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Roca admite que dio 73.800 euros al juez Urquía para su casa · ELPAÍS.com
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Roca admite que dio 73.800 euros al juez Urquía para su casa
El presunto cerebro de la trama pagó al magistrado para que impidiera la emisión de un programa sobre su fortuna.- Éste niega haber recibido dinero de Roca y atribuye su confesión a un pacto
El presunto cerebro de la trama de corrupción de Marbella y ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca ha reconocido esta mañana en el primer juicio derivado del caso Malaya que pagó al juez Francisco Javier de Urquía 73.800 euros para la compra de la casa del magistrado y pensando que ese dinero serviría para que le ayudase en un asunto judicial. Se trata de un formidable vuelco en el caso, ya que Roca lo había negado todo hasta ahora. Urquía ha declarado sin embargo que es "absolutamente falso" que recibiese dicho soborno y ha atribuido la confesión a un posible pacto para recibir "trato de favor a otras instancias".
Roca, que ha negado su declaración previa en la que se absolvía, ha explicado ante el juez que se reunió hasta dos veces con De Urquía, a quien le entregó el dinero personalmente en sus oficinas de Maras Asesores el 17 de mayo de 2006. En estos encuentros, el magistrado titular del juzgado número 2 de la capital malagueña hasta que fue suspendido de forma cautelar en julio de 2007 por este caso, pidió al ex asesor de urbanismo que "le echara una mano" en la compra de la vivienda, ha añadido Roca antes de revelar que él mismo se reunió personalmente con el dueño del inmueble para negociar el precio y la forma de pago.
Aunque el presunto cerebro de la trama ha asegurado que no se especificó ninguna contrapartida por el pago de estos 73.800 euros, Roca ha admitido a preguntas del fiscal que el único asunto que tenía pendiente en el juzgado número 2 dependiente de De Urquía era la suspensión de un programa de una televisión local marbellí sobre su gran patrimonio por un presunto delito contra la intimidad y el derecho a la imagen. Con esta sorprendente declaración ha comenzado en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el juicio que se sigue contra Roca, el propio magistrado y Arnoud Fabrice Albouhair por una causa desglosada del caso Malaya, en la que el fiscal les acusa de cohecho, entre otros delitos.
Una declaración "absolutamente" nueva
Sin embargo, Urquía ha tildado de "absolutamente falso" todo lo dicho por Roca. Urquía, que como ejerce su defensa ha declarado con toga y desde el estrado en lugar del banquillo de los acusados, ha explicado que en operación de compra de su casa le ayudó su mujer, que "tiene solvencia económica". "La declaración de Roca parece que no tiene otro fundamento que el posible acuerdo al que habría llegado para recibir trato de favor de otras instancias", ha dicho Urquía. En cuanto a Arnaud F.A., el magistrado ha dicho que le pidió que le buscara un abogado para hacer el contrato de la vivienda, y que desconocía que recurrió a Roca y fue él quien lo hizo, aunque entonces no era el "monstruo mediático" que es ahora. También ha aseverado que "nunca" ha hablado con Roca por teléfono y que no mantiene una relación personal con él "más allá de un par de actos sociales en el local de Arnaud". Preguntado por su actuación ante la denuncia presentada por Roca contra la cadena marbellí por la emisión de un reportaje sobre "el cotilleo" de la localidad, que recayó en su Juzgado, ha señalado que no se saltó las normas judiciales del reparto.
Al magistrado, que desde julio de 2007 está suspendido de forma cautelar como titular del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella, le ha precedido en la declaración Arnaud F.A., quien ha negado haber entregado dinero de Roca a Urquía. Ha manifestado que el juez le comentó que quería comprarse una casa y le pidió que buscase a alguien para hacer el contrato, que escogió a Roca y que de su oficina sólo recogió el borrador del documento de compra, no dinero. "Me he enterado hoy de que Roca pagó dinero a Urquía", ha asegurado el francés, quien dice no recordar las conversaciones que mantuvo con Roca y que fueron grabadas como parte de la investigación policial.
Una vez que han declarado los imputados ha comenzado la comparecencia de testigos con el magistrado Gonzalo Divar Bilbao. La Fiscalía pide tres años de guandoca, 19 de inhabilitación y 213.000 euros de multa para Urquía, al que se le imputan prevaricación judicial, cohecho y asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario. Para Roca y Arnaud, se solicita la misma pena de prisión, nueve de suspensión de empleo o cargo público y 177.000 euros de multa como cooperadores necesarios del delito de asesoramiento accidental y por cohecho. La labor del Ministerio Público está ejercida por el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Andalucía, Guillermo Sena, en sustitución del fiscal superior andaluz, Jesús García Calderón, quien ayer se retiró después de que la Sala rechazase su petición de suspender el juicio tras haber planteado la defensa de Urquía que debía abstenerse por falta de imparcialidad en relación con unas escuchas telefónicas de otro proceso que se sigue contra el juez.
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José Bono, en el ajo de Seseña y "el Pocero"
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10.07.08 | 15:50. Archivado en Fincas
(PD).- Dos millones de metros cuadrados son demasiados metros cuadrados para creer que un Gobierno regional no estuviera al tanto. Los metros son los de la macrociudad del Pocero en Seseña y el Gobierno, el que presidía José Bono. El actual alcalde, Manuel Fuentes, ha confirmado a Intereconomía que él denunció a la Fiscalía Anticorrupción un presunto trato de favor por parte de la Junta de Castilla-La Mancha.
El actual alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, ha confirmado a INTERECONOMÍA que él ya denunció a mediados de julio 2006 ante la Fiscalía Anticorrupción un presunto trato de favor hacia El Pocero, no sólo por parte del regidor socialista José Luis Martín, sino por parte de la Junta de Castilla-La Mancha, que por aquel entonces presidía José Bono, según informa lanacion.es.
El ex alcalde José Luis Martín ha sido denunciado por la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación, cohecho y delitos contra la hacienda pública en la aprobación del PAU Seseña (Toledo), donde Francisco Hernando, ‘Paco el Pocero‘, prevé la construcción de 13.508 viviendas.
Pues bien, Fuentes, el actual regidor del municipio toledano, se reafirma en la tesis de que 2 millones de metros cuadrados son demasiados metros cuadrados como para creer que el Gobierno regional no tenía conocimiento de lo que estaba pasando.
La Junta de Castilla-La Mancha facilitó a Francisco Hernando, El Pocero, los trámites del PAU de El Quiñón sobre el que se construyó la macrociudad de Seseña.
Así consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción a la que han tenido acceso algunos medios y así lo confirman a Intereconomía tanto Manuel Fuentes, el actual alcalde de la localidad toledana, como Cayo Lara, el coordinador de IU en la región,
Este último, antes de conocerse la víspera la decisión de la Fiscalía, había augurado en rueda de prensa un mes de julio ‘caliente’ por acabarse el plazo para que Anticorrupción tomara una determinación.
Uno y otro se felicitan porque los acontecimientos están demostrando que los hechos que pusieron en conocimiento de la Fiscalía tenían una base fundamentada, tan fundamentada como que José Luis Martín es objeto hoy de una denuncia por prevaricación, cohecho y delito contra la Hacienda Pública.
EL CONSEJERO DE VIVIENDA DIO LUZ VERDE A LA ACTUACION URBANISTICA
En todas estas irregularidades cometidas, dice el informe de la Fiscalía, Martín y el conjunto del Grupo Municipal del PSOE no actuaban por libre.
Tal y como reconoce el propio alcalde en el acta del pleno extraordinario que dio luz verde, esa misma mañana temprano se reunió en Toledo con Alejandro Gil Díaz consejero de Vivienda y Urbanismo de la Junta que le informó de que no había problema alguno en que se aprobara la actuación urbanística que luego daría lugar a 13.508 viviendas.
BUENAS RELACIONES DE BONO CON EL EX ALCALDE DE ESTEPONA
En los últimos días han trascendido por cierto, las buenas relaciones que José Bono que también mantenía con el ex alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, actualmente detenido en el marco de la Operación Astapa contra la corrupción en la localidad malagueña.
En el equipo de Barrientos por cierto figura el nombre de una sobrina del presidente del Congreso, Yolanda Franco, así como la hija del presidente del Senado, Patricia Rojo.
La juez imputa a la hija del presidente del Senado por prevaricación y cohecho
