Iniciado por RedSixLima

ZP, solo contra las centrales nucleares

El presidente del Gobierno español es el único gobernante europeo que mantiene una firme oposición a la energía nuclear, a instalar nuevas centrales o a prolongar la vida de las que expire el plazo de la concesión. Zapatero es un firme adalid frente a esta fuente de energía aunque no hasta el extremo de renunciar a la que nos llega de Francia.

El presidente es también, y eso es aún más llamativo, el único dirigente del PSOE que se opone a revisar esta decisión, la opción antinuclear, que permanece escasamente inalterada en todos los programas electorales de este partido. Es también el único opositor decidido dentro del Gobierno donde los ministros económicos, incluido su amigo Miguel Sebastián son partidarios de tomarla en consideración junto a las otras fuentes y preferentemente las renovables: el sol, el viento, las mareas etc. En esta misma posición se ha manifestado en numerosas ocasiones Joaquín Almunia, el anterior candidato socialista a la presidencia del Gobierno y actual comisario de Economía de la Unión Europea. Almunia cree personalmente que ha llegado la hora de contar con ella pero además expresa la opinión de la Comisión Europea. También es partidario del revisionismo Felipe González que lo ha expresado reiteradamente y que cuando era presidente del Gobierno decidió una moratoria nuclear que permanecería vigente a lo largo de todos sus gabinetes. Lo mismo ocurre en la actual ejecutiva del partido, empezando por la secretaria de Economía, Inmaculada Rodríguez Piñeiro.

Fue precisamente tras las recientes declaraciones de Felipe González cuando Zapatero se ha manifestado con una contundencia que llevaba implícito un toque de aspereza y hasta de chulería que no es propio del actual presidente. González se había manifestado como la practica totalidad de los gurus económicos y de los dirigentes políticos ante la necesidad de recurrir al átomo para compensar un tanto la escalada de los precios del petróleo que han alcanzado cifras que ni los más pesimistas habían pronosticado. El ex presidente socialista se valió del tópico habitual de “abrir un debate” que quiere decir en realidad, revisar la postura adoptada pues es evidente que debates sobre este asunto llevan celebrándose toda la vida. Al menos desde el “primer choque petrolero”, de los años setenta cuando los productores se pusieron por primera vez de acuerdo para que los precios de los hidrocarburos no bajaran de determinada nivel. Al ser preguntado Zapatero sobre la aludida necesidad de abrir el debate contestó con cierta arrogancia que podían abrirse cuantos debates se quisieran y hasta numerosos monográficos pero que “de energía nuclear, no gracias”, como decía la progresía durante el franquismo. Esta es una de las cuestiones en las que Zapatero no se muestra ambiguo y desde luego la primera en la que no pretende solucionar un problema abriendo debates. El presidente español ha recalcado que no habrá mas desarrollo energético que el que provenga de las energías renovables, algo que todos deseamos pero que ofrece evidentes limitaciones – poco más del 20 por ciento de la cesta energética- y en algún caso, como en el de los molinillos de viento, contraindicaciones ecológicas.

Las buenas intenciones pueden ser peligrosas y salirnos muy caras. Un buen día, el presidente Zapatero arreó un puñetazo en la mesa, un puñetazo suave como corresponde a su talante y mandó reducir las emisiones de dióxido de carbono, CO2, a la atmósfera. Era intolerable que a él, precisamente a él, campeón del medio ambiente se le reprochara que España fuera uno de los peores cumplidores del acuerdo de Kyoto.

El suave puñetazo provocó una medida de choque, la típica tentación de los Gobiernos. Había que estimular al máximo la energía procedente del sol, un bien del que este país ha sido dotado generosamente. Así que el Gobierno ofreció a las empresas que invirtieran en energía solar fotovoltaica una prima de 410 euros por MW/hora – cuatro veces más que el coste medio de generación en España un verdadero pastón a cambio de kilovatios limpios. El premio era tan desmesurado que la Administración fue materialmente desbordada colapsando a las distribuidoras y provocando un sobrecoste en la tarifa, la que pagamos todos los españoles que puede cifrarse en unos 500 millones de euros para este año. Una prueba inequívoca de que el Gobierno no había afinado demasiado con lo que ofrecía y los ciudadanos habíamos hecho un pésimo negocio.

José García Abad es periodista y analista político