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A qué se destinan los impuestos | Economía | Cinco Días


JAUME VIÑAS MADRID 27-10-2014 07:34

J. VIÑAS Y A. MERAVIGLIA

Los aeropuertos inutilizados, las líneas de AVE vacías, los sucesivos casos de corrupción o los modernos edificios públicos construidos en la época del boom y que ahora languidecen abandonados refuerzan la idea de que el sector público lo invade todo y está sobredimensionado. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró la semana pasada en el Congreso que se trata de “un mito”. Si bien los ejemplos de despilfarro son numerosos, también es cierto que las cifras sugieren que el gasto público en España, al menos en términos comparados, no resulta excesivo. En 2013, la Administración en su conjunto gastó 464.759 millones de euros, el 44,3% del PIB. Sin contabilizar la ayuda financiera –que no se tiene en cuenta a efectos del cumplimiento del déficit, el nivel baja al 43,8%. Supone el decimotercer porcentaje más bajo de la UE de los Veintiocho y se encuentra a 5,6 puntos de la media de la zona euro (49,4%).

Eurostat clasifica el gasto público en diez epígrafes y los últimos datos, que corresponden a 2012, muestran que España se encuentra en todos ellos por debajo de la media con tres excepciones. Como puede verse en el gráfico adjunto, España destina en porcentaje del PIB menos recursos que sus socios europeos en protección social, sanidad o educación. En cambio, se encuentra por encima de la media en orden público y seguridad, actividades recreativas, cultura y religión y en asuntos económicos. Estas son algunas de las cifras más significativas:

Protección social: Es el principal capítulo de gasto. De cada cien euros públicos, 37 se utilizan para pagar pensiones o prestaciones por desempleo. A pesar del elevado número de parados y al proceso de envejecimiento de la población, el gasto en protección social se sitúa en el 17,7% del PIB frente al 20,5% de la zona euro o el 19,9% de la UE. Lidera el ranking Dinamarca (25,2%), Finlandia (24,8%) y Francia (24,4%).

Asuntos económicos: España fue el país de la UE que más dinero gastó en asuntos económicos, que engloba el gasto en infraestructuras o subvenciones a sectores como la pesca o la agricultura. El líderazo se explica, sin embargo, porque en 2012 se incluyeron 39.068 millones del rescate financiero. El gasto en asuntos económicos ascendió al 7,7% del PIB. Si se descuenta el auxilio financiero, el porcentaje baja hasta el 4%, inferior a la media europea.

Sanidad: Una de las partidas más relevantes -asumida en su mayor parte por las comunidades autónomas- y que alcanza los 63.446 millones. Supone el 6,2% del PIB frente al 7,4% de la eurozona. Así, también en el área de salud, España se encuentra por debajo de la Unión Europea. Croacia, Holanda y Dinamarca son los países con un mayor gasto sanitario.

Servicios generales de la Administración: En este apartado se contabiliza el coste de los órganos ejecutivos, legislativos, la Casa Real o la acción exterior. También incluye los intereses de la deuda. España gastó en todas estas áreas un 6,1% de su PIB, cifra similar a la partida destinada a sanidad. En cualquier caso, se encuentra por debajo de la media europea (6,7%).

Educación: El tercer pilar del Estado de bienestar representa el 4,5% del PIB, la séptima cifra más baja de la UE. Se encuentra medio punto por debajo de la media de la zona euro y supera a países como Alemania o Italia. Dinamarca, Suecia y Chipre son los países que más gastan en educación.

Orden público y seguridad: Una de las excepciones. España destina en orden público y seguridad, que incluye la policía, prisiones o justicia, más que sus vecinos. Destina el 2,1% frente al 1,8% de la media de la zona euro.

Actividades recreativas, cultura y religión: También la Administración española gasta más dinero que la media en eventos deportivos, servicios culturales y televisones públicas, entre otros. Destina un 1,3% de su PIB.

¿Cuál debe ser el peso del sector público?

Para José Ignacio Conde-Ruiz, profesor de la Universidad Complutense y subdirector de Fedea, las cifras indican que el sector público español no está “sobredimensionado”, aunque advierte que ello no significa que no sean necesarios ajustes y reformas para ganar en eficiencia. En su opinión, el nivel vigente es adecuado si se quiere tener un “Estado de bienestar a la europea”. Además, señala que, en un entorno neutral –sin recesión ni expansión económica– difícilmente se podría fijar un nivel de gasto por debajo del 42% del PIB “sin desmantelar programas importantes de nuestro Estado del Bienestar”.

El sector público en la Unión Europea

CARLOS CORTINAS

El Círculo de Empresarios, en cambio, lamentó en un informe reciente que el Gobierno haya renunciado a recortar el gasto en los Presupuestos de 2015. El organismo presidido por Mónica de Oriol defiende que el tamaño del sector público debería moverse entre el 35% y el 40% del PIB. Ello supone entre 40.000 millones y 92.000 millones menos que ahora. Precisamente ese era el plan inicial del Gobierno de Mariano Rajoy que, solo meses después de formarse, remitió a Bruselas el Programa de Estabilidad 2012-2015. Allí se fijaba el objetivo de rebajar el gasto público en 2015 al 37,7% del PIB, el nivel más bajo desde 1984 y que, en caso de cumplirse, habría supuesto un ajuste sin precedentes.

Esas primeras proyecciones –más voluntaristas que realistas– quedaron rápidamente en nada. El gasto en prestaciones por desempleo o en intereses de la deuda pública avanzó a ritmos superiores a los previstos. En el último Programa de Estabilidad, el Gobierno fija el gasto público del próximo año en el 43% del PIB. Es decir, más de 50.000 millones por encima de la previsión realizada al inicio de la legislatura. Aunque no con la intensidad deseada, Hacienda entiende que es preciso reducir paulatinamente el peso del sector público y, en sus últimas previones, contempla que el gasto de la Administración se situará en 2017 en el 40,1%. Para Montoro, ese nivel permite conjugar la protección del Estado de bienestar y el dinamismo económico.

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, considera muy razonable el objetivo del Gobierno de que el gasto público no supere el nivel del 40%. En línea con otros expertos consultados, Pich señala que más que en el tamaño del sector público se debería centrar la atención en la gestión y el control. En su opinión, resulta “ineludible” abordar una reforma en profundidad de toda la Administración Pública”. Miguel Ángel García, profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, asegura que “la cuestión más importante es evaluar el cumplimiento de los objetivos marcados a las políticas de gasto”. Opina que “sería necesario eliminar la duplicidad de políticas en los distintos niveles de Gobierno” y pide “que desaparezcan políticas clientelistas encubiertas en organismos y sociedades públicas de dudosa utilidad a la sociedad”. La coordinadora del servicio de estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Almudena Semur, defiende que “hay poco margen en el gasto corriente”, pero ve muchas posibilidades de ahorro por “la vía de la eficiencia”. También apunta la posibilidad de “replantear muchos programas de gasto y reformularse algunas prestaciones sociales”. Recuerda que el Gobierno ha puesto en marcha el proyecto CORA para reformar la Administración y reducir el gasto. De 222 medidas planteadas, se han implantado 101 y “hay que seguir avanzando”.

Conde-Ruiz, de Fedea, incide en suprimir duplicidades y entiende que hay posibilidades para realizar ajustes en gasto de personal y compra de bienes y servicios. En el capítulo de inversiones, donde se han centrado buena parte de los recortes, indica que el margen es prácticamente nulo. Propone aplicar un presupuesto de base cero, es decir, que no tome como referencia el gasto del ejercicio anterior. De hecho, este es un compromiso no cumplido del Ejecutivo.
La idea de acercar el gasto público a la media europea no resulta factible si se atiende a los recursos públicos. España ingresa el equivalente al 37,5% de su PIB, nueve puntos por debajo de la media europea. Solo supera a Bulgaria, Chipre, Rumanía, Irlanda, Letonia o Lituania. Así, la Administración gasta como Alemania e ingresa como un país de Europa del Este. García señala la importancia de que las cuentas públicas sean sostenibles a largo plazo “sin renunciar a la función de estabilización en los ciclos”. Conde-Ruiz lamenta el elevado volumen de deducciones y exenciones fiscales y defiende que el “problema no es de un excesivo gasto sino de un nivel reducido de ingresos”. El subdirector de Fedea alerta que, sin hacer nada, el gasto público se acercará a la media europea por el efecto del envejecimiento de la población. Semur, del Instituto de Estudios Económicos, reconoce el bajo nivel de ingresos, aunque advierte que la sociedad no aceptaría un incremento de la presión fiscal. García, de la Universidad Rey Juan Carlos, pone el acento en el “grave problema” de fraude tributario. “Reducirlo permitiría un mayor volumen de gasto o una reducción de los tributos”.

Pich señala que los bajos ingresos son una realidad, pero alerta del efecto negativo de un incremento fiscal. Los planes del Ejecutivo –cuya reforma fiscal incluye una rebaja notable del IRPF– prevén que los ingresos públicos se sitúen en 2017 en el entorno del 39%. España seguirá siendo de los países europeos con menos recursos. Hacienda sostiene que cada país tiene su propia idiosincrasia y entiende que la economía funciona con un sector público que gasta e ingresa en el entorno del 40% de su PIB.





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Las proyecciones de las dos grafiquitas de la derecha no se las cree ni el que las dibujó:



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