Iniciado por urbe

- ¿Qué medidas, y cuándo, se debieron tomar para evitar, minimizar, prevenir los problemas?

Iniciado por Big Bang

Ley de limitación del tiempo de retorno máximo de los prestamos hipotecarios de 15 años.

En mi opinión esa es la auténtica raíz del problema, si uno no se puede uno endeudar más que un límite no puede pagar precios ridículos como los que tenemos ahora completamente alejados del valor real (no el que dan las tasadoras), es como una espiral, si la base permite endeudarse más y más, los precios seguirán esa misma proporción. Pero actualmente incorporar a corto plazo una ley como esta sería agregar un problema sobre otro ya existente por la falta de escrúpulos que ha habido para ir más allá de todo límite sostenible, por lo que debería ser gradual.

Se comenta por ahí que ya existió en España un límite de 15 años y que fue eliminado en la década de los 90 del siglo pasado, he buscado referencia y no las he encontrado, pero si fue así, ahí tendrías claramente la raíz del problema.

Otra medida que se me ocurre muy oportuna es cambiar el método de tasación de las viviendas que actualmente se rige sobre todo por el precio pagado en las últimas transacciones (subjetivo) y basarlo exclusivamente en datos objetivos, si hay divergencia entre lo que se pide de precio por lo que da la tasación del valor real, que sea el comprador si lo desea quien arriesgue la perdida que ya le está marcando la tasación, ya veríamos si el banco estaría dispuesto a financiar una compra en tales condiciones. Lo mismo aplicado al suelo, y otros.

otras medidas complementarias podrías ser:
1) El inmediato y drástico incremento del gasto público en la construcción o puesta en el mercado de vivienda protegida, preferiblemente de promoción pública y en ayudas directas al alquiler, de forma que se garantice el acceso a una vivienda digna a todos aquellos ciudadanos con limitaciones económicas que les impidan costeársela sin una pérdida significativa de su calidad de vida.

2) Un enérgico aumento de la presión fiscal y de forma exponencial en relación al número de viviendas acumuladas y tiempo de desocupación, para todas aquellas personas físicas o jurídicas poseedoras de viviendas secundarias y, sobre todo, para los poseedores de viviendas vacías.

3) La creación, por parte de la administración central, de informes mensuales rigurosos, amplios e imparciales sobre la evolución de los precios tanto de la vivienda libre, como de la vivienda usada y el suelo. Se ha de garantizar también que los medios de comunicación públicos hagan referencia expresa a estos datos en contraste a los emitidos por entidades privadas. Asímismo, en las tasaciones de nuevas viviendas, se ha de informar claramente de los costes derivados del precio del suelo y de la construcción.

4) La inclusión del coste de la vivienda en régimen de compra y alquiler en el Índice de Precios de Consumo, de manera que se tenga una medida real de la inflación soportada por la ciudadanía.

5) La creación de una agencia de control del fraude inmobiliario que en base a una Ley Integral de la Vivienda, prevea unas garantías mínimas en la oferta inmobiliaria, bien sea en obra nueva o en vivienda usada. Esta agencia también debería disponer de un cuerpo de inspectores eficaz que acabe con los abusos y el fraude inmobiliario sobre la vivienda libre o en régimen de alquiler y, en el caso de viviendas protegidas, que realice un control estricto sobre los sobreprecios impuestos por el promotor y el uso que se hace de las mismas por parte de los adjudicatarios, de manera que se evite a toda costa que esas viviendas protegidas vuelvan a engrosar la oferta a precios de mercado.

6) La prohibición expresa de la subasta como medio adjudicación de suelo público y de cualquier otro método que fomente el crecimiento artificial de los precios. También, el establecimiento de sanciones, transcurrido un periodo máximo, para aquellos suelos de titularidad privada catalogados como urbanizables que se mantengan sin edificar dentro de los núcleos urbanos.

7) La participación en la gestión del suelo de órganos independientes con derecho a veto que regulen racionalmente las juntas de compensación y que evite la creación o modificación de planes de actuación urbanística que vayan en contra del interés general de los ciudadanos en favor de unos pocos.

8) La supresión de trabas administrativas respecto a la autoconstrucción de viviendas y el fomento del cooperativismo como vía alternativa para la construcción de viviendas.

9) El mayor control legal sobre impagos de arrendatarios y el establecimiento de un régimen fiscal especial para arrendatarios y arrendadores, que se traduzca en desgravaciones fiscales significativas para todos aquellos que escojan el alquiler como vía alternativa a la compra/venta.

10) El establecimiento de criterios de sostenibilidad medioambiental y de objetivos sociales concretos a la hora de elaborar los planes de vivienda, de forma que la vivienda de protección oficial y las políticas de ordenación urbana dejen de ser un parche para los problemas de acceso a la vivienda, y se conviertan en una herramienta eficaz para aumentar la calidad de vida de todos los ciudadanos, ahora y en el futuro.

11) Prohibición de uso residencial para aquellas infraviviendas existentes en el mercado, en venta o alquiler y la regularización de aquellos ‘lofts’ que cumplan unas condiciones mínimas de habitabilidad, de forma que se permita la calificación de su uso como vivienda.

12) La creación de un fondo de compensación para resarcir de manera cautelar a los afectados por retrasos, delitos o abusos inmobiliarios, en espera de que se depuren responsabilidades por vía judicial y, si llega el caso de insolvencia, quiebra o desaparición de la sociedad responsable; la asunción final de la deuda.

13) El establecimiento por ley de un tiempo de retorno máximo de los prestamos hipotecarios de 15 años y la obligatoriedad de un seguro hipotecario que preste cobertura ante situaciones de paro o enfermedad grave.

14) La supresión progresiva y no retroactiva de las desgravaciones fiscales por la compra de vivienda de manera que se acabe con la injusticia social que supone que personas que no pueden acceder a una vivienda, estén pagando por vía impositiva la vivienda de otras personas y se fomente de esta manera la compra frente al alquiler.


Reivindicaciones de la Plataforma por una Vivienda Digna

Iniciado por Carlos SS

Cuando la esperanza de vida de los países de nuestro entorno ha subido hasta los 70 años (o más) no es admisible pedir que se limite el plazo de los créditos hasta 15 años.

Iniciado por Big Bang

Por cierto, la vivienda jamás debió salir del IPC (tanto para compra como para alquiler), ahora la incorporación sería dolosa si no se tiene en cuenta el plazo que ha estado fuera, ya que cuando hubo subidas del 15-17% anuales del "precio" de la vivienda no han sido repercutidas en el sueldo, por lo que una recuperación real del poder adquisitivo frente a la necesidad básica de la vivienda debería contemplar no sólo las variaciones que se den a partir de ahora (mercado bajista) sino las que se han perdido por el camino.

Iniciado por Big Bang

Claro, claro, lo admisible, según tu opinión, es llegar a la situación que hemos llegado...

¿Para quién no es admisible?, ¿para las cuentas de resultados de los bancos? ¿para los poderes fácticos?

Lo que hay que leer.