Burbuja.info - Foro de economía > > > ASTAPA, 12 Years Later : 94 Procesados, 3 Muertos y Triple Caja
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Corrupción

El juez del caso Astapa procesa a 94 imputados tras una década de instrucción

Destaca la "elevadísima" adjudicación de contratos a dedo, convenios que infravaloraban aprovechamientos, sobornos y financiación irregular del PES y del PSOE

josé antonio sau 22.05.2017

Una imagen del Ayuntamiento de Estepona, el día que se inició la investigación, en 2008. EFE

Fotos de la noticia

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Jesús Torres, ha notificado este lunes a las partes el auto por el que transforma las diligencias previas del caso Astapa, contra la corrupción urbanística en Estepona, en procedimiento abreviado, similar al auto de procesamiento en los sumarios (delitos castigados con más de nueve años de cárcel).

Por tanto, son 94 personas contra las que continúa el procedimiento o, por decirlo utilizando un sinónimo, que son "procesados" una vez acabada la instrucción, cuyas primeras detenciones se hicieron en junio de 2008. Han pasado, por tanto, nueve años de investigación y más de una década desde que los ediles socialistas David Valadez y Cristina Rodríguez denunciaran los supuestos casos de corrupción que se dieron en el seno de la corporación, gobernada entonces por Antonio Barrientos (ex del PSOE).

El juez ordena que se dé traslado al fiscal y a las acusaciones para que en 60 días, al ser un caso complejo, soliciten apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. También podrán proponer la práctica de pruebas complementarias.

El juez explica que el marco de las diligencias es la acción de Gobierno del Ayuntamiento de Estepona entre 2003 y 2008, y que las intervenciones telefónicas, las periciales de convenios urbanísticos, la prueba documental, las periciales patrimoniales y las relativas a actuaciones administrativas evidenciarían varios hechos de carácter penal.

"En el ámbito de la contratación administrativa, las adjudicaciones de contratos en un número elevadísimo eran a dedo, tal y como apuntaban testigos y los denunciantes, prescindiendo de las vías legales y del procedimiento establecido, bien partiendo contratos, adjudicándose a entidades con poca solvencia económica o a entidades recién constituidas que además presentaban la oferta económica menos ventajosa para el Ayuntamiento", dice el juez, que constata también que los convenios urbanísticos infravaloraban los aprovechamientos. También queda constatada tras la investigación, según el juez, "la existencia de dádivas, regalos, bien en dinero o en especie", y habla, por ejemplo, de reformas de un domicilio particular, muebles, viajes, etcétera... Por último, el instructor alude a "la financiación irregular tanto del PES como del PSOE, que se desprende de la documentación de los pagos efectuados por entidades con intereses urbanísticos pendientes en Estepona, y con pago de conciertos y en efectivo de cantidades escandalosas, hasta con billetes de valor facial de 500 euros (como ocurrió, por ejemplo, con el concierto de Los del Río).


El juez del caso Astapa procesa a 94 imputados tras una década de instrucción - La Opinión de Málaga




El juez de Astapa revela la existencia de tres cajas diferentes en el Ayuntamiento de Estepona entre 2003 y 2008



Antonio Barrientos, en una imagen de archivo / Sur
  • Concluye después de 12 años la instrucción del proceso, que continúa con 94 investigados
22 mayo 2017

Casi 12 años después de que el entonces concejal socialista en Estepona David Valadez denunciara ante la policía a quienes entonces eran sus compañeros de grupo y de gobierno, la instrucción del 'caso Astapa' ha finalizado. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Estepona ha firmado hoy el auto de transformación de Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado por el que se continúa la causa contra 94 investigados, entre ellos el exalcalde de Estepona Antonio Barrientos, gran parte de los integrantes de su equipo, trabajadores municipales y empresarios.

En el auto, de 226 páginas y al que ha tenido acceso este periódico, señala un funcionamiento sistemáticamente irregular del Ayuntamiento de Estepona en el que, según afirma, se cometieron “prácticamente todos los delitos contra la administración pública” durante el periodo investigado, entre los años 2003 y 2008.

Según el instructor, el Ayuntamiento funcionaba con un sistema de “triple caja”: la Caja A, que supondría el conjunto de las actuaciones fiscalizadas; la Caja B, integrada por un conjunto de actuaciones tales como esponsorizaciones, patrocinios y donaciones realizados por entidades y personas con intereses pendientes de resolver con el Ayuntamiento, principalmente urbanísticos, muchos de ellos irregulares según el juez, y la Caja C, compuesta por una serie de actuaciones en las que las personas relacionadas con el Ayuntamiento de Estepona recibirían regalos que revertirían necesariamente en su patrimonio personal o familiar. En este apartado el juez incluye la financiación de campañas electorales en beneficio tanto del PSOE como del PES (Partido Estepona), integrado por exmiembros del grupo GIL en la localidad.

El juez apunta al área de Urbanismo, a cargo de Barrientos, como el epicentro de los hechos investigados y en ese sentido señala que durante el citado periodo se incoaron 1.056 expedientes de disciplina urbanística, de los que 867 eran de restablecimiento del orden jurídico perturbado. De estos, 846 caducaron. Durante el periodo investigado, de los 212 expedientes sancionadores el Ayuntamiento solamente cobró cinco, con lo que dejó de percibir más de 43 millones de euros.

En la causa también se analiza el supuesto daño sufrido por el Ayuntamiento de Estepona por convenios urbanísticos en los que los derechos municipales habrían sido valorados a la baja. En ese sentido, durante la instrucción se estudiaron 38 convenios. En sólo siete de ellos el juez estima el perjuicio para las arcas municipales en 20 millones de euros.

Durante el proceso, que se ha prolongado durante 12 años, se ha tomado declaración a 113 testigos y se han elaborado 26 informes policiales. Tres imputados (ahora investigados) han fallecido durante la instrucción, en la que se ha sobreseido a 26 personas que han estado en esa situación durante más de una década.



http://www.diariosur.es/marbella-est...522184001.html





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Última edición por [email protected] de Espartinas; 22-may-2017 a las 20:23


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Antiguo 22-may-2017, 22:54
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El ''fenómeno GILISMO'' en la costa.

Aun queda mucho por ''destapar'' hasta llegar a las conexiones con los cordobeses y LA TRAMA VASCA.


La gran trama PSOE durante la llamada TRANSICIÓN, desde los comienzos del R-78.

Nada que envidiar a Lezo y sus ramificaciones en Levante.


La GRAN ESTAFA de la ''democracia'' negociada desde antes de la muerte de Franco. Los mismos perros con distinto collar.


¿Cúando se hablará abiertamente de los muertos (ASESINATOS) que ha dejado tras de si esta otra forma de TERRORISMO de Estado?




el barco de papel


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Antiguo 23-may-2017, 16:56
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KUTXA - TRAMA VASCA




La instrucción de la corrupción en Estepona se cierra con 94 procesados

La Operación Astapa acaba tras una década de investigación de delitos urbanísticos


Esperanza Codina

Málaga 22 MAY 2017


Ampliar foto Un agente requisa documentación del Ayuntamiento de Estepona. Julián Rojas

La Costa del Sol aún no se había recuperado del sobresalto por el estallido del caso Malaya en Marbella, en marzo de 2006, cuando estalló otro procedimiento (Operación Astapa) por presunta corrupción urbanística en el municipio vecino de Estepona (66.683 habitantes, Málaga). Era junio de 2008. La policía desplegó un operativo con el que detuvo a 25 personas, incluido el entonces alcalde socialista, Antonio Barrientos, y la mitad de su equipo de gobierno, además de empresarios, funcionarios y cargos de confianza. En los siguientes meses hubo distintas fases y el número de investigados superó el centenar. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1, Jesús Torres, que durante años ha sufrido una colosal falta de medios para sacar adelante su trabajo, acaba de cerrar la instrucción y ha ordenado continuar la causa contra 94 personas.

Las presuntas irregularidades se circunscriben entre 2003, cuando Barrientos logró la Alcaldía gracias a un pacto con el Partido Estepona (Pes), herederos del GIL, y 2008. El juez, en el auto que transforma las diligencias en procedimiento abreviado, otorga una “participación similar” en los hechos a quien era su jefe de gabinete, José Flores. La investigación se ha centrado en cuatro áreas, una de ellas “la auténtica clave de arco”, la urbanística, con supuestas infravaloraciones de los aprovechamientos urbanísticos de los convenios suscritos por el Ayuntamiento, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas.


MÁS INFORMACIÓN

A lo largo de la instrucción se han analizado 38 convenios. Lograr un análisis de estos acuerdos ha sido uno de los diques para que la investigación avanzara, ya que el examen de los peritos se ha retrasado años. El juez, en su resolución, cita algunos ejemplos de esas supuestas tasaciones a la baja de los terrenos. Un convenio firmado con Valle Romano (era uno de los proyectos urbanísticos de mayor envergadura) estableció que el valor del suelo a ceder era de aproximadamente 14,3 millones de euros, mientras que el acuerdo con el Consistorio lo cifró en 7,1 millones. En solo siete convenios citados por el juez, la cantidad que el municipio dejó de percibir se eleva a 20 millones de euros.

El origen del caso Astapa fue una denuncia ante la policía, en noviembre de 2006, de los ediles socialistas del entonces equipo de gobierno David Valadez y Cristina Rodríguez. La fiscalía abrió diligencias en julio del año siguiente. La investigación ha determinado que el Ayuntamiento de Estepona supuestamente funcionaría con “triple caja”: una A, con las actuaciones “totalmente fiscalizadas” y una “actuación administrativa correcta”; otra B, que englobaría esponsorizaciones, patrocinios o donaciones por parte de empresas o personas con intereses por resolver ante el Consistorio; y una llamada caja C en la que cargos públicos y su entorno presuntamente recibirían regalos, bien para su patrimonio personal, bien para gastos de campaña de partidos políticos, también por parte de entidades interesadas en algún tipo de concesión, obra o servicio público.

Otro de los convenios que desglosa la resolución judicial se centra en los 1,9 millones de euros que el Grupo Prasa pagó al Ayuntamiento de Estepona entre 2003 y 2004. Ese dinero habría tenido 20 destinatarios diferentes, desde las arcas públicas, a un equipo de fútbol local o la Cruz Roja (como donación).


El desglose que hace el instructor de cantidades supuestamente abonadas por Valle Romano, integrado por un organigrama empresarial en parte controlado por Kutxa Bank, serviría para conocer el funcionamiento de ese supuesto sistema de “triple caja”.

El flujo de dinero en A llegaría a través de la firma de los convenios urbanísticos y de las licencias necesarias para su desarrollo. Gracias a una supuesta infravaloración del 10% de los aprovechamientos urbanísticos adquiridos por empresas del grupo, se realizaron supuestos pagos en concepto de “esponsorizaciones” (caja B), desde organización de eventos y estancias en hoteles de miembros del Ayuntamiento para asistir a reuniones al pago de obras y reformas, como la construcción de un campo de fútbol.

Supuestamente, las entidades del grupo hicieron frente a “gastos personales” (caja C), como la reforma de la casa del exalcalde (el auto precisa que superó los 200.000 euros); sendos viajes a Riviera Maya y Zanzíbar de un miembro del gabinete de Alcaldía, Francisco Alberto G., y su familia, o pagos de fiestas y supuestos servicios en clubes de alterne de otro investigado.

El auto judicial recuerda que la cúpula del Ayuntamiento de Estepona era “conocida hasta con sobrenombres”. Al jefe de gabinete se referían como “el valido de Barrientos” o el “señor de los hilillos”. Pedro López, exgerente de Urbanismo y a cuyos familiares, a lo largo de la investigación, se les ha retenido en Andorra 10 millones de euros, era conocido como el “cobrador del Frac”. El caso Astapa se centra en más de una docena de delitos diferentes: cohecho, fraude, malversación, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, prevaricación, contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias, falsedad cometida por funcionario o autoridad… La causa sigue contra el exalcalde por seis delitos.

http://politica.elpais.com/politica/...19_899114.html




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¿Habrá alguna caja ''D'' destinada a tapar bocas de ''sobrevivientes'' perjudicados?

¿Alguna 'especie' de caja oscura e incontrolable como las de los FONDOS DE REPTILES O ''RESERVADOS'', por ejemplo?



(( Copio y pego fragmento:


4.- La Kutxa (Caja de ahorros de San Sebastián) representada por Rafael Salsamendi Iruretagoyena y Juan Manuel Garmendia Goicoechea, presidente del Grupo Inmobiliario Inverlur, investigado en la operación Astapa.

5.- Los socios de Linares & Abogados: José Ignacio Sánchez Baranda, Mª Eugenia Yeregui Kinkel y Luis Fernando Linares Torres (detenido en la operación Astapa y en libertad bajo fianza).

Resulta sorprendente que José Antonio Linares Torres, Director de comunicación de Valle Romano y hermano de Luis Fernando Linares Torres, sea Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, y que haya desarrollado su actividad profesional, entre otros puestos, en la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid, como Jefe de la Oficina de Prensa, Divulgación y Relaciones Públicas de la Dirección General de Policía, Gobernador Civil de Córdoba y Coordinador en materia de extranjería de Andalucía.


6.- Ramón Miguel Valencia Pastor y Adolfo Ladrón De Guevara Sánchez. Como administradores de Idisa, aparecían junto a las Cajas de Ahorros sevillanas en la mayor operación especulativa de Sevilla, la operación de Tablada. El entonces presidente de Caja San Fernando era Juan Manuel López Benjumea, hermano del arquitecto Miguel López Benjumea detenido en la operación Malaya.

En la operación intervenía un consorcio de grandes compañías inmobiliarias como Osuna, Prasa, Sando, el Grupo de Luis Alarcón de la Oliva, Idisa y Construcciones San José.



Severiano López Martín - Juan Guerra - Iván Chaves

Como el de tantos otros oscuros tejedores del expolio urbanístico, hasta ahora, el nombre de Severiano López había sido silenciado por la omertá informativa.

Una vez levantado el velo de la macroestafa inmobiliaria, el pacto de silencio entre clanes que convivían pacíficamente en la ciénaga de la corrupción se ha tornado en una suerte de guerra de denuncias que no se libra en los juzgados sino en los medios afines a cada clan.

Así, Severiano López ha saltado a las portadas por su relación con Juan Guerra (a buenas horas) y con Iván Chaves, el hijo de Manuel Chaves (ex presidente de la Junta de Andalucía, Vicepresidente tercero y Ministro del actual gobierno socialista).

Tanto El Confidencial como Libertad Digital se han hecho eco, de forma vergonzosamente sesgada, de parte de la información ya publicada hace años aquí o en el antiguo foro de [email protected] de Espartinas.

Iván Chaves trabaja para el ex asesor fiscal de Juan Guerra. Noticias de Andalucía
El entramado de Iván Chaves en una urbanización de lujo en Riotinto - Libertad Digital

De pronto toca elevar al altar del sacrificio los nombres de algunos peones intermedios para que la Omertá se mantenga en las capas superiores de la Gran Mierda.

. . . Sigue . . .))
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http://www.burbuja.info/inmobiliaria...&postcount=107




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Antiguo 26-may-2017, 03:56
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CALIENTE! CALIENTE!

BENALMÁDENA, URBANIZACIÓN BENAMAINA . MÁLAGA :

4.- La Kutxa (Caja de ahorros de San Sebastián) representada por Rafael Salsamendi Iruretagoyena y Juan Manuel Garmendia Goicoechea, presidente del Grupo Inmobiliario Inverlur, investigado en la operación Astapa.

5.- Los socios de Linares & Abogados: José Ignacio Sánchez Baranda, Mª Eugenia Yeregui Kinkel y Luis Fernando Linares Torres (detenido en la operación Astapa y en libertad bajo fianza).

Resulta sorprendente que José Antonio Linares Torres, Director de comunicación de Valle Romano y hermano de Luis Fernando Linares Torres, sea Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, y que haya desarrollado su actividad profesional, entre otros puestos, en la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid, como Jefe de la Oficina de Prensa, Divulgación y Relaciones Públicas de la Dirección General de Policía, Gobernador Civil de Córdoba y Coordinador en materia de extranjería de Andalucía.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

''Historias'' de corrupción del ''ladrillo'' que entroncan con las postrimerías del franquismo.

Ya se daban casos de TRÁFICO DE PERSONAS que ''sirviesen'' a las grandes empresas constructoras en esas épocas.
Los ''métodos'' habituales de caza de ''humanos RENTABLES'' no han variado demasiado.

Los NEGREROS medievales sólo han ido puliendo y adaptando formas, pero en esencia, consisten en presiones, denuncias falsas, acoso, amenazas de muerte hasta a terceros (si son niños, ¡mejor!), ataques variados de sicarietes poco lúcidos, difamación, aislamiento, ''accidentes'', control más o menos sutil, robos indemostrables . . ., etc., etc., etc.

Malditos MAFIOSOS impunes.


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