La polémica viene motivada por los enfrentamientos, algunos abiertos e incluso en el marco de plenos municipales, que Guardiola ha mantenido con varios miembros del equipo de gobierno, derivados de informes con reparos a lo que éstos pretendían realizar. Los principales roces los ha tenido con los concejales de Hacienda, Juan Seva, y Atención Urbana, Andrés Llorens, por la forma en la que se gestionan las cuentas, en el primer caso, y las grandes contratas, en el segundo.
Así, Guardiola ha sido siempre muy crítico con el elevado número de facturas y operaciones tramitadas al margen del presupuesto municipal, los sobrecostes sistemáticos en algunos servicios, el incumplimiento de algunas medidas contenidas en los planes de ajuste, la falta de esfuerzos por contener el déficit o el retraso injustificado en la licitación y adjudicación de servicios una vez caducados los contratos.
El mayor encontronazo público entre Atención Urbana y Guardiola se escenificó en el Pleno de agosto entre Llorens y Guardiola, ya que el primero cuestionó en la sesión el informe del segundo sobre presuntas irregularidades en el pago del parking verde la Albufereta.
Poco después, el Ayuntamiento ya intentó controlarlo colocando a su lado un puesto que hasta entonces no existía, el de jefe de servicio de Intervención, que ocupa Joaquín Oltra. A partir de ese momento, todos los informes habían de ir firmados por ambos funcionarios. Ahora es de suponer que será Oltra el que ejerza de interventor en funciones hasta que el Ayuntamiento pida al Ministerio de Hacienda que designe a un funcionario estatal. Si es que lo hace, porque el puesto de secretario general del Pleno lleva sin cubrirse desde 2008 y lo ejerce en funciones Germán Pascual desde entonces.
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