Santos G. Monroy.- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha requerido a la Diputación de Ciudad Real para que anule los nombramientos de personal eventual aprobados en julio de 2012 por el Pleno, y que afectan a ocho empleados contratados como personal eventual para diversas labores de asesoramiento. El requerimiento se produce meses después de que, por sentencia dictada en marzo de 2014, el Tribunal Supremo inadmitiera el recurso de casación presentado por la Diputación presidida por Nemesio de Lara.
Ahora, y tras la devolución de autos al TSJCM y el posterior requerimiento, la Diputación tiene un plazo dos meses para hacer cumplir una sentencia que ya es firme, y que implica de facto la expulsión de los ocho trabajadores contratados a dedo por PSOE y PP. La singularidad de esta resolución radica, además, en la rapidez con que se ha tramitado judicialmente, tal y como ha señalado Enrique Ruiz Hervás, delegado de la sección sindical de CCOO, que denunció en su momento las contrataciones.
Los ocho empleados afectados por la sentencia son Oscar Luis Narros, jefe de Gabinete de Presidencia; Santiago Sánchez, conductor asistente particular del presidente; María José del Olmo, secretaria del Gabinete de Presidencia y particular del presidente; María José López-Alcorocho, asesor de la Presidencia; José María Ortega, personal de soporte y apoyo a la actividad del grupo socialista; María Ángeles Ormeño, secretaria del grupo político socialista; Ángel M. Peinado, personal de soporte y apoyo a la actividad del Grupo Político Popular; y Eva María Sancho, secretaria del Grupo Político Popular.
La Sentencia del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha considera lesionado por la actuación administrativa el derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a la función pública, ya que la Diputación “ha creado puestos de trabajo de personal eventual no sólo sin justificar su necesidad sino, sobre todo, para el desempeño de funciones que o bien son permanentes o bien no responden a las características de confianza y asesoramiento especial con las que se distingue legalmente al personal eventual”. “Es decir, porque la Diputación Provincial ha ejercido su potestad de autoorganización más allá de los límites a los que está sujeta“, señala el Tribunal Supremo, haciéndose eco de la sentencia del TSJCM, fechada en diciembre de 2012. Además, el Supremo inadmitió el recurso de casación presentado por la Diputación de Ciudad Real, al no tratarse de “relaciones de servicio de funcionarios de carrera”.
Primero fueron los políticos
La sentencia del TSJCM está relacionada con una doble demanda interpuesta en su momento por CCOO, y en la que también se denunció la contratación de seis asesores de Nemesio de Lara. Se trataba de los políticos socialistas Ángel Amador, Julián Nieva, Roberto Parra, Inmaculada Jiménez, Francisco Javier Vicario y Eduardo del Valle. En este caso, los seis asesores de la Diputación de Ciudad Real, vinculados política y laboralmente al PSOE, se vieron obligados a dejar de desempeñar sus funciones. Para ello fue necesaria una segunda resolución, después de que De Lara nombrara de nuevo a los afectados, colocados en plazas de nueva creación, una vez que el Tribunal Superior declarara nulas las contrataciones realizadas en 2011, tras estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo presentado por el sindicato CCOO.
En aquella primera sentencia, recurrida también por la Diputación de Ciudad Real ante el Tribunal Supremo, el juez estimaba que “de lo que se trata es de dar acomodo a determinados políticos que no obtuvieron el éxito esperado en determinadas contiendas electorales a nivel local o que, en cualquier caso, querían ser colocados por razones de afinidad política”.
Los tribunales obligan a la Diputación de Ciudad Real a expulsar a ocho asesores contratados a dedo por PSOE y PP - MiCiudadReal.es
Ahora, y tras la devolución de autos al TSJCM y el posterior requerimiento, la Diputación tiene un plazo dos meses para hacer cumplir una sentencia que ya es firme, y que implica de facto la expulsión de los ocho trabajadores contratados a dedo por PSOE y PP. La singularidad de esta resolución radica, además, en la rapidez con que se ha tramitado judicialmente, tal y como ha señalado Enrique Ruiz Hervás, delegado de la sección sindical de CCOO, que denunció en su momento las contrataciones.
Los ocho empleados afectados por la sentencia son Oscar Luis Narros, jefe de Gabinete de Presidencia; Santiago Sánchez, conductor asistente particular del presidente; María José del Olmo, secretaria del Gabinete de Presidencia y particular del presidente; María José López-Alcorocho, asesor de la Presidencia; José María Ortega, personal de soporte y apoyo a la actividad del grupo socialista; María Ángeles Ormeño, secretaria del grupo político socialista; Ángel M. Peinado, personal de soporte y apoyo a la actividad del Grupo Político Popular; y Eva María Sancho, secretaria del Grupo Político Popular.
La Sentencia del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha considera lesionado por la actuación administrativa el derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a la función pública, ya que la Diputación “ha creado puestos de trabajo de personal eventual no sólo sin justificar su necesidad sino, sobre todo, para el desempeño de funciones que o bien son permanentes o bien no responden a las características de confianza y asesoramiento especial con las que se distingue legalmente al personal eventual”. “Es decir, porque la Diputación Provincial ha ejercido su potestad de autoorganización más allá de los límites a los que está sujeta“, señala el Tribunal Supremo, haciéndose eco de la sentencia del TSJCM, fechada en diciembre de 2012. Además, el Supremo inadmitió el recurso de casación presentado por la Diputación de Ciudad Real, al no tratarse de “relaciones de servicio de funcionarios de carrera”.
Primero fueron los políticos
La sentencia del TSJCM está relacionada con una doble demanda interpuesta en su momento por CCOO, y en la que también se denunció la contratación de seis asesores de Nemesio de Lara. Se trataba de los políticos socialistas Ángel Amador, Julián Nieva, Roberto Parra, Inmaculada Jiménez, Francisco Javier Vicario y Eduardo del Valle. En este caso, los seis asesores de la Diputación de Ciudad Real, vinculados política y laboralmente al PSOE, se vieron obligados a dejar de desempeñar sus funciones. Para ello fue necesaria una segunda resolución, después de que De Lara nombrara de nuevo a los afectados, colocados en plazas de nueva creación, una vez que el Tribunal Superior declarara nulas las contrataciones realizadas en 2011, tras estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo presentado por el sindicato CCOO.
En aquella primera sentencia, recurrida también por la Diputación de Ciudad Real ante el Tribunal Supremo, el juez estimaba que “de lo que se trata es de dar acomodo a determinados políticos que no obtuvieron el éxito esperado en determinadas contiendas electorales a nivel local o que, en cualquier caso, querían ser colocados por razones de afinidad política”.
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