Burbuja.info - Foro de economía > > > Corrupción: Crimen Organizado. Mapa de La Corrupción del PP a fecha de hoy
Respuesta
 
Herramientas Desplegado
  #11  
Antiguo 27-ene-2016, 00:09
euromelon euromelon está desconectado
Excelentísimo, ilustrísimo, magnífico y grandísimo señor de élite de los gurús burbujistas
 
Fecha de Ingreso: 06-enero-2015
Mensajes: 14.796
Gracias: 8.066
16.656 Agradecimientos de 7.642 mensajes
Iniciado por un tecnico preocupado Ver Mensaje
falta el caso Bar España...por desgracia es tan real como el resto. Por cierto, el caso Gurtel empezó en Vinaroz, espero algun dia poder mostrar las pruebas.

Ya te ha faltado tiempo para soltar tu mierda


Responder Citando
  #12  
Antiguo 27-ene-2016, 00:20
ruixat ruixat está desconectado
Ilustrísimo y grandísimo miembro de la élite burbujista
 
Fecha de Ingreso: 17-junio-2012
Mensajes: 4.991
Gracias: 2.525
10.736 Agradecimientos de 3.044 mensajes
Iniciado por UNKAS Ver Mensaje
Lo de Valencia es inenarrable, en la lista faltan muchas más burradas como la operación Fórmula 1-Valmor sports (40 minolles+) y otras más recientes como la Operación Taula, en la que por fin ha caído el Faraón Rus. Pero entiendo que no den abasto, con tanta mierda que está saliendo y la que falta por salir, después de décadas de saqueo.

Falta también la operación de Serafín Castellano adjudicando servicios de extincion de incendios, aerpuertos y compras de aviones a los amigos en cacerías...


Responder Citando
Estos 4 usuarios dan las gracias a ruixat por su mensaje:
  #13  
Antiguo 27-ene-2016, 00:20
sirpask sirpask está desconectado
ir-
 
Fecha de Ingreso: 16-octubre-2009
Mensajes: 29.158
Gracias: 61.030
46.895 Agradecimientos de 14.835 mensajes
La tipificación penal de la organización y el grupo criminal. Problemas concursales

( Click para ver )
I. Introducción

Los conceptos de organizaciones y grupos criminales, participan de la necesidad común de hacer frente a la criminalidad organizada, fenómeno que si bien ha existido a lo largo de la historia en formas concretas como las mafias, las bandas, las sociedades secretas o los bandoleros en España, adquiere su significación actual a partir de mediados del siglo XX, vinculada al proceso de liberalización económica, al desarrollo de las comunicaciones y de las tecnologías, y a la existencia de movimientos ideológicos o sociales que interaccionan con los anteriores.

El elemento fundamental de la criminalidad organizada es la existencia de una organización criminal. Su nota definitoria no viene determinada tanto por la concurrencia de una pluralidad de personas o por los delitos que cometen, sino por la forma en que dichas personas están estructuradas y por cómo realizan dicha actividad delictiva. Así, como características esenciales de la criminalidad organizada, podemos apuntar las siguientes ( 1 ):

1º- La existencia de unos objetivos comunes. El fin u objetivo último, suele ser la obtención de lucro ilícito, para cuya consecución se valen de otros fines mediatos como puede ser la protección de sus miembros, las alianzas con otros grupos o la consecución de grados de poder.

2º.- La división de funciones que conduce a una profesionalización o especialización de sus miembros o subsistemas y a la mayor eficacia de la organización.

3º.- La estructura, que comporta un ensamblaje de la organización, vertical o jerárquico u horizontal, con una serie de normas o códigos de actuación o de conducta, que son asumidos por el grupo y que dota a la misma de una permanencia que le permite la coordinación de las actividades para la consecución de su objetivo.

4º.- Un sistema de toma de decisiones, generalmente jerárquico, bien centralizado, bien reticular, en el que coexisten subsistemas con estructuras flexibles y con autonomía en la toma de decisiones en relación con el sistema superior.

5º.- Cohesión entre sus miembros, basado en el interés de conseguir sus objetivos, o determinado por un componente ideológico o étnico.

6º.- Relaciones con el medio exterior, bien utilizando o aprovechándose de la violencia para sus fines, bien valiéndose de las debilidades del sistema para aprovecharse de las fisuras de las relaciones económicas o sociales ordinarias.

7º.- Tendencia a la autoconservación por encima de la renovación de sus miembros, y donde la capacidad de permanencia es mayor cuanto más compleja sea la organización en tanto que puedan seguir manteniéndose sus objetivos.

La primera vez que las Naciones Unidas se ocupa del fenómeno de la criminalidad organizada, y por tanto reconoce su existencia y el daño que produce es en el año 1975, en la "V Convención de las Naciones Unidas para la Prevención del Crimen", distinguiendo entre criminalidad organizada, criminalidad de empresa y corrupción, pero no fue hasta la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 15-11-2000" -EDL 2000/102014- ( 2 ), cuando se definieron a tales efectos los conceptos de "grupo delictivo organizado" y de "grupo estructurado", los cuales pueden entenderse como antecedentes de los concepto de organizaciones y grupos criminales que utiliza nuestro legislador.

El art. 2 de esta Convención -EDL 2000/102014- entiende a los efectos de la misma, como:

"grupo delictivo organizado" a "un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material";

"delito grave", "la conducta que constituya un delito punible de privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave";

"grupo estructurado", un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada.

Anteriormente, el Consejo de la Unión Europea, en la Acción común de 21 diciembre 1998 -EDL 1998/48320- ( 3 ), ya se había manifestado sensible con la gravedad y el desarrollo de determinadas formas de delincuencia organizada en relación con los delitos de tráfico de drogas, trata de seres humanos y terrorismo, tráfico de obras de arte, blanqueo de dinero, delincuencia económica grave, extorsión y otros actos de violencia dirigidos contra la vida, la integridad física o la libertad de las personas o que creen un peligro colectivo para las personas, estimando la necesidad del fortalecimiento de la cooperación entre los Estados miembros en la lucha de la delincuencia organizada internacionalmente, y apunta un concepto de organización delictiva en su art. 1 como "asociación estructurada de más de dos personas establecida durante un cierto periodo de tiempo y que actúa de manera concertada con el fin de cometer delitos sancionables con una pena privativa de libertad o una medida de seguridad privativa de libertad con un máximo de al menos cuatro años como mínimo o con una pena aún más severa, con independencia de que esos delitos constituyan un fin en sí mismos o un medio de obtener beneficios patrimoniales y, en su caso, de influir de manera indebida en el funcionamiento de la autoridad pública".

Por su parte, la Decisión Marco 2008/841/JAI de 24 octubre del Consejo de Europa de Lucha contra la Delincuencia Organizada -EDL 2008/189796-, propone a los efectos de la misma otras dos definiciones, igualmente antecedentes de los concepto de organizaciones y grupos criminales. En su art. 1 se entiende por:

"organización delictiva: una asociación estructurada de más de dos personas establecida durante un cierto periodo de tiempo y que actúa de manera concertada con el fin de cometer delitos sancionables con una pena privativa de libertad o una medida de seguridad privativa de libertad con un máximo de al menos cuatro años o con una pena aún más severa, con el objetivo de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material",

"asociación estructurada: una organización no formada fortuitamente para la comisión inmediata de un delito ni que necesite haber asignado a sus miembros funciones formalmente definidas, continuidad en la condición de miembro, o exista una estructura desarrollada".

Bajo el prisma de esta legislación europea, deben entenderse la definición que sobre delincuencia organizada se contiene en el art. 282 bis 4 LECrim -EDL 1882/1-, como los nuevos conceptos de organización y grupo criminal, introducidos por la LO 5/2010, de 22 junio -EDL 2010/101204-.

II. La organización criminal

La reforma del Código Penal -EDL 1995/16398- operada por la LO 5/2010 -EDL 2010/101204-, introduce un nuevo Capítulo VI, dentro del Título XXII dedicada a los Delitos contra el Orden Público para regular, en los arts. 570 bis a 570 quáter, las Organizaciones y Grupos Criminales.

El art. 570 bis 1 -EDL 1995/16398- define la organización criminal como "la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas".

Por tanto, los elementos caracterizadores de la organización criminal son la pluralidad de personas, la estabilidad en el tiempo, el reparto de funciones entre sus miembros y el fin delictivo o la perpetración reiterada de faltas.

El nuevo art. 570 bis -EDL 1995/16398-, se ocupa de realizar una pormenorizada regulación de la penalidad, distinguiendo de una parte la participación de los culpables en la organización y, de otra, la gravedad de los delitos objeto de la misma. De este modo:

1) -Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal, serán castigados:

con las penas de prisión de 4 a 8 años si la organización tuviere por finalidad la comisión de delitos graves, (los castigados con pena privativa de libertad superior a 5 años), y con pena de 3 a 6 años en los demás casos.

-Quienes participaren activamente en la organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma, serán castigados:

con las penas de prisión de 2 a 5 años, años si la organización tuviere como fin la comisión de delitos graves, y con pena de 1 a 3 años en los demás casos.

Estimamos un tanto sobredimensionada la penalidad cuando la organización tenga como finalidad la perpetración reiterada de faltas, en tanto que las penas a sus "dirigentes" pueden alcanzar hasta los seis años de privación de libertad.

2) Se establece un subtipo agravado imponiendo las penas anteriores en su mitad superior, o la pena superior en grado si concurren dos o más de las circunstancias que se expresan, cuando la organización:

-esté formada por un elevado número de personas;

-disponga de armas o instrumentos peligrosos;

-disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables.

La inclusión de ésta agravación nos suscita serias dudas.

En primer lugar en relación con el término "elevado" número de personas, elemento normativo cultural o social, pues no existe en el Código Penal -EDL 1995/16398- expresión parecida que nos sirva de referencia a tales efectos ( 4 ) , sin que podamos asimilarla a la "superioridad personal" de la agravante de abuso de superioridad, (art. 22,2ª CP) caracterizada por la desproporción o desequilibrio efectivo entre ofensores y ofendido que se traduzca en una disminución de las posibilidades de defensa del agredido, ni a la "generalidad de personas" del delito masa (art. 74,2 CP) referido a un grupo numeroso, incluso indeterminado, de personas agraviadas por el delito.

En relación a la referencia a "armas o instrumentos peligrosos" , aunque es una expresión que en términos similares se repite a lo largo del articulado del CP, (Vgr. arts. 171,5, 180,5, 242,3, 455,2, 495, 552 , 620,1 CP -EDL 1995/16398-), siempre viene referido al hecho de hacer uso de ellas , portarlas o exhibirlas amenazadoramente, pero no al hecho de "disponer" de ellas, expresión, en la que por un lado, al referirse genéricamente a "armas o instrumentos peligrosos", tendríamos que incluir no solo todas las comprendidas en el Reglamento de Armas, sino también todas las que la jurisprudencia ha venido integrando como "instrumentos peligrosos", lo que amplía excesivamente el subtipo, que, entendemos, debería verse perfilado por la exigencia de un plus de peligrosidad concreto. De otra parte, el subtipo, podría entrar en concurrencia con el delito de tenencia ilícita de armas, produciéndose un concurso de normas, que entendemos debería resolverse a favor de la aplicación de éste subtipo agravado previsto en el art. 570 bis,2 b) en aplicación del principio de especialidad, que como primer criterio de aplicación, establece el art. 8,1 CP , si bien ésta solución resulta problemática dado el tenor literal del art. 570 quáter CP, que establece con carácter general para resolver los problemas de concursos de normas, el criterio de gravedad del precepto, establecido en el art. 8,4ª CP.

Por último, en cuanto a que la organización disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables, también tendremos que ser restrictivos en su aplicación, so pena de aplicarla por el mero hecho de disponer de aparatos informáticos o automóviles, hoy en día al alcance de la generalidad de las personas.

Si concurrieran dos o más de estas circunstancias, se impondrán las penas superiores en grado.

3) Se establece otro subtipo agravado imponiendo las penas anteriores en su mitad superior, si la organización tuviera como finalidad u objeto la comisión de delitos contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la libertad e indemnidad sexuales o la trata de seres humanos.

Hubiera sido más correcto que el legislador hubiera empleado, al establecer la agravación referida a los "delitos contra la vida o la integridad de las personas", los términos utilizados en las rúbricas del vigente CP -EDL 1995/16398-, ( vgr. homicidio y lesiones), evitando así problemas interpretativos de futuro.

III. Organización criminal y asociación ilícita

Siendo las notas características de la organización criminal, la pluralidad de personas, su carácter estable y la coordinación con reparto de funciones, la primera cuestión que se nos suscita, subsistiendo tras la reforma el delito de asociación ilícita, en particular el referido en el art. 515,1º CP -EDL 1995/16398-, es distinguir ambos tipos penales ( 5 ).

El art. 515,1º CP -EDL 1995/16398- califica como asociaciones ilícitas "Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada".

Recordemos, que según la jurisprudencia las notas definitorias de la asociación ilícita, son ( 6 ):

a) Una pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad.

b) La existencia de una organización más o menos compleja en función del tipo de actividad prevista.

c) La consistencia o permanencia de la misma en el sentido de que el acuerdo asociativo ha de ser duradero y no puramente transitorio.

d) El fin de la asociación, cuando se trata del caso del art. 515,1 CP -EDL 1995/16398-, ha de ser la comisión de delitos, lo que supone una cierta determinación de la ilícita actividad, sin llegar a la precisión total de cada acción individual en tiempo y lugar.

Así, de una somera lectura del art. 570 bis,1º CP -EDL 1995/16398-, resulta que pluralidad de personas, organización, permanencia y finalidad delictiva, son las notas esenciales y comunes de ambos tipos penales.

Un primer punto de aproximación al problema lo encontramos desde la perspectiva histórica de la delincuencia organizada. El Delito de asociación para delinquir fue tipificado por primera vez en el Código Napoleónico de 1810, como figura destinada a proteger al nuevo Estado liberal frente a las asociaciones que en sí mismas se consideraban comportamientos de grupo que amenazaban las tesis liberales. Servía pues para perseguir a las agrupaciones que se oponían al Estado, persiguiendo en fin a los opositores políticos. Así ingresa en el primer CP español de 1822. donde junto a la criminalidad común "De las cuadrillas de malhechores, y de los que roban caudales públicos o interceptan correos o hacen daños en bienes o efectos pertenecientes al Estado o al común de los pueblos" ( 7 ) se persigue la criminalidad "De las facciones y parcialidades, y de las confederaciones y reuniones prohibidas", castigándose pues por un lado, las organizaciones criminales ("cuadrillas de malhechores") y por otro, las asociaciones que, no siendo propiamente criminales, persiguen "cualquier otro objeto contra el orden público" ( 8 ), esto es, las diferentes clases de asociaciones (sociedades secretas, masones, etc.) contrarias o alejadas de los objetivos del Estado. ( 9 )

Desde la perspectiva de su ubicación sistemática, quedaría reflejada esta división, dado que las organizaciones criminales se encuentran dentro de los delitos contra el orden público, mientras que las asociaciones ilícitas, están dentro del Título XXI , de "Delitos contra la Constitución" en el Capítulo IV "De los Delitos relativos al ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas" -EDL 1995/16398-, evidenciando la dicotomía de bienes jurídicos protegidos: las primeras, el orden público, las segundas, el recto ejercicio del derecho constitucional de asociación.

Por su parte el Apartado XXVIII del Preámbulo de la LO 5/2010 -EDL 2010/101204-, nos da otro criterio de distinción, y tras reconocer la incapacidad del delito de asociación ilícita "para responder adecuadamente a los diferentes supuestos de agrupaciones y organizaciones criminales", señala que "Las organizaciones y grupos criminales no son realmente 'asociaciones´ que delinquen, sino agrupaciones de naturaleza originaria e intrínsecamente delictiva, carentes en muchos casos de forma o apariencia jurídica alguna, o dotadas de tal apariencia con el exclusivo propósito de ocultar su actividad y buscar su impunidad".

A pesar de lo expuesto, los perfiles delimitadores de una y otra figura, no resultan claros. Probablemente el problema estriba en que, no existiendo hasta ahora ningún otro tipo penal para hacer frente a la criminalidad organizada que el de la "asociación ilícita", ésta amplió sus contornos, pasando a ser una especie de "cajón de sastre" al que acudir cuando no era posible comprobar los delitos finales cometidos, debiendo ahora redefinirse para limitar sus contornos a las asociaciones constituidas como tales, cuyo objeto sea la comisión de algún delito o cuyos fines se desvirtúen para, después de constituidas, promover su comisión, quedando fuera de estos límites, aquellas otras figuras no asociativas. Reconocemos que éste criterio resulta igualmente insuficiente cuando el mismo Preámbulo de la Reforma permite considerar la existencia de organizaciones criminales "de forma o apariencia jurídica", por lo que, si no queremos privilegiar "a priori" a aquellos delincuentes que han tenido la previsión de constituirse como asociación, (dada la menor penalidad que, en general, establece el art. 517 CP -EDL 1995/16398- respecto del art. 570 ter CP), o acudir sistemáticamente a la cláusula que sobre el concurso de normas establece el art. 570 quáter, dejando sin contenido el art. 515,1º CP, tendremos que dar un paso más, y atender, partiendo de su origen histórico, a la naturaleza de los delitos promovidos por la asociación, circunscribiéndolos a los delitos en donde el fin u objetivo último no sea la obtención de un lucro ilícito, sino la "subversión política" ( 10 ) como pueden ser los delitos contra la Constitución o los delitos contra el orden público, reservando para las organizaciones criminales, aquel tipo de delincuencia.

No obstante, en ésta búsqueda por evitar la inseguridad jurídica en la aplicación de dos tipos penales, probablemente nos hemos extralimitado, y que debiera ser el legislador, el que introduzca un elemento delimitador que clarifique los contornos entre ambas figuras.

IV. El grupo criminal

El art. 570 ter CP -EDL 1995/16398-, define el grupo criminal como "la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos o la comisión concertada y reiterada de faltas".

Se configura pues el grupo criminal por exclusión de las características que definen la organización siendo posible su punición sin que exista estabilidad, coordinación o distribución de funciones, siendo sólo imprescindible que se trate de al menos tres personas concertadas para la perpetración de delitos o de faltas reiteradas.

En cuanto a la penalidad, y a diferencia de la organización criminal, no se hace diferencia entre promotores, coordinadores y demás partícipes del grupo criminal, sino que se establece una penalidad única para quienes lo constituyeren, financiaren o integraren, distinguiendo, eso sí, la gravedad de los delitos perseguidos. Así se castiga:

1) -con la pena de 2 a 4 años de prisión si la finalidad del grupo es cometer delitos graves y con la pena de 1 a tres años si se tratara de delitos menos graves, tratándose de delitos contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la libertad e indemnidad sexuales o la trata de seres humanos.

-con la pena de 6 meses a dos años de prisión si la finalidad del grupo es cometer cualquier otro delito grave y con la pena de 3 meses a un año de prisión si se trata de delitos menos graves.

-con la pena de 3 meses a un año de prisión si la finalidad del grupo fuera la comisión reiterada de faltas de hurto, y con la de 3 meses a 7 meses y 15 días de prisión (mitad inferior de la pena anterior) si la finalidad fuera la comisión reiterada del resto de las faltas.

2) Se establece un subtipo agravado imponiendo las penas anteriores en su mitad superior, o la pena superior en grado si concurren dos o más de las circunstancias que se expresan, en los mismos supuestos contemplados para la organización, esto es, cuando el grupo:

-esté formado por un elevado número de personas;

-disponga de armas o instrumentos peligrosos;

-disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables.

V. Grupo criminal y coautoría

El art. 28 CP -EDL 1995/16398- nos permite disponer de una definición legal de la coautoría: son coautores quienes realizan conjuntamente un hecho delictivo. La coautoría aparece cuando varias personas, de común acuerdo, toman parte en la ejecución de un hecho típico constitutivo de delito. Tal conceptuación requiere, de una parte la existencia de una decisión conjunta, elemento subjetivo de la autoría, y de otra, de un dominio funcional del hecho, con aportación de una acción durante la fase de ejecución del delito, que integra el elemento objetivo.

Delimitada así la coautoría, y vista la definición del grupo organizado, nos planteamos, qué diferencia hay entre una y otro, o, dicho de otra manera, si siempre que tres o más personas se conciertan para cometer delitos, y los cometen, además de la pena correspondiente al delito cometido, debe también imponérseles la pena correspondiente al grupo organizado.

Dentro del concepto de autoría, la jurisprudencia admite la coautoría adhesiva o sucesiva, también denominada coautoría aditiva, caracterizada por los siguientes elementos ( 11 ):

-que alguien hubiere dado comienzo a la ejecución del delito;

-que posteriormente otro u otros ensamblen su actividad a la del primero para lograr la consumación del delito cuya ejecución había sido iniciada por aquél;

-que quienes intervengan con posterioridad ratifiquen lo ya realizado por quien comenzó la ejecución del delito aprovechándose de la situación previamente creada por él, no bastando el simple conocimiento.

-que cuando intervengan los que no hayan concurrido a los actos de iniciación, no se hubiere producido la consumación, puesto que, quien interviene después, no puede decirse que haya tomado para en la ejecución del hecho.

En una primera aproximación al tema, excluiremos del concepto de grupo criminal los supuestos de coautoría aditiva, pues en ellos no existe el acuerdo previo necesario para la perpetración del delito o delitos. Del mismo modo, quedarían excluidos los supuestos en donde la idea criminal es prácticamente simultánea a la ejecución del delito, en donde el acuerdo se identifica con la mera coincidencia de voluntades de los partícipes, esto es, con lo que se ha llamando dolo compartido. ( 12 )

Ahora bien, si la coautoría aparece caracterizada por una decisión conjunta de los autores que permite engarzar las respectivas actuaciones enmarcadas en una división de funciones acordadas, entendemos necesario encontrar otro punto diferenciador con el concepto de grupo criminal.

Señala el legislador en el art. 570 ter CP -EDL 1995/16398-, tres notas que determinan el grupo criminal:

-unión de más de dos personas;

-que no reúnan alguna o algunas de las características de la organización criminal;

-que tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos o la comisión concertada y reiterada de faltas.

En relación al primer elemento, la unión de más de dos personas, la simple referencia a la misma, excluiría, como hemos señalado anteriormente, la coautoría aditiva, pues se requiere un vínculo, una unión entre los integrantes, unión que, teniendo en cuenta que el propio art. 570 ter CP -EDL 1995/16398- se refiere a quienes "constituyeren, financiaren o integraren", va más allá de una mera coincidencia de personas, y que exige la creación de un grupo. No basta con que concurran tres personas con un designio criminal y que integraría la coautoría, sino que, para que exista grupo criminal, es necesario que entre ellos haya un soporte o una base superior a la mera coincidencia. Ello se confirma si tenemos en cuenta la previsión establecida en el párrafo primero del art. 570 quáter CP que prevé como consecuencia accesoria, la disolución del grupo, lo que carecería de sentido, si hubiera una simple coincidencia de personas que deciden cometer un ilícito criminal.

En cuanto al segundo elemento, definido por exclusión, consideramos, que no puede prescindirse de la totalidad de las notas determinante de la organización criminal para que exista el grupo criminal. El legislador no habla de la falta de alguna o de todas las características de la organización criminal, sino de la ausencia de "alguna o algunas", por lo que entendemos que deberá haber o una unión estable, o una coordinación aunque no sea jerárquica, o una distribución de funciones en la ejecución del hecho criminal, nota que también nos permite distinguir el grupo criminal de la coautoría.

Por último, el grupo criminal debe tener por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos o la comisión concertada y reiterada de faltas. Aunque sólo habla de reiteración en las faltas, la referencia a "delitos", sugiere que no se trate de la comisión de un delito aislado entre varias personas, que configuraría la coautoría, sino de la constitución de un grupo para la perpetración de una pluralidad de delitos.

No debe confundirnos, pues, la aparente simplicidad con la que está configurado el "grupo criminal", y considerar que es asimilable a la coautoría. En los supuestos en que un delito sea cometido por más de dos personas, que no constituyan una unión estable o carezcan de una coordinación en su acción o no tengan un reparto de tareas, el hecho habrá de ser castigado conforme al delito cometido, a través de la coautoría o de las otras formas de participación delictiva (arts. 28 y 29 CP -EDL 1995/16398-). Del mismo modo, aunque ese delito no llegue a perpetrarse y no lleguen a realizarse actos típicos, su punición deberemos resolverla a través de las figuras de la conspiración y la proposición (arts.17 y 18 CP), que castiga estos actos preparatorios, en los supuestos expresamente previstos en la Ley, y no necesariamente a través de la nueva figura del "grupo criminal".

VI. Naturaleza de los delitos de organización y grupo criminal

El delito de pertenencia a organizaciones o grupos criminales, se configura como un tipo independiente de los delitos que pueden cometerse aprovechando la estructura criminal. Hablaríamos pues de dos injustos penales distintos: uno el de la propia organización criminal y otro el del delito cometido o intentado ( 13 ).

El desvalor de las organizaciones o grupos criminales se configura por la potencialidad lesiva de los bienes jurídicos protegidos: de una parte el bien jurídico general, el orden público, entendido como garantía del buen funcionamiento de los servicios e instituciones públicas y la libertad en su legítimo ejercicio, y de otra, la protección de los bienes jurídicos atacados por el programa criminal, donde deben entenderse incluidos, no sólo los delitos que son el objeto de las organizaciones o grupos criminales, sino también aquellos otros delitos que se configuran como instrumentales o mediales para la consecución de esos fines. Desde esta perspectiva, los delitos de organizaciones y grupos criminales, se configuran como delitos de peligro abstracto respecto del bien jurídico general protegido y de los delitos "medio" para la consecución de los fines de las organizaciones y grupos criminales, y se configuran como delitos de peligro concreto en cuanto a los delitos "programados" por la actividad criminal. Quizá podríamos concluir que se trata de modalidades delictivas de peligro hipotético o potencial, también denominadas de peligro abstracto-concreto o delitos de aptitud, en donde "no se tipifica en sentido propio un resultado concreto de peligro, sino un comportamiento idóneo para producir peligro para el bien jurídico protegido. En estos supuestos la situación de concreto peligro no es elemento del tipo, pero sí la idoneidad del comportamiento realizado para producir dicho peligro" ( 14 ).

Desde otra perspectiva, la pertenencia a una organización o grupo criminal, debe considerarse como un delito de carácter permanente, en los que se mantiene una situación de antijuridicidad a lo largo de todo el tiempo en el que, por la voluntad del autor, se renueva continuamente la acción típica. Se trata de un delito de mera actividad y permanente que se extiende en el tiempo desde el ingreso en la organización del agente hasta que se produce su apartamiento. En estos casos existe una modalidad de consumación ininterrumpida hasta que el sujeto activo decide abandonar el espacio antijurídico al que estaba dando vida, manteniendo persistentemente la renovación de la conducta antijurídica.

El carácter permanente determina que el delito subsistirá siempre que la voluntad del autor consienta dicha adscripción, sin que, por otra parte, el tipo exija una actividad determinada. Y es que las acciones concretas realizadas por los miembros de la organización o grupo criminal constitutivas de una infracción penal autónoma, son independientes del delito de pertenencia a las mismas, pues se trata de sustratos de hecho diferentes.

No obstante lo anterior, no es suficiente el sustrato subjetivo o voluntad de pertenencia o integración a la organización o grupo, sino que como requisito de la pertenencia a una organización o grupo criminal, junto al necesario sustrato de la existencia de la organización misma, es necesario un elemento material u objetivo consistente en la realización o posibilidad de llevar a cabo actividades para la misma que contribuyan a alcanzar la finalidad que persigue. Por ello, cabe dar por extinguido ese delito cuando se ha puesto fin a la permanencia en la organización, "bien por el cese voluntario o apartamiento de la misma, por la expulsión por parte de los órganos directivos, o por razón de un hecho de fuerza mayor, como puede ser la condena por dicho delito, lo que cierra y provoca la ruptura de la situación delictiva previa". ( 15 ) Ello implica que "es posible cometer el delito una y más veces, si se llevan a cabo actividades de la misma naturaleza, después de concluida una etapa o periodo de pertenencia a la banda (ruptura de hecho) o por consecuencia de la condena por actos típicos de integración (ruptura jurídica)." ( 16 )

Por último, como la pertenencia a una organización o grupo criminal exige, como sustrato primario, la existencia de la organización misma, (o del grupo criminal), compuesta por una pluralidad de personas con los requisitos antes estudiados, es posible que una persona pueda pertenecer simultánea o sucesivamente a mas de una organización o grupo criminal. La pertenencia a una determinada organización o grupo criminal no supone que absorba cualquier otra pertenencia o integración a otro grupo diferente que tenga otros fines delictivos, aun cuando se produzca una coincidencia temporal entre ambas adscripciones, lo que implica por tanto, que una persona pueda ser condenada como autor de más de un delito de pertenencia a organización o grupo criminales.

VII. Diferencias entre organización y grupo criminal y la conspiración para delinquir

El concierto en la comisión de delitos, que constituye un elemento integrante tanto de la organización como del grupo criminal, asemeja estas figuras al concepto de conspiración previsto en el art. 17 CP -EDL 1995/16398-, si bien es de notar las siguientes diferencias ( 17 ):

-En la conspiración es suficiente que haya dos personas concertadas para la ejecución del delito, mientras que en la organización y grupo criminal, al menos, deben ser tres personas.

-La conspiración (al igual que la provocación y la proposición para delinquir) sólo se castiga en relación con determinados delitos graves en los que expresamente se declara (homicidio, asesinato, lesiones, detención ilegal, trata de seres humanos, robo, extorsión, estafa, etc...), en tanto que la organización y grupo criminal se castiga para todo tipo de delitos, incluso en faltas reiteradas.

-La penalidad de la conspiración difiere según el tipo de delito que se pretende ejecutar, puesto que se castiga con pena inferior en uno o dos grados a la prevista para el delito de referencia consumado, en tanto que en la organización y grupo criminal, tienen una pena autónoma, siendo la gravedad mayor o menor del delito objeto o fin de la organización o grupo y la distinta participación, en el caso de la organización, de sus integrantes, lo que determina una mayor o menor gravedad de la pena a imponer.

-La conspiración, tanto si se concibe como un acto preparatorio o como una forma de participación intentada o de coautoría anticipada, sólo se castiga si el delito de que se trate aún no ha llegado a la fase de ejecución o consumación, quedando absorbida por la pena de la tentativa o la consumación caso de que se pase a la ejecución o el delito se consuma, mientras que la organización o el grupo criminal, mantienen su autonomía independientemente del delito que se cometa a través de la misma, provocando un concurso de delitos no siempre fácil de resolver.

VIII. Problemas concursales

Son muchas las ocasiones que el legislador, en la tipificación de los delitos del Libro II CP -EDL 1995/16398-, se refiere a las asociaciones, organizaciones y grupos criminales para agravar la penalidad de las conductas, si bien utilizando muy diversa terminología.

1- Utiliza la expresión "cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación (en el art. 177 bis, 6 CP -EDL 1995/16398- se añade "de más de dos personas") incluso de carácter transitorio, que se dedicase a la realización de tales actividades":

-En el art. 177 bis, 6 CP -EDL 1995/16398- respecto de los delitos de "Trata de Seres Humanos", establecidos en el art. 177 bis, 1 CP (Título VII).

-En el art. 187,4 CP -EDL 1995/16398-, y en el art. 189,3 e) CP respecto "De los Delitos relativos a la Prostitución y Corrupción de Menores", establecidos en los arts. 187 CP y 189 CP respectivamente.

-En los arts. 271 c) CP y 276 c) CP -EDL 1995/16398- respecto de los "Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial" respectivamente previstos en los arts. 270 CP y 273 a 275 CP (Capítulo XI del Título XIII).

-En el art. 318 bis, 4) CP -EDL 1995/16398- respecto de los "Delitos contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros" establecidos en el art. 318 bis CP (Título XV BIS).

-En el art. 386 "in fine" CP -EDL 1995/16398- respecto de los delitos de "Falsificación de Moneda" establecidos en el art. 386 CP (Capítulo I, Título XVIII).

2- Utiliza la expresión "cuando el culpable perteneciere a una organización o grupo criminales que se dedicaren a la realización de tales actividades":

-En el art. 188,4 b) CP -EDL 1995/16398- respecto "De los Delitos relativos a la Prostitución y Corrupción de Menores", establecidos en los arts. 188 y ss. CP.

3- En el art. 399 bis CP -EDL 1995/16398- en relación a los delitos de falsificación de tarjetas de crédito previstos en el mismo artículo (Capítulo II, Título XVIII) se utiliza la expresión "se hubiese cometido en el marco de una organización criminal dedicada a estas actividades".

4- En el art. 183,4 f) CP -EDL 1995/16398- en relación a los delitos de "Abusos y Agresiones Sexuales a Menores de Trece Años" establecidos en el art. 183 CP (Capítulo II BIS del Título VIII) "cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminales que se dedicaren a la realización de tales actividades".

5- Emplea la expresión "se hubiese cometido en el marco de una organización criminal" en el art. 264,3,1º CP -EDL 1995/16398- se refiere a la agravación en los supuestos de los llamados "daños informáticos" (Capítulo IX, Título XIII).

6- En el art. 369 bis CP -EDL 1995/16398- se refiere a que los hechos descritos en el art. 368 CP (Capítulo III del Título XVII), "se hayan realizado por quienes pertenecieren a una organización delictiva".

7- Por último, emplea la expresión "se cometiesen en el seno de una organización o grupo criminales" en el art. 197,8 CP -EDL 1995/16398- respecto de los delitos de "Descubrimiento y Revelación de Secretos" establecidos en el art. 197 CP (Capítulo I, Título X).

Ante esta variedad terminológica, debemos plantearnos, si el legislador quiere darle la misma trascendencia a una u otra de las expresiones utilizadas -cuestión sobre la que volveremos más adelante-, de donde en principio resulta:

-Que cuando, como es el caso del art. 369 bis CP -EDL 1995/16398-, se refiere a "organización delictiva" o en los arts. 264,3 y 399 bis CP a "organización criminal", debemos entender asimilada esta referencia exclusivamente a la pertenencia del autor a una "organización criminal", en los términos establecidos en el art. 570 bis CP.

-Que aunque no se haga referencia expresa, cuando, como ocurre en la mayoría del articulado, el legislador se refiere a la pertenencia del culpable "a una organización o asociación incluso de carácter transitorio, que se dedicase a la realización de tales actividades", debemos entender incluidos también los supuestos de pertenencia del autor a un "grupo criminal", en los términos establecidos en el art. 570 ter CP -EDL 1995/16398-.

En cualquier caso, surge la cuestión de si la agravación contemplada en los distintos tipos, es compatible con la penalidad que el legislador establece para las "organizaciones y grupos criminales", esto es, si al integrante o partícipe de una de estas organizaciones o grupos le debe ser impuesta la pena establecida en los arts. 570 bis o 570 ter CP -EDL 1995/16398-, además de la pena correspondiente al tipo cometido con la agravación contemplada en las distintas figuras delictivas o, en caso contrario, qué penalidad debe primar.

Debemos partir de la premisa de que cuando los hechos delictivos encajan en dos disposiciones penales y no es necesario aplicar las dos para abarcar la total antijuricidad del suceso, nos hallamos ante un concurso de normas. Así, si el culpable de un determinado hecho delictivo pertenece a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedique solo a la realización, por ejemplo, de delitos de inmigración ilegal (art. 318 bis -EDL 1995/16398-) o de trata de seres humanos (art. 177 bis), el concurso de normas deberá ser resuelto conforme al criterio de la absorción o consunción previsto en el art. 8,3 CP, en cuanto el precepto penal más amplio consume a otro más simple.

En estos supuestos, además, no existiría ningún problema interpretativo en relación a la norma establecida en el art. 570 quáter CP -EDL 1995/16398- de atender al criterio de la gravedad de las penas establecido en el art. 8,4 CP para resolver los supuestos de concursos de normas, en cuanto se alcanzaría idéntica solución.

Mayores dificultades entendemos que presentan otros supuestos de agravación, como los contemplados para los delitos contra la propiedad intelectual [art. 271 c) CP -EDL 1995/16398-] o industrial [art. 276 c) CP] , cometidos por un coordinador o director de una organización dedicada a éstas actividades, puesto que la pena privativa de libertad señalada para aquellos tipos agravados, es de 1 a 4 años, mientras que la prevista en el art. 570 bis CP es de 3 a 6 años. Conforme al principio de absorción, debería prevalecer la punición de las figuras agravadas, pero, si aplicamos la referida regla del art. 570 quáter CP, parece que debe prevalecer la punición por el delito más grave de organización criminal. Censuramos esta opción del legislador ante la consideración de la naturaleza pluriofensiva de las figuras agravadas , que abarcan el desvalor de la conducta contra los derechos de propiedad intelectual o industrial, como el de la participación como dirigente en la organización que sirve de soporte en la ejecución de tales delitos, y en tanto que la regla prevista en el art. 8,4 CP es subsidiaria al criterio de la absorción ("en defecto de los criterios anteriores", comienza diciendo el art. 8,4 CP).

Pero la consunción de una norma solo puede admitirse cuando "ninguna parte injusta del hecho" queda sin respuesta penal. Por tanto, si la organización a la que pertenece el autor del hecho, se dedicare a "otras actividades", además de la contemplada en el tipo agravado imputado al autor, estaríamos, no ante un supuesto de concurso de normas, sino ante un concurso real de delitos. La cuestión, es si podemos imponer la penalidad correspondiente al subtipo agravado además de la correspondiente a la organización criminal, sin vulnerar el principio "non bis in idem". Como sabemos éste principio proscribe con carácter general la doble valoración de un elemento o circunstancia que forme parte de la estructura del tipo, o de otros elementos o circunstancias concomitantes o progresivos que establezcan un marco penal distinto o agravado en relación con el tipo básico, principio que, aunque no recogido expresamente en la Constitución -EDL 1978/3879-, se ha considerado directamente emanado del de legalidad penal proclamado en el art. 25,1 de la misma. Desde éste planteamiento entendemos que si la organización criminal, tiene como finalidad la comisión de otros delitos que incluyen no sólo aquél que ha servido de fundamento a la aplicación del subtipo agravado, sino también otros distintos, la condena también, por los delitos previstos en los arts. 570 bis o 570 ter CP -EDL 1995/16398-, no conculcaría éste principio, en aquellos supuestos, mayoritarios, en los que al describir el subtipo agravado, el legislador se refiere a organizaciones, asociaciones o grupos criminales "que se dedicaren a tales actividades", pues el desvalor de una organización más compleja, dedicada también a otro tipo de actividades delictivas, no quedaría incluido en ésta agravación. Mayor dificultad nos plantean las agravaciones contenidas en los arts. 264,3,1º CP en relación a los "daños informáticos" y 197,8 CP en relación a los delitos de "descubrimiento y revelación de secretos", por cuanto en los mismos no se acota la agravación a organizaciones dedicadas "a la realización de tales actividades", sino que se la deja abierta, a la comisión del delito en el marco o en el seno de la misma. Teniendo la agravación de los distintos subtipos agravados el mismo fundamento, esto es la mayor facilidad para la comisión y mayor peligrosidad de quien se vale de un soporte organizativo o plural, no tendría sentido que en éstos casos, la punición por los dos tipos penales (el específico, y el de la organización o grupos criminales), sí infringiera el principio "non bis in idem", pero lo cierto es que el tenor literal de los mismos parece no permitir otra conclusión.

Por otra parte, en el resto del articulado del CP -EDL 1995/16398- en el que no se plantean agravaciones específicas por el hecho de la pertenencia a una organización o grupo criminal, queda fuera de toda duda que al miembro o partícipe de las mismas que haya cometido un delito, le serían de aplicación los dos tipos penales (por ejemplo, una organización criminal dedicada a cometer estafas) , ya que uno sólo no agota el desvalor del comportamiento complejo: el desvalor del delito cometido concretamente y el desvalor de formar parte de una organización criminal dedicada a la comisión de esos delitos que el sujeto cometió o que es medio para cometerlos. Si esto es así, consideramos, no debe ser "premiado" el autor integrado en una organización criminal que, entre otros delitos, como por ejemplo los de estafa, persigue la comisión de delitos de "descubrimiento y revelación de secretos" y comete unos de éstos, respecto al mismo autor, en el mismo tipo de organización, que comete un delito de estafa.

A nuestra censura por la distinta terminología empleada por el legislador al describir estos tipos de figuras agravadas que dificultan una coherencia interpretativa, añadimos una crítica más general, considerando que, al crear las figuras de la organización criminal y sobre todo, por exigir menos requisitos, del grupo criminal, el legislador debiera haber prescindido de establecer figuras agravadas basadas en los mismos, por más que se haya centrado en aquellos delitos cuya perpetración en grupos más o menos organizados son especialmente habituales.





Notas

1.-STS 1003/2006 de 19 octubre. Pte. Sr. Berdugo Gómez de la Torre -EDJ 2006/288742-.

2.-STS 1145/2006 de 23 noviembre. Pte. Berdugo Gómez de la Torre -EDJ 2006/337349-.

3.-C. Martell Pérez-Alcalde y D. Quintero García, "De las Organizaciones y grupos criminales" en "La Reforma Penal de 2010: Análisis y Comentarios". Editorial Aranzadi S.A. 2010. Págs. 360-362.

4.-Laura Zúñiga Rodríguez. "Criminalidad organizada y sistema de derecho penal. Contribución a la determinación del injusto penal de organización criminal". Editorial Comares. 2009. Págs. 41-42.

5.-Capítulo IV del Título III del CP de 1822. Art. 315.

6.-Capítulo VII del Título III "De los delitos contra la seguridad interior del Estado y contra la tranquilidad y orden público" del CP de 1822.

7.-STS Sala 2ª, nº 740/2010 de 6 julio, Pte. Granados Pérez -EDJ 2010/153057-; 500/2010 de 28 mayo, Pte. Maza Martín -EDJ 2010/102603-; 415/2005, de 23 marzo, Pte. Martínez Arrieta -EDJ 2005/68310-; 421/2003 de 10 abril, Pte. Saavedra Ruiz -EDJ 2003/25261- y 234/2001 de 3 mayo, Pte. Prego de Oliver y Tolivar -EDJ 2001/8432-, entre otras.

8.-F. Muñoz Conde, en "Derecho Penal. Parte Especial". Editorial Tirant lo Blanch. 18ª edición, pág. 910, considera que "lo que carece de sentido es que se siga manteniendo el delito de asociación ilícita junto con el de organización criminal".

9.-Tan solo en la STS Sala 2ª, núm. rec. 1590/2003, de 22 abril 2004. Pte. Conde-Pumpido Tourón -EDJ 2004/238787- encontramos la referencia de "elevado número de acusados" referido a una Causa seguida contra 29 acusados.

10.-Acción común 98/733/JAI, sobre la base del artículo K.3 del tratado de la Unión Europea, relativa a la tipificación penal de la participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la Unión Europea -EDL 1998/48320-.

11.-Aprobada por la Decisión del Consejo de la Unión Europea 2004/579/CE de 29 abril 2004 en nombre de la Comunidad Europea -EDL 2004/82271-.

12.-Laura Zúñiga Rodríguez.- "Criminalidad organizada y sistema de derecho penal. Contribución a la determinación del injusto penal de organización criminal". Editorial Comares S.L. 2009. Págs. 126-133.

13.-F. Muñoz Conde, en "Derecho Penal. Parte Especial". Editorial Tirant lo Blanch. 18ª edición pág. 910.

14.-STS núm. 886/2007, de 2 noviembre. Pte. Soriano Soriano, en relación a las organizaciones o bandas terroristas -EDJ 2007/222970-.

15.-STS núm. 1117/2003, de 19 julio. Pte. Soriano Soriano, en relación a las organizaciones o bandas terroristas -EDJ 2003/80608-.

16.-STS núm 388/2003, de 1 abril. Pte: Conde-Pumpido Tourón.

17.-Laura Zúñiga Rodríguez. "Criminalidad organizada y sistema de derecho penal. Contribución a la determinación del injusto penal de organización criminal". Editorial Comares S.L. 2009. pág. 260.



Este artículo ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 3, el 16 de junio de 2011 y número 1, el 7 de julio de 2011.


Es Una lastima que en España tengamos una fiscalia de mentirijilla.

Por cierto, como se empiece a rumorear que vamos hacia otras Elecciones generales... Va a salir mierda del PP a Borbotones, sobre todo de los amigos de Rajoy.

El PP se ha dado cuenta que si no gobiernan es por su corrupto presidente.


Responder Citando
Estos 2 usuarios dan las gracias a sirpask por su mensaje:
  #14  
Antiguo 27-ene-2016, 02:01
Bocanegra Bocanegra está desconectado
Excelentísimo, ilustrísimo, magnífico y grandísimo señor de élite de los gurús burbujistas
 
Fecha de Ingreso: 15-marzo-2012
Mensajes: 11.391
Gracias: 28.612
20.638 Agradecimientos de 6.932 mensajes
Si esto no es una famiglia que venga dios lo vea.

Por cierto, cuando se habla de r78 y la famiglia, se deduce que hay dos clanes que se reparten el pastel. Si cae uno caerá el otro y fin de r78.

A veces, pensando...me pregunto como sería nuestro país si quitaramos de un plumazo a todos los narco-ladrones-comisionistas.

Gracias por todo CdE.


Responder Citando
Estos 3 usuarios dan las gracias a Bocanegra por su mensaje:
  #15  
Antiguo 27-ene-2016, 03:43
Proteus Proteus está desconectado
Ilustrísimo y grandísimo miembro de la élite burbujista
 
Fecha de Ingreso: 26-octubre-2011
Ubicación: Mordor
Mensajes: 5.907
Gracias: 7.197
12.023 Agradecimientos de 3.665 mensajes
¡AJÁ! Ahora se entiende todo mucho mejor


Responder Citando
Estos usuarios dan las gracias a Proteus por su mensaje:
  #16  
Antiguo 27-ene-2016, 07:31
Nut Nut está desconectado
ir-
 
Fecha de Ingreso: 27-mayo-2011
Mensajes: 16.533
Gracias: 5.623
23.556 Agradecimientos de 8.444 mensajes
Esto y mas inhabilita a Rajoy como presidente totalmente.Y no solo como presidente ya no tenia que haber sido ni candidato.


Pero en realidad ese no es el problema chorizos delincuentes y criminales los hay y habrá.

El problema es quien los elige y vota.

Quien vota a ladrones no es victima es complice(gran verdad).

Son el partido mas votado.Por que?Por quién?Que beneficios les aporta?

Bien para mi las respuestas las encontramos en el asesinato de León que ahora se juzga.

Sin revolución moral no hay revolución social.Es imposible.


Responder Citando
Estos 2 usuarios dan las gracias a Nut por su mensaje:
  #17  
Antiguo 27-ene-2016, 08:21
alexgonzalez alexgonzalez esta en línea ahora
Burbujista abducido
 
Fecha de Ingreso: 16-abril-2014
Mensajes: 2.637
Gracias: 0
2.074 Agradecimientos de 1.006 mensajes
Tanto el PP como el PSOE tendrían que estar inhabilitados. Ninguno tendría que poder presentarse a nada en un siglo, al menos, por corrupción y demás cargos, más que demostrados.

Y la gente que los vota aún, tendrían que ser sancionados igualmente, porque hace falta ser cerrado de mollera cuando te presentan pruebas de todo lo que han hecho, y siguen votándoles. Merecen que no sean considerados aptos para tomar decisiones.

Estamos en un país lleno de gente sin opinión propia, corderitos que no les importa que les lleven al matadero una y otra vez. Es lamentable. Da pena estar rodeado de personas así.

A veces. Sólo a veces. Dan ganas de que vuelva cualquier tipo bajito y calvo, y pegue cuatro tiros al aire para dar un golpe de Estado. Al menos, sólo uno mandaba, sólo uno robaba, y sólo uno nos obligaba a hacerle caso. Hoy día, son tantos los que roban que apenas tiene el país dinero para ser entregado vilmente a toda esta gente.


Responder Citando
  #18  
Antiguo 27-ene-2016, 08:30
[email protected] de Espartinas Ciudadan@s de Espartinas está desconectado
Ilustrísimo y grandísimo miembro de la selecta élite de los gurús burbujistas
 
Fecha de Ingreso: 05-febrero-2008
Mensajes: 6.077
Gracias: 18.365
60.065 Agradecimientos de 7.612 mensajes
Que el PP es una ORGANIZACIÓN CRIMINAL lo dicen ya en titulares hasta los Mass Mierda:


'OPERACIÓN TAULA'

Desmantelada la "organización criminal" del PP valenciano

<figure class="multimedia-item image" itemprop="image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"><figcaption class="caption" itemprop="description">
Material incautado en las oficinas del PP en el Ayuntamiento de Valencia. Kai Försterling.EFE</figcaption></figure><aside class="aside-tools byline-tools">
</aside>El último bloc de notas de Alfonso Rus
¿Quiénes son los detenidos?
El círculo se estrecha sobre Rita Barberá
<footer><address class="news-author"></address></footer><time datetime="2016-01-27 03:0Actualizado 27/01/2016 03:08</time>

Una investigación judicial que multiplica la magnitud que provocó el terremoto del caso Gürtel en España y sin precedentes en la Comunidad Valenciana. Que va más allá del Ayuntamiento de Játiva o del de Valencia. Más allá de la Diputación, de Alfonso Rus. Incluso más allá de Rita Barberá, cuya gestión la Guardia Civil también investiga. Las diligencias judiciales que ayer provocaron una extensa operación policial señalan directamente al PP de la provincia y de la ciudad de Valencia como una supuesta «organización criminal» con ramificaciones internacionales. Todo apunta a que los integrantes de la trama se servían de sus puestos de responsabilidad en administraciones o empresas públicas para percibir millones de euros en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones.

El dinero percibido de las presuntas comisiones ilegales obtenidas como contraprestación de las adjudicaciones se habría blanqueado a través de sociedades radicadas en otros países, el club de fútbol presidido por Rus (Olímpic de Xàtiva) o el pago de actos de campaña para el partido, según fuentes próximas al caso.

El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han golpeado así con fuerza a una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos, la Generalitat y la Diputación.
<aside class="summary-item"><figure class="multimedia-item video" itemprop="video" itemscope="" itemtype="http://schema.org/VideoObject">

<figcaption class="caption" itemprop="description">El ex presidente del PPV sale de su casa detenido por los agentes de la UCO </figcaption></figure></aside>Es la operación Taula, que investiga la trama de comisiones que salió a la luz a raíz de que Izquierda Unida aportara a la Fiscalía Anticorrupción más de 10 horas de comprometidas grabaciones registradas por un comisionista que ha confesado los delitos, Marcos Benavent, conocido en su día por su estrambótica comparecencia ante el juez en la que se confesó un «yonqui del dinero». Del traje a medida había pasado a la estética hipster-budista. De comisionista a arrepentido.

Hasta el momento se han producido 24 detenciones -ocho de ellas de cargos del PP- y hay al menos 29 investigados -término que sustituye al de imputado tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-. Se han intervenido 250 cuentas bancarias y se practicaron 33 registros de forma simultánea por toda la comunidad para garantizar que no se destruyeran pruebas. La operación la coordinó el juez Víctor Gómez, pero en ella participaron hasta ocho juzgados más de apoyo para que los registros se realizaran con todas las garantías para los detenidos.

Entre los arrestados está el ex presidente del PP en la provincia de Valencia y de la Diputación Alfonso Rus, así como algunos de sus más cercanos colaboradores, como Emilio Llopis, ex jefe de Gabinete y ex alcalde de Genovés, y los ex vicepresidentes de la corporación provincial Juan José Medina, ex alcalde de Moncada, y Máximo Caturla. Llopis y Medina aún eran asesores de los populares en la Diputación y fueron destituidos horas después de su detención. También al ex diputado regional del Partido Popular y ex vicesecretario regional, David Serra, procesado en el caso Gürtel.

La UCO también irrumpió en las oficinas del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, donde los trabajadores permanecieron retenidos en una sala mientras se producía el registro. Además, fue detenida la secretaria del grupo, Mari Carmen García Fuster; la ex concejal de Cultura María José Alcón, esposa del ex vicealcalde valenciano Alfonso Grau, acusado en el caso Nóos; y Vicente Burgos, primer marido de Alcón. El portavoz municipal, Alfonso Novo, el asesor Luis Salom y una secretaria también figuran en la lista de investigados en relación a la presunta financiación irregular del PP, según fuentes próximas al caso.
<aside class="summary-item"><figure class="multimedia-item video" itemprop="video" itemscope="" itemtype="http://schema.org/VideoObject">

<figcaption class="caption" itemprop="description">Actuaci ón de la Justicia, la Fiscalía y la Guardia Civil contra el PP en Valencia </figcaption></figure></aside>Otro de los lugares donde la Guardia Civil practicó registros es el campo de La Murta, del Olímpic de Xàtiva, club de fútbol del que Rus fue presidente hasta el pasado mes de mayo y una de las presuntas herramientas para blanquear el dinero procedente del pago de comisiones. Según estas fuentes, los agentes se interesaron por contratos de jugadores -al parecer algunos trabajaban para la Diputación pero sólo se dedicaban a jugar al fútbol-.

En paralelo, los agentes se dirigieron a Benigànim, un municipio situado a muy pocos kilómetros de Jàtiva, para registrar la empresa de Vicente Cuquerella, uno de los propietarios de la sede central del PP en la comunidad, en la calle Quart de Valencia. Cuquerella se benefició, junto a una empresa de Muro de Alcoy -que también fue registrada ayer-, de un contrato de 32 millones de euros en césped artificial.

Por otra parte, se registraron domicilios particulares de los investigados, la sede social de la empresa pública de la Generalitat que construye colegios (Ciegsa) y varias fundaciones, entre ellas la Fundación Jaume II, la conexión entre el Ayuntamiento de Valencia y la trama.

También se buscó documentación en Engloba, una conocida empresa de comunicación que gestiona en Valencia el centro cultural La Rambleta, un proyecto que el juzgado investiga por si los sobrecostes de la construcción del edificio se destinaron a sobornos. Durante los registros los agentes se incautaron de dinero en metálico que guardaban los detenidos. Su consejero delegado, José Adolfo Vedri, estaba anoche retenido en los calabozos.

Sin duda una de las claves de la investigación será la presunta financiación ilegal del PP en Valencia. Al parecer, según estas fuentes, Taula se habría camuflado entre las administraciones aprovechando que durante años el foco mediático estuvo en Gürtel y pasó inadvertida. Se investiga, además, si dirigentes locales del PP de Valencia cometieron un presunto delito de blanqueo de capitales para poner de nuevo ese dinero en circulación. El juzgado investiga pagos de actos electorales de campañas de Rita Barberá con dinero cuyo origen se desconoce.

Según la investigación, la trama defraudó millones de euros y desvió las mordidas en dos direcciones: parte se lo quedaban los investigados y la otra parte se dedicaba a financiar al partido.

La Fiscalía lleva desde julio de 2014 investigando estos hechos y la UCO se incorporó al caso en noviembre de ese año. En abril de 2015, Anticorrupción elevó la denuncia a un juzgado y el magistrado Víctor Gómez asumió las pesquisas. En todo este tiempo los investigadores han contado con la colaboración de Marcos Benavent, el comisionista confeso y ex gerente de Imelsa, empresa pública de la Diputación y uno de los puntos de partida de la trama.

Benavent ha aportado abundante documentación a la causa y ha confesado multitud de delitos a cambio de una reducción de su pena. Está imputado pero ayer no fue detenido. En total ha declarado más de 30 horas ante la Guardia Civil.

En los audios que registró y guardó durante años Benavent aparecerían multitud de cargos públicos contando billetes que podrían proceder del pago de comisiones. En uno de ellas se escucha con claridad a Alfonso Rus contando billetes junto a Benavent. Otra conversación recoge una entrega de dinero a David Serra en un cuarto de baño. También aparecen ex diputados regionales o ex cargos de la Diputación como los vicepresidentes de Rus.

Alcón pasó ayer a disposición judicial y Alfonso Rus pasó la noche en los calabozos a la espera de declarar ante el juez.

http://www.elmundo.es/comunidad-vale...0188b4626.html




operación Taula

Auge y caída de la 'mafia' del PP en Valencia

El derrumbe paulatino del que durante décadas fue el principal granero de votos del centro derecha en España está directamente vinculado a los escándalos y a los casos de pillaje en el ejercicio del poder.


Camps, Rajoy y Barberá, en un mitin del 2011. José Jordán Afp/Getty

Mariano Gasparet @marianogasparet
27.01.2016 02:00 h.


La detención este martes de Alfonso Rus y sus máximos colaboradores -y otros ex altos cargos del PP valenciano- en una macrorredada estaba cantada desde que uno de sus ahijados políticos, el exgerente de la empresa pública de mantenimiento Imelsa, Marcos Benavent, cayó en manos de la Justicia y decidió tirar de la manta.

Por alguna extraña razón, el hombre de los maletines del PP provincial, un "yonqui del dinero" -según sus propias palabras-, había grabado horas y horas de conversaciones comprometedoras -e incluso autoincriminatorias- que conservaba en su ordenador. Hace un año y medio su exsuegro entregó a una abogada de Esquerra Unida el disco duro con esas grabaciones, en venganza porque no había conseguido un contrato, y puso al juzgado número 19 de Valencia sobre la enésima trama de corrupción política en la Comunidad Valenciana.

El pasado mes de mayo, en la puerta del TSJ valenciano, el antiguo colaborador de Rus, reonvertido al hippismo y a la mística, recibió a los periodistas con los brazos abiertos y fue taxativo: "Voy a hacer mucho daño, el sistema está podrido, está montado así".


Pillaje en el poder

Las detenciones (24) y registros de este martes en diversos puntos de la Comunidad Valenciana marcan un nuevo hito en el ocaso del PPCV. De hecho, el derrumbe paulatino del que durante décadas fue el principal granero de votos del centro derecha en España está directamente vinculado a los escándalos y a los casos de pillaje en el ejercicio del poder.

Entre 1995 y 2002, durante los años en los que Eduardo Zaplana fue presidente, hubo algunas importantes investigaciones que precipitaron destituciones sonadas, como las de los exconsejeros Rafael Blasco por un turbio asunto de recalificaciones -luego restituido por Camps en sus gabinetes y ahora en la prisión-, la de Luis Fernando Cartagena -ahora en libertad con una tobillera magnética- por robar el dinero a unas monjas, o la del ex consejero de Sanidad Manuel Cervera por un asunto de concesiones.


La corrupción es la norma

Sin embargo, fue con Francisco Camps ya al frente de la Generalitat (2003-2011) cuando la opinión pública y las bases del partido descubrieron que la presencia de corruptos en altos puestos de responsabilidad, lejos de ser una excepción, era la norma en el PP de la Comunidad Valenciana. Paradójicamente, en esos años, los populares obtuvieron sus mejores resultados en Valencia "dopados" por los mítines fastuosos de El Bigotes y ayudados por una oposición principalmente ausente.

La imagen paradigmática de esa degeneración sistémica es la de la foto de familia del grupo parlamentario en 2011 heredado por Alberto Fabra, en la que una docena de los 55 diputados llegaron a estar imputados en distintos casos: la Gürtel, el caso de los trajes, el caso Brugal, el caso Cooperación, Nóos...

En algunos momentos han sido más de 100 el número total de implicados, entre altos cargos y concejales, lo que no ha impedido al PP seguir ganando elecciones, incluidas las generales de diciembre, por más que en los comicios de mayo una alianza entre PSOE y Compromís ha permitido a la izquierda arrebatar al PP la presidencia de la Generalitat, la Diputación de Valencia -que hasta ese momento presidió Alfonso Rus- y las alcaldías de las tres capitales.


Los grilletes y el PP

Las últimas detenciones confirman que pese a los esfuerzos notables de Isabel Bonig y Vicente Betoret (presidenta regional y máximo responsable provincial del partido en Valencia) por limpiar a fondo las sentinas del PP, siguen siendo los fiscales, los jueces y las fuerzas del orden quienes marcan, a golpe de grilletes, la vida interna de esta formación.

Es tan injusto afirmar que todo el PP valenciano está corrompido como ingenuo ignorar que no se puede explicar la época dorada de este partido y de la Comunidad Valenciana, cuyas imágenes icónicas son las de Francisco Camps y Rita Barberá inaugurando la Copa América o conduciendo un Ferrari en el Circuito de Cheste, sin el protagonismo político y el poder omnímodo que ostentaron una auténtica cuerda de imputados.


Prisiones de Aranjuez y Picassent

Las causas que llevaron en 2014 al ex presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra a la prisión de Aranjuez (delitos fiscales), al exconsejero de Cooperación Rafael Blasco a la cárcel de Picassent (malversación de fondos al desarrollo), o por las que están siendo investigados el expresidente del Consell José Luis Olivas (Bankia y Banco de Valencia), el expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll (Brugal), la ex alcaldesa de Alicante Sonia Castedo (varias causas), o los ex consejeros Vicente Rambla (Nóos), Víctor Campos (Nóos) y Milagrosa Martínez (Gürtel) -entre otros muchos- no guardan conexión.

Ni siquiera se puede afirmar que todos los dirigentes implicados en estos escándalos fueran aliados internos. Pero resulta complicado no pensar en una auténtica mafia al reparar en los inextricables lazos entre corrupción y política en el PPCV y en como unos unos y otros hicieron de su tirón electoral y del campismo una especie de seguro de impunidad.

El PPCV, lejos de ser una organización monolítica, ha estado estructurado en los tres bastiones provinciales más el de la ciudad de Valencia (controlado por Rita Barberá), en los que debía apoyarse el presidente regional.

Sin embargo, fue precisamente el cierre de filas con Francisco Camps en su guerra con Eduardo Zaplana lo que confirmó algunas baronías (Fabra en Castellón y Barberá en Valencia ciudad) o motivó el ascenso al poder, y por tanto un mayor control de las adjudicaciones públicas y más capacidad de imponer comisiones y cobrar mordidas, de otros dirigentes, como son los casos del ex alcalde de Xàtiva Alfonso Rus (sustituyó al zaplanista Fernando Giner como presidente de la Diputación de Valencia en 2007) o Sonia Castedo (nombrada alcaldesa de Alicante por su predecesor, el también imputado y campista Luis Díaz Alperi en 2008).


Cierre de filas con Camps

En plena campaña de 2003, convertido en candidato por obra y gracia de Eduardo Zaplana, Francisco Camps cambió de teléfono móvil y decidió no contestar las llamadas de su mentor. El entonces ministro de Trabajo controlaba el partido y tenía un grupo parlamentario fiel, pero su sucesor tenía la varita mágica del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, nombraba y cesaba, lo que fue declinando la balanza en su favor, sobre todo a partir de su segunda legislatura.

En la laminación del zaplanismo fue crucial, precisamente, una comida organizada por Alfonso Rus, ya como presidente de la Diputación de Valencia, y Rita Barberá en una céntrica marisquería de Valencia (Los Tres Mares). El momento es importante porque sentó las bases de una nueva parcelación en las estructuras de poder del partido y de la administración que explica la aparente impunidad con que se compartaron los hombres y mujeres fuertes de ese nuevo PP que tanto necesitaba Camps.


Ecosistema de corrupción

En Castellón, Carlos Fabra garantizó a Camps el apoyo de toda la provincia, que gestionaba desde 1995 como si fuera un cortijo. Los casos de corrupción en los que ha estado implicado o por los que ha sido denunciado son incontables pero, finalmente, el hombre al que lo tocó cinco veces la lotería ha entrado en la cárcel por fraude fiscal.

En la provincia de Valencia, Alfonso Rus y sus exvicepresidentes Juan José Medina (exalcalde de Moncada), Emilio Llopis (exalcalde de Genovés y su jefe de gabinete) y Máximo Caturla (exresponsable de las empresas públicas Egevalsa, Imelsa y Ciegsa -destinada a la construcción de colegios y en cuya sede un misterioso incendio devoró documentación clave para investigar las denuncias de sobrecostes y anteriormente número dos de la Consejería de Educación) aseguraron al presidente Camps el respaldo de los municipios de la provincia y el lleno total en los frecuentes actos de exaltación que le organizaban. En privado, sin embargo, hacían chistes sobre el presidente.


Sin apoyos reales

En Valencia ciudad, Rita Barberá y sus concejales -entre ellos Alfonso Novo (detenido), Alfonso Grau (imputado en Nóos), o María José Alcón (detenida y grabada por el arrepentido Benavent cuando éste le entregaba)- brindaban al presidente la sensación de fidelidad orgánica de la que carecía una vez salía de la ciudad.

Sus consejeros Rafael Blasco y Serafín Castellano (también imputado por prevaricación y cohecho por supuestas concesiones irregulares) se hacían imprescindibles a Camps a base de confabular por separado para recrear al presidente la impresión de responsabilidad, riesgo, audacia, adulación y autoconfianza que se presupone al ejercicio del poder.

En el partido, David Serra (detenido) y Ricardo Costa (imputado en la causa que investiga la presunta financiación irregular) eran los pequeños que hacían cuanto Camps les ordenaba, a veces, al menos en el caso de Costa, a cambio de promesas incumplidas de promoción en su Gobierno.


Ecosistema de corrupción

En Alicante, Fabra contó con el apoyo de Luis Díaz Alperi y más tarde de Sonia Castedo en oposición al zaplanista José Joaquín Ripoll, que luego cambió de bando. Rus y Blasco eran íntimos y se prodigaban con sus mujeres (Consuelo y Begoña) en restaurantes y en los toros, pero no podían ni ver a Serafín Castellano y a Carlos Fabra y desconfiaban de Rita Barberá, con quien luego harían piña para fastidiar a Alberto Fabra cuando intentó poner orden en el cortijo del PPCV.

En definitiva, se trataba de un ecosistema perfecto para asegurar a Francisco Camps una falsa atmósfera de liderazgo y lealtad a cambio de autonomía política total en sus respectivas corrales. Tan sólo tenían que representar sus papeles, hacer la pelota al presidente y alimentar su megalomanía.

En este ambiente a nadie puede extrañar ni la llegada a Valencia de la banda de Correa y Álvaro Pérez El Bigotes -un auténtico encantador de serpientes que cortejaba con regalos a las familias de los consellers- de la mano del propio Camps ni que la corrupción creciera como un hongo.
El terreno estaba perfectamente abonado para que los deshonestos y chorizos camparan a sus anchas pues lo único seguro es que el presidente nunca les pediría cuentas por nada, ni iniciaría investigaciones internas ante las frecuentes denuncias verosímiles de la oposición y pese a que el rumor de que para conseguir contratos públicos había que untar a los políticos era un clamor.


El gran apoyo de Rajoy en 2008

En las elecciones de 2007 Francisco Camps batió el record de la historia del PP en la Comunidad Valenciana al arrasar con el 54% de los sufragios (1.277.458 votos) y 54 diputados; cuatro años después conseguiría un escaño más pese a obtener un resultado ligeramente peor. Sin embargo, en las elecciones generales Mariano Rajoy sosechó su segunda derrota frente a Zapatero, lo que prendió la mecha de la contestación interna.

El apoyo de Camps y el PP valenciano en el Congreso de Valencia atornillaron a Rajoy en la cima del PP y coronaron a Francisco Camps como puntal del 'rajoyismo'. Del mismo modo que la corrupción rampante en las administraciones gestionadas por el PPCV resulta impensable sin sospechar que, como mínimo, Camps no hacía nada por evitarla, el espaldarazo decisivo del presidente valenciano a Rajoy explica la dejación de Génova pese al cúmulo de escándalos e investigaciones que, desde que en 2009 estalló el caso Gürtel, cercaban a su partido en Valencia.


El favor de De la Rúa

El entonces presidente del TSJCV Juan Luis de la Rúa hizo a Camps el favor de su vida al desligar el caso de los trajes (cohecho impropio pasivo) de la investigación de Gürtel. El presidente valenciano se sintió injustamente juzgado, lo que multiplicó exponencialmente su sentido de la presunción de inocencia cuando fiscales, policías y jueces señalaban al PP, de tal modo que exigir responsabilidades políticas ante una investigación o denunciar la corrupción en los periódicos se convirtió poco menos que un ataque a ojos del campismo.

Génova sustituyó a Camps por Alberto Fabra tan sólo dos meses después de las elecciones de mayo de 2011, lo que alimentó en el ya expresidente el sentimiento de agravio. Fabra llegó con la intención (más que la orden) de limpiar el PPCV. Sin embargo, no tuvo ningún apoyo real por parte de Génova, desbordada por las implicaciones de la trama Gürtel y los indicios de financiación ilegal.

Al frente de un grupo parlamentario trufado de imputados, sin capacidad práctica de movimiento y sin la legitimidad de haber ganado las elecciones, el deseo de Fabra de limpiar el partido estaba condenado de antemano al fracaso, entre otras razones, porque los principales sospechosos, ahora imputados o encarcelados, no dudaban en alimentar el victimismo de Camps para desestabilizar al nuevo inquilino del Palau de la Generalitat cada vez que éste pedía explicaciones ante cualquier sospecha.

Rus fue apartado del partido poco antes de las elecciones tras aparecer unas grabaciones en las que, presuntamente, contaba dinero. La alianza poselectoral de PSOE y Compromís forzó el relevo en la cúpula del PP. Isabel Bonig como presidenta regional y Vicente Betoret (también ahijado político de Rus) al frente del PP de la provincia de Valencia relegaron al papel de asesores a los exvicepresidentes de la Diputación detenidos. El problema es que nadie en el partido sabe dónde acabará esta investigación; hasta dónde llegará la riada. De lo que nadie duda ya es de que aquella época dorada ha acabado siendo la de los años de la vergüenza.

http://www.elespanol.com/espana/2016...7490314_0.html




.

Última edición por [email protected] de Espartinas; 27-ene-2016 a las 08:40


Responder Citando
Estos 5 usuarios dan las gracias a [email protected] de Espartinas por su mensaje:
  #19  
Antiguo 27-ene-2016, 09:01
Nut Nut está desconectado
ir-
 
Fecha de Ingreso: 27-mayo-2011
Mensajes: 16.533
Gracias: 5.623
23.556 Agradecimientos de 8.444 mensajes
Que hace falta ya, para dudarlo?


Responder Citando
  #20  
Antiguo 27-ene-2016, 09:19
Asurbanipal Asurbanipal está desconectado
ir-
 
Fecha de Ingreso: 23-abril-2010
Ubicación: Estación Espacial Internacional
Mensajes: 41.693
Gracias: 62.947
57.432 Agradecimientos de 20.492 mensajes


Responder Citando
Respuesta

Herramientas
Desplegado


Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Opinión: Estado o crimen organizado? Sivian Burbuja Inmobiliaria 9 12-ago-2013 09:24
Hombres de negro: el crimen del dinero organizado Joaquim Burbuja Inmobiliaria 6 30-may-2013 15:53
El crimen organizado es esencialmente anarcocapitalista bernal Política 52 10-jul-2012 01:29
PP$OE..... Crimen Organizado spitfire Temas calientes 0 04-jun-2012 19:15


La franja horaria es GMT +1. Ahora son las 16:16.