Novacaixagalicia no hará frente a la parte de la deuda de Manzaneda que le correspondería asumir según el reparto de los 241.000 euros de pérdidas que a cierre del 2010 presentaba el consejo de Meisa. Según ese reparto, realizado proporcionalmente al accionariado, la Xunta, con el 48% de las acciones debía aportar 115.900 euros (ingresados en agosto), los concellos de Trives y Manzaneda, que tenían que asumir 17.300 euros cada uno (en ambos casos los plenos acordaron cubrir el pago con cargo al presupuesto del 2012), y a Novacaixagalicia (por su 37,6 del accionariado) le corresponderían 90.791 euros.

La decisión de no pagar ese dinero ya fue comunicada por los representantes de Novacaixagalicia a la junta de accionistas de Meisa en la reunión del día 7, aunque informaron al resto de socios que no deberían de informar de la postura de la entidad ya que se emitiría un comunicado oficial esa misma tarde aclarándola a la opinión pública. Un comunicado que, finalmente no se emitió ese día.

Sin embargo la decisión si es trasladada telefónicamente a los medios a través del gabinete de prensa de la entidad financiera que ayer confirmaba La Voz de Galicia que «no, no está previsto cubrir esa deuda». Además desde el gabinete se explica que la estación «no es una empresa rentable, es deficitaria y tampoco tiene un plan económico solvente» por lo que «se ha decidido no acudir a la ampliación de capital» acordada en el último consejo de administración de Meisa. Eso sí, se afirma que «Novacaixagalicia está dispuesta a facilitar la entrada de nuevos accionistas».

Esta postura da a entender que Novacaixagalicia cedería gustosa su actual participación, a otros posibles nuevos socios dejando su presencia en la empresa en parte o incluso totalmente. Novacaixagalicia recuerda que lleva más de tres décadas comprometida en el proyecto y asumiendo «incluso la parte de otros accionistas que decidieron desinvertir en su momento».

La empresa encargada de la reforma de un tramo de 10 kilómetros de la carretera OU-703, el que comunica Trives con el acceso a la estación de montaña, descartó ayer que un embargo judicial de las certificaciones de obra con que le paga la Diputación (razón ésta que esgrimió la institución para justificar el parón de la carretera) la obligase a paralizar los trabajos y dejar cerrados al tráfico dos tramos de calzada.

El gerente de MRG, Áridos y Viales, SL, Carlos Rodríguez, atribuyó la suspensión de los trabajos a haber agotado el presupuesto de 1.038.720 euros. Sin embargo, la Diputación discrepó con las explicaciones que ofreció la empresa adjudicataria. Fuentes de la institución insistieron en que las cantidades de dinero entregadas a la empresa están embargadas.

El primero de los tramos cerrados al tráfico es de tierra y el representante de la empresa afirmó que no forma parte del proyecto. Añadió que fue construido para que la maquinaria accediese al lugar donde comenzaron los trabajos de ensanche de la calzada y eliminación de curvas. 'En principio queda así', dijo. Este anuncio contradice el que hizo la Diputación de que lo asfaltará si la empresa no lo hace.

El gerente de la constructora también se refirió al segundo tramo cerrado al tráfico, próximo al desvío hacia la estación de montaña de Manzaneda. Se abrirá cuando se coloquen las biondas proyectadas para toda la carretera reformada, más necesarias en este punto debido a su pendiente. El organismo provincial explicó que la colocación de las biondas en todo el trazado de la carretera fue incluida en la oferta, por lo que la empresa deberá instalarlas. La Diputación dijo que la constructora la incluyó como 'mejora de proyecto para llevarse la adjudicación, por lo que la mejor oferta fue la suya'.

El final de la reforma de la carretera ha sido demandada por usuarios y empresarios, que urgen las reparaciones antes de que llegue el invierno.

Castanesa ya produce dividendos (para algunos)

Ha llegado a nuestro conocimiento que en el pueblo de Aneto, perteneciente al municipio de Montanuy, se vende una parcela urbanizable de unos 15.000 m² por 2.750.000 euros. La información está en la página web de la agencia masparcelas.com. La página web presenta la venta como una única parcela en la que se puede edificar un total de 75 viviendas

La naturaleza de la finca no es tal como se anuncia, porque se corresponde con la totalidad de las unidades de ejecución UE1 y UE2 del pueblo de Aneto. Estas unidades de ejecución fueron aprobadas en el controvertido Plan General de Ordenación Urbana que permite la ubicación de una estación de esquí en el valle de Castanesa y la construcción de 4000 nuevas viviendas en un municipio en el que apenas viven unas 120 personas.

Aunque se presente la venta como una única parcela, la realidad es que está compuesta por varias fincas, de las que el mayor propietario es José María Agullana Palacín, vecino del pueblo de Aneto, actual Alcalde de Montanuy, que también lo ha sido en las tres últimas legislaturas.

Las parcelas propiedad del alcalde son las siguientes, según denominación catastral:
- 22217B003002770000OT
- 22217B003002780000OF
- 22217B003002840000OK

Que suman un total de 8.231m² de los 15.000 a la venta. Estas fincas han sido recalificadas de rústicas a urbanas siendo el propietario, alcalde del municipio y uno de los principales autores y beneficiarios del PGOU de Montanuy recientemente aprobado. Las parcelas del alcalde son más de la mitad de la finca recalificada, por lo que de llevarse a cabo la venta, los beneficios para el edil serian de más de un millón y medio de euros.

No le saldrá mal el “negocio” al Sr. Agullana con la venta de los 8.231m2 por los que como fincas rústicas de aprovechamiento de pastos no hubiera obtenido ni 5000 euros, pero ahora recalificados a urbanizables, aumenta 300 veces el precio y su beneficio.

Evidentemente no hay como un buen Plan General de Ordenación Urbana bien dirigido y aprovechando “oportunidades”. Cabe recordar que el Sr. Agullana, además de alcalde del municipio de Montanuy, también es miembro, a título personal del consejo de administración de la empresa “CASTANESA NIEVE”, propietaria de todas las fincas compradas por ARAMÓN en el municipio y también convenientemente recalificadas de rústicas a urbanizables.

Se solicita a la fiscalía que investigue la planta de hormigón de Parzán

Ecologistas en Acción ha puesto en conocimiento del Fiscal de Medio Ambiente de Huesca las obras para la construcción de una planta de fabricación de hormigón en zona de policía del río Barrosa, aguas arriba de la localidad de Parzán (Término municipal de Bielsa, en Huesca) y cercana a esta población.

Dicho obras se están realizando en un espacio que se encuentra tutelado por la Directiva de Hábitats, coincidiendo el LIC “Alto Valle del Cinca”, la ZEPA “Alto Cinca” y el IBA “ Ordesa-Bielsa” por lo que las riberas del río Barrosa se pueden calificar de alto valor ecológico y por ello las diversas especies amenazadas que se pretenden proteger mediante la declaración de espacios “Natura 2000” pueden verse afectadas de forma importante por dichas obras. Este espacio está sujeto a la protección preventiva emanada del artículo 6 de Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, que obliga a adoptar medidas para evitar el deterioro de estos espacios y las afecciones a las especies designadas en la catalogación y dicta que cualquier proyecto que pueda afectar de forma apreciable al espacio “ Natura 2000” debe someterse a una adecuada evaluación de repercusiones hacia el medio ambiente

Ecologistas en Acción ha informado al Fiscal que días atrás se interpuso una denuncia dirigida al SEPRONA y a Confederación Hidrográfica del Ebro y puestos en comunicación con la CHE, no aclararon si el promotor de las obras tenía autorización para realizar obras de una envergadura semejante, ni si las obras se realizaban tras obtener la autorización de este organismo para la ocupación del Dominio Público Hidráulico.

Tampoco consta que el INAGA haya autorizado esta obra dentro de una zona que es Monte Público y dado que afecta a un espacio de la Red Natura 2000 se haya realizado una evaluación del impacto ambiental de la misma, ni que exista un seguimiento de vigilancia ambiental por parte del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Huesca que garantice la minimización de impactos.

Por estos motivos y dado que el tema ya ha sido denunciado administrativamente y no se han paralizado las obras de construcción de esta Planta de Hormigón se ha solicitado al Fiscal que investigue, si la misma consta de los permisos necesarios para dicha actividad y en caso contrario el motivo de la inactividad de las distintas administraciones al no paralizar las obras y si se han adoptado las medidas necesarias para garantizar la falta de afecciones medioambientales de las misma en este espacio de alto valor ecológico.

Contra la amnistía del urbanismo ilegal

Ecologistas en Acción considera que el Decreto de regularización de viviendas ilegales en Suelo No Urbanizable (SNU) es un fiasco que tendrá gravísimas consecuencias legales, territoriales, ambientales, sociales y económicas, y atenta contra el interés general de los ciudadanos.

Cuando en julio del año pasado la Consejería de Obras Públicas y Vivienda (COPV) sometió a consultas este decreto, Ecologistas en Acción remitió una serie de propuestas para eliminar el principal atractivo de la construcción en el campo: la especulación inmobiliaria, ya que para muchos esta inversión representa enormes plusvalías en el negocio de la compra-venta de suelos y viviendas. La COPV no contestó a nuestras propuestas y desafortunadamente no las ha recogido en este Decreto.

Ecologistas en Acción ya advirtió que la aprobación de este Decreto podría provocar graves consecuencias para Andalucía:

1.- Efecto llamada. Por más que se insista en lo contrario, este Decreto es una amnistía y diríamos más: es una “amnistía con premio para el infractor”. Es amnistía porque se reconoce que la construcción de estas viviendas en suelos prohibidos es un delito, y este decreto elimina el carácter de “delito” y además lo hace con carácter universal en todo el ámbito andaluz. Y lo hace con “premio”, porque el Decreto va a dar a estas viviendas ilegales una seguridad jurídica (Ej. pueden inscribirse en el Registro de la Propiedad) que antes no tenían, por más que la Junta pretenda decir que “no es una legalización, sino un reconocimiento”, que no se sostiene de ninguna manera. Además, no es una “ley de punto final”, pues se crea un precedente jurídico imposible de soslayar: cualquiera que haga una vivienda a partir de ahora, tendrá la garantía de que podrá ser legalizada. La Junta de Andalucía renuncia a los principios de protección del suelo no urbanizable y se alinea directamente con los principios liberales de la derecha del “todo es urbanizable”.

2.- Costes ambientales. Desde la propia Junta de Andalucía se reconoce este urbanismo ilegal -que ha invadido millones de m2 de suelos no urbanizables, en muchos casos protegidos-, es insostenible desde el punto de vista ambiental, ya que es altamente consumidor en recursos naturales (agua, energía, suelo), y fuertemente contaminador, visual (daños al paisaje), edáfico (basuras), acuático (aguas residuales), etc. Cuando es una vivienda, el daño es mínimo, pero con las 300.000 viviendas ilegales en Andalucía, de las que el 90% se pretenden regularizar, es un desastre ambiental.

3.- Costes económicos. La Junta de Andalucía afirma que con este Decreto se pretende que aquellas construcciones que se hicieron sin contribuir a la riqueza y el bien público, como hacen las urbanizaciones que se construyen legalmente, paguen y contribuyan con las cesiones, dotaciones e impuestos que marca la ley para cualquier construcción. También se afirma que con esta regularización estas viviendas podrán acceder a agua y electricidad. Todo esto significa, en el mejor de los casos, que se ignora la realidad, cuando no se oculta demagógicamente. Estas urbanizaciones y viviendas ilegales han contado con el apoyo de los Ayuntamiento: les hacen caminos, se los asfalta, les pone los tendidos eléctricos, les busca agua... Y todo con dinero público, a veces a través de las Diputaciones, bajo programas eufemísticos de “mejora del medio rural”. Por otra parte, no es cierto que con la regularización se vayan a pagar los impuestos, cesiones y dotaciones previstas para cualquier urbanización, en todo caso esto solo será posible para los pocos casos en que se recalifiquen los suelos a urbanizables en el PGOU. El Decreto lo único que exige son unos impuestos que además fijará cada Ayuntamiento, y es previsible que un Ayuntamiento que consintió estas viviendas y que quiere revalidar el voto de los ciudadanos, procurará ser “tolerante” y buscar tasas asumibles por todos, que de ningún modo compensarán los enormes costes que va a suponer en el futuro las exigencias de servicios (caminos, iluminación de viales, transporte, correos, basuras, etc.) de estos nuevos ciudadanos con sus plenos derechos.

Este Decreto supone la renuncia definitiva de la Junta de Andalucía a la ordenación del territorio y a la disciplina urbanística ¿Para qué quiere competencias que luego renuncia a aplicar? La regularización de estas urbanizaciones ilegales supone saltarse a la torera los límites del crecimiento urbanístico de los municipios andaluces, fijado por el Parlamento en el 40%, y el mantenimiento de la ciudad compacta mediterránea. También supone un evidente desprecio a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que determina que las viviendas en suelo no urbanizable solo podrán justificarse como parte de una explotación agropecuaria, prohibiéndose claramente las segundas residencias.

La Junta de Andalucía y los Ayuntamientos pretenden regularizar las viviendas cuya infracción -4 años- ha prescrito, pero no se comprometen a demoler las que no han prescrito: las construidas en suelo de especial protección, en sistemas generales, en suelos de riesgo... También obvia la Junta de Andalucía que las urbanizaciones ilegales no prescriben, por lo que habría que proceder a desmontar todas las infraestructuras (viales, redes de agua y electricidad…) construidos de forma ilegal, y sin las que no habrían proliferado esas cientos de miles de viviendas ilegales.

Con este Decreto la Junta de Andalucía deja en aguas de borraja al tan cacareado Reglamento de Disciplina Urbanística, que prevé el "derribo exprés" por parte de los Ayuntamientos. Nadie se cree que algún Ayuntamiento vaya a tener la osadía de acometer la demolición de viviendas ilegales con el coste electoral que supone. En el supuesto de que este Decreto sobreviva tras las elecciones inminentes, seremos testigos de innumerables irregularidades en el proceso de regularización, y al fomento del fenómeno insostenible de la construcción en suelo rústico.

No es casualidad que los máximos responsables de la Junta de Andalucía anunciaran esta amnistía antes de las pasadas elecciones municipales, y que ahora, en nuevas vísperas electorales, lo aprueben. Se demuestra que con tal de arañar unos miles de votos son capaces de desmontar nuestro estado de derecho, apoyar la destrucción de nuestro territorio, avalar a infractores y delincuentes urbanísticos y promover un clientelismo mafioso. La Junta de Andalucía ha lanzado un buen lema de campaña “Urbanizar ilegalmente en Andalucía es un buen negocio, vótame”.

Deterioro de la finca Soto Heredad para nuevos campos de golf

La finca pública Soto Heredad de la Torre, en el municipio de Algete, está sufriendo un fuerte deterioro a pesar de que AENA invirtió un millón de euros en su restauración y reforestación. A juicio de los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo, esta situación podría estarse favoreciendo por el propio Ayuntamiento para justificar la construcción de un nuevo complejo de golf en el municipio.

La finca Soto Heredad de la Torre, propiedad del Ayuntamiento de Algete, se sitúa junto al río Jarama, está incluida en la recientemente declarada Zona Especial de Conservación “Cuencas de los ríos Jarama y Henares y es colindante con la finca Soto Mozonaque, propiedad del Club Moraleja Golf donde se construyen dos campos de golf. Es en esta finca donde la corporación municipal de Algete proyecta la construcción de un nuevo complejo de golf

En una reciente visita a esta finca, restaurada con el dinero de las mediadas compensatorias a las que AENA fue obligada por la construcción de la T4, se pudo comprobar cómo el proceso de restauración está siendo boicoteado ante la pasividad y desidia del Ayuntamiento.

En 2006 esta misma zona fue afectada por la ampliación del aeropuerto de Barajas. Las obras de ampliación afectaron a casi 1250 hectáreas de la zonas naturales protegidas de los ríos Jarama y Henares. En 2007, AENA, sociedad gestora del aeropuerto, empezó la plantación de árboles y la recuperación de la zona, como medidas compensatorias establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 30 de Noviembre 2001. Las obras de recuperación se concluyeron en la primavera del 2009, cuando la gestión del suelo ha vuelto al Ayuntamiento de Algete.

En la visita realizada se pudo comprobar que se ha destruido el sistema de riego implantado por AENA (las tomas de agua estaban señalizas con marcas visibles, que han desparecido y posteriormente se ha arado todo el terreno arrancando tuberías e hidrantes), han sustraído planta de la repoblación e incluso se ha robado la puerta de hierro que se encontraba a la entrada. Por otra parte el arroyo del Paeque que discurre en los limites de la finca está gravemente contaminado por vertidos de aguas fecales que producen un fuerte edor, ante la pasividad de las administraciones competentes.

En conclusión, la finca Soto Heredad de la Torre, restaurada con fondos públicos está sufriendo un grave deterioro favorecido por la acción y omisión del Ayuntamiento de Algete . Esta situación podría favorecer en un futuro la construcción un nuevo complejo de golf que podría justificarse como el proyecto que pondría fin al deterioro progresivo de la finca. Sin embargo el complejo de golf requeriría la eliminación de buena parte del arbolado plantado por AENA y causando una grave transformación en los terrenos declarados recientemente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid Zona de Especial Conservación, espacio protegido red natura

Depurar... responsabilidades

LOLA Ester, Periodista 09/02/2012
En 2008, el entonces consejero Boné recibió en Londres el segundo premio del Global Water Awards, el prestigioso galardón que reconoce los grandes avances en la gestión del agua. El primer premio correspondió a Singapur, que es referente mundial en un asunto en el que Aragón se ponía a la vanguardia al anunciar un plan de depuración que era pionero en Europa, sobre todo para las montañas. El premio era merecidísimo, no me negarán. El Plan del Pirineo (350 millones) contemplaba la construcción de 297 depuradoras para 292 municipios. Es fácil deducir que si había más depuradoras que pueblos y que en algunos solo viven cinco o seis vecinos, las aguas habrían de volver a los ríos más limpias que la patena. Ese era el objetivo solo que a un precio inalcanzable porque las empresas concesionarias hacían las obras pero deberían adelantar el dinero que luego recuperarían a lo largo de 20 años de explotación gracias al canon de saneamiento. Todo era muy bucólico y pastoril hasta que la realidad se impuso y el sentido común se hizo hueco. Veamos. En Sahún, en pleno corazón del valle de Benasque, hay proyectada una depuradora para 15.000 personas ampliable a otras 15.000. Tiene un presupuesto de ocho millones y ni a la concesionaria ni a los cien vecinos (sí, cien) les salen las cuentas, pues habría que establecer un canon supermorrocotudo para recuperar la inversión. Eso o acelerar los proyectos de Castanesa para llevar hasta el valle a los 30.000 turistas que configuran el proyecto inicial de la depuradora.

Los planes de depuración se congelan pero se mantiene el cobro del canon

M. NAVARCORENA 08/02/2012

La paralización de la construcción de más de 30 depuradoras para dar servicio a varias comarcas y municipios aragoneses, así como de todo el plan previsto para los Pirineos, no está suponiendo una rebaja en el pago del canon de saneamiento de aquellos núcleos donde dichas instalaciones ya estaban licitadas o adjudicadas. En estos pueblos, los vecinos y ayuntamientos se ven obligados a abonar el 50% de dicho gravamen ecológico a pesar, no solo de no contar con el servicio en la fecha comprometida, sino de ver cómo el inicio de los trabajos se va retrasando cada vez más en el tiempo.

"Problemas financieros, de costes o de sobreendeudamiento", como explicó ayer el consejero de Presidencia, Bermúdez de Castro, han frenado unas obras que, en conjunto, suponen el 35% del Plan Especial de Depuración de Aragón y una inversión de 250 millones de euros, además del cien por cien del Plan Pirineos, que preveía 297 actuaciones en 292 núcleos de población de 62 municipios. Este plan es una de las cinco obras cuya ejecución fue declarada urgente para la reactivación de la economía en 1993, hace casi veinte años.

Los hechos son que la crisis financiera ha golpeado de lleno a las adjudicatarias de contratos millonarios sacados en su día a concurso para construir y explotar toda una red nueva de depuradoras con la que limpiar las aguas residuales de Aragón antes del 2015, tal y como mandan las directivas europeas. Una mancha en un proyecto estrella del Departamento de Medio Ambiente, que ha sido reconocido por organismos internacionales.



LA ZONA DE UTEBO De las trece zonas en que se dividió Aragón para adjudicar el Plan Especial de Depuración, en tres de ellas los trabajos no han comenzado y tienen problemas.

La primera es la zona de Utebo, adjudicada a la filial de FCC Aqualia SA por 92,7 millones de euros y que debía dar servicio a Casetas, La Joyosa, Marlofa, Pinseque, Sobradiel, Torres de Berrellén, Garrapinillos y Villarrapa. La contrata incluye la construcción de una depuradora y de cinco colectores.

"Oficialmente no sé nada. Hace un mes mantuve una reunión con el anterior director del Instituto Aragonés del Agua, quien me informó de que iba a resolver los contratos, por lo que entiendo que existe un expediente de resolución iniciado. Pero la verdad es que no sé nada más", explicaba ayer el alcalde de Utebo, Miguel Dalmau.

"La depuradora se adjudicó en el año 2008, con un periodo de construcción de 24 meses. Y desde entonces, pagamos el canon de saneamiento mientras las aguas van directamente al río", añadía.

La segunda zona incluye las comarcas de Ribagorza, Somontano, Cinca Medio y La Litera. Se adjudicó por 72,6 millones a la UTE Drace Medio Ambiente, SA y Marcor Ebro, SA junto a Dragados, SA. La contrata es para construir y explotar catorce depuradoras en Altorricón, Arén, Benabarre, Berbegal, Camporrells, Castejón de Sos, Castillonroy, El Grado, Esplús, Estadilla, Fonz, Peralta de Alcolea, Salas Bajas, San Esteban de la Litera y cinco colectores.

Y la tercera zona afecta a las comarcas del Bajo Aragón, Bajo Aragón/Caspe, Maestrazgo y Matarraña. Se licitó en febrero del 2009 por un importe de casi 90 millones de euros para un total de 16 depuradoras en Aguaviva, Beceite, Calaceite, Cantavieja, Castellote, Cretas, La Fresneda, La Iglesuela del Cid, Maella, Mas de las Matas, Mazaleón, Nonaspe, Peñarroya de Tastavins, Torrecilla de Alcañiz, Valdealgorfa y Valderrobres, además de un colector a Castelserás.

La estación de San Glorio condicionaría la supervivencia para 30 ejemplares de oso
La Fundación Oso Pardo califica el proyecto de "incompatible" con la subpoblación que "más cuidados necesita" de los 200 individuos de la Cordillera Cantábrica

La Fundación Oso Pardo (FOP) ha calificado el “macroproyecto” de la estación de esquí de San Glorio como un infraestructura “absolutamente incompatible” con la recuperación del oso, ya que se ubicaría en plena Red Natura y en una zona de hábitat osero, motivo por el que se ha recurrido el proyecto ante los tribunales para que “no se haga de ninguna manera”.

Así lo ha explicado el presidente de FOP, Guillermo Palomero, durante la celebración del Foro Quevedo, en el que ha participado para analizar el estado de la biodiversidad en la provincia de León.

Palomero ha asegurado que en la zona en la que se pretende construir la estación de San Glorio existe una subpoblación estancada de una treintena de osos de los 200 ejemplares que hay en la Cordillera Cantábrica y que es la que “más cuidados necesita” para evitar “causas de mortalidad directa” y para contribuir a la defensa de su hábitat.

Se trata de un conjunto de plantígrados a los que les está “costando coger velocidad” en su recuperación ya que, además, presentan problemas de movilidad y de “flujo genético” para avanzar en el avance de la especie. En contra, en la zona occidental, existe el grueso de los ejemplares de la Cordillera Cantábrica, cuya población, de unos 200 ejemplares, se ha duplicado en los últimos 15 años.

“Datos buenos”

Guillermo Palomero ha asegurado no obstante que, en conjunto, la evolución del oso pardo es positiva, con “datos buenos” que están provocando que este animal se esté alejando del peligro de la extinción. Además, ha indicado que existe un “buen escenario social” porque “al habitante de la Cordillera Cantábrica no le importa compartir algo de terreno y algunos recursos con los osos”.

Algo que no sucede, sin embargo, en los Pirineos, donde no existe ese apoyo social y, por lo tanto, la recuperación está siendo “lenta”. Existe otra treintena de ejemplares, una “incipiente población” que requiere de la comprensión del hombre para que también “tenga futuro”.

Mucha pista para tan poca nieve
El cambio climático pone en jaque los proyectos para ampliar las estaciones de esquí. El modelo de negocio se tambalea

Las estaciones de esquí sufren la peor temporada en muchos años. La falta de nevadas continuas puede ser un hecho puntual, pero estudios científicos alertan de que, debido al cambio climático, habrá menos nieve y durante menos tiempo en las montañas, algo que choca con los planes de ampliación y apertura de nuevas estaciones en lugares muy sensibles.


Es posible que esta semana una borrasca traiga otro golpe de nevadas al norte peninsular. Sin embargo, el temporal no evitará que este invierno sea el peor que han vivido las estaciones de esquí en los últimos años. Hay instalaciones en la cordillera Cantábrica (Alto Campoo y Fuentes de Invierno) que van a cerrar el invierno con un mes escaso abiertas; las del Sistema Central están bajo mínimos (Sierra de Béjar-La Covatilla, en Salamanca, tiene ocho kilómetros de pista en uso de 27, y Valdesquí, en Madrid, nueve de 22); y en el Pirineo aragonés no pinta mucho mejor: Formigal (recientemente ampliada) dispone de 60 kilómetros esquiables de un total de 130. Baqueira Beret (Lleida) y Sierra Nevada (Granada) se salvan, entre otros motivos, gracias a la innivación artificial.


No hay acuerdo unánime entre los científicos en vincular la situación actual a un descenso progresivo de precipitaciones, pero sí en señalar que cada vez habrá menos nieve en las montañas. Ángel Rivera, meteorólogo portavoz de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), recuerda que “la nieve depende de dos variables: la precipitación y la temperatura”. “Desde hace entre 40 y 50 años la precipitación media sigue siendo la misma, pero la temperatura media anual sí aumenta”. La consecuencia de esta subida de las temperaturas es que “la cota de nieve cada vez está más alta porque en las inferiores, cuando cae, se funde rápidamente al encontrar un suelo más caliente”. Desde la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña (Atudem), su directora gerente, Paloma García, reconoce que “antes se podía esquiar en torno a los 800 o 900 metros de altitud, pero ahora eso resulta casi imposible y hay que subir más allá de los 1.200”.


Son varias las señales que apuntan a que el calentamiento global dejará menos nieve y durante menos tiempo en las cumbres. Así lo confirman estudios de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre los efectos del cambio climático en las montañas, y en especial en las del arco mediterráneo. Miguel Araújo, del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN/CSIC), ha participado en algunos de ellos. “Las predicciones más pesimistas de los modelos climáticos ya se observan en las cordilleras europeas y es muy probable que las estaciones de esquí continúen experimentando una reducción de los espesores y de la duración del manto de nieve”, afirma.


Juan Ignacio López-Moreno, investigador del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), también ha aportado estudios en el mismo sentido. Uno de ellos, de 2005 (Variaciones recientes de la profundidad del manto de nieve en el Pirineo central español), confirmaba que, hasta 1999, la capa había disminuido 17,4 centímetros por debajo de los 2.200 metros de altitud.


En el sur, el Observatorio de Seguimiento del Cambio Global de Sierra Nevada procesa imágenes que diariamente envían varios satélites con la extensión de la nieve en este macizo. Francisco Javier Bonet, uno de los científicos que ha contribuido a diseñar el sistema de información asociado al observatorio, confirma una tendencia de reducción de la duración de la cubierta de nieve que se acompaña de una disminución en la superficie ocupada. “En los últimos 10 años ha habido una reducción de unos 12 días en la duración promedio de la nieve en la estación de Sierra Nevada”, afirma Bonet. “Si la tendencia se mantuviera en el tiempo, tendríamos una duración de la nieve 26 días menos en 2030 que en 2000. Esto podría tener implicaciones importantes para el negocio del esquí”.


El principal recurso que tienen las estaciones para paliar la ausencia de nieve es producirla de manera artificial. “No podemos parar”, afirma García desde Atudem. “Hay que seguir mejorando la oferta y, como ocurre en otros países de Europa, la producción de nieve es indispensable”. Buena parte de los 24 millones de euros que han invertido para esta temporada las 33 estaciones agrupadas en Atudem se ha destinado a la producción artificial con cañones. En Baqueira Beret, de los seis millones invertidos, tres han ido para los 59 nuevos cañones. En total, este año hay 139 más, que en ocasiones requieren pequeños lagos y balsas para alimentarlos. La necesidad de recurrir más a menudo a estas infraestructuras aumenta la presión sobre los recursos hídricos de la alta montaña y puede afectar al caudal de los ríos.


Ante este panorama, muchas voces no entienden que se proyecten construir cientos de nuevos kilómetros de pistas. Sus promotores son conscientes de las consecuencias del cambio climático, pero se escudan en que no les afectará a corto plazo. Sin embargo, muchos de los proyectos llevan aparejados infraestructuras y obras, con máquinas que entran a construir las pistas, diversos accesos (carreteras, sendas, remontes), tendidos eléctricos y servicios de restauración y alojamiento. Y todo en un entorno muy vulnerable. Juan Carlos Cirera, activo ecologista que fue delegado de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) en Aragón y es miembro de la Plataforma en Defensa de las Montañas, cita como ejemplos “la ampliación de Formigal, que debido a la crisis tiene paralizado su desarrollo urbanístico, y el nuevo proyecto previsto de Castanesa, otro despropósito promovido por Aramón (empresa gestionada al 50% por el Gobierno aragonés e Ibercaja), que pretende construir una gigantesca estación a las puertas del Parque Natural de Posets-Maladeta y con daños al entorno que la propia empresa ha reconocido como severos”.


Cirera afirma que no existe oposición al esquí, sino “al apoyo incondicional como único recurso de desarrollo en la montaña de Aragón, cuando se ven casos de deudas millonarias por este tipo de inversiones y una fuerte estacionalidad de los puestos de trabajo”. Pone el ejemplo de la comarca del Sobrarbe, la de mayor renta per capita de Aragón y sin ninguna estación. Lo que sí tiene son municipios dentro de dos parques de referencia, Ordesa y Guara; “Espacios protegidos que sí aportan dinero durante todo el año”, remata Cirera.


En Granada sí piensan que el esquí es el principal motor de desarrollo de la provincia. Así lo atestiguan encuestas promovidas por la prensa local, que colocan la ampliación de Sierra Nevada en el primer puesto de preferencias de infraestructuras a potenciar. Recientemente, la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) presentó a los candidatos del Partido Popular a las próximas elecciones andaluzas un proyecto de gran ampliación (duplicar la superficie actual) dentro de los límites del parque natural, una de las zonas protegidas que configuran el Espacio Natural de Sierra Nevada junto al parque nacional. Gerardo Cuerva, presidente de la CGE, recuerda que, desde la temporada 1995-96, cuando la estación sufrió por última vez la escasez de nieve, “ha registrado cifras récord de precipitaciones en los años 2003, 2008, 2009 y 2010”. “Puede que algunos estudios relativos al cambio climático apunten a un cambio de tendencia en un futuro, pero se trataría de consecuencias a muy largo plazo que, en cualquier caso, no deben instalarnos en el inmovilismo. Si las amenazas de falta de nieve hubieran hecho mella en los impulsores de Sierra Nevada cuando se creó Cetursa (empresa encargada de la explotación de la estación) en 1964, posiblemente ahora no tendríamos estación de esquí”.


En el Espacio Natural de Sierra Nevada recuerdan que en los últimos 10 años la superficie esquiable ha pasado de 60 kilómetros a 105 y que esas buenas condiciones de nieve, como las de este año, se dan gracias a la innivación artificial. Francisco Javier Bonet afirma: “La evolución de la temperatura mínima, la más importante para producir nieve en los cañones, tiene una tendencia al aumento tanto en los datos reales (pasado) como en los predichos (futuro). Es decir, prevemos un descenso en el número de días potencialmente adecuados para producir nieve”.


Desde 2004, tanto el parque natural como el nacional cuentan con la Carta Europea de Turismo Sostenible que, según Jorge Garzón, vocal de la asociación creada para fomentar esta distinción, “demuestra que fuera del esquí también hay potencial de desarrollo y oportunidades para los inversores y para crear empleo estable, no estacional”. A comienzos de este año, 12 empresas más se unieron a una iniciativa que cuenta ya con 38 adheridas, entre las que hay negocios de hostelería, restaurantes, turismo activo, artesanía textil, producción agrícola y educación ambiental.


Todos estos beneficios económicos y sociales que llevan aparejados los espacios protegidos no acaban de verlos en Candelario, pueblo de la sierra de Béjar de cuyas fachadas cuelgan pancartas con el lema Parque natural, no. Es una manera de dejar el camino expedito a la ampliación de la estación de esquí Sierra de Béjar-La Covatilla, de la que ya han comenzado las obras. Los defensores del proyecto, que incluyen a todos los Ayuntamientos de la zona y a la empresa promotora, Gecobesa, consideran que con ella se afianzará el desarrollo económico sostenible. Alberto Segade, director comercial de Gecobesa, opina que “por altitud (más de 2.000 metros) y orientación norte no nos afectará la disminución de la capa de nieve, al menos a corto y medio plazo, aunque el periodo de sequía actual nos tenga con el 30% de pistas abiertas”. Es otro lugar en el que esperan solucionar estos contratiempos con la innivación artificial, pero los problemas económicos por los que atraviesa la estación han impedido que se invierta en ello. Ante esto, la Plataforma por el Parque Natural de Candelario e Izquierda Unida de Candelario abogan por un turismo sostenible que dure 365 días al año y no ocasione un impacto ambiental tan grave.


Como resumen, Paloma García, de Atudem, recuerda que “las estaciones dan empleo, directo o indirecto, a 57.000 personas, y el 50% están certificadas con la Q de Calidad Turística”. Sin embargo, prefiere ser cautelosa con los nuevos proyectos: “Tienen que ser muy sopesados, tanto por expertos como por empresas y comunidades autónomas, y valorar muchos aspectos antes de dar pasos en falso”. Miguel Araújo se expresa en una línea similar: “Se supone que los agentes económicos privados basan sus decisiones en criterios de racionalidad económica y que los agentes públicos que regulan estas actividades utilizan la mejor información científica existente para fundamentar sus acciones. De no ser así, habrá que preguntarles por qué”.