Hola soy nuevo en el foro. Hace tiempo que os leo y hace una semana decidí registrarme por si podía aportar alguna cosilla de vez en cuando. Os cuelgo esta noticia que he encontrado en el foro de nuevos vecinos, dentro de la gente que espera que le den sus viviendas en los Ahijones. No se lo que tendrá de veraz y si hay más lugares en los que aparezca esta información.

En cualquier caso, aunque no tengo ni idea sobre estos temas, creo que si lo que dicen es cierto es algo muy tocho. Espero haya alguien por aquí que aporte información al respecto. Gracias y un saludo.


Una sentencia judicial declara nulos 22 desarrollos urbanísticos de la capital
La quiebra del modelo urbanístico del Partido Popular en Madrid


Plataforma de Afectados por el Urbanismo Salvaje (PAUS)
Rebelión


Una reciente Sentencia del Tribunal Supremo ha declarado nulos 22 desarrollos urbanísticos de la capital, lo cual supone la desautorización de la política urbanística salvaje, depredadora y especuladora del Partido Popular en la Comunidad de Madrid de las últimas décadas, y que afecta a la construcción de cerca de 150.000 viviendas que ahora quedan fuera de la legalidad.


Al modelo urbanístico especulador del PP en Madrid le ha llegado su fin. El pasado 3 de julio una Sentencia del Tribunal Supremo, máximo órgano judicial del estado español, anulaba 22 desarrollos urbanísticos de la ciudad, entre los que se encuentran la Operación Campamento, Valdebebas, Los Ahijones, Los Cerros, Los Berrocales, Valdecarros, Arroyo del Fresno, y La Atalayuela, entre otros, por entender que la desclasificación del suelo protegido operada por la revisión del Plan General aprobada por Ayuntamiento y Comunidad de Madrid en 1997 no cumplía con la justificación exigida por la Ley del Suelo.


Esta Sentencia ratifica una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de febrero de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Grupo Municipal Socialista contra la aprobación definitiva, por parte de la Comunidad de Madrid, de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. Dicha sentencia, ratificada prácticamente en su totalidad por el Tribunal Supremo, considera que existía una “insuficiente motivación de la clasificación como suelos urbanizables y urbanos por el PGOUM de terrenos que tenían la clasificación de suelos no urbanizables de especial protección en el anterior Plan de 1985” así como que no se acreditaba debidamente que hubieran desaparecido las circunstancias determinantes de su protección”. La Sentencia, que como se ha dicho anteriormente, anula el planeamiento de los ámbitos afectados, es firme, no cabiendo recurso alguno contra ella, quedando de esta forma invalidadas todas las actuaciones de desarrollo del Plan General (aprobación de planes parciales, proyectos de urbanización, etc.) llevadas a cabo sobre dichos ámbitos con posterioridad a la aprobación del Plan General de 1997.


Con la llegada al poder del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y, especialmente, al Ayuntamiento de la capital, se produjo un giro radical en la política urbanística en la región, modificando la filosofía basada en el desarrollo urbano sostenible, respetuoso con el medio ambiente como generador de vida, que hasta esa fecha ocupaba un lugar importante en la planificación del territorio, para pasar a un concepto de la acción pública urbanística en el que prima la actividad económica del mercado inmobiliario y el beneficio de las empresas promotoras privadas, relegando a un lugar secundario la calidad medioambiental de los entornos urbanos.


Durante las últimas décadas, las leyes del suelo y los planes urbanísticos aprobados por el PP han dejado patente que, en su criterio de política urbanística, el suelo es un producto más para hacer negocio y no el medio físico dónde los ciudadanos tienen la oportunidad de desarrollar en plenitud su vida de una forma sana y agradable. Para ello no han dudado durante este tiempo en invertir un proceso en el cual el medioambiente era un valor a preservar en beneficio de los habitantes de los municipios, para transformarlo en toda una maquinaría de generación de plusvalías y beneficios económicos, convirtiendo todo el suelo en urbanizable independientemente de su valor ecológico, ambiental, paisajístico o histórico, en beneficio de los intereses económicos de las grandes constructoras y promotores inmobiliarios.


El urbanismo depredador que esta sentencia desenmascara, ha generado un problema de una envergadura social incalculable y de consecuencias impredecibles, ya que ha permitido y fomentado la comercialización de cientos de miles de viviendas que se encuentran fuera de la legalidad, y por tanto amenazadas de posible demolición futura, lo que puede dejar a miles de jóvenes y familias en la calle y sin ahorros.


A la Administración Regional y Municipal madrileña sólo le queda un camino: Cumplir con la sentencia judicial e iniciar la elaboración de un nuevo Plan General de Urbanismo para los ámbitos que ahora se encuentran fuera de legalidad, que respete todo el suelo que estaba calificado como de especial protección en 1985. La Administración tiene un plazo de dos meses para ejecutar la sentencia. El retraso e incumplimiento de sus obligaciones por parte de los responsables podría ser constitutiva de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Y lo más grave es que aumentarán los retrasos que ya se vienen acumulando, hasta la fecha, en la ejecución de los nuevos desarrollos urbanísticos, por las políticas de especulación del suelo de las dos últimas décadas. Dado que más tarde o más temprano la Sentencia deberá ser cumplida, podemos estar asistiendo a la mayor estafa de la reciente historia del Estado español, al permitirse el comercio de viviendas ilegales.

La Sentencia del Tribunal Supremo ha puesto freno a la barbarie del ladrillazo madrileño, repartiendo responsabilidades entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, y concentrándolas en la persona de Alberto Ruiz-Gallardón que era Presidente autonómico cuando se aprueba el Plan y es ahora Alcalde de la ciudad durante su ejecución. Y sin olvidar al anterior edil municipal, Álvarez del Manzano, bajo cuyo mandato se elaboró la revisión del Plan General, y a la actual Presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que está dando cobertura a la trama inmobiliaria madrileña con una nueva ley que favorece aún más la especulación.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=58565

Os pongo el hilo del otro foro donde la gente parece que está un poco asustada. Lamentable que por el tira y aflojar y el mal hacer de unos y otros políticos los perjudicados siempre sean los mismos.

http://www.nuevosvecinos.com/bAhijon..._ahijones.html

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POr lo que se, los Berrocales ya estan patas arriba.
Es decir, ya estan haciendo las calles y demás.
¿Que va a pasar?
¿Van a parar?
¿Y con la cacareada Operación Campamento?

Me parece a mí que va a ser que no

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De entrada, el que tiene un piso ilegal no lo puede vender, y encima la situación disuade a futuros compradores. Es decir, si esto es cierto se crea otra bolsa de irregularidades cuyo mayor problema es la imposibilidad de mover el negocio.

Ayer estuve echando otro ojo, para ver lo que se movía sobre este tema por otros lares y al parecer la gente anda un poco quemada. Tenían que haberles dado ya el piso según cuando compraron y justo antes de que se dictara el auto judicial las obras sólo iban al 2 %. En fin cualquier cosita nueva os digo.

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Más cosas, en el foro de urbanizado.com aparecen teléfonos de información donde al parecer se confirma la noticia: Tfnos. de información de Gerencia sobre los nuevos desarrollos urbanísticos: 915884112 y 915883639.

¿Si todo esto se confirma como podría afectar a la brubuja? Alguno puede darnos alguna orientación al respecto. Espero que tengan en cuenta que hay un montón de futuras familias que dependerán de este auto, a pesar de que los gobiernos, como siempre, no hayn hecho las cosas como es debido. Saludos. Si hay alguien que esté metido en este plan urbanístico y pendiente de su piso que nos informe por favor. Gracias.

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El tribunal supremo no lo permitira.

Por un lado es lo que cabia esperar, los ladrilleros van a restringir la oferta de vivienda en unas -150.000 nada menos pero con resultado dispares.

- Unas familias jodidas, las que estuvieran metidas en cooperativas en esos desarrollos cancelados y ya hubieran pagado por los terrenos. ¿les devolveran el dinero aquellos que se forraron con la venta del suelo recalificado?

- Las familias especuladoras del resto de PAUS a priori estaran celebrando la noticia, podran colocar mejor su inversión.

Digo a priori porque de todas formas esto se supone que va a parar aun mas el sector de la construccion, muchas obras faraonicas tendrían que hacer para salvar a Madrid del crash en 2008, pero me temo que no va haber money ni para eso.

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Bueno... también dijo el Tribunal Supremo que lo del "antenicidio" de Antena3 era ilegal, y al final el gobierno aprobó una ley a medida para que otra vez el Supremo decretara que no se podía ejecutar la sentencia anterior dictada por ellos mismos.

Así que como el gobierno se ponga, si quieren pueden imponer la ley de los hechos consumados.

130.000 casas al margen de la ley

http://www.publico.es/espana/016713/130000/casas/margen/ley

Un juez paraliza la urbanización en los Ahijones (Vicálvaro) edificada en suelo protegido que Gallardón reclasificó irregularmente en 1997



“Me han dicho que han parado las obras en los Ahijones. ¿Va en serio? Debe ser por la dichosa sentencia del Supremo del Plan General de Urbanismo de 1997. ¿Qué pasará con nuestras casas? ¿Cuánto se van a retrasar ahora?”. Los foros de los vecinos de los nuevos barrios de Madrid (www.nuevosvecinos.org ) echan humo desde hace días.

Un auto del juzgado 18 de lo contencioso-administrativo ha parado las obras en Vicálvaro de los Ahijones (15.400 viviendas previstas) y hay otra suspensión por aplicar en los juzgados que afecta a los Berrocales (22.235 pisos previstos), según confirmó Beatriz Lobón, gerente de urbanismo a Público. Además, insinuó que tras ésas suspensiones cautelares de los Ahijones o los Berrocales hay una especie de conjura: “Las está pidiendo un grupo de abogados en ámbitos concretos. Saque sus conclusiones”.

La ejecución de la sentencia

Las obras estarán paradas hasta que el Ayuntamiento ejecute una sentencia del Tribunal Supremo de julio de este año. En ella se anulan 24 reclasificaciones de terrenos protegidos. Los Ahijones es uno de ellos. Las había aprobado Alberto Ruiz-Gallardón cuando era presidente de la Comunidad en 1997 pero, según la sentencia, no justificó que hubieran perdido el valor ambiental por el que estaban protegidas.

El contencioso ha tardado 10 años en resolverse y en este tiempo no se ha parado el proceso administrativo en los nuevos desarrollos. “Cuando la justicia tarda diez años en llegar acaba siendo inaplicable. Se ha demostrado que llevábamos razón y que se trata de urbanismo depredador que piensa más en las plusvalías que en la calidad de vida. ¿Y ahora para qué sirve? La aplicación de esta sentencia afectaría negativamente a terceros que esperan sus casas desde hace años”, señala el senador socialista Juan Barranco, que planteó el recurso cuando estaba en la oposición municipal.

El Ayuntamiento tiene apenas dos meses para ejecutar la sentencia pero en cinco de las 24 urbanizaciones ya se han concedido licencias: Portillo de El Pardo, Manzanares Norte, el Salobral-Nacional IV, ciudad aeroportuaria-Parque de Valdebebas y el sistema aeroportuario de Barajas.

El 43% del suelo afectado

El Ayuntamiento insiste en que la sentencia no atañe íntegramente a las 24 urbanizaciones, pero, según su propio informe, afectaría al 43,8% de la superficie en m2 del plan de 1997. Hay desarrollos con más del 70% de superficie mal clasificada: el Ensanche de San Fernando, el Salobral Nacional IV, Aravaca-Monte del Pilar, Ciudad Aeroportuaria y Valdebebas, Campamento y Villaverde-Vereda del Salobral.

Fuentes jurídicas explicaron a Público que la sentencia del Supremo demuestra que las reclasificaciones de suelo “se hicieron sin respetar los requisitos legales y que la única forma de ejecutarla sería demostrando que esos suelos ya no tienen valor ecológico y que no podría recuperarse”.

En Campamento, por ejemplo, se desclasificó una zona de ribera con fresnos, aves migratorias y una avifauna importante. “Es imposible que el Ayuntamiento pueda justificar que ha perdido el valor ecológico”, señalan.Acaba de nacer la Plataforma de Afectados Por el Urbanismo Salvaje (PAUS) : “Queremos alertar de la dimensión que puede tener una colosal ****** en la que se venden pisos en zonas no urbanizables. Hay que corregir el desaguisado descomunal y exigir responsabilidades”.

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