La fecha de la graduación, las fotos en bikini o las conversaciones con los antiguos compañeros de clase en Facebook, MySpace o páginas web deben someterse a la legislación europea de protección de datos, según un informe aprobado esta mañana en el Parlamento Europeo sobre el derecho a la intimidad en la Red.

El proyecto, presentado por el conservador británico Malcolm Harbour, se hizo famoso por su primera versión, donde se planteaba la posibilidad de que las direcciones de IP -las que identifican al usuario de Internet y su actividad- fueran información de más fácil acceso para localizar a los autores de las páginas en caso de delito.

Dada la presión de los internautas, con poderosas campañas todo el verano, esta propuesta se ha quedado en una simple petición a la Comisión Europea de que realice "un estudio sobre las direcciones IP y su utilización" y presente "propuestas" sobre "su utilización como datos personales en algunas circunstancias".

Tras las críticas -una malinterpretación, según expertos parlamentarios, de una propuesta que pretendía proteger el tratamiento de datos personales-, el proyecto incluye enmiendas para explicar lo que no busca la propuesta, algo muy peculiar para la Eurocámara, es decir el supuesto control denunciado por las asociaciones de internautas.

"Es preciso garantizar que todos los consumidores y los usuarios gocen del mismo nivel de protección de la intimidad y de sus datos personales, independientemente de la tecnología utilizada para prestar un determinado servicio", dice la propuesta que irá ahora a la Comisión Europea y al Consejo de los Veintisiete para convertirse en legislación.

Aunque páginas como Facebook están sometidas por las legislaciones nacionales, no existe hasta ahora claridad sobre la protección de datos en toda la UE.

Miércoles, 30 de agosto del 2006. Un grupo de expertos en seguridad aérea están reunidos en la planta alta de un edificio de Bruselas. Tienen biografías profesionales distintas, uno ha trabajado en medio mundo, el otro solo vivió fuera de su país durante unos cursos de formación. Pero todos conocen el último modelo de pantalla de rayos X que hay en el mercado, y tienen opiniones firmes sobre cuál es el mejor método para desalojar con urgencia un aeropuerto. Por parte de España asiste un técnico del Ministerio de Fomento. Juntos integran el llamado Comité de Seguridad de la Aviación Civil, creado en el 2002 para facilitar su trabajo a la Comisión en la aplicación de la normativa de seguridad.

La reunión se celebra a puerta cerrada. El acta será confidencial. En la agenda, un solo punto: la petición del Reino Unido de extender a toda la UE la prohibición de líquidos en las cabinas de los aviones, tras el descubrimiento de un supuesto complot cuyos detalles son también secretos. La conclusión es doble: no se pueden detectar los explosivos líquidos con los actuales equipos, y difícilmente se puede prohibir cualquier líquido en un avión. Quizá, solo quizá, con otros sistemas sí se pueda, pero es muy caro. Tan solo cabe reducir el riesgo hasta un límite que se estima aceptable. Alguien propone seguir lo que ya han probado los americanos: envases de 100 ml hasta un máximo de 500 ml en bolsitas transparentes.

El 27 de septiembre, el Comité se reúne de nuevo, y por mayoría (con varios votos en contra) aprueba un listado de prohibiciones y unas pocas excepciones. También se permiten definir qué entienden por “líquidos”, en una lista abierta. No son juristas, ellos van a lo importante, al grano: ¿para qué complicarse la vida con precisiones y matices? Ese mismo día, un simple intercambio de cartas con el presidente de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo, sin votación alguna, da un barniz democrático al texto. Y el 4 de octubre, la propuesta queda aprobada entre los puntos sin debate por el Colegio de Comisarios, convertida en el anexo secreto del Reglamento 1546/2006.

En apenas cinco días hábiles se ha aprobado una norma directamente aplicable en todos los aeropuertos de Europa. La misma que está detrás de los múltiples interrogantes y contradicciones que han hecho de su aplicación un ejemplo de caos y arbitrariedad en miles de puestos de control. Reglas sin rigor jurídico, de legitimidad dudosa, que no se conocen directamente, solo a través de folletos explicativos. Tampoco las podrá examinar ningún tribunal, al tener carácter confidencial.

¿Alguien imagina una situación similar en otros ámbitos de nuestro sistema jurídico? Es la tecnocracia en su sentido más puro. Pero siempre se puede aprender. A partir de ahora, el Código Penal lo pueden modificar los funcionarios de la Fiscalía General, las leyes de circulación y sus sanciones las pueden aprobar los técnicos de la DGT, y ya nos resumirán su contenido en impresos publicitarios. ¿Para qué necesitamos tanto Parlamento, tanta enmienda, tanta votación, tanto trámite público, tanta segunda o tercera lectura de los proyectos, tanta consulta? ¡Dejemos que nos gobiernen los que saben a golpe de decreto!

Está en juego la legitimidad misma del Derecho que se nos impone a veces desde la UE. Creo no ser sospechoso de falta de convicción europeísta. Y precisamente por ello creo que es necesario denunciar las cosas con claridad. Aunque sea una materia compleja. Porque es esa misma complejidad la que permite ocultar decisiones y métodos que, como la gangrena, están dañando seriamente la democracia del sistema.

En la raíz está la perversión de un mecanismo que la inmensa mayoría de los lectores ignora: la comitología. Les animo a ir a Google: “comitología”. Verán que no lo he inventado, aunque suene mal. Lo que nació como un mecanismo de consulta para mejorar los procesos de ejecución de las normas se está convirtiendo en algunos casos en un sistema rápido para legislar sin rendir cuentas ante nada y ante nadie. Y, cuanto más compleja es la materia, mayor es la impunidad.

Hoy. un grupo de personas que nadie conoce, reunidas sin publicidad, y que ante nadie responden políticamente, nos han impuesto unas reglas que estamos obligados a acatar dócilmente para velar por nuestra seguridad. ¿Y mañana? ¿Qué nos espera mañana? Tiene gracia (o deprime, según el día) que cuando se le pregunta al comisario de Transportes, Jacques Barrot, consciente de que él no tenía la autoridad para aprobar lo que ha aprobado, responda con cinismo que “las medidas que contempla este reglamento fueron aprobadas por los estados miembros y por el Parlamento con arreglo a los procedimientos en vigor”. Ya les he contado cómo. Busquen actas o diarios de sesiones donde la ministra de Fomento haya debatido con sus colegas o en el Congreso lo que un funcionario de su departamento aceptó en nombre de nuestro país. No lo encontrarán. En Madrid les dirán que esto lo impone Europa. Y en Bruselas les dirán que sin el consentimiento de Madrid, París o Berlín o Praga no lo habrían podido aprobar. Y, entre tanto, todos a obedecer sin preguntar, y nuestra democracia y nuestros ideales europeos cada día un poco más pobres, cada día un poco más débiles.

Guardans es eurodiputado por CiU. El artículo no es nuevo: fue publicado en El Periódico de Catalunya el 11 de junio de 2007. La situación que denuncia no ha cambiado lo más mínimo.