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La necesidad de una regulación de la industria del recobro extrajudicial en España | ¿Hay Derecho?

La necesidad de una regulación de la industria del recobro extrajudicial en España

25 abril, 2014 | Por Autor: Pere Brachfield

Las empresas de recobro de morosos que utilizan cobradores disfrazados

Hace unas semanas saltó a los medios la noticia de que un vehículo del Cobrador del Frac, con el cobrador todavía dentro del coche, fue embestido con un toro mecánico industrial por el presunto moroso al que la víctima estaba persiguiendo. Según las noticias difundidas, el deudor se hartó que ser seguido a todas partes por el perseverante cobrador disfrazado y utilizó un toro mecánico como ariete para empotrar su coche contra un edificio. La brutal embestida causó graves destrozos en el vehículo y lesiones de extrema gravedad a su conductor, que fue ingresado en un Hospital con politraumatismo y en estado crítico. El agresor fue detenido y está acusado de homicidio en grado de tentativa.

Salta a la vista que es un auténtico fenómeno social la aparición en España de una gran variedad de empresas de recobro de impagados, cuyo principal “modus operandi” es la utilización de cobradores disfrazados —me refiero a las agencias de cobros que utilizan cobradores de impagados vestidos con frac, de pantera rosa, o de monje franciscano– y cuya táctica se basa en hacer que el deudor se sienta avergonzado y pague. Este tipo de empresas que son indiscutiblemente “typical spanish” basan su gestión en la teoría de que el moroso teme a la difusión pública de su condición – seguramente basándose en la presunción de que si se difunde públicamente la información acerca de su costumbre de no pagar nadie le concederá créditos – por lo que el deudor preferirá pagar antes de que se perjudique irremediablemente su reputación.

Las agencias de recobro de morosos que ofrecen “métodos expeditivos”

La lentitud de los instrumentos judiciales para cobrar a los morosos impenitentes ha provocado la aparición de empresas privadas que se dedican a la recuperación extrajudicial de deudas que emplean el hostigamiento al deudor, lo que un servidor ha bautizado como “dunning harassment”. Este neologismo describe el “mobbing” practicado por ciertas agencias de recobro contra los deudores dirigidas a doblegar la voluntad del deudor. Así pues en lo referente al recobro de impagados, España tiene agencias de recobro que en pleno siglo XXI todavía utilizan los métodos más primitivos a la hora de perseguir a los morosos recalcitrantes; de modo que hay agencias que envían detrás del deudor a un cobrador disfrazado y compañías de recobro de morosos que utilizan “métodos expeditivos” para obligar a los deudores a pagar.

De modo que todavía existen agencias de dudosa legalidad que emplean métodos agresivos y técnicas muy molestas para presionar al moroso para que pague. Algunos de estos cobradores cometen abusos imperdonables, como llamar al deudor a altas horas de la noche, utilizar un lenguaje ofensivo, proferir amenazas, provocar un daño físico, perseguir, contactar con familiares, amigos o compañeros de trabajo para investigar en la vida privada del moroso, incluso plantearles el caso a parientes cercanos del perjudicado y tratar de que paguen ellos la deuda.

El pecado original reside en la falta de regulación de la industria del recobro extrajudicial en España

En el año 2014, España continúa siendo el único Estado miembro de la UE que no tiene regulada la actividad del recobro extrajudicial de deudas. Por tanto no existe ningún reglamento que regulan esta actividad. Bajo mi punto de vista es paradójico que en un Estado tan reglamentista como el Español, que suele exigir para todo trámites interminables, y que solicita permisos, licencias por toda actividad empresarial, no exista normativa alguna que regule a las empresas de recobro ni marque los procedimientos extrajudiciales que se pueden emplear para reclamar las deudas.

En mi opinión los poderes del Estado han actuado con desidia en relación a este punto, por lo que no se ha preocupado hasta ahora en regular la gestión privada del cobro de deudas. Todos los intentos por establecer una normativa para regular a las agencias de recobro de deudas han fracasado.

El último intento de promulgar una normativa sobre la gestión privada de deudas tuvo lugar en enero de 2010 cuando el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados quiso que el Gobierno de Rodríguez Zapatero abordase la regulación de las empresas de gestión de cobro de impagos para establecer un sistema de garantías a empresas y ciudadanos, un asunto que el PSOE había planteado al entonces ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, y sobre el que el Grupo Socialista quiso que se posicionara el entonces Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. No obstante esta iniciativa acabó en vía muerta parlamentaria.

El Parlamento Europeo intentó regular las agencias de cobro de deudas en la UE

El Parlamento Europeo en el año 1998 intentó regular y homogeneizar la industria del recobro de impagados en Europa, puesto que cada país tiene su propia regulación de las agencias de cobro, (incluso en España no existe legislación alguna).

La Eurocámara pretendía a través de una Enmienda en la Directiva 2000/35/CE de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, crear una normativa básica para impedir las malas prácticas de algunas agencias de cobros, consistentes en abusos contra los deudores. La proliferación de empresas de recuperación de impagados que utilizan “métodos expeditivos” en algunos países y que acosan a los morosos, fue la motivación que indujo al Parlamento Europeo a introducir unas normas mínimas que han de cumplir las empresas que se quieran dedicar al cobro de deudas en Europa.

La obligatoriedad de contar con licencias para la actividad de cobro y que las empresas están bajo la supervisión de un organismo público son puntos esenciales para evitar la actuación de empresas al margen de la legalidad. Asimismo el asegurarse que los directivos de las empresas de recobro carezcan de antecedentes penales y tengan una formación mínima son garantías para evitar las amenazas y coacciones a los deudores.

Es una lástima que esta enmienda no fuera incluida en la Directiva 2000/35/CE, ya que esto hubiera impedido en la UE bochornosas situaciones de ausencia de regulación legal del cobro de deudas. Como por ejemplo el caso de España.

El vacío legal permite las prácticas coactivas

La mayoría de profesionales que se dedican al recobro de créditos impagados utilizan métodos absolutamente legales y lícitos, también es verdad que existen otros que con sus actuaciones lesionan gravemente los derechos más fundamentales de la persona, como se ha puesto de manifiesto en más de una ocasión pero que gozan de cierta impunidad debido a una laguna en nuestra legislación que no prohíbe el hostigamiento a los morosos.

Este vacío legal permite que existan ciertas personas dedicadas al recobro de deudas que lleguen a utilizar métodos coactivos. La utilización de medios de cobro manifiestamente vejatorios y denigratorios que atentan contra la dignidad de la persona humana y lastiman y lesionan los derechos fundamentales deben erradicarse.

Vale la pena señalar que la Constitución Española, en el capítulo de los derechos fundamentales de los españoles, dicta en su artículo 1 “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, por consiguiente es anticonstitucional difundir hechos relativos a una persona que puedan constituir una intromisión ilegítima a su derecho al honor o que vulneren su derecho a la intimidad o su imagen.



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Da igual lo que se regule, también está regulada la actividad de las operadoras de telefonía y cometen decenas de abusos, infracciones administrativas graves y hasta delitos en CADA caso que aparece (como inclusión ilícita en ficheros de morosos, paso de datos a estas agencias de recobro AUN no estando reconocidas las deudas y disputadas, no sólo ante ellos, sino ante el Ministerio de Industria...). Todo esto YA es ilegal.


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De hoy mismo: Siete detenidos por cobrar deudas a empresarios mediante amenazas

La Guardia Civil ha desarticulado una organización internacional dedicada al cobro de deudas a empresarios de España, Portugal y diversas partes de Europa mediante el uso de la violencia, amenazas y coacciones en una operación, denominada 'Explosiva-Juan' en la que han sido detenidas siete personas y que se ha desarrollado en Pontevedra, Badajoz, Madrid, Guadalajara y Cantabria.

Los agentes han intervenido un arma de fuego simulada, diverso material altamente sofisticado de vigilancia y seguimiento y más de una decena de matriculas falsificadas de varios países europeos. Tanto el cabecilla de la red como su lugarteniente han ingresado en prisión sin fianza.

La operación, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Tudela y el Juzgado de Instrucción número 2 de Guadalajara. Las unidades orgánicas de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra y Guadalajara, junto a agentes de diversas especialidades, han sido las encargadas de llevar a cabo la operación.

La investigación se inició en agosto del pasado año a raíz de varias denuncias presentadas ante la Guardia Civil en las que las víctimas manifestaban estar sufriendo amenazas y extorsiones por parte de determinadas personas pertenecientes a una empresa dedicada al cobro de deudas contraídas por las víctimas con otras personas o empresas.

En las investigaciones la Guardia Civil constató la existencia de una organización que trabajaba para una empresa denominada 'Eurobulldog' (www.eurobuldog.es), dedicada al cobro de deudas, aplicando técnicas para "el cobro extrajudicial a nivel internacional", que operaba en España, Portugal y el resto de la Unión Europea, valiéndose de dos domicilios fiscales establecidos en las ciudades de Madrid y Lisboa.

Los agentes comprobaron que dicha web no estaba registrada como empresa mercantil y que no contaba con los mecanismos legales para el cobro de los servicios prestados ni para el pago de las obligaciones tributarias derivadas con la relación laboral que ofrecía en la página web, consiguiendo de esta forma obtener un beneficio económico. Dicha empresa, ha explicado la Guardia Civil, actuaba desde una vivienda situada en la provincia de Pontevedra.

Posteriormente, los agente de la Guardia Civil pudieron determinar que el cabecilla de la organización era el que presionaba a los deudores en compañía de uno de sus lugartenientes utilizando amenazas y violencia física.

Una vez localizados los miembros de la organización, los agentes establecieron un dispositivo de seguimiento y control sobre ellos dando como resultado la detención de todos los integrantes de la red.

PEDÍAN UN PORCENTAJE DE LA DEUDA

La organización, ha detallado la Guardia Civil, ofrecía los servicios de su empresa a los clientes a través de una web desde donde los empresarios contactaban con el cabecilla. Una vez establecidos los contactos entre ambas partes el empresario proporcionaba los datos e información de la víctima, así como la cuantía económica a la que ascendía la deuda contraída.

Posteriormente, dependiendo de la cantidad de esta cuantía, dificultad, desplazamiento o medios a emplear para obtener el cobro, la red determinaba mediante la firma de un contrato falso, el porcentaje con el que se quedaba por la recuperación de la deuda o de lo contrario el empresario pasaría a formar parte de los morosos.

Para dar una apariencia legal a la empresa la organización se estructuraba en varios niveles. Para proceder al cobro de las deudas la organización contaba con los encargados en emplear violencia contra las víctimas y cometer extorsiones y amenazas. Normalmente personas de origen latinoamericano y de gran corpulencia (algunos de ellos dedicado al culturismo profesional).

Asimismo, la organización utilizaba vehículos de alquiler y sin rotular a los que cambiaban la matrícula original por una portuguesa para obstaculizar la labor policial.

TENTATIVA DE HOMICIDIO

Según ha detallado la Guardia Civil, una vez que la organización localizaba a los supuestos morosos realizaban visitas intimidatorias, amenazantes e insultantes a los domicilios de las victimas o a los familiares más cercanos y vulnerables.

A continuación, en las sucesivas visitas iban subiendo el grado de violencia, hasta tal punto que "una de sus visitas finalizó con una tentativa de homicidio de uno de los supuestos deudores".



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Antiguo 25-abr-2014, 08:15
antonio estrada antonio estrada está desconectado
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Nadie perece caer en que el origen de este problema del impago es la propia existencia del pago aplazado. En España las cosas son tuyas las hayas pagado o no, lo cual choca frontalemente con los sistemas derivados del derecho sajón, donde los bienes son tuyos cuando los has pagado, no cuando los has recibido.

Si la administración pagase por anticipado y obligase a todos a que lo hicieran, el problema del impago desaparecería en un tris. ¿Pero, qué sucedería entonces? Que los bancos adecuarían su tamaño a la economía real y no a una economía en la que cualquier proceso por sencillo que sea requiere una financiación. Los costes financieros de las PYMES españolas se reducirían dramáticamente.

Dramáticamente para las cuentas de resultados de los bancos, claro.


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  #5  
Antiguo 25-abr-2014, 08:38
sirpask sirpask está desconectado
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Este empleo existe por el mal funcionamiento del sistema.


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Antiguo 25-abr-2014, 08:54
butricio butricio está desconectado
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Juzgados con medios del pleistoceno



Ayuntamientos de diseño a chorrecientos minoyes




Y así,todo.


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