Una radiografía del mercado laboral

El empleo público representa un 8% en Catalunya y un 23% en Extremadura

El 49% del trabajo en el sector público procede de las comunidades autónomas
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Eduardo Magallón | Barcelona | 14/07/2008 | Actualizada a las 03:31h

El 8% de los asalariados catalanes trabaja para alguna administración. En Extremadura, sin embargo, el empleo público absorbe el 22,7% del total de asalariados. Se trata de las dos comunidades con posiciones más extremas para una media española de empleo público que se sitúa en el 12,6% al mes de enero del 2008, según un estudio elaborado por la patronal Pimec con datos que comprenden el periodo 2004-2008.

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El número de funcionarios crece un 2,3% anual

El peso del empleo público sobre el total de trabajadores ha repuntado en los últimos años hasta el 12,9%. El aumento de peso relativo no es tanto por el crecimiento de los funcionarios como por la disminución de la ocupación. En cualquier caso el peso se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, ya que ha pasado del 13,7% al 12,9%. El crecimiento en términos absolutos fue del 9,7% en el periodo 2004-2008, que equivale a un 2,3% anual.

La diferencia entre ambos extremos es tan elevada que para que Catalunya pudiera alcanzar la ratio de empleo público de Extremadura se necesitaría contratar a más de medio millón de funcionarios.

El presidente de la patronal Pimec, Josep González, califica de grave la situación de las administraciones y ha señalado que "en determinadas comunidades como en Extremadura parece que se utilice el empleo público para colocar a la gente".

El estudio elaborado por el economista Modest Guinjoan, del departamento de economía y empresa de Pimec, demuestra que cuanto más grande es el nivel de actividad económica de una comunidad, menor es la incidencia de la ocupación pública. La única excepción es Madrid, que concentra buena parte de la administración del Estado por ser su capital política y administrativa, lo que distorsiona los datos. En la Comunidad de Madrid casi 14 de cada 100 empleados trabajan en la administración, una ratio superior a la media estatal.

Otra razón que puede explicar la baja tasa de empleo público en Catalunya es que la comunidad dispone de una importante red de servicios educativos y sanitarios gestionados de forma privada pero que en algunos casos son pagados por la Administración. Es el caso de los colegios concertados o de las mutuas que dan servicio a la Seguridad Social.

En el estudio se constata también que el empleo público no guarda relación alguna con el volumen de población al que debería dar servicio. Así pues, en Catalunya se contabilizan casi 38 funcionarios por cada 1.000 habitantes mientras que en Extremadura aparecen 82 empleados públicos por cada 1.000 personas, más del doble.

Josep González considera que de la misma forma que la administración pide a las empresas que sean innovadoras y que inviertan, los poderes públicos deberían hacer un esfuerzo por optimizar sus recursos. "Creo que la administración debería adelgazarse, especialmente en la actual situación de crisis", añade.

Otro elemento que revela el menor peso del empleo público en Catalunya es que en la comunidad sólo vive el 11,2% de todos los empleados públicos que hay en España, mientras que la comunidad representa el 16% de toda la población, el 17,3% de los trabajadores o el 18,8% del peso de la economía, medido en términos de producto interior bruto (PIB).

Los datos de Pimec se han obtenido de los registros del Ministerio de Administraciones Públicas y de la encuesta de población activa (EPA) que publica el INE. Para el cálculo territorializable no se ha contabilizado a Correos ni al personal extranjero.

En España hay actualmente 2,9 millones de empleados del sector público. Más de una quinta parte (el 21,3%) trabaja en la administración central y un 23,6% en la local. Las administraciones autonómicas se llevan la parte del pastel más grande: un 49,3%. El resto se reparte entre las universidades y Correos.

Los funcionarios públicos que dependen de las comunidades autónomas son en su mayoría profesores no universitarios y personal médico.

En el caso concreto de Catalunya, uno de cada cuatro empleados públicos trabaja en educación. En cuanto a la sanidad - que está transferida a la comunidad- emplea a un 12% del total.


El empleo público representa un 8% en Catalunya y un 23% en Extremadura

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Hay un mapa que no sale en la versión online y se ve el tanto por ciento de funcionarios que hay en cada comunidad. Y no se ha de ser muy listo para ver que se confirma que los que menos producen y más gastan son los que tienen más funcionarios.

Ahora que hay crisis que las pasen canutas tambien los funcionarios que parte de culpa tienen (pero de hace años).

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Estoy de acuerdo. Los nacionalistas catalanes y yo no podemos estar más alejados en el espectro político, pero es innegable que las regiones que son beneficiarias de la solidaridad intercomunitaria también son las que más derrochan el dinero del erario público.

Un 23% de funcionarios me parece una aberración y una monstruosidad.

Desde luego que gran parte de la brutal fiscalidad y la ineficiencia administrativa que padecemos los españoles se debe a las administraciones autonómicas y locales, en mayor medida.

Por eso en Cataluña tenemos que llevar a nuestros hijos a una especie de chiringuitos que llaman escuelas concertadas, donde el profesorado deja mucho que desear, y pagarnos una mutua para la sanidad, que no nos cubre la mitad de las cosas. En Catalunya trabajo hay, pero la calidad de vida es pésima, y si tienes hijos es cuando más te duele, seguro que también somos la comunidad con menos hijos.

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Pero el problema es del gobierno de retrasados mentales que hay en Cataluña. Un funcionario NO garantiza un mejor servicio. Una contrata debería ser fulminantemente eliminada si no proporciona el servicio adecuado, y si no lo es, es resposabilidad del gobierno que administra.

Los funcionarios son una necesidad, pero hay que regular cuidadosamente el gasto y su número. Porque en este país, todo lo público se convierte en un sumidero de caudales sin que sirva para garantizar servicios de calidad.

El problema es que en Cataluña tenemos que pagar todos los servicios que en el resto de comunidades se consideran como públicos: Sanidad, autopistas, educación. Y encima tenemos que aguantar que nos llamen insolidarios. Nos están robando a manos llenas y no llaman ladrones. Estoy hasta las narices de la solidaridad de este puñetero pais. La solidaridad debe medirse en servicios, ni balanzas fiscales ni leches. Me importa un bledo que mis impuestos sufraguen la sanidad o la educación en Extremadura, Andalucia o Castilla la Mancha, lo que no quiero es que con mis impuestos tengan unos servicios mucho mejores, y mientras tanto yo tenga que pagar a empresas privadas por esos servicios.

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Amén hermano...

Y dale. Que no. Que lo que tú pagas de tus nóminas y de tu Declaración es lo mismo que pago yo, o que paga un tío que está en Teruel. Y que las empresas catalanas sobreviven vendiendo en el resto de España, y que las empresas extranjeras se han estado aposentando en Cataluña gracias a los inmensos beneficios fiscales que tenían si se implantaban allí en vez de en otras regiones.

Los servicios que tienen no son mucho mejores. El desperdicio de regiones como Extremadura se lo agradeces a quien gobierna, y la mierda de servicios de que disfrutas tú se lo agradeces a su vez a los que te gobiernan (curiosamente, los mismos) y a los que han gobernado veintipico años antes.

1 de cada 4. Los otros 3 son familiares del 1 y viven todos del mismo sueldo. Aquí un trabajador extremeño un lunes cualquiera a las 12:00 trabajando por España. ¡Podemos!

Toca la sesión de catarsis colectiva zumbando al funcionata.

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