pp leches
Madmaxista
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500 propietarios de Arroyomolinos llevan dos años esperando recibir sus casas
Dos euros y medio por cabeza. Susana se encarga de recoger el dinero y comprar la comida. Algo de embutido, pan... "¡y chuches!", le recuerda Noemí. Es mediodía de sábado y, como el fin de semana pasado, algunos propietarios de las promociones Zarzalejo I, II y III, en Arroyomolinos (11.800 habitantes), se disponen a comer enfrente de sus casas. A la intemperie, porque no pueden entrar en ellas todavía, aunque están acabadas.
Los pisos, de protección pública, no se entregan porque a la constructora, Edisan, las tres promociones (513 viviendas) le deben 7,5 millones de euros. Los afectados compraron sus casas, sin saberlo, bajo la fórmula de comunidad de propietarios, algo parecido a una cooperativa pero sin personalidad jurídica y que, en la práctica, encarga a otra empresa todas las gestiones relacionadas con la construcción. Esa gestora es Bitango, que también dice que no tiene dinero.
Los propietarios ahora son, por tanto, también acreedores, y acusan a Bitango de que no actúa como gestora, sino como promotora encubierta. La empresa acumula 225 expedientes sancionadores por fraude y sobreprecio.
"Nadie nos dijo que esto era una comunidad de propietarios", explica Jesús Blazquez indignado. Como él, la mayoría de los afectados compraron sus casas en 2003. Dos años después de la fecha prevista, y a punto de casarse, Jesús todavía no sabe cuándo le darán su piso.
Los niños juegan mientras los mayores esperan la comida y comentan cómo han pasado la noche en las tiendas. El paisaje alrededor es monótono. Grúas, carreteras y calles vacías; rotondas por aquí y por allá. Carteles de próxima apertura de negocios. Chalets, edificios de tres plantas, unifamiliares... Barrios y barrios de apariencia idéntica. Y, en medio, cinco tiendas de campaña desafiando al viento. Los propietarios, hartos de esperar una solución, decidieron acampar allí los fines de semana para protestar.
Durante el día se juntan unas 50 personas, pero por la noche sólo se quedan unas 10. "Yo vengo un rato para apoyar, pero en mi estado...". Virginia Marín se acaricia la barriga mientras explica su situación: "Yo vivo en Madrid con mis padres y Óscar [su pareja] en Móstoles con los suyos. En abril nacerá Sara y me veo criándola en casa de mi madre". Tenían un piso en Ocaña, pero tuvieron que venderlo al firmar con Bitingo, ya que su nueva vivienda es de protección pública, otra sorpresa que se llevaron la mayoría de propietarios afectados. "Yo me enteré cuando estábamos en el notario y lo leyó en la escritura", se lamenta Julio Martínez. También tuvo que vender su piso y lleva tres años viviendo con sus dos hijos en un estudio de 40 metros cuadrados de su madre (...)
Dos euros y medio por cabeza. Susana se encarga de recoger el dinero y comprar la comida. Algo de embutido, pan... "¡y chuches!", le recuerda Noemí. Es mediodía de sábado y, como el fin de semana pasado, algunos propietarios de las promociones Zarzalejo I, II y III, en Arroyomolinos (11.800 habitantes), se disponen a comer enfrente de sus casas. A la intemperie, porque no pueden entrar en ellas todavía, aunque están acabadas.
Los pisos, de protección pública, no se entregan porque a la constructora, Edisan, las tres promociones (513 viviendas) le deben 7,5 millones de euros. Los afectados compraron sus casas, sin saberlo, bajo la fórmula de comunidad de propietarios, algo parecido a una cooperativa pero sin personalidad jurídica y que, en la práctica, encarga a otra empresa todas las gestiones relacionadas con la construcción. Esa gestora es Bitango, que también dice que no tiene dinero.
Los propietarios ahora son, por tanto, también acreedores, y acusan a Bitango de que no actúa como gestora, sino como promotora encubierta. La empresa acumula 225 expedientes sancionadores por fraude y sobreprecio.
"Nadie nos dijo que esto era una comunidad de propietarios", explica Jesús Blazquez indignado. Como él, la mayoría de los afectados compraron sus casas en 2003. Dos años después de la fecha prevista, y a punto de casarse, Jesús todavía no sabe cuándo le darán su piso.
Los niños juegan mientras los mayores esperan la comida y comentan cómo han pasado la noche en las tiendas. El paisaje alrededor es monótono. Grúas, carreteras y calles vacías; rotondas por aquí y por allá. Carteles de próxima apertura de negocios. Chalets, edificios de tres plantas, unifamiliares... Barrios y barrios de apariencia idéntica. Y, en medio, cinco tiendas de campaña desafiando al viento. Los propietarios, hartos de esperar una solución, decidieron acampar allí los fines de semana para protestar.
Durante el día se juntan unas 50 personas, pero por la noche sólo se quedan unas 10. "Yo vengo un rato para apoyar, pero en mi estado...". Virginia Marín se acaricia la barriga mientras explica su situación: "Yo vivo en Madrid con mis padres y Óscar [su pareja] en Móstoles con los suyos. En abril nacerá Sara y me veo criándola en casa de mi madre". Tenían un piso en Ocaña, pero tuvieron que venderlo al firmar con Bitingo, ya que su nueva vivienda es de protección pública, otra sorpresa que se llevaron la mayoría de propietarios afectados. "Yo me enteré cuando estábamos en el notario y lo leyó en la escritura", se lamenta Julio Martínez. También tuvo que vender su piso y lleva tres años viviendo con sus dos hijos en un estudio de 40 metros cuadrados de su madre (...)