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Madmaxista
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Bandas organizadas revientan viviendas vacías que venden o alquilan ilegalmente
La renta incluye agua, luz y gas gratuitos
Uno de los edificios tapiados para evitar okupaciones en Madrid
Es un mercado poco conocido, pero existe. Y se extiende: la venta y alquiler de casas okupadas. Bandas organizadas ofrecen pisos vacíos —de familias que han sido desahuciadas o adquiridos por bancos, pero no habitados o, incluso, de protección oficial y aún no adjudicados— por un precio de venta de entre 1.000 y 2.000 euros. El alquiler sale, a la larga, más caro: por una cantidad que oscila entre los 200 y 400 euros mensuales, estos grupos aseguran la apertura de la puerta de la vivienda, agua y luz. Algunos tienen hasta calefacción. Y todo gratis. El nuevo inquilino no tiene por qué pagar la comunidad de vecinos. El alojamiento está asegurado hasta que un juzgado le expulse. Pueden pasar muchos meses, incluso años. La Federación de Asociación de Vecinos (FRAVM) sostiene que el fenómeno afecta sobre todo a los barrios del sur de la capital.
» Camino Alto de San Isidro, Carabanchel. Hace unos días todo parecía tranquilo en esta calle del sur de la ciudad. Pero solo era una ilusión. Los vecinos que caminaban por la calle preferían acelerar el paso y mirar hacia el suelo para evitar el contacto visual con tres grupos de hombres que se concentraban frente a unos edificios de protección social del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima). Algunas de las personas del bloque llevaban perros y parecían patrullar.
El impago de hipotecas y de alquileres por la crisis económica ha generado una doble consecuencia: muchas personas han sido desahuciadas y se han quedado sin hogar, por lo que el número de viviendas vacías se ha incrementado notablemente. Uno de los resultados de esta combinación ha sido el aumento de las ocupaciones ilegales: personas sin hogar que aprovechan la “disponibilidad” de estas casas. ¿Pero cómo saber cuáles carecen de moradores para evitar problemas adicionales?: las bandas organizadas dan una respuesta por cierta cantidad de dinero.
Estas organizaciones delictivas no tienen un poder absoluto sobre una región, sino que son pequeños grupos que actúan por barrios. Y tienen sus tarifas: entre 200 y 500 euros por abrir la puerta de un piso vacío; entre 200 y 400 por el alquiler y entre 1.000 y 2.000 euros por la venta.
En Madrid, esos grupos actúan sobre todo en el sur, en los distritos de Carabanchel, Villaverde, Usera, Arganzuela y Puente de Vallecas, según la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). En esas zonas de la capital se concentran inmuebles de bancos que están desocupados y viviendas públicas de protección del Ivima y de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS). En Madrid, hay unas 306.000 casas vacías, según datos de 2011 publicados por el Instituto Nacional de Estadística en abril de 2013. Pero no hay cifras sobre el número de ocupaciones ilegales. Nadie sabe cuántas son.
» Calle de Godella, San Cristóbal. Dos amigos, Antonio y Paco, de entre 20 y 30 años, arreglan un coche distraídamente. No lo parece, pero son parte de una de las bandas del barrio que ocupa ilegalmente inmuebles de bancos para luego venderlos. “Cobramos de media 1.200 euros por un piso de dos o tres habitaciones, cocina y agua, gas y luz enganchados. Y tenemos el mejor precio del barrio, otros grupos te cobrarán 2.000”, explica Paco sin tapujos.
Una vez ocupado el piso, la Policía Nacional solo puede coger los datos de los moradores para que comience el proceso judicial. El desahucio únicamente se produce a partir de una orden del juez. Para Paco, la lógica del negocio es muy sencilla: “La persona que compra [ilegalmente] el piso lo va a ocupar por unos años hasta que termine el juicio. No tendrá que pagar gastos a la comunidad y quizá, después de unos meses, el banco decida darle un alquiler de 150 euros para ganar algo. O sea, ahorrará un montón”.
Aun así, Prado asegura que las asociaciones de vecinos, a través de la FRAVM, llevan cuatro años denunciando la actuación de esas bandas organizadas sin que nadie les haga caso. La última vez fue el pasado 30 de octubre, cuando el Grupo Municipal de Izquierda Unida llevó la queja al pleno del Ayuntamiento de Madrid. La coalición propuso que se pusiera en marcha un censo en las viviendas de la EMVS. La delegada de Urbanismo y Vivienda, Paz González, aseguró entonces que no tenía conocimiento oficial del problema, si bien el delegado de Seguridad, Enrique Núñez, se comprometió a incrementar la vigilancia para evitar posibles casos de ocupaciones.
La Consejería de Vivienda Madrid, responsable del Ivima, recuerda que destina 5,6 millones para la vigilancia de las viviendas de su propiedad. Sostiene, además, que los agentes investigan si las ocupaciones ilegales se producen mediante estos grupos organizados. La EMVS, a su vez, mantiene que “trabaja de manera estrecha con la policía y las comunidades de vecinos para evitar el uso fraudulento de los pisos”.
Responsables de la Policía Municipal admitieron ayer la existencia del problema, pero insistieron en que su actuación solo es posible si cuentan con una orden judicial.
Uno de los edificio ocupados, en la calle Pintor Sorolla, en Entrevías. / Kike Para
Juan Luis Camarero, portavoz de la Asociación de Vecinos del Alto de San Isidro, considera que la “principal medida de seguridad no es incrementar la vigilancia, sino adjudicar rápido las viviendas vacías. Es la única manera. Las ocupaciones se producen pocos días después de un desalojo. El Ivima tapia las puertas, pero luego entran usando una radial sin dificultades”.
Por su parte, Vicente Pérez, portavoz de la FRAVM, destaca: “Nosotros no condenamos las ocupaciones de los pisos, porque hay mucha gente que necesita una vivienda y no puede acceder a ella. De lo que estamos en contra son de las organizaciones mafiosas porque intentan aprovecharse de la gente que necesita un piso”.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) —que viene denunciando numerosos casos de desalojos— afirma que la lista de espera para acceder a viviendas del Ivima y de la EMVS no se mueve desde hace más de dos años. La Comunidad de Madrid no ha querido ofrecer datos de cuántos de sus inmuebles están vacíos para “evitar el efecto llamada”.
» Calle de la Unanimidad, Villaverde. Durante nueve de sus 33 años, Águeda Hernández vivió en su vieja furgoneta aparcada en esta vía madrileña. Cobraba 350 euros de renta mínima de reinserción y pidió varias veces un piso de protección social a la Comunidad y al Ayuntamiento. Harta, decidió escuchar a los vecinos que le aconsejaban a ocupar un piso público de la EMVS en el número 27 de la misma calle. “Hablé con un chico y le pagué 200 euros para que abriera la puerta”, cuenta.
“Las personas que ocupan un piso viven en una situación de emergencia social. Y la existencia de estas bandas organizadas tiene su origen en la necesidad urgente de tener un hogar”, explica Manuel San Pastor, abogado de la PAH de Madrid. El grupo defiende que las familias ocupen “por cuenta propia” las viviendas que estén vacías de los bancos y de las Administraciones públicas. “Pero el hecho de que alguien se lucre con eso es condenable de cualquier manera y solo dificulta nuestra lucha por la vivienda digna”, argumenta San Pastor.
Una lucha que logró un gran éxito el pasado mes de octubre cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos paralizó el desahucio de un edificio ocupado en marzo de 2013 en Salt, Girona. Estrasburgo consideró que el desahucio no podría producirse sin saber qué iba a hacer el Gobierno con las 16 familias y, sobre todo, con los niños. El pasado noviembre, el tribunal levantó la paralización y las personas fueron trasladadas y alojadas en casas protegidas o cedidas.
» Calle de los Voluntarios Macabebes, Legazpi. Las ventanas del bajo del edificio número cuatro, que pertenece a Bankia, están tapiadas con ladrillo y cemento para evitar la entrada de las bandas organizadas, algo que ocurrió hasta el pasado octubre. La iniciativa fue de los propios vecinos. “El problema es que cuatro días después de un desalojo, volvían a ocuparlo”, indica Anita García, portavoz de la Asociación de Vecinos Nudo Sur. En concreto, este piso funcionaba como una pensión: los okupas alquilaban colchones por cinco euros la noche y los vecinos ya estaban hartos de los ruidos y del escándalo que se producía, sobre todo, durante las madrugadas. “Los propietarios deben hacerse cargo de tapiar el piso, pero los bancos siempre se lavan las manos y no hacen nada”, se queja García.
Una portavoz de Bankia explica que, tras el aviso de una ocupación, envían a un empleado de la entidad bancaria para sacar fotos y hacer un informe, que luego es enviado al departamento jurídico para que comience el proceso judicial.
» Calle del Pintor Sorolla, Entrevías. Sonia, una joven gitana que aparenta unos 16 años lleva más de un año ocupando, con otras 20 familias, todo el edificio 1-B, conocido como el bloque azul. “Aquí hay de todo: españoles, ecuatorianos, peruanos, etnianos...”, cuenta.
Paga un alquiler de 300 euros, mientras su amiga, Jandira, abona 200. “Es que mi piso es más grande y tiene dos habitaciones, pero no pago nada más. Agua, luz y gas están ya enganchados”, asevera. “Este edificio ya está todo ocupado, pero venga, hay otros vacíos. Un segundo, voy a llamar al tío Kiko para que le cuente...”.
Se vende piso okupado por 1.000 euros | Madrid | EL PAÍS
La renta incluye agua, luz y gas gratuitos
Uno de los edificios tapiados para evitar okupaciones en Madrid
Es un mercado poco conocido, pero existe. Y se extiende: la venta y alquiler de casas okupadas. Bandas organizadas ofrecen pisos vacíos —de familias que han sido desahuciadas o adquiridos por bancos, pero no habitados o, incluso, de protección oficial y aún no adjudicados— por un precio de venta de entre 1.000 y 2.000 euros. El alquiler sale, a la larga, más caro: por una cantidad que oscila entre los 200 y 400 euros mensuales, estos grupos aseguran la apertura de la puerta de la vivienda, agua y luz. Algunos tienen hasta calefacción. Y todo gratis. El nuevo inquilino no tiene por qué pagar la comunidad de vecinos. El alojamiento está asegurado hasta que un juzgado le expulse. Pueden pasar muchos meses, incluso años. La Federación de Asociación de Vecinos (FRAVM) sostiene que el fenómeno afecta sobre todo a los barrios del sur de la capital.
» Camino Alto de San Isidro, Carabanchel. Hace unos días todo parecía tranquilo en esta calle del sur de la ciudad. Pero solo era una ilusión. Los vecinos que caminaban por la calle preferían acelerar el paso y mirar hacia el suelo para evitar el contacto visual con tres grupos de hombres que se concentraban frente a unos edificios de protección social del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima). Algunas de las personas del bloque llevaban perros y parecían patrullar.
Un hombre, conocido como El Portugués, no ponía reparos en admitir lo que ocurría. “Suelo abrir las puertas de pisos que están vacíos por 500 euros, pero si estoy aquí aburrido, pues venga, puedo cobrar 300”. Mientras tanto, uno de sus compañeros coge una navaja. Solo para afilarla. “También ocupo pisos y los alquilo por 300 euros al mes, con luz, agua y gas enganchados. Pero igualmente los puedo vender [ilegalmente] por unos 1.500 euros”.
El impago de hipotecas y de alquileres por la crisis económica ha generado una doble consecuencia: muchas personas han sido desahuciadas y se han quedado sin hogar, por lo que el número de viviendas vacías se ha incrementado notablemente. Uno de los resultados de esta combinación ha sido el aumento de las ocupaciones ilegales: personas sin hogar que aprovechan la “disponibilidad” de estas casas. ¿Pero cómo saber cuáles carecen de moradores para evitar problemas adicionales?: las bandas organizadas dan una respuesta por cierta cantidad de dinero.
Estas organizaciones delictivas no tienen un poder absoluto sobre una región, sino que son pequeños grupos que actúan por barrios. Y tienen sus tarifas: entre 200 y 500 euros por abrir la puerta de un piso vacío; entre 200 y 400 por el alquiler y entre 1.000 y 2.000 euros por la venta.
En Madrid, esos grupos actúan sobre todo en el sur, en los distritos de Carabanchel, Villaverde, Usera, Arganzuela y Puente de Vallecas, según la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). En esas zonas de la capital se concentran inmuebles de bancos que están desocupados y viviendas públicas de protección del Ivima y de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS). En Madrid, hay unas 306.000 casas vacías, según datos de 2011 publicados por el Instituto Nacional de Estadística en abril de 2013. Pero no hay cifras sobre el número de ocupaciones ilegales. Nadie sabe cuántas son.
» Calle de Godella, San Cristóbal. Dos amigos, Antonio y Paco, de entre 20 y 30 años, arreglan un coche distraídamente. No lo parece, pero son parte de una de las bandas del barrio que ocupa ilegalmente inmuebles de bancos para luego venderlos. “Cobramos de media 1.200 euros por un piso de dos o tres habitaciones, cocina y agua, gas y luz enganchados. Y tenemos el mejor precio del barrio, otros grupos te cobrarán 2.000”, explica Paco sin tapujos.
Una vez ocupado el piso, la Policía Nacional solo puede coger los datos de los moradores para que comience el proceso judicial. El desahucio únicamente se produce a partir de una orden del juez. Para Paco, la lógica del negocio es muy sencilla: “La persona que compra [ilegalmente] el piso lo va a ocupar por unos años hasta que termine el juicio. No tendrá que pagar gastos a la comunidad y quizá, después de unos meses, el banco decida darle un alquiler de 150 euros para ganar algo. O sea, ahorrará un montón”.
La presidenta de la Asociación de Vecinos de San Cristóbal y concejal de Izquierda Unida, Mari Prado, señala que el año pasado hubo menos ocupaciones ilegales en su barrio —una media de 100—, porque “el boom de los desahucios ya ha pasado y hay menos viviendas vacías”. Paco lo admite: “Antes podíamos tener hasta unos 10 pisos disponibles para vender, pero ahora mismo tenemos solo dos”.
Aun así, Prado asegura que las asociaciones de vecinos, a través de la FRAVM, llevan cuatro años denunciando la actuación de esas bandas organizadas sin que nadie les haga caso. La última vez fue el pasado 30 de octubre, cuando el Grupo Municipal de Izquierda Unida llevó la queja al pleno del Ayuntamiento de Madrid. La coalición propuso que se pusiera en marcha un censo en las viviendas de la EMVS. La delegada de Urbanismo y Vivienda, Paz González, aseguró entonces que no tenía conocimiento oficial del problema, si bien el delegado de Seguridad, Enrique Núñez, se comprometió a incrementar la vigilancia para evitar posibles casos de ocupaciones.
La Consejería de Vivienda Madrid, responsable del Ivima, recuerda que destina 5,6 millones para la vigilancia de las viviendas de su propiedad. Sostiene, además, que los agentes investigan si las ocupaciones ilegales se producen mediante estos grupos organizados. La EMVS, a su vez, mantiene que “trabaja de manera estrecha con la policía y las comunidades de vecinos para evitar el uso fraudulento de los pisos”.
Responsables de la Policía Municipal admitieron ayer la existencia del problema, pero insistieron en que su actuación solo es posible si cuentan con una orden judicial.
Uno de los edificio ocupados, en la calle Pintor Sorolla, en Entrevías. / Kike Para
Juan Luis Camarero, portavoz de la Asociación de Vecinos del Alto de San Isidro, considera que la “principal medida de seguridad no es incrementar la vigilancia, sino adjudicar rápido las viviendas vacías. Es la única manera. Las ocupaciones se producen pocos días después de un desalojo. El Ivima tapia las puertas, pero luego entran usando una radial sin dificultades”.
Por su parte, Vicente Pérez, portavoz de la FRAVM, destaca: “Nosotros no condenamos las ocupaciones de los pisos, porque hay mucha gente que necesita una vivienda y no puede acceder a ella. De lo que estamos en contra son de las organizaciones mafiosas porque intentan aprovecharse de la gente que necesita un piso”.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) —que viene denunciando numerosos casos de desalojos— afirma que la lista de espera para acceder a viviendas del Ivima y de la EMVS no se mueve desde hace más de dos años. La Comunidad de Madrid no ha querido ofrecer datos de cuántos de sus inmuebles están vacíos para “evitar el efecto llamada”.
» Calle de la Unanimidad, Villaverde. Durante nueve de sus 33 años, Águeda Hernández vivió en su vieja furgoneta aparcada en esta vía madrileña. Cobraba 350 euros de renta mínima de reinserción y pidió varias veces un piso de protección social a la Comunidad y al Ayuntamiento. Harta, decidió escuchar a los vecinos que le aconsejaban a ocupar un piso público de la EMVS en el número 27 de la misma calle. “Hablé con un chico y le pagué 200 euros para que abriera la puerta”, cuenta.
A lo largo de un año y medio, ha ido arreglando poco a poco este piso de 40 metros cuadrados y una única habitación. “Llevaba años vacío y, cuando entré, solo encontré cucarachas. Estaba todo muy deteriorado”, recuerda. “Y es que la casa ya había sido ocupada antes por otras personas, y cuando llegué ya tenía luz, agua y gas”. Después de una orden de desalojo suspendida, espera nerviosa la resolución de su petición de alquiler social. Quiere legalizar su situación lo antes posible. “Es lo único que tengo”.
“Las personas que ocupan un piso viven en una situación de emergencia social. Y la existencia de estas bandas organizadas tiene su origen en la necesidad urgente de tener un hogar”, explica Manuel San Pastor, abogado de la PAH de Madrid. El grupo defiende que las familias ocupen “por cuenta propia” las viviendas que estén vacías de los bancos y de las Administraciones públicas. “Pero el hecho de que alguien se lucre con eso es condenable de cualquier manera y solo dificulta nuestra lucha por la vivienda digna”, argumenta San Pastor.
Una lucha que logró un gran éxito el pasado mes de octubre cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos paralizó el desahucio de un edificio ocupado en marzo de 2013 en Salt, Girona. Estrasburgo consideró que el desahucio no podría producirse sin saber qué iba a hacer el Gobierno con las 16 familias y, sobre todo, con los niños. El pasado noviembre, el tribunal levantó la paralización y las personas fueron trasladadas y alojadas en casas protegidas o cedidas.
» Calle de los Voluntarios Macabebes, Legazpi. Las ventanas del bajo del edificio número cuatro, que pertenece a Bankia, están tapiadas con ladrillo y cemento para evitar la entrada de las bandas organizadas, algo que ocurrió hasta el pasado octubre. La iniciativa fue de los propios vecinos. “El problema es que cuatro días después de un desalojo, volvían a ocuparlo”, indica Anita García, portavoz de la Asociación de Vecinos Nudo Sur. En concreto, este piso funcionaba como una pensión: los okupas alquilaban colchones por cinco euros la noche y los vecinos ya estaban hartos de los ruidos y del escándalo que se producía, sobre todo, durante las madrugadas. “Los propietarios deben hacerse cargo de tapiar el piso, pero los bancos siempre se lavan las manos y no hacen nada”, se queja García.
Una portavoz de Bankia explica que, tras el aviso de una ocupación, envían a un empleado de la entidad bancaria para sacar fotos y hacer un informe, que luego es enviado al departamento jurídico para que comience el proceso judicial.
Cuando se trata de una ocupación ilegal, Bankia no negocia un posible alquiler social. “Esta posibilidad solo existe cuando se trata de alguien que vive legalmente y no puede pagar la hipoteca”, sostiene la portavoz. Para evitar la entrada en las viviendas, Bankia refuerza las cerraduras y tapia las ventanas, señalan.
» Calle del Pintor Sorolla, Entrevías. Sonia, una joven gitana que aparenta unos 16 años lleva más de un año ocupando, con otras 20 familias, todo el edificio 1-B, conocido como el bloque azul. “Aquí hay de todo: españoles, ecuatorianos, peruanos, etnianos...”, cuenta.
Paga un alquiler de 300 euros, mientras su amiga, Jandira, abona 200. “Es que mi piso es más grande y tiene dos habitaciones, pero no pago nada más. Agua, luz y gas están ya enganchados”, asevera. “Este edificio ya está todo ocupado, pero venga, hay otros vacíos. Un segundo, voy a llamar al tío Kiko para que le cuente...”.
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