Las promesas electorales tocan techo.

Los partidos políticos suman nuevos planes a las viejas recetas para la vivienda.

Ya se sabe que el papel lo aguanta todo. Promesas, ideas, concreciones, vaguedades, aspiraciones? En tiempo electoral, la vivienda se ha convertido en el mascarón de proa de buena parte de la campaña. Las propuestas tienen muchas veces enunciados similares, como la rehabilitación del parque residencial o la liberación de suelo para levantar pisos protegidos; todo ello con un crecimiento sostenible tanto en la forma (urbanismo) como en el fondo (materiales).

Pero si nos fijamos en los dos grandes partidos nacionales existen algunas diferencias que sí muestran un perfil ideológico distinto. La principal baza del PSOE es la vivienda protegida (un millón y medio en los próximos

10 años), mientras que el Partido Popular quiere que una de cada dos viviendas construidas tenga un precio máximo de 160.000 euros. Difícil parece conseguir que los promotores trabajen con precios intervenidos y que se logre el gran acuerdo nacional que, según el PP, sería necesario para ello. Sea como fuere, las promesas están encima de la mesa y los ciudadanos deciden.

-Partido Socialista. Ha reformado la Ley de Suelo, liberado 24 millones de metros cuadrados de terreno público e iniciado 250.000 casas protegidas. Desde esta casilla de salida parten sus propuestas para la próxima legislatura, cuya iniciativa estrella es la elaboración de un nuevo Plan Estatal de Vivienda para desarrollar 1,5 millones de pisos protegidos en una década -900.000 en compra y 600.000 en alquiler-, así como 30.000 unidades dirigidas a colectivos específicos como jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género y mayores de 65 años. Desde Ferraz se impulsará la figura del alquiler con opción a compra, se reformará la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para permitir al propietario reclamar el inmueble cuando sea para el uso de un familiar de primera línea de sucesión y se agilizará el desahucio.

La rehabilitación también tiene su espacio en el programa del PSOE, que pondrá en marcha (aún sin concretar) un Plan Renove de Viviendas para modernizar el parque, sobre todo en cascos históricos y zonas rurales.

En el siempre conflictivo tema del suelo, la propuesta socialista pasa por la creación de la Comisión de Coordinación interministerial de Suelo, con el fin de reforzar la llegada de terreno propiedad del Estado al mercado de vivienda protegida. Junto a esta iniciativa, otra que se antoja más difícil: la movilización, a través de acuerdos con los ayuntamientos, de terreno municipal para construir casas protegidas.

Con el fin de incrementar la accesibilidad a las personas con discapacidad, propone modificar la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) para eliminar barreras arquitectónicas. Finalmente, desde un punto de vista de inversión, plantea la mejora de la normativa de las entidades de inversión colectiva, sociedades de arrendamiento y sociedades patrimonialistas en alquiler cotizadas.

-Partido Popular. Su propuesta es para muchos la cuadratura del círculo inmobiliario: facilitar el acceso a la vivienda en propiedad; impulsar el alquiler como opción voluntaria de los ciudadanos; proteger a las familias del impacto de las subidas de los tipos de interés en sus rentas y mantener, al mismo tiempo, la aportación al crecimiento económico y al empleo de la construcción. A partir de lo que define como un acuerdo nacional, que reuniría a las administraciones públicas y los sectores inmobiliario y financiero, se buscaría que una de cada dos casas construidas tuviera un precio máximo de 160.000 euros para una superficie estándar de 80 metros cuadrados. Todo ello partiendo de una reserva de suelo de vivienda protegida de entre el 30% y el 50% del proyecto a edificar.

La parte fiscal que plantea el partido tampoco se libra de ambición. Todos los gravámenes más importantes se reducen o desaparecen. El IRPF baja "para que las familias aumenten su poder adquisitivo"; exenciones en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) con el fin de incentivar que las viviendas desocupadas salgan a alquiler; aplicación del IVA superreducido (4%) a las casas que no excedan de 160.000 euros; reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) y eliminación del impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) cuando tenga relación con la vivienda. Incluso plantean reducir los gastos de notaría y escritura.

En cuanto al alquiler, la gran baza es generalizar el arrendamiento con opción a compra. La idea en Génova es apoyar fórmulas similares a las que están desarrollando algunas comunidades autónomas: la mitad de la renta abonada se computa como parte del pago de la adquisición de la vivienda. Por otro lado, se eliminan las comisiones de cancelación anticipada y las que se aplican a la conversión de hipotecas de tipo variable a fijo.

-Izquierda Unida. El programa de IU se sustenta sobre las siguientes argumentaciones: modificación de la política fiscal -pasar de favorecer la compra a primar el alquiler-, mejora del tratamiento fiscal de la vivienda protegida frente a la libre e implantación de medidas impositivas que penalicen las casas vacías y las segundas residencias. Su objetivo es incrementar las reservas de vivienda protegida hasta el entorno del 75% en suelo urbanizable y el 40% en suelo urbano. Además, propone salvaguardar las casas protegidas para que nunca puedan llegar al mercado privado. Y establecer controles en la entrada, permanencia y salida de los usuarios para evitar el fraude. Pero tal vez la propuesta más novedosa es la que pretende limitar el crédito hipotecario y que sólo se puedan