograron fotografiar en un laboratorio público». Mientras tanto, Sancho Rof, el ministro del ramo, asombraba al mundo científico al referirse al agente productor de tan extraña epidemia como «un bichito que cuando se cae de la mesa se le rompen las patas». Sobre tan insostenibles premisas, ¿cómo fue posible actuar con tanta irresponsabilidad, anclando a toda costa y con carácter exclusivo la investigación epidemiológica en el aceite de colza, hasta el punto de marginar de manera implacable a quienes habían orientado su quehacer científico en la dirección apropiada? Porque lo cierto es que al día de hoy, aunque parezca inconcebible, aún se desconocen oficialmente las causas por las que se cesó el 15 de junio de 1981 al doctor Antonio Muro como director del Hospital del Rey, el prestigioso investigador que había demostrado que el aparato digestivo era la vía de penetración de la epidemia, al tiempo que acreditaba su extraordinaria capacidad predictiva basándose en una compleja recopilación de datos, y señaló los pueblos del entorno de Madrid en los que la enfermedad iba a surgir de forma inmediata, precisando incluso las plazas y las calles en que aparecerían los enfermos. Conviene insistir: ¿por qué, cuando tan eminente científico había tomado el pulso a esa enfermedad ‘nueva y desconocida’, hasta el punto de prever su aparición y sus efectos, se le cesó en la dirección del centro hospitalario desde el que dirigía la investigación y se le prohibió continuarla con medios públicos? Con una maniobra tan torpe la actuación oficial no pretendía descubrir la causa que había engendrado la epidemia, sino que, abusando fraudulentamente del poder político, trataba de publicar una tesis que suponía negar el remedio apropiado a los enfermos, lo que ha permitido desde entonces seguir ocultando oficialmente el origen de la terrible dolencia. De poco le ha servido al pueblo español la solemne proclama constitucional que lo erige en titular supremo de la soberanía, cuando desde el poder se le hurta el conocimiento cierto del gravísimo atentado que se ha inferido deliberadamente a la salud pública.

Aunque la afirmación pueda parecer descabellada, los cuatro acontecimientos que acabamos de citar –la dimisión de Adolfo Suárez, la maniobra político-militar-institucional del 23-F, la epidemia del síndrome tóxico y la entrada en la OTAN-, aparecen íntimamente relacionados entre sí en cuanto a las incertidumbres y los enigmas de diverso orden que concurren en ellos. Lo que requiere poner los puntos sobre las íes a propósito de los embustes con que se ha tratado oficialmente de justificar la epidemia. Aún viven muchos de los que detentaban el poder político en aquellos momentos cruciales y, por tanto, todavía tienen ocasión de desvelar el secreto que han guardado celosamente durante tanto tiempo. Confiemos en que la voz de su conciencia les fuerce a romper tan odioso silencio, al menos en el lecho de muerte. Aunque por desgracia la política, como recordaba Shakespeare, esté por encima de la conciencia.

Aquella enfermedad ‘nueva y desconocida’, calificada inicialmente de ‘neumonía atípica’, tomó carta de naturaleza el 1 de mayo de 1981 al fallecer la primera víctima, si bien sus síntomas característicos ya habían aparecido anteriormente con mayor amplitud, por lo que la Organización Mundial de la Salud no tuvo más remedio que reconocer la ‘posibilidad’ de otros casos anteriores. Los copiosos antecedentes documentales que he consultado y los detallados testimonios que ante un profano en estas cuestiones como yo han rendido con infinita paciencia personas de la mayor autoridad moral y un profundo conocimiento de lo sucedido, especialmente los abogados Jesús Castrillo y Juan Francisco Franco y los médicos Francisco Javier Martínez Ruiz y María Jesús Clavera, permiten sostener que con anterioridad al mes de mayo, concretamente en enero y febrero, ya se habían producido algunos casos en la zona de Torrejón de Ardoz. Su aparición, según se dio a conocer oficialmente a través del Diario 16 (21-V-81), quedó vinculada a un mycoplasma pneumoniae, una bacteria o ‘bichito’ (Sancho Rof dixit) que viajaba por el aire y se trasmitía por vía respiratoria. ¿A qué obedecía una explicación tan poco consistente cuando era indudable la inadmisibilidad científica de que la enfermedad se hubiese transmitido por vía aérea? No resultaba congruente esa explicación con el contagio padecido en grupos muy reducidos y en lugares no masificados, así como su difusión con gran rapidez en distintas áreas geográficas alejadas entre sí y sin contacto alguno con las personas anteriormente afectadas, circunstancias que ponía de manifiesto El País el 26 de mayo de 1981. Era evidente, pues, que se trataba de perpetrar una coartada destinada a eludir la información esencial, lo que obligó al Gobierno a hacer un ‘desmentido’ a cargo nuevamente del inefable Sancho Rof (Diario 16, 22-V-81), tan lleno de vaciedades e inconsecuencias que muy pronto la explicación oficial de ‘la bacteria y su trasmisión por vía respiratoria’ se hizo definitivamente insostenible. El doctor Muro, el eminente especialista que había presenciado la autopsia de una de las víctimas, pudo comprobar la existencia de una ‘hiperplasia en las placas de Peyer’ en el intestino delgado, lo que revelaba de manera inconcusa que la causa de la epidemia era un tóxico ingerido por vía digestiva. Lo que sucedió el día 10 de mayo, aunque, a pesar de la evidencia, «las autoridades sanitarias rechazaron esta explicación por ridícula y mantuvieron la opinión de que el contagio era por vía respiratoria» (Diario 16, 22-V-81). Se trataba de ocultar a todo trance la causa real de la enfermedad y su incontenible propagación.

Establecida la vía digestiva como única forma posible de extensión de la enfermedad, las autoridades del ramo tuvieron que abandonar la coartada inicial para buscar un nuevo chivo expiatorio que cargase con las abrumadoras culpas de una enfermedad de consecuencias tan desoladoras. La existencia en el mercado español de aceites de colza comestibles importados como excedentes comunitarios, con destino a la producción de acero pero desviados indebidamente al consumo humano, lo que per se suponía un evidente fraude alimentario aunque no un delito contra la salud, permitió a las autoridades de la UCD, a través de un ministro tan extravagante como Sancho Rof, construir una nueva coartada para implicar a ese producto como causante de la epidemia afirmando que la anilina utilizada como desnaturalizante era el tóxico que había provocado el desastre. El anuncio oficial que atribuía la epidemia al aceite de colza se emitió el 10 de junio de 1981, cuarenta días después de haber aparecido la enfermedad, aunque muy pronto se puso de manifiesto la inconsistencia del nuevo argumento, ya que los síntomas de una intoxicación por anilina, sobradamente conocidos en la ciencia médica, no concordaban en modo alguno con los que exhibían los enfermos. Además, al analizarse los aceites sospechosos, las concentraciones de anilina que se encontraron en una pequeña parte de esos productos tampoco explicaban por sí mismas la enfermedad, puesto que tan heterogéneas y reducidas concentraciones no guardaban proporción con la gravedad del padecimiento de quienes habían consumido el aceite. Por último, las evidencias epidemiológicas y toxicológicas registradas eran absolutamente contrarias a la atribución al aceite del protagonismo causante de la epidemia. Así lo pusieron de manifiesto tanto el estudio de la curva de aparición de la enfermedad como la relación entre la dosis y la respuesta negativa. Lo que no fue obstáculo para que las autoridades sanitarias, con el propósito deliberado de establecer la relación causal entre el aceite de colza y la epidemia, afirmaran, dando al dato la máxima relevancia, que «cuando se anunció oficialmente la asociación de la enfermedad con el aceite (10 de junio) y cuando se retiraron del mercado mediante la operación de canje (finales de junio), la epidemia descendió espectacularmente». Para confirmar una tesis expuesta con tanta contundencia se confeccionó una curva de incidencia de la enfermedad que introducía sesgos consistentes en utilizar los datos de la hospitalización del enfermo diferenciándolos de los del comienzo de su afección, no discriminar entre nueva hospitalización y rehospitalización y agrupar los datos por semanas representándolos al final de cada una en vez de tomar el día central de cada período semanal. Con lo que se pretendía aparentar que el anuncio sobre la peligrosidad de los aceites tenía como efecto inmediato la reducción del número de nuevos casos. Sin embargo, el doctor Francisco Javier Martínez Ruiz, vocal de la Comisión de Investigación Epidemiológica (más tarde disuelta para evitar que dicho facultativo, basándose en pruebas abrumadoras, siguiera insistiendo en unos puntos de vista abiertamente discrepantes de la tesis oficial) y la doctora María Jesús Clavera procedieron a tabular por provincias y fechas el registro de nuevos casos partiendo del dato de los primeros síntomas, con lo que demostraron que la epidemia había remitido en la segunda quincena de mayo, once días antes del anuncio oficial que asociaba la enfermedad al aceite de colza, independizando y desvinculando la epidemia (presunto efecto) de la ingesta de aceite (presunta causa), un resultado que la OMS no tuvo más remedio que reconocer. Ante un estudio tan comprometedor para los criterios oficiales, las autoridades sanitarias se apresuraron a declarar que ese descenso de la epidemia carecía de importancia, a pesar de que antes habían dado la máxima notoriedad a la coincidencia de fechas que resultaba de la curva que habían sesgado de la manera más descarada para justificar la coartada que, a partir de ese momento, ya sirvió definitivamente como tesis oficial de la Administración.

La responsabilidad de la investigación epidemiológica residió desde un principio, el 11 de mayo, en el Center for Disease Control (CDC) de Atlanta, a cargo de tres funcionarios de la Administración americana, los doctores Rigau, Heath y Kilbourne, que tuvieron buen cuidado en ocultar los sesgos introducidos de manera sistemática en los estudios epidemiológicos, las encuestas puestas en práctica y los denominados ‘casos/control’. Tan delicado cometido se centró especialmente en el doctor Kilbourne, ante la reserva inicial mostrada por sus otros dos colegas para participar en un falseamiento de la realidad que estaba en pugna con los criterios científicos más elementales. No obstante, y a pesar de tan inconcebibles manipulaciones, aquellos ilustres caballeros, ciudadanos del país que se proclama a sí mismo ante el mundo entero como defensor por antonomasia de la ley, las libertades y el orden moral, nunca pudieron establecer la menor vinculación entre el aceite de colza y la enfermedad que en España estaba diezmando a miles de personas. Si la enfermedad era ‘nueva y desconocida’, como se dijo oficialmente, y su aparición se había producido de una manera explosiva en el tiempo y en el espacio, resultaba evidente en todos los casos registrados que un solo agente tóxico era el causante de la desgracia. La homogeneidad de la dolencia permitía presumir sin esfuerzo que era también homogénea la causa que la engendraba. Sin embargo, los análisis de los aceites hallados en las casas de los enfermos pusieron de manifiesto la heterogeneidad de tales productos, ya que, en cuanto a su composición, provenían de distintos frutos o semillas (aceituna, girasol, pepita de uva y colza, entre otros) y, en cuanto a su origen, pertenecían a partidas comerciales que no guardaban cualquier relación entre sí. Sobre todo, y esto aparecía como especialmente significativo, eran poquísimos los aceites que contenían anilinas-anilidas. Lo que impedía atribuir a ese aceite el origen causal de una enfermedad de carácter homogéneo, a menos que, como se dijo entonces con sorna, de haberla producido más de un agente, dada su manifiesta heterogeneidad, todos se habrían ‘puesto de acuerdo’ misteriosamente para generar una misma dolencia desconocida hasta entonces. A lo que cabía añadir que la relación entre la dosis y la respuesta era nula o negativa, lo que excluía de manera automática la causalidad del aceite como agente productor de la enfermedad.

Si el aceite hubiese sido tóxico, según pretendía con notoria mala fe el Gobierno de la UCD, luego secundado por el del PSOE, al que tampoco corrigió el del PP, lo inevitable es que hubiesen padecido los efectos de la toxicidad los demás parientes de las víctimas (la mitad de los enfermos eran un caso único en su grupo familiar). El enfermo, al resultar afectado y dada la agresividad aguda del tóxico, era trasladado de inmediato al hospital, alejándolo así del factor que presuntamente le había atacado. Mientras tanto, sus familiares, que habían seguido utilizando el mismo aceite durante cuarenta días, ya que ignoraban su pretendida toxicidad, no resultaron afectados en lo más mínimo. Digamos también que no le fue posible a la Administración afirmar una mayor susceptibilidad a la dolencia en todas esas personas. El tóxico demostró una altísima agresividad, sobre todo en la fase aguda, al generar multitud de síntomas y lesiones, mientras que en los parientes sanos de las víctimas no se detectó la menor reacción orgánica, lo que era incompatible con la mayor o menor susceptibilidad a sus efectos en unos y otros, y sobre todo en el grupo familiar en que se producía la discriminación, por supuesto el de mayor homogeneidad genética. Durante la investigación toxicológica los investigadores oficiales nunca pudieron reproducir en los modelos animales utilizados, que fueron todos los posibles, el menor efecto o lesión causada por el aceite, aunque para ello no dudaron en utilizar en dosis masivas el aceite retirado de las casas con mayor número de enfermos.

Si en los centros españoles vinculados a la tesis oficial de la investigación toxicológica se habló de la obtención de algún hallazgo sobre las causas de la enfermedad, muy pronto, al compararlo con los trabajos desarrollados por los investigadores independientes, se comprobó que aquellos logros aparentes habían sido manipulados, de manera que al repetirse la experimentación ya no aparecía cualquier efecto que no fuese el engorde inevitable de los animales alimentados con el producto supuestamente tóxico. Sin embargo, quienes, bajo el patrocinio de la OMS, acudieron a las jornadas del llamado Working Group celebradas en marzo de 1983, por supuesto a puerta cerrada a fin de que ningún observador indiscreto pudiera comprobar los manejos que para confundir a la opinión pública se habían practicado hasta entonces, pretendieron, con manifiesto abuso de una apariencia de legitimidad científica de carácter internacional, amparar el fraude bajo las siglas de la entidad convocante. Pero, y el dato es terrible, cuantas veces intentaron esos falsos científicos, desde su particular investigación toxicológica, dar pábulo a la confusión pública presentando al aceite como único culpable de la epidemia, la precisión de los trabajos independientes desbarató tan lamentables propósitos, a pesar de que, sin el menor fundamento técnico, la Administración no dudó en acudir a las falsedades más descabelladas en el área epidemiológica con el fin de atribuir la enfermedad al aceite de colza. Lo que tuvo lugar, por limitarnos a dos ejemplos, en un determinado convento madrileño y con unos trabajadores de la refinadora ITH de Sevilla, a los que vincularon con supuestos parientes en Granada también enfermos que no existían en absoluto, para fijar definitivamente la investigación de manera tan miserable, bajo los auspicios de los científicos americanos del CDC de Atlanta, en el aceite y sólo en el aceite.

Han pasado más de veinte años desde la aparición de la epidemia y se han dilapidado recursos ingentes en una investigación unidireccional para atribuir al aceite de colza la causa de todos los males. Lo cierto es que oficialmente seguimos sin conocer el escurridizo y misterioso agente tóxico, con sus patas quebradas cuando cae al suelo, que generó la endiablada enfermedad. Ante las consecuencias derivadas de tan monstruosa conducta, el poder total, como es costumbre entre nosotros cuando se debaten las causas más ignominiosas, no dudó en echar mano de la Justicia para que proclamara urbi et orbi, a través de sus resoluciones, que el aceite de colza era nocivo, altamente nocivo, y ocultaba en su seno un producto jamás descubierto relacionado con la anilina desnaturalizante, toda vez que la tasa de afección en las familias que registraban algún enfermo, según un artificioso índice inventado para tan oscuros fines, parecía crecer cuando las amas de casa compraban aceite de mercadillo. Si bien se silenció del modo más absoluto que ese mismo índice no aumentaba, o incluso disminuía, en todos los demás estudios. De una manera tan falaz se ideó la necesaria ‘relación de causalidad’ para que, envueltas en las tinieblas procesales más espesas, todas las culpas recayesen en el aceite. Y no porque se ignorase que tanto daba comprar el aceite en mercadillos ocasionales o en puestos ambulantes, ya que así no se podía justificar la afección en los muchos enfermos que jamás consumieron aceite de tales procedencias y se mantuvieron firmes en su rotunda negativa a aceptar semejante hipótesis como el origen de su enfermedad, aunque con ello se estuviesen jugando la provechosa inclusión indemnizatoria en el censo nacional de afectados a título de ‘enfermos reconocidos’. Porque muchos de esos enfermos, precisamente por reconocer con dignidad que la causa de su dolencia no radicaba en el aceite, no pudieron percibir las sustanciosas ayudas e indemnizaciones vinculadas a la condición de afectado por el ‘síndrome del aceite tóxico’, como llegó a calificarse la enfermedad durante la investigación para vincular, mediante un ‘sesgo de definición’, el aceite con la enfermedad, haciendo así más difícil abrir cualquier vía racional en la búsqueda de su verdadera etiología... "


contínua en el post siguiente

" La realidad, mucho más tozuda y rectilínea que la sinuosa falsedad de la tesis mantenida oficialmente, consistía en que el factor tóxico se hallaba en determinados tomates contaminados con un producto órganofosforado, cuyos frutos, mezclados con otros en condiciones normales, se habían comercializado en mercadillos y puestos de venta ambulante. Lo que, al presentarse un producto tan peligroso en unidades individualizadas e independientes, susceptibles por tanto de poder contarse una a una, justificaba la aparición de la enfermedad exclusivamente en el miembro de la familia que tuvo acceso a esa unidad envenenada, y no a quienes no les gustaban los tomates o tuvieron la fortuna de comer otros frutos distintos que no estaban dañados. Todo esto, de una simplicidad apabullante, ponía de manifiesto el dolo con que se llevó a cabo la investigación dirigida por el CDC de Atlanta al utilizar en los estudios epidemiológicos ‘la familia’ como soporte teórico de sus trabajos y negarse en redondo a referirse al ‘individuo’, a pesar de que es lo que se exige científicamente cuando surge una discriminación intrafamiliar tan notoria entre personas enfermas y sanas. En estos casos es obligado estudiar comparativamente el estado de unas y otras para determinar tanto sus coincidencias como sus discrepancias en hábitos y preferencias alimentarias. Sólo así resulta posible el hallazgo del ‘factor de riesgo’ que coincida en la exposición de los enfermos y no en los sanos, sobre todo porque en nuestro caso quien padecía el síndrome tóxico era siempre un individuo y nunca el agregado o conjunto familiar. Si la técnica epidemiológica oficialmente utilizada en las encuestas y los llamados ‘casos/control’ no se fijó en el individuo, fue para evitar la discriminación intrafamiliar y de esta manera utilizar un factor, que ya se conocía como factor ‘confundente’, ligado a un agregado, ‘la forma de compra familiar’, para fijar de manera artificial la causalidad de la epidemia en el aceite y solo en el aceite, aunque en este producto los investigadores oficiales nunca fueron capaces de aislar ni identificar el tóxico que, según ellos, lo había engendrado. De una forma tan perversa se impidió desvelar el factor que efectivamente había generado la enfermedad: algo tan simple como la producción de una determinada partida de tomates, portadores de un producto órganofosforado con el que, de manera deliberada, alguien había envenenado el fruto cultivado en una plantación temprana de Almería sita en el pueblo de Roquetas de Mar, y que se comercializó después en una alhóndiga denominada Agrupamar.

Al llegar hasta aquí en nuestra exposición, en la que denunciamos algo monstruoso, surgen determinadas cuestiones que es imprescindible esclarecer. La primera se refiere a los motivos que, al margen de la sanidad oficial y en contradicción manifiesta con sus resultados, permiten sentar una aseveración tan tajante y comprometedora sobre el vehículo y el carácter del veneno que generó una epidemia tan desviadamente investigada. Luego procede inquirir por qué el CDC de Atlanta, que dirigió las investigaciones epidemiológicas y toxicológicas en absoluta congruencia con la sanidad oficial española, falseó la experimentación sobre el aceite, al tiempo que se negaba en redondo a aceptar la responsabilidad causal de los tomates como agentes que provocaron la epidemia. Por último, hay que investigar el interés de las autoridades españolas en predicar una posición a todas luces tan irracional.

La respuesta a la primera de las preguntas planteadas, la identificación del agente tóxico de la epidemia, se halla en la investigación epidemiológica llevada a cabo con carácter independiente, un ingente trabajo que se realizó sin contar con medios oficiales, siempre negados sin mediar cualquier explicación, por el doctor Antonio Muro con ilimitada generosidad por su parte. Este científico ejemplar, que fue cesado de manera fulminante como director del Hospital del Rey por no someterse a la tesis oficial sobre los orígenes de la epidemia, llegó a coger el pulso a la realidad de lo sucedido con tal firmeza que incluso fue capaz de predecir con acierto, según hemos dicho, los puntos concretos en que la enfermedad iba a hacer su aparición. Se explicaba por tanto que, con la farisaica disculpa del cansancio en sus tareas científicas (él, incansable siempre, según me aseguran con legítima indignación quienes colaboraron en sus investigaciones), le apartaran fulminantemente del centro en que estaba trabajando en contacto permanente con los enfermos, para relegarlo a un oscuro destino en un sótano del Centro de Alimentación de Majadahonda en donde carecía de todo, incluso de teléfono. Hasta tal punto resultaban peligrosas e inconvenientes la clarividencia y la independencia del doctor Muro para no someterse al falseamiento oficial de la enfermedad. Esa investigación epidemiológica, desarrollada sin interrupción desde mayo de 1981 hasta poco antes de producirse la muerte del investigador en abril de 1985, abarcó más de 25 zonas geográficas, en las que se investigó a 1.086 personas enfermas y a 1.154 sanas, una investigación 2,57 veces más amplia que la llevada a cabo para apuntalar falsamente la hipótesis oficial sobre el aceite de colza. Por tanto, los trabajos del director del Hospital del Rey actuaron sobre una muestra sobradamente representativa, a diferencia de la indagación oficial, y abarcó todos los aspectos de un estudio cuyo fin exclusivo consistía en conocer la causa determinante de la enfermedad, es decir, el estudio de los factores causales, la distribución espacial y temporal de la epidemia y la concordancia entre estos conceptos. Las encuestas llevadas a cabo por el doctor Muro y su equipo de colaboradores partían de los hábitos alimentarios de los enfermos. Una vez comprobada la previa ingesta de tomates en todos ellos, así como su carencia en los parientes y allegados que extrañamente quedaban sanos, e identificado de esta forma el factor cuyo consumo poseía la capacidad suficiente para explicar individualmente la enfermedad y la discriminación intrafamiliar con que se presentaba, se procedió a comprobar su congruencia indagando el lugar en que el ama de casa había hecho las compras. Cuando dos amas de casa señalaban el mismo mercadillo o comercio, se obtenía el dato del mayorista que había suministrado los tomates, y cuando se producía la coincidencia con un comercio distinto, igualmente se solicitaba la exacta identificación del proveedor. De una forma tan concienzuda pudo demostrarse que todos los enfermos, sin excepción, estaban relacionados con una ingesta de tomates procedentes de Almería y que, entre los numerosos pueblos dedicados al cultivo temprano en invernadero de esas hortalizas, se trataba de unos frutos cultivados en el pueblo de Roquetas de Mar y comercializados en Agrupamar, una de las numerosas alhóndigas del término. La curiosa convergencia de los enfermos, todos relacionados exclusivamente con tomates cultivados en una zona geográfica tan reducida, implicaba un hallazgo epidemiológico de primera magnitud que las autoridades sanitarias se negaron a reconocer.

Más tarde, fallecido el doctor Muro, y por mandato del Tribunal que juzgó a los aceiteros elegidos por la Administración como chivos expiatorios para justificar el desastre, a solicitud de sus respectivas defensas y de una de las acusaciones, procedieron a reevaluar y comprobar la investigación los doctores Martínez Ruiz y Clavera, quienes unían a sus conocimientos científicos como epidemiólogos sus títulos y su experiencia en informática. Desgraciadamente, los solicitantes de la reevaluación estaban convencidos de antemano del altísimo interés político en que recayera una condena que confirmase la tesis oficial para ocultar de manera tan espeluznante la verdad de lo sucedido. Eran conscientes, pues, de que no bastaba con poner de manifiesto la carencia de cualquier fundamento en la imputación del aceite como causante de la epidemia: se necesitaba comprobar si la hipótesis y la investigación del doctor Muro poseían suficiente capacidad explicativa sobre el origen y el desarrollo de la enfermedad. Los doctores Martínez Ruiz y Clavera, para ejecutar el trabajo reevaluador confiado por el Tribunal, utilizaron técnicas informáticas de búsqueda exhaustiva y heurística conocidas en la denominada inteligencia artificial como un método para ‘la exploración de modelos y la determinación de caminos de conexión’, en los que no pudiese incidir en forma alguna el subjetivismo del evaluador en detrimento de las determinaciones rigurosamente objetivas. Un método que otorgaba plena fiabilidad a los resultados, no sólo al evitar cualquier error, sino también los sesgos en el procesamiento de los datos necesarios para extraer la información, por lo que se trataba de un procedimiento neutro y trasparente. Además, como exige un adecuado método científico, los resultados eran plenamente contrastables, lo que no sucedía con los que soportaban las encuestas de la investigación oficial. Pero los datos brutos de los ‘casos/control’ se remitieron exclusivamente al CDC de Atlanta, y allí permanecieron secuestrados sin la menor posibilidad de contraste o reevaluación, a pesar de que fueron solicitados en repetidas ocasiones por el tribunal, aunque, como pudo verse sobradamente, a éste no le importase en lo más mínimo que se incumplieran una y otra vez sus propios requerimientos, como también le traía al fresco la ‘recomendación nº 4 de la OMS en el Working Group’ de 1983: «Habida cuenta de la crucial importancia y validez de los datos epidemiológicos que relacionan la exposición al aceite con el desarrollo del Síndrome del Aceite Tóxico, se insta encarecidamente a que todos los datos de los nueve estudios de casos-control sean rápidamente preparados para su publicación científica internacional». Lo que nunca se llevó a efecto, a pesar de la insistencia del comité de dirección de la OMS para que se diese cumplimiento a una recomendación tan razonable. De la reevaluación de los trabajos del doctor Muro practicada por los doctores Martínez Ruiz y Clavera resultó que la discriminación intrafamiliar entre sanos y enfermos se explicaba por abrumadora mayoría (el 98,98%) mediante la ingesta de tomates, ya que los individuos que mostraban preferencia por este fruto o cualquier ensalada que lo contuviese resultaron afectados por la enfermedad en forma muy significativa (el 96,4%) con relación a los que no mantenían esa preferencia alimentaria. De manera que la disposición individual hacia el tomate o la ensalada que lo contuviese determinaba en el seno de la familia afectada una probabilidad de enfermar (factor de riesgo) 367 veces superior a los demás, y, a su vez, el rechazo de esta misma preferencia equivalía a una probabilidad de permanecer indemne (factor de protección) 390 veces superior.

En la investigación llevada a efecto por el doctor Muro había 143 familias en las que estaban plenamente documentados los distintos eslabones de comercialización de los tomates tóxicos. Y de la aplicación posterior efectuada por los doctores Martínez Ruiz y Clavera del programa diseñado para establecer las relaciones directas de antecesión-sucesión en punto a los mismos datos, resultaba que todas esas 143 familias compraron antes de enfermar tomates cuyo primer eslabón en la cadena de comercialización se situaba en la mencionada alhóndiga de Roquetas de Mar, lo que suponía el antecedente común a todos los enfermos explorados que pertenecían a esas familias. Para lo que fue necesario determinar con precisión los mayoristas y minoristas que intervinieron en los distintos eslabones de la cadena, relacionándolos con los afectados por la enfermedad de los que no se tenía cualquier dato sobre el proceso de comercialización al no haberse concretado el frutero o el puesto de venta en el mercadillo en que se adquirió el producto. Resultaba de esta manera la plena concordancia entre los factores de espacio y tiempo y la causa de la epidemia, así como la distribución del factor de riesgo resultante. Además, los expertos que abordaron tan exhaustiva comprobación científica de las investigaciones hechas por el doctor Muro tabularon las ventas diarias del fruto en la primavera de 1981 en tres alhóndigas de Roquetas de Mar, con el propósito de comparar la curva de producción y venta con la curva de incidencia de la enfermedad extraída de los datos de hospitalización. De lo que pudieron deducir que la producción y la venta de tomates en aquellas alhóndigas crecía desde mediados del mes de abril hasta el 10 de mayo y descendía desde el día 20, una variación que, salvando el lógico espacio temporal debido a la comercialización del producto, su consumo, la respuesta tóxica y el período de latencia, el diagnostico de la enfermedad y la hospitalización, se observaba igualmente en la curva de aparición de nuevos enfermos. Lo que demostró de forma espectacular la indudable interdependencia de ambos fenómenos. La identidad de las variaciones de ambas curvas llegaba al extremo de que aparecía en las expresiones gráficas de una y otra (histogramas) una especie de hendidura, ya observada sin la menor explicación en la curva de incidencia de la enfermedad, en la que podía contemplarse cómo, tras el pico de los nuevos casos del día 16 de mayo, se iniciaba un descenso notorio hasta el día 23, a partir del cual volvía a ascender hasta el día 27. De forma paralela, con el desplazamiento de una semana, compatible con el período que media desde la venta inicial hasta la hospitalización de los enfermos, se observó que la comercialización de los tomates en las alhóndigas ofrecía un pico el día 10 de mayo, descendía hasta el día 15 y se recuperaba progresivamente hasta el día 20. Un fenómeno de origen desconocido debido sin duda a causas naturales, como circunstancias climáticas que incidiesen en el proceso de maduración del fruto, o a motivos de carácter social, como fiestas locales que redujesen la recolección, con el consiguiente descenso de la comercialización. Pero lo más relevante es que influyó también en tal fenómeno el descenso y la recuperación de la incidencia de la enfermedad en forma de nuevos casos de hospitalización, lo que evidenciaba a todas luces la interdependencia de ambos factores y la indudable atribución de la epidemia a los tomates envenenados, según constaba en los estudios del doctor Muro. Lo que confirmó, sin sombra de duda, la investigación desarrollada por los doctores Martínez Ruiz y Clavera por encargo del tribunal, en la que obtuvieron la sorprendente correspondencia de ambos histogramas. Una correspondencia significativa a más no poder, aún cuando la investigación oficial, empeñada en atribuir dolosamente la causa de la epidemia al aceite de colza, manipuló ante la opinión pública el descenso de los nuevos casos poniéndolo en relación con la menor utilización del aceite, aunque sin poder explicar de cualquier manera la existencia de la misteriosa hendidura en el histograma de once días de duración. No era razonable que durante ese tiempo posterior el aceite adquirido, que presuntamente ya había empezado a producir sus dolorosos efectos, resultase menos tóxico, a no ser que las personas que lo consumieron, por alguna coincidencia astral con entidad suficiente para ser investigada en la famosa serie Expediente X, fuesen menos sensibles a la enfermedad.

Si a la vista de la investigación practicada por el doctor Muro y de la reevaluación y extensión de los trabajos llevados a cabo por los doctores Martínez Ruiz y Clavera ya no había cualquier duda en atribuir la epidemia a la ingesta de tomates procedentes de Roquetas de Mar como vehículo del veneno que la engendró, la historia clínica y la evolución de los enfermos demostraba de manera indiscutible que el factor venenoso propiamente dicho había consistido en un ‘compuesto órganofosforado’. Las fases agudas de la enfermedad resultaban por entero compatibles con la intoxicación provocado por este tipo de moléculas (diarrea, opresión respiratoria, inhibición de la colinesterasa en los pocos casos en que se determinó, insomnio), una correspondencia que fue mucho más evidente en la fase crónica de la enfermedad, puesto que a partir de septiembre de 1981 se manifestó ‘una neuropatía distal del sistema nervioso periférico, sin afectación estructural del sistema nervioso central’.

No decimos nada nuevo al recordar que los compuestos órganofosforados se habían sintetizado por primera vez como gases bélicos con motivo de la investigación militar llevada a cabo por el ejército americano en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. La naturaleza ‘biocida’ del producto permitió también su aplicación como insecticidas-pesticidas con un alto poder contaminante, cuyas consecuencias a medio y largo plazo resultaban difíciles de evaluar. Obviamente, los compuestos más eficaces en su función biocida se destinaron a armamento químico, cuya producción ininterrumpida siguió siendo un secreto a voces a pesar de los convenios internacionales que los proscriben, algo que por desgracia afecta en alto grado a las relaciones de poder entre las superpotencias. Digamos que, frecuentemente, los avances tecnológicos aplicados a productos previstos para su aplicación bélica trasforman de manera esencial los compuestos con fines agrícolas sin haber medido sus consecuencias con la diligencia deseable. La humanidad, por ello mismo, ha sufrido desastres masivos provocados por el indebido tratamiento de esas materias, el de consecuencias más devastadoras, el de Bhopal en la India, al producirse una fuga de gases tóxicos con ocasión del reciclaje de gases de guerra, ya obsoletos, para su conversión en pesticidas. Ocioso es decir que el uso de los pesticidas órganofosforados en España, como en otros muchos países, está rigurosamente sometido por su alta toxicidad a la previa autorización administrativa, que sólo se concede, tras costosísimos ensayos y con carácter restrictivo, para cultivos y plagas susceptibles de contarse con los dedos de una mano. Cualquier uso distinto es ilegal y fraudulento, en teoría, claro está, como veremos seguidamente.

A lo largo de su ingente investigación, los doctores Martínez Ruiz y Clavera procedieron a tabular los síntomas padecidos por los enfermos pertenecientes a más de tres mil familias, todas ellas identificadas con exactitud para hacer posible cualquier comprobación posterior por quienes también tuviesen interés en conocer la verdad de lo sucedido. En esos trabajos se pudo comprobar que los síntomas analizados eran en el 66,01% de los casos muy típicos de una enfermedad debida a compuestos organofosforados, según se atribuye en la bibliografía internacional más autorizada; en el 23,24 % esos síntomas eran típicos, y sólo en el 5,27 % tenían el carácter de compatibles con otros compuestos. Por lo que la correspondencia de la enfermedad con el origen órganofosforado resultaba evidente. La sanidad oficial, ante la comprometida coincidencia entre los síntomas del que ellos denominaban ‘síndrome del aceite tóxico’ y la sintomatología, harto conocida, propia de los órganofosforados, se limitó a negar con obscena insistencia la responsabilidad de estos compuestos como causa de la epidemia. E incluso, con manifiesta falta de honradez, se especuló con la producción de esas mismas lesiones mediante mecanismos patogénicos atribuidos previamente a los órganofosforados (O´Brien, Insecticidas y Action and Metabolism, y Spencer, Neurotoxicología Experimental y Clínica), asignándolos, sin el menor fundamento científico, a las anilinas-anilidas mediante una enigmática reacción autoinmune que no había dejado rastro alguno de tal autoinmunidad, lo que por sí mismo hubiera sido una estruendosa novedad en el mundo científico cuando se trataba de una más de las manipulaciones que en este caso no dudó en perpetrar la Administración española. Por tanto, la correspondencia entre el síndrome tóxico y la sintomatología de los compuestos órganofosforados era absoluta. En cualquier otra enfermedad o alteración producida por tóxicos distintos, la relación hubiera sido diametralmente diferente; una de las más pronunciadas, la afección por anilinas o anilidas. La proximidad toxicológica a los órganofosforados en parangón con la distancia mantenida con las anilinas-anilidas, de haber procedido la Administración con una elemental decencia, tendría que haber canalizado el trabajo sobre los órganofosforados y no sobre las anilinas o anilidas, heterogéneas y de muy escasa presencia en los aceites. Una consideración lógica que mantuvo con firmeza el doctor Luis Sánchez Monje al tratar con éxito a determinados grupos de enfermos en Madrid. «¿Por qué causa no se investigó el protagonismo de los órganofosforados en la epidemia?», se preguntaba el facultativo con preocupación. «¿Por qué mejoran los afectados cuando les trato con el antídoto de estos compuestos (atropina, oximas, Toxogonin)? Y sobre todo, ¿por qué desde la presidencia del Gobierno se ignoran estos datos, imprescindibles para el tratamiento de la enfermedad, cuando yo los presento en mis informes con una claridad meridiana?». Unas dramáticas preguntas formuladas por un médico militar que poseía un profundo conocimiento de la sintomatología propia de los compuestos órganofosforados.

Algunos de los investigadores asociados a la hipótesis oficial (Tena, Tabuenca, Villamor) no dudaron en reconocer inicialmente, al observar los síntomas que presentaban los enfermos, que habían pensado de inmediato en el protagonismo de los órganofosforados como causa de la intoxicación, una vía que abandonaron después sin dar la menor explicación sobre las razones de un cambio tan radical para centrar la atención en los aceites supuestamente tóxicos. ¿Acaso pretendían compensar de esta manera tan acomodaticia su marginación ab initio en el estudio del síndrome para sumarse incondicionalmente a la tesis mantenida por quienes ejercían el poder?

Un año después de la aparición de la epidemia, el doctor Fernando Montoro, a la sazón Subdirector General de Establecimientos y Asistencia Farmacéutica, en una carta que dirigió el 6 de julio de 1982 a Ciriaco de Vicente, a quien el PSOE había encomendado el seguimiento de la epidemia, manifestaba que «en las reuniones de la Comisión Científica de los viernes en el Ministerio de Sanidad (yo he asistido a todas) [sic] puede afirmarse que, a nivel científico, hoy se duda de que el aceite sea la causa del síndrome». Y apuntaba con honradez al empleo de un nematicida en tomates como posible origen de la enfermedad, con lo que se hacía eco de los avances alcanzados en la investigación por el doctor Muro. Lo que la Administración tiró también al cubo de la basura al seguir asegurando erre que erre que en el aceite, y sólo en el aceite, radicaba la causa de todos los males.

Durante la celebración del juicio oral, el doctor Angel Peralta, otro relevante clínico, tuvo ocasión de declarar en calidad de testigo (acta del juicio, folios 12.963 y 12.964) sobre un episodio tan curioso como significativo. A ese facultativo le correspondía el indudable acierto de implicar la acción de un órganofosforado en la aparición de la epidemia, incluso antes de que lo hiciera el doctor Muro. Y así lo expuso en un artículo publicado en el diario Ya el 12 de mayo de 1981, que fue objeto de un rotundo desmentido oficial al día siguiente en el mismo periódico, por supuesto sin aportar la menor prueba, firmado por Sánchez Harguindey, Secretario de Estado para la Sanidad. Lo que daba idea de la extraordinaria preocupación que producía en los medios oficiales la correcta identificación del tóxico generador de la dolencia. El doctor Peralta, después de recordar en su declaración judicial las circunstancias que rodeaban la publicación de su trabajo, manifestó que tuvo como referente la indudable aparición en los enfermos de los síntomas descritos por la bibliografía clínica como propios de una intoxicación por órganofosforados, todo ello en contra de la desproporcionada reacción oficial a través de su rotundo e injustificado desmentido. Pero esto, que era obvio por parte de quien mostraba ante el tribunal un criterio de irreprochable independencia, no dudó en completarlo con una valerosa manifestación que implicaba escandalosamente a las máximas autoridades sanitarias en las falsedades que venían difundiendo sobre el origen de la enfermedad. Aunque el declarante intentó que el dato se mantuviese reservado, no dudó en exponer que dos ministros de Sanidad, tanto Sancho Rof, que ejercía tan cualificada responsabilidad cuando hizo su aparición la epidemia, como Núñez, que le sucedió en el cargo, llegaron a reconocerle confidencialmente, en un acto al que asistieron los tres, que había sido un compuesto órganofosforado el generador de la epidemia, pero que el hecho, y la responsabilidad consiguiente, no podían admitirse de manera oficial ni entonces ni siquiera en muchos años. Lo que ponía de manifiesto la gravedad del riesgo político que llevaba consigo la publicación de la verdad, y, por tanto, el decidido interés del Gobierno en mantenerla oculta. Pedro Sabando, consejero de Sanidad cuando Joaquín Leguina presidía la Comunidad de Madrid, mantenía una estrecha amistad con el doctor Antonio Muro, y cuando éste se encontraba a punto de fallecer, el consejero socialista le hizo una visita. El moribundo, obsesionado por el ‘síndrome tóxico’ y sus trágicas consecuencias, le reprochó la actitud fraudulenta del Gobierno al atribuir la epidemia al aceite de colza. Y el socialista le dijo con sinceridad: «Déjalo, Antonio, no le des más vueltas, este asunto es la CIA y el KGB juntos».

Difícilmente podrá emplearse en este caso un término que no sea el de ‘criminal’, genocida más bien, para calificar de manera apropiada la conducta mantenida por la Administración sanitaria y, por tanto, de los sucesivos Gobiernos de la Nación, ya que al tener plena certeza sobre el tóxico que había provocado la epidemia, se trataba de ocultarlo a toda costa poniendo en práctica, mediante un inmenso y costosísimo esfuerzo, toda clase de medios fraudulentos, mientras que, por imperativo de tan ominoso silencio, se estaba negando el tratamiento correcto a las pobres víctimas, ya que, de haberles proporcionado la medicación adecuada, hubiese quedado al descubierto el verdadero origen de la enfermedad. Para conseguir un objetivo tan perverso, el Gobierno de la UCD y luego el del PSOE, secundado finalmente por el del PP, remataron su abominable conducta implicando con falsedad consciente y manifiesta a un aceite, el de colza, y de paso a quienes comercializaron el producto, a sabiendas de que no había sido el agente que generó la enfermedad. Un aceite cuya importación, efectivamente, se autorizó para fines industriales, aunque no por ello contuviese elementos tóxicos: se trataba del mismo aceite que registra el más alto consumo humano en Francia y Canadá. Ni siquiera aferrándose al desnaturalizante empleado, la anilina, el producto ofrecía toxicidad suficiente en las concentraciones en que pudo utilizarse, sobre todo porque por ser hidrosoluble hubiese desaparecido al someterse al necesario refino para el consumo humano. Manifestar de una manera tan infamante en la investigación de una enfermedad ‘nueva y desconocida’ que la causa radicaba en el aceite y sólo en el aceite, cuando la novedad y el desconocimiento que se atribuían de manera tan absoluta exigía una investigación abierta, sincera, multidireccional y sin exclusiones, pensando sobre todo y por encima de cualquier interés político en el primordial de los enfermos, ha supuesto el más absoluto desprecio a la decencia política y al Estado de Derecho por parte de nuestros gobernantes.

Mas no sería lícito proseguir el relato de estas conductas criminales, un verdadero asesinato colectivo, si no nos decidiésemos a coger el toro por los cuernos para atribuir la responsabilidad de lo sucedido a quienes efectivamente provocaron la epidemia. Cuando se puso en práctica con tanta insistencia una conducta tan abominable es obvio que quienes ostentaban el poder no querían investigar de ninguna manera el auténtico origen de la enfermedad, aunque lo conociesen sobradamente, puesto que lo único que pretendían era ocultarlo a toda costa, para lo que se desplazó, con la tenacidad más despiadada, la causa del mal y cualquier consecuencia dañosa a un aceite calificado de ‘industrial’, una denominación muy sugerente ante la confiada opinión pública, y más todavía para una población enferma ansiosa de conocer todo lo que guardase relación con su gravísima dolencia. Sin embargo, una atribución tan artera, a pesar de las precauciones adoptadas con tanto cuidado y el empleo de cuantiosísimos medios para ello, no pudo evitar que surgiesen fallos y contradicciones imprevistas que, a fin de cuentas, impidieron ocultar la verdad. Por lo que el inmenso fraude necesitaba imperiosamente el respaldo de la Justicia, ciega su mirada tras la clásica venda, para asentar de manera definitiva las responsabilidades derivadas de la epidemia, mediante la imposición de las más duras sanciones penales, en los chivos expiatorios arbitrariamente elegidos. Una conducta tan oprobiosa, mantenida sistemáticamente para ocultar la verdad, sólo puede darse en la práctica si los intereses subyacentes son de la más alta trascendencia y el poder que la impulsa es irresistible. En una palabra, el país que sufre un daño moral y material de tal magnitud, sin atreverse a desvelar la verdad, no es dueño de su propio destino porque otro poder superior coarta en términos irresistibles la independencia de sus instituciones de gobierno. "

"La ocultación de la responsabilidad de un compuesto organofosforado en la producción de la epidemia no permitía atribuir la conducta de las instituciones sanitarias y del Gobierno en general al poder o la influencia que ejercen las multinacionales productoras de pesticidas y que se dedican a su lucrativa comercialización, lo que a veces ha implicado también de forma relevante a instituciones internacionales como la OMS, pues bastaría reconocer que una accidental e inadecuada o errónea aplicación del pesticida había dado lugar a la intoxicación masiva de una parte sustancial de la población. Pero comprobada la conducta engañosa desplegada por la Administración para negar la responsabilidad de los organofosforados, lo que por otra parte desde la clínica conocida era más que evidente, y comprobada la tozudez con que se impuso la investigación en el aceite como la única vía posible de atribución de la epidemia en punto a una enfermedad que se calificaba de ‘nueva y desconocida’, impidiendo cualquier otra vía distinta, ha de concluirse que el organofosforado podría explicar la aparición de la epidemia, pero nunca justificar el extraordinario esfuerzo desplegado desde las instancias oficiales para ocultar su protagonismo. La certeza de que los compuestos organofosforados son agentes agresivos de la guerra química se sumaba a la sospechosa actitud mantenida por todos los grupos políticos españoles en pro de la postura oficial, ya que ninguno hizo el más leve gesto para desentrañar el inmenso dislate, con lo que unos y otros se sacudían las pulgas desentendiéndose sin más de una cuestión que afectaba a tan elevado número de víctimas. Lo que implicaba necesariamente la intervención subterránea de un poder omnímodo capaz de imponer un pacto de silencio a los representantes políticos de un país tenido por soberano. En una palabra, sólo la implicación de importantísimos intereses afectantes a una gran potencia podía justificar el abrumador despliegue de toda clase de medios para ocultar, tras el inocente aceite de colza, la causa verdadera de la enfermedad. Sobre lo cual creo que no debieran caer en saco roto estos hechos:

1. El CDC de Atlanta, famoso organismo de ‘inteligencia’ epidemiológica dependiente de la Administración americana, fue quien habló del misterioso micoplasma como responsable inicial de la epidemia, una coartada que parecía irrefutable hasta que el doctor Muro lo desvirtuó plenamente al hallar la hiperplasia en las placas intestinales de Peyer cuando presenciaba la autopsia de una de las primeras víctimas de la epidemia. Lo que indujo a la Administración sanitaria española a buscar precipitadamente el vehículo de cualquier otro tóxico que también pudiera actuar por vía digestiva.

2. Por lo que se encomendó al CDC de Atlanta, aunque de hecho y por tanto sin mayores formalismos, la plena responsabilidad de la investigación epidemiológica de la enfermedad, lo que permitió a los doctores Rigau, Heath y Kilbourne, a éste en especial, diseñar y dirigir las principales encuestas de los ‘casos/control’ y las restantes manipulaciones. Y así se llevó a la práctica con el mayor descaro para atribuir falsamente al aceite de colza el carácter de factor etiológico.

3. Una conducta tan fraudulenta motivó que entre los seguidores del doctor Muro se alzaran voces contra el dirigismo unidireccional impuesto férreamente en la investigación para mantener oculta la falta de coincidencia espacial y temporal entre el aceite de colza y su distribución y el desarrollo de la epidemia. Ante semejante ‘rebelión’ científica las autoridades españolas cometieron un nuevo despropósito: atribuir formalmente al CDC americano, ya esta vez mediante el correspondiente contrato, la dirección exclusiva de la investigación epidemiológica llamada a ‘descubrir’ el origen de la enfermedad.

4. Los responsables de la sanidad española hicieron numerosas consultas al CDC, y sólo a este organismo, para redactar los planteamientos que sobre la epidemia se proponían llevar a Copenhague, sede de la OMS para Europa. En este punto, la labor ante la oficina europea de la OMS del doctor Heath, un cualificado funcionario como hemos dicho del CDC, consistió en preparar, de acuerdo con las autoridades españolas, la celebración de un Working Group, a fin de asegurar el respaldo internacional a su tesis ante el fracaso de la investigación toxicológica. Lo que exigió un extraordinario esfuerzo en las sesiones de epidemiología, durante las cuales los intervinientes oficiales no tuvieron empacho en acudir al empleo de toda clase de embustes (como los enfermos de ITH con inexistentes familiares en Granada y el convento de la calle de Fuencarral en Madrid) a fin de centrar exclusivamente la atención en el aceite como agente tóxico. Para lo que adoptaron las mayores cautelas en la definición del aceite sospechoso, ya que las cantidades mínimas de anilinas advertidas en los análisis servían a lo sumo para involucrar a muy pocos enfermos, lo que impedía en la práctica continuar por esta vía la investigación toxicológica al no existir aceites que infringiesen los límites exigidos. Todo para no arriesgarse a cosechar un nuevo y escandaloso fracaso.

5. La doctora Susana Sans, directora de la Comisión de Investigación Epidemiológica, cuando por los estudios de los investigadores independientes se corrige la curva falseada de incidencia de la enfermedad, lo que permitió descubrir que el descenso de la epidemia era independiente del anuncio que implicaba al aceite, se traslada urgentemente a EE.UU. para entrevistarse en el CDC con el doctor Heath. A su regreso, la directora no podía ocultar que se hallaba profundamente alterada, sobre todo cuando, haciendo caso omiso de sus designios iniciales de investigación objetiva, propuso algo de lo más disparatado a los miembros de la Comisión, entre ellos los doctores Martínez Ruiz y Clavera, «hacer las maletas y marcharse», para lo que se escudó como disculpa en la falta de medios informáticos que impedía proseguir la investigación. Más tarde, al comprobar que el doctor Martínez Ruiz, a pesar de esas dificultades, no dudaba en continuar los trabajos del doctor Muro, le espetó: «¿No te das cuenta, Javier, de que hay un pacto entre todos los partidos políticos para dejar el tema del síndrome tóxico tal y como está y aprovechar la ocasión para poner orden en el sector alimentario?». E inmediatamente le dijo también en términos confidenciales: «Tú no sabes lo que hay detrás de todo esto; yo tengo información que tú no tienes», refiriéndose sin duda a lo que llegó a conocer con carácter confidencial durante su estancia en Atlanta. "

“MEMORIAS”.

Rafael Pérez Escolar. Editorial Foca

Up!

y Jesus, deja de ensuciar el hilo con temas que no tocan aqui.

Cualquiera diria que ensucias el hilo para que parezca que aqui solo hay flipados de la vida que se creen tonterias como lo de la colza o los reptilianos.