ZONA GUANO: La fiscalía investiga irregularidades en la gestión de 128 millones del Consell

La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Valencia investiga irregularidades masivas en la gestión por parte de la Generalitat de dos líneas de ayudas, financiadas en parte con fondos europeos, que han ascendido a 128 millones de euros en el periodo 2008-2013. Según la denuncia, acompañada por muy abundante documentación, presentada por una funcionaria de la extinta Consejería de Agricultura, la Generalitat abonó con fondos cofinanciados por la UE el cambio de suelo, la instalación de calefacción o de ordenadores en parroquias cuando las normas reguladoras de los fondos para desarrollo rural solo hubieran permitido, por ejemplo, acciones como rehabilitar la fachada de la Iglesia, y ello justificando que podía servir para potenciar el turismo.

El dinero de Bruselas para generar oportunidades económicas en las áreas valencianas de interior ha terminado, según la documentación aportada por la funcionaria, en todo tipo de fines impropios. Compras de vestuario para clubes deportivos. Adquisiciones de vehículos para la Cruz Roja. Construcción de dotaciones que son competencia de otras administraciones (como Educación) que están igualmente vetadas por la legislación europea para evitar el riesgo de duplicidad en los pagos.

La Generalitat habría financiado con la línea de 64 millones de la línea Ruralter-Leader —en la que el 50% de los fondos son europeos— y con otra línea propia, dotada también con 64 millones y llamada Ruralter-Paisaje, multitud de construcciones sin aplicar los controles que establece la legislación comunitaria, española y valenciana.

No se solicitaba el proyecto de la obra antes de empezar a financiar el proyecto. Al no comunicar con antelación los precios previstos ni ser estos revisados por la Administración, ello impide saber si en la práctica el dinero público financió el porcentaje adecuado de la obra (el límite en gran parte de los casos era el 35%), el 100% del coste de los trabajos, o incluso más. El Consell, según la denuncia, tampoco solicitó como es pertinente los certificados de obra que justificaban los gastos de los receptores de las ayudas, conformándose con montones de facturas de, por ejemplo, grandes superficies y almacenes. La práctica, además, según los datos aportados por la funcionaria, era que nadie de la consejería se personase para contrastar que las obras subvencionadas realmente se habían realizado.

La denuncia fue presentada por la funcionaria en septiembre de 2012, y el ministerio público abrió a raíz de ello diligencias penales de investigación y nombró a un fiscal instructor. Agricultura prescindió de la funcionaria, según consta en la denuncia, mediante la no renovación de la comisión de servicios con la que estaba trabajando en la Administración autonómica, después de que esta pusiera los hechos en conocimiento de la justicia.::

Entre ellos, por ejemplo, el expediente RTL-10-05-004, solicitado por una asociación de Chiva. El título del proyecto es “Centro” pero las facturas aportadas para justificar el cobro son “instrumentos musicales”, algo que según la denunciante no permitía la ayuda. Pero hay más: “Ciertas facturas presentadas con el mismo número acreditan distintas cosas: una factura (justifica la compra) de un piano y la misma factura (la compra de) tres chelos”. Y aunque la ayuda se solicita mediante una figura administrativa llamada Grupo de Acción Local (GAL), “el receptor legal” de los fondos resulta ser una asociación. El asunto es relevante porque una asociación musical puede solicitar subvenciones que cubran hasta el 35% del coste de un proyecto. Solicitándolo a través del GAL logró, en cambio, el 100%.

La denunciante también aportó documentación sobre un expediente del Ayuntamiento de Tuéjar, en el que el título del proyecto no tenía “nada que ver con la documentación justificativa para el pago”; y “la actuación trata de suministros de material y equipamiento deportivo cuando estas subvenciones son para pequeñas infraestructuras”, declaró la funcionaria ante el fiscal al ampliar la denuncia el 30 de abril. Además, agregó, se produjo un “desglose en tres partes del expediente de contratación del Ayuntamiento, de forma que se hace como tres contratos menores”.

Los proyectos fueron admitidos durante la etapa del expresidente valenciano Francisco Camps, pero el pago de los mismos se ha ido realizando por anualidades hasta este mismo ejercicio. En total, se han financiado cerca de 1.000 proyectos solo en la línea Ruralter-Leader cofinanciada por Europa.

Una portavoz de la Consejería de Presidencia, en la que desde el año pasado está integrada Agricultura, aseguró ayer no tener constancia de la investigación abierta por la Fiscalía. Pero agregó que el departamento ofrecerá su “plena colaboración” con la justicia si es requerida para ello.

La denuncia alcanza a la producción de cítricos

La primera denuncia que presentó la funcionaria adscrita a Agricultura, en septiembre de 2012, ante la fiscalía no trataba de subvenciones para desarrollo local. Sino sobre los 3,8 millones de euros en ayudas europeas concedidas a una Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), llamada SAT Ginero y Asociados, con sede en Beniflà (Valencia). La funcionaria, según consta en la denuncia ahora investigada, halló abundantes irregularidades en la concesión de los fondos, de los que inicialmente se habían encargado otros técnicos de la consejería.
A pesar de que las ayudas de la Generalitat se destinaban a la construcción de infraestructuras de regadío, “en el expediente no constaban proyectos técnicos, ni certificaciones para su aprobación, ejecución, certificación final y pago”. Algo, continuaba, “que no tenía lógica pues de todas maneras el titular necesariamente debía contar con proyectos para ejecutar las obras”.
La funcionaria constató, siempre según su denuncia, que en el expediente no constaba “información del estado de socios de la SAT (Sociedad Agraria de Transformación) y de sus entidades jurídicas miembros”, pese a que la obligatoriedad de dichos datos “viene regulada de forma exhaustiva en los reglamentos comunitarios”. Y que la sociedad habría hecho oídos sordos a los requerimientos de información por parte de los servicios centrales de la consejería. La Generalitat, prosiguió la denunciante, “parecía estar pagando las infraestructuras con simples facturas y certificaciones de empresa instaladora de riego, en lugar de las realizadas por técnico competente según proyecto de obra”.
Los trabajos financiados por el Consell eran, además, en Huelva, y utilizaba para ello fondos europeos antiestéticaga, destinados primordialmente “a la regulación de mercados”, en vez de con fondos antiestéticader, cuyo objetivo es el desarrollo rural.:::: La funcionaria, según su declaración, advirtió de los hechos a su jefe de sección quien, en vez de indagar, al día siguiente la “relevó” de sus funciones y la envió a registro.
El portavoz jurídico de la empresa citrícola Vicente Giner, socio de la SAT receptora de las ayudas, negó ayer cualquier irregularidad, defendió el “escrupuloso” cumplimiento de la normativa y destacó los beneficios económicos para la zona de Huelva donde se han invertido las ayudas.

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La Generalitat ocultó el destino de más de 50 millones de euros en ayudas al desarrollo local cofinanciadas por Europa. Se trata de cerca de la mitad de los 128 millones que sumaron las dos líneas de subvenciones que administró la Consejería de Agricultura para el periodo 2008-2013 y que ahora investiga la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Valencia. La ley, el reglamento de subvenciones y la normativa comunitaria obliga a publicar la lista de beneficiarios de las ayudas, las denominaciones de los proyectos a los que se aplicaba y los importes asignados. Agricultura, dirigida entonces por Maritina Hernández, se limitó, sin embargo, a publicar en el Diario Oficial de la Generalitat el nombre del beneficiario —en numerosas ocasiones, el nombre de un ciudadano—, el importe y un código interno identificador del proyecto, pero no su nombre, lo que impide conocer a que se destinaron, al menos someramente, los fondos públicos.

Entre el apabullante número de irregularidades, que como adelantó este periódico afectó tanto al tipo de proyectos subvencionados como al control del uso que los beneficiarios hicieron de las ayudas, alcanzó a los tiempos establecidos por la Unión Europea para publicar oficialmente las ayudas. La publicación de las subvenciones del primer año (2008) de la línea de ayudas Ruralter-Leader se realizó en mayo 2010, un año después de lo que exige Bruselas.

La gestión de los 128 millones está siendo investigada por el fiscal, dada la apariencia inicial que pueden ser constitutivos de delito. Pero los hechos también están siendo indagados por la OLAF, la oficina antifraude de la Comisión Europea, a quien el ministerio público ha puesto sobre aviso y enviado la documentación. Y de esa investigación pueden derivarse consecuencias para la Generalitat que, en un momento de gran fragilidad financiera, podría verse obligada a devolver las ayudas indebidamente empleadas y a verse penalizado por otras vías, como la retirada de calificaciones.

La lectura de la lista de beneficiarios en los años 2008, 2009 y 2010 confirma, además, que el grueso de las ayudas al desarrollo local financiados a partes iguales entre la Generalitat y la UE, fue copado por Ayuntamientos vinculados al PP y entidades próximas al mismo, como la Fundación Blasco de Alagón, en cuyo patronato figuran, entre otros, la Diputación de Castellón y el Gobierno valenciano.

La Administración autonómica destinó al desarrollo rural dos líneas de ayudas, ambas de 64 millones de euros: Ruralter-Leader (cofinanciado por la UE) y Ruralter-Paisaje (100% de la Generalitat). La primera de ellas se distribuyó entre cerca de 1.000 proyectos, por lo que en promedio cada uno de ellos recibió unos 64.000 euros. Pero eso es la media. El repaso de los beneficiarios de las ayudas muestra que algunos de ellos acumularon numerosos proyectos hasta sumar significativas cantidades de dinero.

El Ayuntamiento de Chiva, por ejemplo, a cuyo alcalde, José Manuel Haro, del PP, un juez acaba de abrirle juicio oral por los supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental, recibió por ejemplo 592.693 euros por distintos proyectos de desarrollo rural. Al Consistorio de Yàtova se le concedieron 478.801 euros; al de Camporrobles, 429.831; al de Siete Aguas, 431.034; y al de Alborache, 420.967, por mencionar algunos de las ayudas más destacadas. Todos ellos estaban gobernados por entonces por el Partido Popular y recibieron las ayudas a través de varios proyectos de menor cuantía. La Fundación Blasco de Alagón, con sede en la Fàbrica Giner de Morella, se embolsó casi 200.000 euros.

La subdirección de Desarrollo Local, que desde diciembre depende del vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, también concedió ayudas para estimular la economía a decenas de asociaciones y peñas deportivas, taurinas y de amas de casa y a ocho parroquias, todas ellas incompatibles con la normativa europea.
El pueblo del millón de euros

I. Z., Valencia

En la caótica gestión de 128 millones de euros para el desarrollo rural destaca el nombre de L’Orxa. Al pequeño municipio de la comarca de El Comtat, de menos de 800 habitantes, se le concedieron subvenciones por importe de un millón de euros que, en la documentación que investiga la fiscalía, resultan especialmente irregulares. L’Orxa recibió las ayudas como Ayuntamiento (201.819 euros) y a través de dos entidades, el Ceder Aitana (301.949 euros) y la descrita en el DOCV como CDR Aitana (581.800 euros). Ambas denominaciones comparten el mismo NIF.

La confusión no es solo entre ellas, sino entre estas y el Ayuntamiento, como prueban varios informes del servicio de supervisión de proyectos, dependiente de la Consejería de Infraestructuras. En ellos el servicio rechaza el proyecto para hacer un museo de energías alternativas advirtiendo, entre otras carencias, de que parte de la documentación identifica como promotor al Ayuntamiento de L’Orxa y, en otras, dicha referencia ha sido “tachada” y se ha “sobrescrito manualmente Ceder Aitana”.

El alcalde de L’Orxa, Guillermo jovenlandesatal, del PP, es también presidente de Fevader, una federación de los llamados Grupos de Acción Local a la que la Generalitat cedió parte de la gestión de los expedientes ahora investigado y sus empleados entraron a trabajar físicamente en dependencias de la consejería.



Una puerta abierta a la corrupción

Investigación. La gestión de los 128 millones de euros destinados por la Generalitat al desarrollo de las zonas rurales entre 2008 y 2013 está siendo investigada por la Fiscalía de Valencia y por la OLAF (oficina antifraude de la Comisión Europea) y, en concreto, por un grupo de la Guardia Civil adscrito al organismo europeo.

Proyectos prohibidos. Una significativa parte de las ayudas fueron a alimentar proyectos vetados por la legislación comunitaria, española y valenciana por no ajustarse a los objetivos del programa y, especialmente, al fin de impulsar la economía. Por ejemplo: obras y compras para parroquias y ayudas a peñas taurinas.

Total ausencia de control. Una auditoría realizada por la misma Consejería de Agricultura detectó numerosas y flagrantes infracciones en el plan de control de las subvenciones que, muy tardíamente, aprobó el departamento, dirigido por Maritina Hernández entre junio de 2007 y diciembre de 2012.

Obras sin justificar. A pesar de que la ley lo exige, la consejería no envió los proyectos que contenían obras al Servicio de Supervisión de Proyectos antes de conceder las ayudas. Los programas de ayudas empezaron a aplicarse en 2008, pero hasta 2011 no se envió ningún proyecto para su supervisión. Después, extrañamente, se decidió que la supervisión se realizaría al final del proyecto. Es decir, cuando los trabajos estuvieran concluidos y corregirlos sería muy difícil o caro.

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