Yo, como concejal, tengo un trabajo digno, y me lo curro día a día. Pero sólo tengo un sueldo y tengo que pagar una hipoteca y hacer la compra en el Mercadona». Así justificó ayer el concejal de Hacienda, José Cabezos, ante el Pleno del Ayuntamiento el rechazo del gobierno municipal del PP a una moción en la que el PSOE solicitaba reducir un 5% los sueldos de tanto de los cargos municipales elegidos en las urnas como de los de libre designación.
El concejal socialista Francisco Martínez Muñoz pidió también el cese de todos los directores generales nombrados por la alcaldesa, Pilar Barreiro. «Esos cargos fueron elegidos por un procedimiento rápido y arbitrario y empezaron a cobrar sin que estuvieran definidas sus competencias y sin tener nada que hacer. Y hay alguno que cobra más dinero que gestiona», criticó Martínez.
«Tanto los cargos de confianza como los concejales hacen un trabajo digno, no están por capricho y, por tanto, no hay razón para prescindir de estos profesionales», replicó Cabezos en nombre del grupo municipal del PP.
Añadió que el Ayuntamiento tiene una proporción muy baja de asesores y cargos de confianza en comparación con otros de toda España gobernados por el PSOE.
El debate vivió un momento de tensión cuando el edil de la oposición sugirió que el puesto de nuevo inspector de la Policía Local convocado por el Ayuntamiento tiene «nombres y apellidos». El concejal de gobierno le exigió que retirara lo dicho o se fuera de inmediato a los tribunales si tenía «pruebas» de esa ilegalidad.
Rives desautoriza
Y la propia portavoz socialista, Caridad Rives, desautorizó a su compañero y pidió disculpas por las insinuaciones de ilegalidades.
Antes de que la portavoz le enmendara la plana, el concejal socialista pidió al gobierno que en lugar de realizar «planes de ajuste» ante la crisis dedique los 600.000 euros que gasta en altos cargos a pabellones deportivos o consultorios médicos.
En el debate sobre actualización de impuestos llegó la segunda disculpa del PSOE. El edil Ángel Rafael Martínez Lorente admitió que erró al denunciar que el IBI subirá un 7% porque se acumula la subida del IPC (un 4,5%) y la derivada de la revisión del valor catastral de los inmuebles.
Cabezos demostró que la ordenanza fiscal impide ese doble incremento, aunque Martínez Lorente criticó que el Ejecutivo da a la oposición la documentación con solo un día de antelación a las comisiones «y como uno tiene un trabajo fuera del Ayuntamiento, a veces no da tiempo a leérsela aunque esté hasta altas horas de la madrugada.
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