Caida de una grande del sector en Castilla y León
Tecprogesa deja a las empresas zamoranas una deuda que supera los 631.000 euros
Dos de los responsables de la constructora vallisoletana son zamoranos que supuestamente habrían abonado con pagarés sin fondos servicios contratados

MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ El proceso de embargo iniciado contra la constructora Tecprogesa por impagos pendientes deja a las quince empresas zamoranas afectadas una deuda millonaria que supera los 631.000 euros y coloca a algunas de ellas al borde de la ruina. Tres de estas compañías concentran la mayor parte del montante de pérdidas, contraídas por medio de subcontratas o provisión de materiales de obras cuyos servicios han sido supuestamente sufragados con pagarés sin fondos.
Así lo explica uno de los contratistas perjudicados, Luis Martín, cuya empresa afronta un impago de 150.000 euros «que nos coloca en una situación muy difícil». Según detalla, la falta de pagos por parte de Tecprogesa se remonta a marzo, «cuando nos empezaron a devolver los pagarés de la empresa». Al pedir explicaciones a uno de los responsables de la compañía, Jesús Alaiz, con el que habitualmente mantenían contacto, «siempre nos decía que se trataba de problemas puntuales y que esperáramos porque todo se iba a solucionar», relata Martín, quien muestra su desconfianza acerca de la posibilidad de recuperar el dinero adeudado por Tecprogesa. Por ello, la ampliación de los créditos bancarios es la única opción que se plantea esta empresa, radicada en la localidad de Corrales del Vino, que de momento descarta el cese del negocio.
La lista de deudas delegada por la constructora vallisoletana no sólo supone pérdidas para las compañías zamoranas que mantenían negocios con ella, sino también la eliminación de los beneficios equivalentes a todo un año y de los ahorros invertidos por las pequeñas y medianas empresas, mayoritariamente las más perjudicadas. Otras han tenido más suerte al disponer de seguros que cubren riesgos de este tipo y con los que podrán recuperar parte del dinero adeudado, aunque no en su integridad.
La lista de afectados abarca no sólo a las empresas zamoranas que se quedan sin cobrar los servicios contratados directamente por Tecprogesa, sino también a los clientes de las empresas subcontratadas por la constructora, que se ven incapacitados para pagar a terceros, fundamentalmente proveedores de material, como consecuencia de los impagos a los que se ven sometidos como intermediarios.
La constructora vallisoletana tiene tres responsables principales, de los que dos son naturales de Zamora, Jesús Alaiz Vidal y José María Fernández Román, y un tercero de Valladolid, Santiago Ortega Fernández. El primero de ellos posee una ganadería en la localidad de Villárdiga, próxima a Tapioles, y ha rehusado hacer declaraciones a este periódico «ya que las que tenga que hacer las haré en los juzgados».

Reciente aterrizaje de las firmas creadas por la compañía en Zamora
La reciente creación en Zamora de algunas de las empresas dependientes de Tecprogesa es uno de los factores que pueden explicar el desconocimiento manifestado por las organizaciones empresariales zamoranas sobre firmas como Tecprogesa Promoción Inmobiliaria, abierta en la capital zamorana en febrero de 2006. Como presidente de la misma figura Jesús Alaiz Vidal, mientras que José Antonio Fernández Román, ambos zamoranos, ocupa el cargo de administrador. A través de esta empresa, que cuenta con un capital de 603.000 euros, abren sendas sucursales en Magrheb y Qatar. Otro de los negocios puestos en marcha en la ciudad por los propietarios de Tecprogesa es Agroganadera Limousin, cuyo capital asciende a 603.000 euros. Además, Alaiz ha creado una empresa familiar denominada Agroservicios Alaiz S.L.
Las tres empresas radicadas en Zamora son sólo una pequeña muestra de la larga lista de compañías creadas por los administradores de Tecprogesa en distintos puntos de España, de las que el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valladolid reclama información de sus movimientos contables que hasta ahora no ha sido facilitada.
En la región, pueden ser 400 los pequeños y medianos empresarios perjudicados por la falta de pagos de Tecprogesa, a los que adeudaría más de diez millones de euros.

Iniciado por eduenca

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Entre los acreedores, cuyo pasivo ha sido estimado provisionalmente por los peritos judiciales designados en 57,6 millones de euros, se encuentran también varias entidades financieras, entre las que figura Caja España. Este desfase patrimonial es el mayor que se ha registrado en la provincia vallisoletana en los últimos años, y está comportando un grave perjuicio para pequeñas empresas y autónomos que llegaron a contratar con la constructora fundada en septiembre de 1998.

En el auto judicial del pasado 10 de octubre, el magistrado ordena el embargo de los bienes y derechos de los tres administradores de Tecprogesa, que han disfrutado durante los dos años anteriores a la declaración del concurso.

Aunque la ley Concursal permite a los gestores y propietarios de la sociedad 'tutelar' bajo supervisión del juez el proceso de suspensión de pagos voluntario, el magistrado ha ordenado de oficio el embargo de los derechos de estos tres representantes con el objetivo de recuperar la mayor cantidad posible con la que hacer frente a las deudas contraídas.

"Según datos a los que ha accedido este diario relacionados con decenas de acreedores, el juez sostiene en su auto que pudieran haber salido de Tecprogesa 'sin justificación alguna' fondos a favor de los accionistas y administradores o terceros 'a través de sociedades instrumentales'.

Entre ellas se citan a Alber Gold S. L., Trading de Activos Financieros S. A., Grupo Empresarial Pronteg S. L., Astur Benaventana S. L., Agroservicios Alaiz, y Vitec Proyectos Urbanos.

El procedimiento que se habría utilizado, según el auto judicial, habría sido que Tecprogesa 'adquirió activos por precio superior al que establecerían partes independientesC. Ese sería el caso de los derechos urbanísticos sobre unos terrenos en Morales del Vino (Zamora), 'que fueron adquiridos por la sociedad de don José Antonio Fernández Román en 750.000 euros, previa adquisición por él mismo con un coste de cero euros', dice la resolución judicial.

También se cita la operación de arrendamiento financiero en Las Rozas (Madrid), por 9 millones de euros, a la sociedad instrumental Incarbancauto España, que lo había comprado el mismo día al auténtico vendedor por un precio bastante inferior."