JO¡JO¡JO¡JO¡JO¡JO¡JO¡JO¡JO¡JO¡JO¡JO¡JO¡JO¡JO¡JO¡JO ¡JO¡JO¡JO¡JO¡

Lo siento,.... pero este tipo de cosas van a traer más cola de la que parece.

Cuando a gente que lo único que ve en la televisión y por lo único que mueven el culo es por ver partidos, carreras y Semana Santa o Carnaval les empiecen a tocar este tipo de cositas, Oh ¡¡ Hermano ¡¡¡ aquí sí que hemos topado con la iglesia.

Ahora sí, que se van a preocupar de la crisis y van a ver lo que cuesta mantener servicios que ellos se los consideran como debidos.

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Lo que llega a aguantar el papel en algunos sitios jajajajjaaja

TGN prevé este año 4 millones de superávit gracias al plan de ajuste  - Diari de Tarragona

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Para cuando la disolución del ayuntamiento de La Linea, Jerez y León, espero más pronto que tarde.

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El Síndic certifica la quiebra municipal
JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA

Si las finanzas autonómicas están virtualmente en bancarrota por elevado nivel de gasto y el desplome de ingresos como consecuencia de la crisis, la situación de los ayuntamientos no es mejor. El informe de la Cuenta General de las Entidades Locales correspondiente a 2010, entregado ayer por la Sindicatura de Comptes a las Corts, certifica la quiebra de las haciendas municipales, con un dato demoledor: al cierre de 2010, el remanente de tesorería para gastos generales -el dinero del que pueden disponer las administraciones para financiar gastos no previstos- del conjunto de los ayuntamientos fue negativo en 120,3 millones, lo que supone un empeoramiento del 1.758% respecto a 2009, cuando fue positivo en 7,25 millones. Este remanente permite, una vez liquidado el presupuesto, afrontar gastos no contemplados: si es positivo, hay margen y liquidez pero si es negativo, la administración afectada debe recortar el presupuesto para compensar lo que ha gastado de más en ejercicios anteriores.

Y lo que queda patente, a la luz del informe, es que las administraciones locales han vivido estos años muy por encima de sus posibilidades. De hecho, 171 ayuntamientos cerraron el ejercicio con un remanente de tesorería -que no incluye ingresos para actuaciones ya comprometidas- negativo. Algunos, como el de Alboraia, llegaron al disparate de arrastrar un remanente negativo (22 millones) superior al presupuesto de todo el año (20,1 millones). Valencia y Alicante lo tienen positivo mientras Castelló fue negativo en 8,8 millones (4,9% del presupuesto).

Pero además, el resultado presupuestario ajustado del año descendió un 56% hasta situarse en 109,18 millones. Nada menos que 223 entidades locales (el 38,7%) presentaron un resultado presupuestario ajustado negativo (déficit). Igualmente, 161 entidades (el 28%) cerraron con fondo de maniobra negativo (diferencia entre los cobros a corto plazo y las deudas a las que deben afrontar a corto), lo que revela los problemas de liquidez.

En conjunto, los municipios vieron recortado su presupuesto inicial de ingresos en un 10%. Todos los impuestos han descendido excepto el IBI, que aumentó un 6% tras crecer un 10% el ejercicio anterior, y el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que se ha visto incrementado en un 13%.

El gasto público por habitante se recortó un 7% hasta 1.069 euros. Los municipios de Castelló mantuvieron el mayor nivel, con 1.150 euros, seguidos de los de Valencia (1.116 euros) y Alicante (984 euros). Del mismo modo, los ayuntamientos castellonenses invirtieron 307 euros por habitante, frente a los 251 de Valencia y a los 196 de Alicante.

La deuda por habitante, 585 euros
La carga financiera per cápita creció un 42%. La mayor corresponde a los municipios de Valencia, que ha pasado de 87 a 149 euros (un 71% más). En Castelló, en cambio, disminuyó de 71 euros a 67 euros, mientras en Alicante aumentó de 57 a 61. Los municipios de la Comunitat Valenciana vieron reducidos sus ingresos en 749 millones de euros, lo que supone un 14% respecto al año anterior, mientras sus gastos lo hicieron en un 6% (284 millones). El endeudamiento por habitante se sitúa en 585 euros, lo que supone un 1% más que el año anterior. El crédito a largo plazo se ha mantenido en torno a los 2.500 millones de euros, mientras a corto ha disminuido un 40%, hasta 207,68 millones. En cuanto a la presión fiscal, ésta se mantiene en niveles similares a los de 2009, con 546 euros por habitante, siendo los habitantes de Castelló los que soportan una mayor presión (633 euros), seguidos de Alicante (564 euros) y Valencia (511 euros).

El informe se elaboró sobre las 576 entidades locales (entre éstas, 496 de los 542 municipios), el 87% del total y el 92% de los municipios, abarcando el 92% de la población de la C. Valenciana, un descenso importante respecto a 2009, cuando se situó en el 97% de los habitantes. El motivo, reprocha el Síndic, es que ayuntamientos importantes, como Crevillent, Gandia, Mislata, Orihuela, Sueca y Torrent no las entregaron a 31 de diciembre, dos meses después de expirar el plazo que se les dio. Y seguían sin hacerlo a la fecha de la aprobación de la fiscalización, a principios de este mes, Gandia, Mislata, Orihuela y Sueca. Destaca este último consistorio, que no presenta las cuentas de los ejercicios 2006 a 2010.

Por ello, la Sindicatura solicita a la Generalitat que haga uso de la ley para no conceder subvenciones y ayudas a quien no haya rendido las cuentas. A fecha de ayer, en esa "lista negra" había 26 municipios, entre ellos, Gandia, Benetússer, Orihuela, Nules o Sueca.

El Síndic certifica la quiebra municipal - Levante-EMV

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Ayuntamientos, en punto de mira de la tijera del Gobierno español
Sábado, 12 de Mayo

El Gobierno español está ultimando una reforma administrativa para delimitar de forma precisa las competencias de los ayuntamientos que aspira a modificar radicalmente la prestación de los servicios municipales, dentro de sus esfuerzos por cumplir los objetivos de déficit y racionalizar el gasto público.

Esta reforma de la ley del régimen local, que tendrá continuidad en otra esperada modificación de la financiación municipal, pretende despejar la actual maraña de instituciones en este ámbito y entre sus principales objetivos está el de impulsar la fusión de los ayuntamientos más pequeños.

Con estos cambios, el Gobierno confía en lograr ahorros de unos 3.500 millones de euros el próximo año, una pieza más de su activa estrategia para reducir drásticamente el déficit público desde el 8,5 por ciento de 2011 al 5,3 por ciento este año y al 3 por ciento en 2013.

Los ayuntamientos, muchos de los cuales están en una "situación crítica" según el Ejecutivo, supusieron un 0,4 por ciento del déficit total del año pasado, y deben reducir una décima esa cifra este año y llevarla a cero el siguiente.

Aunque las fusiones de ayuntamientos tendrán un carácter voluntario, podrían ser inevitables para muchos, si tienen dificultades para cumplir en solitario con una serie de criterios de eficiencia en función de su población - aún por definir - a la hora de prestar servicios como la recogida de basura, el alcantarillado o el abastecimiento de agua.

Estas exigencias les abocarán según el Gobierno o a unirse a otro municipio o a delegar directamente esas funciones en las diputaciones provinciales, unos organismos que saldrán claramente reforzados de la reforma en marcha.

"Se trata de primar la austeridad, aumentando la eficacia y eficiencia y evitando duplicidades para no despilfarrar recursos en la administración pública", dijo esta semana el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, cuyo departamento pretende tener cerrada este mismo mes la propuesta de reforma.

COMPLEJIDAD INSTITUCIONAL
Los cambios pretenden también enviar un mensaje de orden en el complejo mapa político español, en el que conviven más de 8.100 municipios, medio centenar de diputaciones provinciales, una decena de cabildos o consejos insulares, e innumerables entidades de ámbito local, además de las consabidas 17 comunidades autónomas.

El mapa municipal español se caracteriza además por una gran fragmentación, donde el 84 por ciento de los municipios tiene menos de 5.000 vecinos y sólo un 5 por ciento tiene más de 20.000 habitantes.

"La reordenación municipal es algo inevitable. Es hora de que reconozcamos que no todos los ayuntamientos son capaces de llevar cuentas ordenadas, de prestar servicios de modo eficiente a sus ciudadanos", señaló Beteta, que ha asegurado que el Gobierno quiere hacer la reforma con consenso y de la mano de las comunidades autónomas.

Según una encuesta realizada por la Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS) conocida esta semana, el 62,5 por ciento de los españoles estaría a favor de la fusión de municipios, un camino aún por explorar que han iniciado dos corporaciones gallegas, las de Cesuras y Ozas del Río.

Sin embargo, esta no es la opción preferida de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha enviado al Gobierno sus propias propuestas de reforma, en las que se inclina por una cesión de competencias a entidades mayores por parte de las corporaciones más pequeñas, en lugar de por uniones o fusiones de las mismas.

SITUACIÓN CRÍTICA DE AYUNTAMIENTOS
Los municipios - que según datos del Banco de España acumulaban a finales de 2011 una deuda de 35.420 millones de euros- se financian con el cobro de tributos y tasas, mediante las transferencias que reciben de otras administraciones y a través del endeudamiento. La crisis económica ha supuesto que esas tres vías se hayan visto drásticamente reducidas.

En este contexto, numerosos ayuntamientos están sufriendo para pagar a sus empleados públicos y tienen cientos de miles de facturas pendientes de cobro por servicios, lo que llevó al Gobierno central al salir al rescate - para evitar también una quiebra masiva de pequeñas empresas - con un plan de pago a proveedores.

Sin embargo, de los más de 4.600 municipios que quisieron acogerse a este plan, 2.000 de ellos no llegaron a presentar los planes de ajustes necesarios para recibir la financiación del Gobierno.

Y de los que los presentaron, unos 300 recibieron una valoración negativa. Uno de Guadalajara llegó a presentar un plan por el que necesitaría 7.058 años para poder saldar su deuda, algo calificado de "escalofriante" por parte de Beteta.

El origen del problema se encuentra tanto en años de mala gestión como en la prestación por parte de los ayuntamientos de servicios para los que no cuentan con financiación por corresponder en un principio esas funciones a las comunidades autónomas, enfrascadas por su parte en su particular vía crucis de contención del gasto.

Esas llamadas "competencias impropias", que suponen el 26 por ciento de todos los gastos de los ayuntamientos según un informe del Instituto de Economía de Universidad de Barcelona, es lo primero que se quiere suprimir.

Dentro de la revisión del mapa de atribuciones entre administraciones que ha emprendido el Gobierno, se prevé que los ayuntamientos más pequeños pierdan competencias, pero la situación podrá suponer todo lo contrario para las corporaciones de mayor tamaño, que podrían recibir funciones - y financiación - que ahora recaen en las comunidades autónomas.

También tendrán un papel reforzado las diputaciones provinciales, a las que el Gobierno quiere dar "más músculo técnico y financiero" que garantice la prestación de determinados servicios asumiendo la labor que en algunos puntos de España desempeñan las mancomunidades, que podrían estar llamadas a desaparecer.

El papel de las diputaciones - instituciones cuya función es gestionar los intereses económico-administrativos de las provincias - ha estado sin embargo en cuestión en los últimos meses, y líder del Partido Socialista ha llegado a asegurar que son unos organismos que "sobran", lo que podría dificultar el consenso al que aspira el Gobierno con la reforma. (Información de Blanca Rodriguez Piedra Editado por Carlos Ruano)

La Carta de la Bolsa - Ayuntamientos, en punto de mira de la tijera del Gobierno español

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Benidorm rebaja 150 euros al mes las retribuciones de la Policía Local


EUROPA PRESS El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Benidorm ha acordado rebajar en 150 euros mensuales las retribuciones de la Policía Local y ha establecido que "sólo dará un máximo de 426 euros por productividad a los funcionarios que más cobran", según ha informado en un comunicado el citado consistorio.

En el transcurso de una reunión mantenida con los sindicatos este lunes, el alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, ha "dejado claro que los criterios a la hora de realizar la regularización han sido económicos y porcentuales, no laborales".

El primer edil ha explicado que con estas medidas el Gobierno prevé un ahorro anual de un millón de euros en el pago de productividades. "Un ahorro de un millón de euros frente a los 2.350.019,46 euros que suponían esas retribuciones antes de la rebaja", ha declarado Navarro.

El nuevo paquete de medidas contempla de este modo la supresión de todos los complementos por trabajos que en la actualidad no se realizan; que los funcionarios que cuenten con complementos superiores a 500 euros, no perciban más de 426 euros mensuales; y una rebaja del 15 por ciento en el resto de complementos que no alcancen los 500 euros.

A la Policía Local se le aplicará una rebaja de 150 euros en el plus por asistencia, y pasará a denominarse complementos por objetivos cumplidos, y desaparecerá el complemento acordado por anteriores gobiernos en el año 2005 para reducir el absentismo laboral en la Policía Local.

El alcalde ha aclarado que, en el caso de la Policía Local, "sólo se cobrará el plus por nocturnidad por noche trabajada", y la bolsa se mantendrá en 290 euros al mes, rebaja que, según ha calculado supondrá entre un 5 y un 6 por ciento del salario medio de los agentes.

PLAN "DRAMÁTICO"

En la actualidad, el 63,35 por ciento de los miembros de la Policía Local cobra productividades, porcentaje que desciende al 36,65 por ciento en el caso del resto de funcionarios. Con estas medidas está previsto un ahorro de un millón de euros que procederán a partes iguales --500.000 euros cada uno-- de los ajustes aplicados a la Policía Local y al resto de funcionarios.

Agustín Navarro ha asegurado que está "abierto a todo tipo de negociaciones con los sindicatos, "en cuanto a derechos y condiciones laborales, pero no está abierta la puerta en el tema económico".

Además, el primer edil ha indicado a los sindicatos que "el máximo responsable de esta regularización son los 14 votos en contra del partido Popular y Liberales --que según ha recordado, votaron en contra del Plan de Ajuste presentado por el gobierno--".

Ese plan, en opinión del alcalde, "no era tan dramático como éste que el equipo de Gobierno se ha visto obligado a realizar ahora", ya que contemplaba una rebaja de 60 euros a la Policía Local "frente a los 150 euros de ahora", según las mismas fuentes.

Además, de la rebaja a los complementos de los funcionarios del Ayuntamiento, el Pleno recortó en un 50 por ciento el sueldo del alcalde, entre un 15 y un 20 por ciento a los concejales y en más de 300 euros al mes a los eventuales con sueldos más altos.


Benidorm rebaja 150 euros al mes las retribuciones de la Policía Local - Informacion.es

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