Viendo la contundencia de las cifras macroecónomicas y empresariales, en forma de paro galopante, inflación descendente, PIB esquelético y morosidad y provisiones desbocadas, el Gobierno y los bancos andan a la gresca. Ambos se acusan de no ayudar lo necesario para contribuir a sacar de la crisis a una España que corre el peligro de ver en breve movilizaciones sociales de gran envergadura. Igual no lo saben porque nunca lo han visto, yo tampoco, pero mis mayores, hijos de la postguerra y trabajadores desde la niñez, me explican que el hambre agudiza el ingenio y rebela al más dócil.


El problema es que ninguno dice la verdad y que ninguno asume su responsabilidad. Al Gobierno le vino muy bien la burbuja inmobiliaria para vender que España, un país del montón en el concierto económico mundial, crecía tres veces más que Alemania y que Francia durante varios años consecutivos. Hizo muy poco por enfriar una burbuja inmobiliaria heredada del PP y que le permitía tener superavit en las cuentas del Estado por primera vez en infinidad de años.

La banca, teniendo en cuenta los márgenes tan estrechos -¿se acuerdan de las hipotecas a Euribor +0,30 puntos?-, daban dinero a diestro y siniestro, sin mirar prácticamente a quién, sin respetar ese concepto básico de solvencia. Si con un crédito ganaban sólo 2 euros, con 1.000, ingresaban 2.000, lo que ya compensaba la agresiva expansión comercial de cajas o bancos nacidos en el sur que colonizaban el norte. Ver a la CAM o similar en San Quirico -gran libro el último de Leopoldo Abadía- o en el último pueblo escondido de los pueblos cántabros tenía su gracia.

¿Quiere usted 100? ¿Eso es lo que vale su casa? Pues tome 130 y así de paso estrena coche nuevo y cambia los muebles, que su señora se lo agradecerá. Lo hacían porque esos consejeros delegados que gana entre cinco y diez millones de euros al año, con planes de pensiones personales de hasta 60 millones, y sus sesudos servicios de estudios no fueron capaces de colegir que el boom del ladrillo se acabaría antes o después.

Con la explosión del negocio, ambos han pasado de tener las arcas llenas de oro a estar en los huesos. O de otra manera, que están camino de ser tan insolventes como los clientes de los que la banca reniega ahora. Ya lo dijimos aquí a principios de octubre, cuando nadie nos creía, antes de la inevitable nacionalización bancaria, que nuestro sistema financiero español debe más de lo que gana y que sus recursos propios son insuficientes. Para los inversores institucionales, los bancos españoles no tienen crédito por su invisible agujero inmobiliario pese a ganar miles de millones de euros y presentar unas cuentas presuntamente más saneadas que sus vecinos de Francia, Alemania y del Reino Unido.

Llegados a esta situación, ni unos ni otros pueden cumplir. El Esados, es decir las comunidades autónomas y los ayuntamientos retrasan los pagos a las empresas proveedoras, a las que ahogan sin circulante, por lo que tienen que ir al banco a pedir oxígeno. Estas demoras convierten a las pymes, que hasta hace poco eran la palanca del beneficio de las entidades financieras, en carne de cañón de unos bancos que ahora se han vuelto muy exigentes y sólo prestan con tipos de Euribor + 1,50 puntos o más. Como les dan con las puertas en las narices, pese a mucho anuncio de apoyo, no tiene más remedio que cerrar y poner a la gente en la calle.

En definitiva, una pescadilla con demasiadas espinas que se muerde la cola y que está ahogando a todo un país, que pronto reclamará responsabilidades y se cobrará sus deuda. Sería deseable que en lugar de pelearse cogieran el toro por los cuernos y admitiesen sus culpas. Sería un buen punto de partida.

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La administración pública debe 33000 millones a las pymes a las que ahogan | Economía

La administración pública debe 33.000 millones a las pymes, a las que ahogan
Los ayuntamientos pagan con una demora de entre 180 y 200 días
08/02/2009 - 10:25
- Noticias EFE

Las Administraciones Públicas deben a las empresas unos 33.000 millones de euros y el retraso en el pago supera los seis meses, lo que, sumado a la crisis económica, ha llevado a las pymes a una "situación límite".

Éste es el diagnóstico de Jesús Bárcenas, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), quién dijo a Efe que, en este contexto, el Fondo Estatal de Inversión Local impulsado por el Gobierno, que está dotado con 8.000 millones euros, resulta insuficiente.

La morosidad de las Administraciones Públicas no es un fenómeno nuevo, pero se ha acentuado con la crisis económica y sus efectos son ahora más negativos porque el acceso al crédito es más difícil para las empresas. La situación ha llegado a tal punto, subrayó Bárcenas, que ahora, aunque un ayuntamiento entregue un pagaré al empresario, el banco puede no aceptarlo.

El caso extremo que ejemplifica la situación "límite" de las pymes ha sido la reciente amenaza de un empresario de la construcción de quemarse a lo bonzo si el Ayuntamiento de Loeches (Madrid) no le pagaba la deuda contraída con él. El empresario empezó el viernes a cobrar parte de la cantidad adeudada.

Los retrasos en el pago de las Administraciones Públicas, que CEPYME sitúa entre los 180 y los 200 días, muy por encima del tope legal de sesenta días, castigan sobre todo a las pymes, porque, según Bárcenas, las grandes compañías también se están demorando en el pago a las pequeñas.

Según el presidente de CEPYME, algunas comunidades autónomas han planteado incluso una quita a las empresas para rebajar las cantidades que les adeudan. Bárcenas considera que en esta situación el Fondo Estatal de Inversión Local es insuficiente, ya que se trata de ayudas "finalistas" para proyectos determinados y solo aliviarán temporalmente el problema.

Uno de los sectores más afectados por la morosidad de las Administraciones es el de servicios urbanos. La caída de los ingresos de los ayuntamientos por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha elevado de siete a ocho meses y medio el tiempo que tardan las corporaciones municipales en pagar a las empresas. El presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (ASELIP), Francisco Jardón, denunció recientemente, en declaraciones a Efe, la "indefensión" de las empresas de saneamiento y auguró un incremento de la conflictividad laboral en el sector.

Otros sectores afectados por la morosidad de la Administración son el constructor, el de suministros hospitalarios y el de servicios de jardinería.

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