TYRELL
Madmaxista
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El chantaje del ladrillo feroz
Ahora, que llegó el invierno, ¿debe la hormiguita Estado alimentar a la cigarra inmobiliaria? ¿Deben pagar con sus impuestos las familias, las mismas que ya sufren las hipotecas, los errores provocados por la voracidad inconsciente de los que dispararon los precios de los pisos durante la burbuja? ¿Se merece el ladrillo tanta clemencia? Sin duda, los empresarios del yate y el avión privado no. Pero, ¿y sus escudos humanos? ¿Y sus trabajadores y demás víctimas colaterales?
El dilema no es sólo moral, también técnico: ¿sirve de algo mantener artificialmente con vida al ladrillo en un país donde la especulación inmobiliaria ha dejado cientos de miles de casas vacías y un litoral adosado? Obviamente, a largo plazo no. Pero, ¿se merece el ladrillo una muerte digna, lo menos dolorosa posible, aunque sólo sea por el bien del resto de la economía?
En el Gobierno hay dos respuestas ante estas preguntas. Aunque todo el gabinete está de acuerdo en que los empresarios que se forraron durante la burbuja inmobiliaria tienen que asumir ahora las vacas flacas, que no se puede perpetuar un modelo agotado, que la prioridad son los trabajadores y no los empresarios, existen también dos puntos de vista sobre cómo capear el ladrillazo. Por un lado, Pedro Solbes y su equipo creen que el Estado no debe intervenir ni siquiera en lo más mínimo. A eso se refería el vicepresidente económico con esa desafortunada frase que le encumbró esta semana: “Si la recesión sirve para limpiar la economía, la situación no tendrá más importancia”. La reconversión ahora le toca al ladrillo feroz; se siente. En el otro lado, Miguel Sebastián defiende que el Estado se moje y no sólo mire. Que la solución al incendio no puede ser esperar a que las cenizas abonen la siguiente cosecha. José Luis Rodríguez Zapatero, por su parte, busca su propio término medio mientras reparte los tantos entre ambos equipos. De momento, en el marcador van empate a uno, aunque el que remonta es Sebastián.
“Si los créditos del ICO que se anunciaron este miércoles hubiesen llegado antes, Martinsa se podría haber salvado”, asegura un economista próximo al Gobierno que defendió, en su momento, ayudar a la inmobiliaria de Fernando Martín. Miguel Sebastián apoyaba aquel rescate que nunca llegó. “Dejar caer a Martinsa cuando su salvación dependía sólo de 300 millones de euros fue un error”, dice un importante empresario español. “Martinsa tenía créditos con bancos extranjeros, si dejas que una empresa así de grande se derrumbe, el precio que paga el conjunto de la economía es mucho mayor por la mala imagen exterior y también porque provoca el cierre de un montón de empresas más pequeñas, que se quedan sin cobrar”. Sin embargo, en este primer pulso ganó Pedro Solbes, que contó con el apoyo del Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Mafo y Solbes convencieron a Zapatero de que no había que actuar porque suponía un peligroso precedente, pues no era siquiera la inmobiliaria con más deuda, y porque el batacazo de Martinsa no era fruto de la crisis económica sino de su propia voracidad. La principal razón de su derrumbe era que había intentado comerse a una empresa más grande, Fadesa, y se le había cortado la digestión. Ayudar a Martinsa era premiar al tiburón.
El empate entre ambas visiones llegó este miércoles, cuando Zapatero anunció en el Congreso que el ICO destinará 3.000 millones de euros en préstamos a las inmobiliarias que saquen pisos en alquiler. Según las cuentas que maneja el Gobierno, con estas ayudas se salvarán cinco o seis grandes constructoras, aunque habrá otras que se hundirán de todas formas. La medida es una de las muchas propuestas de Miguel Sebastián y llevaba ya tiempo en estudio. La cara larga de Solbes ese día en el Congreso explicaba muchas cosas: el vicepresidente económico no conocía la redacción del discurso del presidente, aunque sí estaba informado de estas nuevas ayudas –el ICO depende de Economía-. Tal vez si lo hubiese leído antes habría evitado uno de los errores de Zapatero ese día en el Congreso: hacer un pronóstico sobre el crecimiento del PIB apenas unas horas antes de que la Comisión Europea vaticinase un futuro más oscuro, que España entrará en recesión antes de fin de año. Solbes conocía con antelación que se haría público ese dato. Es probable que también supiese el detalle: Joaquín Almunia, el comisario europeo de Asuntos Económicos, suele avisar a su viejo colega.
En la decisión de Zapatero, que dio su visto bueno a los préstamos del ICO entre el lunes y el martes, pesó mucho el reciente rescate de los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac. “El ejemplo estadounidense influyó por dos razones”, explican fuentes de Moncloa: “Primero, que si el país supuestamente más liberal del mundo interviene es porque la situación es aún peor de lo que todos pensábamos. Y también, que después de una medida así, no habría críticas contra el Gobierno por intervencionismo ni tampoco desconfianza de los mercados internacionales”. No es la primera vez que la política económica de George Bush inspira a Zapatero. Los 400 euros llegaron pocas semanas después de que EEUU anunciase cheques de entre 300 y 1.200 dólares a los contribuyentes con mayores problemas para pagar su hipoteca.
Las divergencias entre ortodoxos y pragmáticos no terminarán aquí y habrá, en las próximas semanas, novedades tanto en el discurso como en la práctica. Sobre la mesa de Zapatero descansan muchas otras propuestas del lado que defiende moverse, del lado de Sebastián. Entre las que se barajan, con la oposición de Mafo y Solbes, está aumentar aún más el gasto público con un nuevo plan de infraestructuras que reactive la economía. “El problema es que en España no hay hueco para más carreteras y ferrocarriles de alta velocidad más allá de lo que ya está previsto en el PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte), que llevará el tren de alta velocidad a cada capital de provincia; pero las infraestructuras también pueden ser tecnológicas”, afirman fuentes de Industria. Además, se tarda tiempo en poner en marcha un plan así, pues los plazos de la obra pública son siempre largos. “Las únicas dos maneras posibles de meter rápidamente inversión pública en la economía pasan por la rehabilitación energética de edificios o el I+D”, dicen las mismas fuentes. “Una red wifi gratuita para todas las ciudades españolas, que se podría hacer pactando con las telecos y la CMT en un año y medio. O instalar placas solares en las casas, aunque para eso habría que negociar con las eléctricas”.
Negociar con el sector privado, en cualquier caso, es clave. “El estado no debe hacer las cosas, sino inducirlas”, dicen desde Industria. Sin embargo, hay un paso que de momento nadie se atreve a dar, aunque es la solución habitual a las crisis económicas cuando el crédito se agota, la que suele adoptar Alemania o Francia cuando vienen mal dadas: pactar con la banca.
“Rodrigo Rato lo habría solucionado así: cuatro llamadas de teléfono a los cuatro banqueros que mandan y un pacto secreto, de esos que no se pueden contar. Tú me ayudas abriendo el grifo del crédito a las empresas, yo a cambio modifico la ley para que la jovenlandesesidad esté más perseguida”, afirma un ex ministro socialista. El problema es que, desde Rato, las cosas han cambiado mucho. El PSOE no tiene el control sobre la gran banca que disfrutó el PP y España, después de las privatizaciones, no mantiene acciones en la banca como las que tiene Francia. “Podríamos hablar con el Santander y con La Caixa, pero ninguno de los dos aceptaría asumir más riesgos si no se mojan también Caja Madrid y el BBVA, y a esos los controla el Partido Popular”, reconoce un economista cercano al Gobierno: “Sólo sería posible con el acuerdo del PP”. Y ni siquiera con un pacto así está claro que se pueda hacer. “Con la crisis actual, la banca española también tiene problemas para conseguir financiación en el extranjero, no pueden asumir muchos riesgos alegremente”, dice un diputado socialista. Y lo peor aún está por venir.
Escolar.net El chantaje del ladrillo feroz
Ahora, que llegó el invierno, ¿debe la hormiguita Estado alimentar a la cigarra inmobiliaria? ¿Deben pagar con sus impuestos las familias, las mismas que ya sufren las hipotecas, los errores provocados por la voracidad inconsciente de los que dispararon los precios de los pisos durante la burbuja? ¿Se merece el ladrillo tanta clemencia? Sin duda, los empresarios del yate y el avión privado no. Pero, ¿y sus escudos humanos? ¿Y sus trabajadores y demás víctimas colaterales?
El dilema no es sólo moral, también técnico: ¿sirve de algo mantener artificialmente con vida al ladrillo en un país donde la especulación inmobiliaria ha dejado cientos de miles de casas vacías y un litoral adosado? Obviamente, a largo plazo no. Pero, ¿se merece el ladrillo una muerte digna, lo menos dolorosa posible, aunque sólo sea por el bien del resto de la economía?
En el Gobierno hay dos respuestas ante estas preguntas. Aunque todo el gabinete está de acuerdo en que los empresarios que se forraron durante la burbuja inmobiliaria tienen que asumir ahora las vacas flacas, que no se puede perpetuar un modelo agotado, que la prioridad son los trabajadores y no los empresarios, existen también dos puntos de vista sobre cómo capear el ladrillazo. Por un lado, Pedro Solbes y su equipo creen que el Estado no debe intervenir ni siquiera en lo más mínimo. A eso se refería el vicepresidente económico con esa desafortunada frase que le encumbró esta semana: “Si la recesión sirve para limpiar la economía, la situación no tendrá más importancia”. La reconversión ahora le toca al ladrillo feroz; se siente. En el otro lado, Miguel Sebastián defiende que el Estado se moje y no sólo mire. Que la solución al incendio no puede ser esperar a que las cenizas abonen la siguiente cosecha. José Luis Rodríguez Zapatero, por su parte, busca su propio término medio mientras reparte los tantos entre ambos equipos. De momento, en el marcador van empate a uno, aunque el que remonta es Sebastián.
“Si los créditos del ICO que se anunciaron este miércoles hubiesen llegado antes, Martinsa se podría haber salvado”, asegura un economista próximo al Gobierno que defendió, en su momento, ayudar a la inmobiliaria de Fernando Martín. Miguel Sebastián apoyaba aquel rescate que nunca llegó. “Dejar caer a Martinsa cuando su salvación dependía sólo de 300 millones de euros fue un error”, dice un importante empresario español. “Martinsa tenía créditos con bancos extranjeros, si dejas que una empresa así de grande se derrumbe, el precio que paga el conjunto de la economía es mucho mayor por la mala imagen exterior y también porque provoca el cierre de un montón de empresas más pequeñas, que se quedan sin cobrar”. Sin embargo, en este primer pulso ganó Pedro Solbes, que contó con el apoyo del Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Mafo y Solbes convencieron a Zapatero de que no había que actuar porque suponía un peligroso precedente, pues no era siquiera la inmobiliaria con más deuda, y porque el batacazo de Martinsa no era fruto de la crisis económica sino de su propia voracidad. La principal razón de su derrumbe era que había intentado comerse a una empresa más grande, Fadesa, y se le había cortado la digestión. Ayudar a Martinsa era premiar al tiburón.
El empate entre ambas visiones llegó este miércoles, cuando Zapatero anunció en el Congreso que el ICO destinará 3.000 millones de euros en préstamos a las inmobiliarias que saquen pisos en alquiler. Según las cuentas que maneja el Gobierno, con estas ayudas se salvarán cinco o seis grandes constructoras, aunque habrá otras que se hundirán de todas formas. La medida es una de las muchas propuestas de Miguel Sebastián y llevaba ya tiempo en estudio. La cara larga de Solbes ese día en el Congreso explicaba muchas cosas: el vicepresidente económico no conocía la redacción del discurso del presidente, aunque sí estaba informado de estas nuevas ayudas –el ICO depende de Economía-. Tal vez si lo hubiese leído antes habría evitado uno de los errores de Zapatero ese día en el Congreso: hacer un pronóstico sobre el crecimiento del PIB apenas unas horas antes de que la Comisión Europea vaticinase un futuro más oscuro, que España entrará en recesión antes de fin de año. Solbes conocía con antelación que se haría público ese dato. Es probable que también supiese el detalle: Joaquín Almunia, el comisario europeo de Asuntos Económicos, suele avisar a su viejo colega.
En la decisión de Zapatero, que dio su visto bueno a los préstamos del ICO entre el lunes y el martes, pesó mucho el reciente rescate de los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac. “El ejemplo estadounidense influyó por dos razones”, explican fuentes de Moncloa: “Primero, que si el país supuestamente más liberal del mundo interviene es porque la situación es aún peor de lo que todos pensábamos. Y también, que después de una medida así, no habría críticas contra el Gobierno por intervencionismo ni tampoco desconfianza de los mercados internacionales”. No es la primera vez que la política económica de George Bush inspira a Zapatero. Los 400 euros llegaron pocas semanas después de que EEUU anunciase cheques de entre 300 y 1.200 dólares a los contribuyentes con mayores problemas para pagar su hipoteca.
Las divergencias entre ortodoxos y pragmáticos no terminarán aquí y habrá, en las próximas semanas, novedades tanto en el discurso como en la práctica. Sobre la mesa de Zapatero descansan muchas otras propuestas del lado que defiende moverse, del lado de Sebastián. Entre las que se barajan, con la oposición de Mafo y Solbes, está aumentar aún más el gasto público con un nuevo plan de infraestructuras que reactive la economía. “El problema es que en España no hay hueco para más carreteras y ferrocarriles de alta velocidad más allá de lo que ya está previsto en el PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte), que llevará el tren de alta velocidad a cada capital de provincia; pero las infraestructuras también pueden ser tecnológicas”, afirman fuentes de Industria. Además, se tarda tiempo en poner en marcha un plan así, pues los plazos de la obra pública son siempre largos. “Las únicas dos maneras posibles de meter rápidamente inversión pública en la economía pasan por la rehabilitación energética de edificios o el I+D”, dicen las mismas fuentes. “Una red wifi gratuita para todas las ciudades españolas, que se podría hacer pactando con las telecos y la CMT en un año y medio. O instalar placas solares en las casas, aunque para eso habría que negociar con las eléctricas”.
Negociar con el sector privado, en cualquier caso, es clave. “El estado no debe hacer las cosas, sino inducirlas”, dicen desde Industria. Sin embargo, hay un paso que de momento nadie se atreve a dar, aunque es la solución habitual a las crisis económicas cuando el crédito se agota, la que suele adoptar Alemania o Francia cuando vienen mal dadas: pactar con la banca.
“Rodrigo Rato lo habría solucionado así: cuatro llamadas de teléfono a los cuatro banqueros que mandan y un pacto secreto, de esos que no se pueden contar. Tú me ayudas abriendo el grifo del crédito a las empresas, yo a cambio modifico la ley para que la jovenlandesesidad esté más perseguida”, afirma un ex ministro socialista. El problema es que, desde Rato, las cosas han cambiado mucho. El PSOE no tiene el control sobre la gran banca que disfrutó el PP y España, después de las privatizaciones, no mantiene acciones en la banca como las que tiene Francia. “Podríamos hablar con el Santander y con La Caixa, pero ninguno de los dos aceptaría asumir más riesgos si no se mojan también Caja Madrid y el BBVA, y a esos los controla el Partido Popular”, reconoce un economista cercano al Gobierno: “Sólo sería posible con el acuerdo del PP”. Y ni siquiera con un pacto así está claro que se pueda hacer. “Con la crisis actual, la banca española también tiene problemas para conseguir financiación en el extranjero, no pueden asumir muchos riesgos alegremente”, dice un diputado socialista. Y lo peor aún está por venir.
Escolar.net El chantaje del ladrillo feroz
