La Xunta se comprometió ayer, tras casi tres horas de reunión con promotores y constructores de la comunidad autónoma, a constituir en septiembre un observatorio de seguimiento del sector inmobiliario para afrontar la crisis en la que se encuentra inmerso y adoptar medidas como la conversión de vivienda libre en protegida.

El presidente del Gobierno gallego, Emilio Pérez Touriño, junto con los conselleiros de Economía, Política Territorial, Vivenda y Traballo, prometió a una amplia delegación de empresarios del sector estudiar la «posibilidad inmediata» de transformar vivienda libre ya construida en protegida, para resolver los problemas de liquidez de algunas constructoras, que tendrían más fácil hacer caja en el ámbito de la vivienda de protección.

En este sentido se manifestó el presidente de la Federación Gallega de Promotores de Edificación y Suelo de Galicia, Javier Garrido, quien puso de relieve que el Gobierno autonómico adquirió además el compromiso, por medio de la comisión de seguimiento, de servir de intermediario con los interlocutores estatales.

«Sé que muchos promotores no podrán, porque no les salen los números, pero algunos sí», observó Garrido al valorar esta iniciativa de conversión de vivienda libre en protegida, al finalizar una reunión que consideró cordial, aunque no exenta de algunos momentos de tensión. «Se agradece este encuentro, porque no estamos habituados y creemos que hay temas que se han entendido perfectamente», puntualizó el presidente de los promotores gallegos.

Normas do Hábitat
El sector propuso a la Administración autonómica que «la vivienda de protección salga con un precio más bajo, porque si no es imposible desarrollarla». Los promotores también plantearon al Gobierno la necesidad de relacionar el plan sectorial de vivienda -que va a tener capacidad de calificar suelo al margen del planeamiento- con el registro de demandantes y los planes generales, extremo al que la Xunta habría respondido positivamente, para evitar desfases.

La Xunta avanzó que estudiará medidas para modificar el registro de demandantes de vivenda y dará entrada a los constructores en la mesa de seguimiento de las Normas do Hábitat, para flexibilizarla.

El presidente de la Xunta destacó que a finales de julio el Ejecutivo habrá licitado 775 millones en obra pública, el 50% del objetivo fijado en enero, cuando presentó el Plan de Dinamización, que aspiraba a alcanzar los 1.500 millones.

La Xunta estudia la opcin de convertir vivienda libre en protegida, por la crisis

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