Se confirma: Standard & Poor's rebaja el rating de España a AA+


Se consumó la tragedia. Standard & Poor's ha cumplido su amenaza y ha rebajado el rating del Reino de España un grado, desde AAA (el más alto posible) hasta AA+. Este movimiento era esperado después de que el día 12 esta agencia pusiera la calificación crediticia de nuestro país en revisión con perspectiva negativa, lo que -salvo contadas excepciones- siempre anticipa una bajada de la misma. Asimismo, ya había rebajado el rating de Grecia tan sólo unos días después de ponerlo en revisión y el mercado descontaba claramente que España iba a seguir por el mismo camino.

Se trata de la primera rebaja del rating de España que adopta S&P -desde que nos califica, había ido subiendo nuestra nota hasta el máximo- y la justifica porque "las actuales condiciones económicas y de los mercados financieros han puesto de manifiesto unas debilidades estructurales de la economía española que son inconsistentes con una calificación de AAA", según el informe que acompaña a la decisión. Añade que "la rebaja del rating soberano refleja nuestras expectativas de que las finanzas públicas sufrirán junto con el esperado descenso del crecimiento de España, y que la respuesta política puede ser insuficiente para responder eficazmente a los desafíos económicos y fiscales".

En este informe, reitera los argumentos que ya ofreció para poner en revisión la calificación de España, en especial que, dentro de una unión monetaria, la carga del ajuste recae en las políticas fiscales y microeconómicas, por lo que la única vía para reducir el "insostenible" déficit por cuenta corriente del 10% del PIB es el desapalancamiento (reducción de la deuda) de las familias y empresas a medio plazo, lo que rebajará nuestro crecimiento potencial al 2% desde el 3,5% registrado como media entre 2003 y 2007. Asimismo, cree que la capacidad exportadora de nuestra economía "es insuficiente para ofrecer un canal inmediato que compense esta caída en la demanda interna" ya que España no cuenta con la posibilidad de una devaluación.

Las nuevas perspectivas del Gobierno anunciadas el viernes parecen haber empeorado todavía más la visión del analista de S&P Trevor Cullinan sobre nuestras cuentas públicas. Así, ahora estima que el déficit alcanzará el 6,6% del PIB en 2009 frente al 6% de su anterior estimación, y que en 2011 todavía estará en el 4%. Este fuerte desequilibrio requerirá, a su juicio, una subida de la deuda neta de España por valor de un 18% del PIB a lo largo de los próximos cuatro año. Y puede quedarse corto: "Esta cifra subiría significativamente si la necesidad de recapitalizar el sistema bancario se eleva hasta nuestra estimación más negativa de más del 4% del PIB".

Asimismo, la calificación 'A-1+' a corto plazo de España ha sido confirmada. La perspectiva a largo plazo, por su parte, pasa a ser 'estable', como es lógico después de una rebaja. Dicho movimiento también afecta a los organismos dependientes del Estado (Sepi, ICO y Cores), así como a la deuda con aval estatal que pensaban emitir la mayoría de los bancos y cajas españoles en las próximas semanas.

Curiosamente, el diferencial de la deuda española con el Bund alemán se ha reducido 4 puntos básicos (0,04 puntos porcentuales) hasta 115 tras conocerse la noticia, en un ejemplo de la práctica habitual de "comprar con el rumor y vender con la noticia".

Las agencias de rating están seriamente cuestionadas por su incapacidad para detectar el riesgo de las titulizaciones hipotecarias subprime en EEUU (muchas de las cuales tenía calificación de AAA) y por el bochorno que supuso bajar la calificación a Lehman Brothers el mismo día de si quiebra. Algo que el presidente del Gobierno señaló la semana pasada como respuesta a la previsible rebaja de rating confirmada hoy. No obstante, otras formas de medir la solvencia de nuestro país como los CDS (credit default swap, seguros contra el riesgo de impago) lanzan el mismo mensaje que S&P.

La rebaja del ráting costará 11.000 millones a España



Publicado el 20-01-09 , por D. Badía / M. Roig

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P) retiró ayer a España de la selecta lista de países que cuentan con el ráting de máxima solvencia, AAA, y lo dejó un escalón por debajo, en AA+. La acción se produce tan sólo una semana después de que la firma pusiera la calificación en vigilancia con implicaciones negativas.

La amenaza se ha cumplido, pese a que ese mismo día, fuentes oficiales del Ministerio de Economía aseguraron que el recorte no se iba a producir. Y no saldrá gratis: el deterioro de la calidad crediticia del Estado desde el inicio de la crisis supondrá un coste extra de 11.200 millones de euros para las emisiones que se realicen hasta 2011. Esta cifra equivale a unos 600 euros por contribuyente.

El impacto de la peor calidad crediticia del Estado, debido al deterioro de la economía nacional, ha disparado el diferencial de la deuda pública española a largo plazo con la alemana. Esto quiere decir que ahora los inversores exigen una rentabilidad mucho mayor a España que a Alemania. En el último año y medio, el diferencial ha pasado de ser prácticamente nulo a situarse en más de un punto porcentual. Y desde que S&P puso el ráting de España en vigilancia, el diferencial de la deuda a diez años ha pasado de 0,85 puntos a 1,15 puntos.


Discrepancias


El incremento de la percepción del riesgo se ha producido a pesar de que la agencia Fitch, competidora de S&P, ha reafirmado el ráting AAA que otorga a España.



Según los cálculos de EXPANSIÓN (ver cuadro), refrendados por dos entidades financieras independientes, las emisiones netas del Tesoro hasta 2011 costarán cerca de 11.200 millones extra (durante el periodo total de vida de esa deuda), frente a lo que hubiera costado emitir la misma cantidad de deuda en un entorno pre-crisis: con un ráting AAA y un diferencial de casi cero.

Esta cifra, dividida por los 18,2 millones de contribuyentes a la Seguridad Social deja un coste aproximado de 615 euros por cabeza. Esto incluye emisiones desde 30 años a tres meses, con una duración ponderada de 6 años.

Los argumentos esgrimidos por S&P para justificar el recorte de ráting son similares a los del aviso de hace una semana. La firma incide en que la razón principal es que “las actuales condiciones económicas y de los mercados financieros han puesto de manifiesto unas debilidades estructurales de la economía española que son inconsistentes con una calificación AAA”.

A su vez, añade que “esta rebaja refleja nuestras expectativas de que las finanzas públicas sufrirán junto con el esperado descenso del crecimiento de España, y que la respuesta política puede ser insuficiente para responder eficazmente a los desafíos económicos y fiscales”.

A diferencia del informe publicado cuando se puso el ráting bajo vigilancia, S&P prevé ahora que el déficit público se situará en el 6,6% del PIB en 2009, frente a las estimaciones previas del 6%, y caerá hasta el 4% en 2011. Con respecto al déficit por cuenta corriente del 10%, S&P cree que la única vía para moderarlo es reducir el endeudamiento de las familias y empresas, lo que rebajará el crecimiento potencial de la economía española desde el 3,5% de los último años al 2%.

La rebaja del Estado arrastró también a SEPI, CORES e ICO. pero permanecen en vigilancia los ráting AAA de País Vasco y Navarra.


El valor del ‘AAA’


- S&P mide la capacidad de pago de deuda de un emisor con un sistema de ratings: de AAA, máxima seguridad de pago, hasta D, la mínima.

- Los emisores de deuda AAA suelen conseguir financiación más barata, porque los inversores perciben menos riesgo.

- Bajar del AAA hasta el AA+, como ha hecho España, supone perder un sólo escalón, pero el mercado ha reaccionado bruscamente.

- Desde que S&P puso la calificación deEspaña en revisión, el coste de protegerse de un impago de su deuda ha subido un 30%.

Palabras encadenadas o lo que va de Solbes a RBS

Los dos acontecimientos que marcaron el curso de los mercados financieros en el día de ayer están mucho más interrelacionados de lo que podía parecer a primera instancia. En efecto: la bajada de rating soberano de nuestro país, por una parte, y la nacionalización de la nacionalización al más puro estilo Citi de Royal Bank of Scotland, tras sus nefastos resultados de ayer, por otra, tienen impacto negativo directo en la capacidad de financiación de nuestro país. Y de qué manera. No sólo se encarece el coste de nuestros recursos ajenos como consecuencia de la mayor incertidumbre sobre la capacidad de España de hacer frente a las obligaciones para con terceros que tiene contraídas, sino que simultáneamente se cierran fuentes de financiación. El proceso de intervención pública en la banca anglosajona va acompañada de un mandato inmediato: veleidades fuera de las fronteras, las justas. Se ve de forma manifiesta en la información recogida por Bloomberg ayer. Si uno mira el papel jugado por RBS en los últimos años en el mapa empresarial español, se da inmediata cuenta de que el paso del nacionalismo al proteccionismo financiero puede tener serias implicaciones para nuestra nación de naciones, concepto discutido y discutible (Zapatero pixi y dixit).


Si faltaba una confirmación de que se avecinan tiempos difíciles, tomen como tal la negativa del gobierno reconocer tales dificultades, ejercicio de bola de cristal que, desgraciadamente, viviendo de quien viene la experiencia ha demostrado que tiende a ser preludio de malas noticias y peores concreciones. Y es que les voy a decir una cosa a esos señores que habitan en las cavernas de la estadística administrativa: no vale de nada el mayor o menor porcentaje de deuda emitida sobre PIB, clavo ardiendo al que se aferran. Importa la capacidad de repago del emisor. Y es aquí donde surgen dudas serias. Porque, como muchos ciudadanos y empresas están sufriendo en sus carnes en estos días, el endeudamiento tiene un problema: si el prestatario no obtiene del dinero recibido rentabilidad suficiente como para abonar el principal y los intereses de lo debido puede incurrir en impago y llevarse tras de él al prestamista, algo que no pasa desapercibido en el entorno actual. Es clave, por tanto, que la liquidez solicitada se destine a la inversión productiva y no a sostener artificialmente sectores no competitivos o los excesos del estado del bienestar. Otra vez, y van unas cuantas, el necesario sello de las reformas estructurales como guía de actuación.


Sería, de hecho, un craso error repetir los errores que han conducido a la burbuja privada de crédito, a saber: pensar que hay en el mercado una disponibilidad ilimitada de fondos; creer que los costes de financiación van a permanecer estructuralmente bajos; estimar que cualquier refinanciación futura es posible. Y tirar de chequera indiscriminadamente en la creencia de que, en el mundo de la deuda pública, todo el monte es orégano. Si esta fuera una crisis local, aún tendría cabida tal predicción. Al ser el único estado en dificultades, podría concentrar el interés financiador. Pero nos encontramos ante un retroceso de nivel planetario en el que, por primera vez en mucho tiempo, de lo que se discute es de la supervivencia financiera de algunas naciones desarrolladas. Irlanda, que todavía mantiene, no sabemos por cuanto tiempo, su rating AAA, ve como alguno de sus más reputados economistas ven el destino del país en términos de “impago o salida del euro”. Y no son pocas las voces que dentro de España defienden, en un entorno de devaluaciones de moneda directas como la rusa o forzadas como la británica, la conveniencia de que España abandone igualmente la moneda única como dramático y único cauce para ganar competitividad de una sola tacada. No hay que olvidar que nos hemos ganado el dudoso mérito de ser la peor economía de Europa. Toma Champions League que diría el Rockefeller de José Luis Moreno.


Dado que estoy de acuerdo con la tesis de Wolfang Münchau, -dada a conocer ayer en FT, en un más que recomendable artículo que recoge los escenarios que se derivarían del potencial default de uno de los socios comunitarios-, en el sentido de que las consecuencias de una dramática decisión como la que dicha corriente defiende, serían más graves de lo que se pretende evitar, ya que llevaría aparejada, por parte del Estado, un corralito al más puro estilo pampero y, por lo que respecta a la ciudadanía, una insumisión fiscal y acopio de liquidez nada más se insinuara tal movimiento, creo que lo importante es no llegar a una situación de incumplimiento de nuestras obligaciones, posibilidad apuntada como cierta igualmente por el amigo Willem Buiter. Y eso significa racionalidad y criterio económico a la hora de incrementar nuestra dependencia financiera exterior. Y más con la situación de desequilibrio de la que partimos. Se requiere una toma de conciencia de que los buenos tiempos han muerto y de que ha llegado la hora de apretarse el cinturón. Mejor hacerlo nosotros que no que nos obligue un tercero, ¿el FMI?, a llevarlo a cabo. La única vía de ajuste en nuestro país es a través de una caída brusca de los salarios reales, que la rigidez salarial patria obliga a canalizar a través de un aumento de la población desocupada. Es así. Lo contrario, ya se sabe, da pan para la siguiente elección, pero generará hambre de tipo generacional. Tratemos de evitarlo.

PIGS to S&P slaughter
Posted by Tracy Alloway on Jan 19 15:57.

Hot on the heels of Greece comes the latest sovereign downgrade: Spain’s been stripped of its triple-A rating by S&P.




About time too, one might say. From the FT:

Spain on Monday lost its triple-A sovereign credit rating from Standard & Poor’s when the rating agency downgraded the country’s long-term debt because of its deteriorating public finances.

S&P lowered its rating to AA+ from triple-A, arguing that the global economic crisis had highlighted “structural weaknesses” in the Spanish economy that were inconsistent with the highest rating.

In a statement, S&P said the downgrade reflected its belief “that public finances will suffer in tandem with the expected decline in Spain’s growth prospects, and that the policy response may be insufficient to effectively counter the related economic and fiscal challenges”.

As part of the eurozone, Spain has no independent monetary or exchange rate policy. Eurozone membership thus protected Spain from exchange rate crises, said S&P, but “also puts greater onus on microeconomic and fiscal policies”.

Spain’s own government is now forecasting a 1.6 per cent fall in GDP in 2009 — driven by a 9 per cent slump in investment and a subsequent 3.9 per cent dip in employment. Inflation meanwhile, stood at 1.4 per cent at the end of 2008, compared to 4.2 per cent in 2007 — raising the prospect of a deflationary spiral.

Not surprisingly, public sector finances aren’t looking great. Citigroup analysts for instance, see the national deficit rising to as much as 6 per cent this year in a note out today (but before the downgrade):

As we highlighted last month, the deterioration in Spanish public finances is accelerating, and from a surplus of 2.2% in 2007 the budget deficit for 2008 will have reached 3.4%, with 6% an increasingly likely possibility for 2009. The Finance Ministry has indicated that state tax revenues may have fallen by c€35bn in 2008 (3.2% of GDP). As a result, on Jan 12 S&P put Spain on negative creditwatch for long-term debt issues.

In fact, Spain’s looking to be the worst economy in the eurozone (and that’s something given it’s competing with the UK in the Europe-as-third-world sweepstakes - see for example, the charts from Citi below). Today the European Commission has also updated its GDP forecast for 2009, now predicting the economy will shrink 1.9 per cent compared to an earlier forecast of 0.1 per cent growth.

That would be the first contraction since the euro was introduced a decade ago and, as hinted earlier, one that has the potential to further polarise the interests of the PIGS and other members.





Left on the S&P hitlist: Portugal and Ireland.

Iniciado por Fraga II

La rebaja del ráting costará 11.000 millones a España - Expansión.com

Según los cálculos de EXPANSIÓN (ver cuadro), refrendados por dos entidades financieras independientes, las emisiones netas del Tesoro hasta 2011 costarán cerca de 11.200 millones extra (durante el periodo total de vida de esa deuda), frente a lo que hubiera costado emitir la misma cantidad de deuda en un entorno pre-crisis: con un ráting AAA y un diferencial de casi cero.