El Ministerio de Vivienda y la Federación de Municipios y Provincias han puesto en marcha el teléfono de atención contra el acoso inmobiliario. Eso sí, el 900 900 707 tendrá que pasar un periodo de pruebas y, de momento, sólo funciona en diez municipios.

Así, cualquier persona podrá denunciar si su casero la está presionando para abandonar un inmueble. Como en el caso de Carmen, una cordobesa que paga 30 euros al mes por el alquiler de un piso con grietas y humedades, y que su propietario se niega a reparar, aunque ella nunca le ha denunciado.

El teléfono está operativo para los municipios de L'Hospitalet de Llobregat, Fuenlabrada, Gijón, Denia, A Coruña, Vitoria, Getafe, Córdoba, Elche y Las Palmas. Si es efectivo, se extenderá al resto del país.