Una vez cerradas las ayudas al alquiler y zanjadas las cuestiones más electoralisas, el Gobierno estudia la forma de suavizar la restricción al crédito que sufren los promotores inmobiliarios. Es un tema que está en la agenda de la ministra de Vivienda, Carme Chacón, y que se empezará a poner en marcha antes incluso de las elecciones, con la aprobación por parte de otro ministerio, el de Economía, de la orden que debe facilitar el acceso de los constructores y promotores a la financiación de cajas y bancos.

La norma, que está en audiencia pública hasta el día 21 de febrero, eliminará gran parte de las objeciones que las tasadoras ponen a la hora de valorar el suelo urbanizable (ni urbano ni rural, pero susceptible de ser expropiado para alguna utilidad pública).

Hasta ahora, junto a la valoración normal de ese suelo urbanizable -teniendo en cuenta que puede convertirse en viviendas (según la normativa autonómica vigente)-, se colocaba una advertencia sobre su condición de expropiable, en virtud de la nueva Ley del Suelo estatal. Esa era la gran excusa de las entidades financieras, acuciadas por la falta de liquidez internacional, para reducir o negar los créditos a los promotores y valorar a la baja sus activos, con la consiguiente consecuencia para su balance.

Cuestión de imagen

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, aseguró el pasado miércoles que no es intención del Gobierno ayudar a las promotoras con una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que puedan tener dinero a bajo coste con el que financiar sus promociones, como se les había acusado. Pero Solbes no descartó otros caminos para hacerlo, y en ese ámbito se enmarca la orden ministerial pendiente de su firma en cuanto salga de audiencia pública, y otras medidas que se pueden consensuar con el sector privado, de cara a la redacción del nuevo Reglamento de la Ley del Suelo.

En plena vorágine electoral, los estrategas de las filas socialistas no quieren que en la opinión pública quede el mensaje de que el Gobierno quiere ayudar a los promotores, al menos mientras se lancen otra serie de medidas de apoyo a los jóvenes al alquiler y a la emancipación por la carestía de la vivienda.

Aprobación inminente

Los promotores privados, a pesar de valorar de forma muy positiva la medida en marcha, advierten de que no es la solución a la negativa que encuentran en bancos y cajas a sus peticiones de crédito. Será un respiro importante para las compañías que tengan más suelo calificado como urbanizable, "pero nada más", advierten. La eliminación de las objeciones de las tasadoras permitirá, además, que las entidades puedan titulizar los créditos hipotecarios que concedan con esas valoraciones, cosa que hasta ahora quedaba restringida.

Los técnicos del sector insisten en que existen fórmulas matemáticas para, en el próximo reglamento, mejorar esas calificaciones de las tasadoras y acceder a una mayor parte de financiación en las entidades financieras. Pero eso será una negociación que, desde el Ejecutivo, han advertido ya que no se producirá hasta después del 9 de marzo, y en caso de que gane el PSOE. Los dirigentes del PP ya advirtieron en su día que, de ganar el poder, derogarían incluso toda la Ley del Suelo.

La orden ministerial pendiente de aprobar a partir del día 21 es de apenas un par de folios y las únicas alegaciones conocidas que por lo pronto se le han hecho buscan mejorar su redacción para hacerla más entendible. Es por ello que la mayor parte de los promotores esperan su inminente aprobación una vez que cumpla ese plazo legal y antes de las próximas elecciones, por más que la decisión definitiva al respecto esté en manos del vicepresidente económico.