luenma06
Madmaxista
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Dice el Sr. Rajoy, presidente del gobierno, que en España la corrupción no es generalizada, pretendiendo así defender el honor de la gente honrada, que si duda es la mayoritaria en España, pero cuando alguien habla de corrupción generalizada no quiere decir que todos y cada uno de los ciudadanos de este país sean corruptos, si no que nuestras instituciones y/o nuestros gobierno son incapaces no ya de atajarla si no de impedir que nazcan y crezcan en su seno. Basta dar un repaso rápido a nuestra geografía.
Podemos empezar por Galicia donde el caso Pokemon ha llevado a la detención de más de veinte personas por tráfico, cohecho y prevaricación en más de una decena de municipios. Si seguimos por Asturias vemos a un exconsejero, tres exdirectores generales, cinco empresarios, varios ayuntamientos y la Universidad procesados por presuntos delitos de trato de favor en el caso Marea. En Cantabria las más de treinta causas abiertas por corrupción, solamente en el ayuntamiento de Castro Urdiales, reflejan un “estado delictivo generalizado” según la Fiscalía de Cantabria.
De la corrupción tampoco se libra Euskadi. Aunque las instituciones y líderes políticos vascos se ufanan en afirmar públicamente que es un fenómeno residual, cada vez surgen más voces que apuntan que hay bastante más de lo que sale a la superficie. Los tribunales investigan ahora una decena de casos y en el último año han aflorado prácticas irregulares en la gestión municipal en otra media decena. En Navarra la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda del Ejecutivo navarro, Lourdes Goicoechea, persona de confianza de Barcina, ha sido formalmente acusada en sede parlamentaria por la exdirectora de la Hacienda Tributaria de Navarra, que ha dimitido recientemente del cargo, de haber presionado sobre ella para que le proporcionase información concreta.
En La Rioja un informe de la UDEF trata sobre el presunto blanqueo de dinero destinado a la sede del PP riojano. En Aragón la lista negra de imputados acumula ya más de 70 políticos en una región de poco más de un millón de habitantes, y amenaza con seguir creciendo. Seguimos por Cataluña, la cual es situada por la UE scomo una de las regiones más corruptas de toda Europa. Ocupa el puesto 130 de un total de 172 regiones en el ranking europeo de limpieza y eficiencia pública, y es la región más corrupta de España.
Cruzamos el Mediterráneo y nos vamos a Baleares donde la lista de casos de corrupción abiertos en el archipiélago más tranquilo del Mediterráneo es cada vez más larga. Tanto, que ya resulta fácil perder la cuenta del número de políticos envueltos en alguna causa. No en vano, la corrupción balear tiene hasta 40 excargos del PP imputados. Volvemos a Valencia donde expresidentes y vicepresidentes de la Generalitat, exconsejeros autonómicos, altos cargos, diputados provinciales, alcaldes, concejales, funcionarios... están inmersos en procesos de corrupción que se ha contagiado a todas las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana, controladas por el PP desde hace casi dos décadas; y la lista de imputados crece sin parar, en un bucle que parece no tener fin. Ya son más de 100 los señalados por la justicia, un auténtico récord para una región que apenas supera los cinco millones de habitantes. Bajamos a Murcia, que tiene actualmente 40 causas por corrupción abiertas en una región de 45 municipios. En esa llamativa proporción no están todos los que son, puesto que hay algunos ayuntamientos que no tienen ninguna, pero sí son todos los que están, algunos varias veces.
Llegamos así a Andalucía . dónde es paradigmático el caso de los ERE falsos. Se trata de uno de los casos de corrupción más importantes vinculado a la Junta de Andalucía, y en especial a militantes y cargos del PSOE andaluz, de los últimos años. Tuvo su origen en los ERE fraudulentos de la empresa sevillana Mercasevilla, donde se detectaron prejubilaciones fraudulentas. Está siendo investigado por la juez Mercedes Alaya y por el Tribunal de Cuentas del Estado. A este caso se suman otros como el de Mercasevilla, Invercaria, caso Malaya, caso Majestic, Ronda, operación Astapa, Aguadulce, Arcos o Ayamonte.
Si cruzamos el Atlántico y llegamos a Canarias vemos que registró entre los años 2000 y 2010 un total de 35 casos de corrupción y el 39,8 por ciento de los municipios del Archipiélago se vieron afectados, lo que representa el segundo mayor porcentaje por comunidades autónomas. Si volvemos a la península en Extremadura, los viajes del presidente Monago son solo una minucia comparados con otros casos, y es que la Fiscalía extemeña en su informe de 2013 “no se ve capaz de dar respuesta a la corrupción”.
En Castilla-La Mancha hace meses saltaba un caso que salpicaba al Partido Socialista Obrero Español y es que la Junta de Castilla-La Mancha presidida por Barreda, adjudicó contratos públicos inflados a una empresa que era la encargada de realizar los actos y campañas electorales del PSOE. En Castilla y León varios altos funcionarios, han sido imputados por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Valladolid como presuntos responsables de un delito de "prevaricación administrativa". La imputación judicial trae causa de las irregularidades observadas por el Consejo de Cuentas, que en una muestra aleatoria de 57 contratos "menores" adjudicados en el año 2.010 por la consejería de Economía, detectó que 22 de ellos habían sido objeto de "fraccionamiento prohibido".
Y finalmente llegamos a la capital de nuestra querida España, donde, por poner solo un ejemplo la extensa trama de corrupción que investiga el juez Eloy Velasco dentro de la Operación Púnica alcanza a órganos estratégicos del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es en esta Comunidad también donde operaba la red del caso Gürtel que es el nombre con el que se conoce una investigación iniciada en noviembre de 2007 por la Fiscalía Anticorrupción y denunciada por la Fiscalía en febrero de 2009 ante la Audiencia Nacional, sobre una red de corrupción política vinculada al Partido Popular, que operaba principalmente en las Comunidades de Madrid y Valencia.
Estos son solo una pequeña muestra de los casos de corrupción que salpican todas nuestras Comunidades Autónomas. La lista total sería probablemente muy larga. Si a todos estos casos no se le puede llamar corrupción generalizada según el sr. Rajoy. Entonces…¿Qué nombre le ponemos?
Podemos empezar por Galicia donde el caso Pokemon ha llevado a la detención de más de veinte personas por tráfico, cohecho y prevaricación en más de una decena de municipios. Si seguimos por Asturias vemos a un exconsejero, tres exdirectores generales, cinco empresarios, varios ayuntamientos y la Universidad procesados por presuntos delitos de trato de favor en el caso Marea. En Cantabria las más de treinta causas abiertas por corrupción, solamente en el ayuntamiento de Castro Urdiales, reflejan un “estado delictivo generalizado” según la Fiscalía de Cantabria.
De la corrupción tampoco se libra Euskadi. Aunque las instituciones y líderes políticos vascos se ufanan en afirmar públicamente que es un fenómeno residual, cada vez surgen más voces que apuntan que hay bastante más de lo que sale a la superficie. Los tribunales investigan ahora una decena de casos y en el último año han aflorado prácticas irregulares en la gestión municipal en otra media decena. En Navarra la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda del Ejecutivo navarro, Lourdes Goicoechea, persona de confianza de Barcina, ha sido formalmente acusada en sede parlamentaria por la exdirectora de la Hacienda Tributaria de Navarra, que ha dimitido recientemente del cargo, de haber presionado sobre ella para que le proporcionase información concreta.
En La Rioja un informe de la UDEF trata sobre el presunto blanqueo de dinero destinado a la sede del PP riojano. En Aragón la lista negra de imputados acumula ya más de 70 políticos en una región de poco más de un millón de habitantes, y amenaza con seguir creciendo. Seguimos por Cataluña, la cual es situada por la UE scomo una de las regiones más corruptas de toda Europa. Ocupa el puesto 130 de un total de 172 regiones en el ranking europeo de limpieza y eficiencia pública, y es la región más corrupta de España.
Cruzamos el Mediterráneo y nos vamos a Baleares donde la lista de casos de corrupción abiertos en el archipiélago más tranquilo del Mediterráneo es cada vez más larga. Tanto, que ya resulta fácil perder la cuenta del número de políticos envueltos en alguna causa. No en vano, la corrupción balear tiene hasta 40 excargos del PP imputados. Volvemos a Valencia donde expresidentes y vicepresidentes de la Generalitat, exconsejeros autonómicos, altos cargos, diputados provinciales, alcaldes, concejales, funcionarios... están inmersos en procesos de corrupción que se ha contagiado a todas las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana, controladas por el PP desde hace casi dos décadas; y la lista de imputados crece sin parar, en un bucle que parece no tener fin. Ya son más de 100 los señalados por la justicia, un auténtico récord para una región que apenas supera los cinco millones de habitantes. Bajamos a Murcia, que tiene actualmente 40 causas por corrupción abiertas en una región de 45 municipios. En esa llamativa proporción no están todos los que son, puesto que hay algunos ayuntamientos que no tienen ninguna, pero sí son todos los que están, algunos varias veces.
Llegamos así a Andalucía . dónde es paradigmático el caso de los ERE falsos. Se trata de uno de los casos de corrupción más importantes vinculado a la Junta de Andalucía, y en especial a militantes y cargos del PSOE andaluz, de los últimos años. Tuvo su origen en los ERE fraudulentos de la empresa sevillana Mercasevilla, donde se detectaron prejubilaciones fraudulentas. Está siendo investigado por la juez Mercedes Alaya y por el Tribunal de Cuentas del Estado. A este caso se suman otros como el de Mercasevilla, Invercaria, caso Malaya, caso Majestic, Ronda, operación Astapa, Aguadulce, Arcos o Ayamonte.
Si cruzamos el Atlántico y llegamos a Canarias vemos que registró entre los años 2000 y 2010 un total de 35 casos de corrupción y el 39,8 por ciento de los municipios del Archipiélago se vieron afectados, lo que representa el segundo mayor porcentaje por comunidades autónomas. Si volvemos a la península en Extremadura, los viajes del presidente Monago son solo una minucia comparados con otros casos, y es que la Fiscalía extemeña en su informe de 2013 “no se ve capaz de dar respuesta a la corrupción”.
En Castilla-La Mancha hace meses saltaba un caso que salpicaba al Partido Socialista Obrero Español y es que la Junta de Castilla-La Mancha presidida por Barreda, adjudicó contratos públicos inflados a una empresa que era la encargada de realizar los actos y campañas electorales del PSOE. En Castilla y León varios altos funcionarios, han sido imputados por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Valladolid como presuntos responsables de un delito de "prevaricación administrativa". La imputación judicial trae causa de las irregularidades observadas por el Consejo de Cuentas, que en una muestra aleatoria de 57 contratos "menores" adjudicados en el año 2.010 por la consejería de Economía, detectó que 22 de ellos habían sido objeto de "fraccionamiento prohibido".
Y finalmente llegamos a la capital de nuestra querida España, donde, por poner solo un ejemplo la extensa trama de corrupción que investiga el juez Eloy Velasco dentro de la Operación Púnica alcanza a órganos estratégicos del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es en esta Comunidad también donde operaba la red del caso Gürtel que es el nombre con el que se conoce una investigación iniciada en noviembre de 2007 por la Fiscalía Anticorrupción y denunciada por la Fiscalía en febrero de 2009 ante la Audiencia Nacional, sobre una red de corrupción política vinculada al Partido Popular, que operaba principalmente en las Comunidades de Madrid y Valencia.
Estos son solo una pequeña muestra de los casos de corrupción que salpican todas nuestras Comunidades Autónomas. La lista total sería probablemente muy larga. Si a todos estos casos no se le puede llamar corrupción generalizada según el sr. Rajoy. Entonces…¿Qué nombre le ponemos?
