Iniciado por Bobojista

El Gobierno agiliza los desahucios por impago reduciendo los plazos judiciales y propone crear diez juzgados específicos. El PP plantea un Pacto de Estado al que se unirían bancos, cajas de ahorros y empresas inmobiliarias.

“El mercado libre no lo soluciona todo. La acción de los poderes públicos es esencial en el mercado del alquiler”. Con esta frase inició ayer la ministra de Vivienda, Carme Chacón, la explicación de las nuevas medidas incluidas en el Plan del Alquiler, destinadas a incentivar a los propietarios que saquen sus pisos al mercado.

Chacón concretó la flexibilización de la ayuda anual para los propietarios de viviendas vacías, destinada a cubrir posibles desperfectos o impagos. A partir de ahora, podrán solicitarla los arrendadores cuyos inquilinos abonen menos de 1.245 euros al mes. Hasta ahora este límite se fijaba en 5,5 veces el IPREM –indicador que se usa para establecer el límite para recibir ayudas estatales– y también se limitaba la superficie de los pisos hasta 120 metros cuadrados.

El nuevo plan elimina este último requisito, así como la obligación de que el propietario contrate determinados seguros. El Ministerio prevé que 18.000 dueños de pisos se acojan a esta subvención a fondo perdido, frente a las 1.600 personas que recibieron la ayuda en 2006.

Sin embargo, Chacón señaló que “la mejor ayuda que le podemos ofrecer a los propietarios es la garantía legal”. Por eso, los departamentos de Vivienda y Justicia pondrán en marcha diez nuevos juzgados específicos para desahucios “en las zonas de mayor saturación” de estos procesos en las salas ordinarias.

En la misma línea, Vivienda propuso reformar la legislación procesal para permitir la celebración de juicios rápidos por impagos y acortar los plazos judiciales. De éstas, la más destacada es la reducción a quince días (la media actual es de tres meses) del tiempo que dispone el inquilino para frenar el desalojo abonando la deuda pendiente (enervación).

Además, Chacón concretó que el Real Decreto que establecerá la ayuda directa de 210 euros a los inquilinos jóvenes sólo podrá solicitarse en el caso de que el arrendatario acumule al menos seis meses seguidos de actividad laboral –o presente un contrato laboral con una duración mínima de medio año–. La ministra justificó la edad mínima de 22 años para recibir el subsidio porque “no queremos que ningún joven deje de estudiar para tener un contrato con el que acceder a una vivienda”.

Finalmente el plan contempla la aplicación de un IVA superreducido del 4% a las viviendas de nueva construcción destinadas al alquiler de renta básica a 25 años; y la ampliación para sociedades y fondos de inversión que promuevan vivienda protegida en alquiler de acogerse al tipo del 1% en el Impuesto de Sociedades con una capacidad de financiación ajena que pasa del 50% al 80%.

Por su parte, el PP comenzó ayer a debatir las líneas generales de la política de vivienda que presentará en la campaña de las próximas generales. La formación que preside Mariano Rajoy ha desestimado la opción de acometer una liberalización del mercado del suelo y ha optado por dar a las Administraciones la llave para solucionar el problema.

El marco elegido para la presentación fue la Convención de Vivienda, que comenzó ayer en Madrid y que concluye hoy. Las prioridades de los populares son reducir el coste de las hipotecas, aumentar el parque de suelo público destinado al alquiler, fomentar la VPO en arrendamiento con opción a compra, ampliar la reserva de las nuevas promociones para pisos a precios asequibles y facilitar el desahucio de los inquilinos morosos. Además, plantean la necesidad de reducir los trámites burocráticos para transformar el suelo de rústico a urbanizable y modificar la Ley del Suelo.

Pacto de Estado con empresas
Pero todo ello solo podrá llevarse a cabo si previamente se alcanza un Pacto de Estado que englobe a todas las Administraciones Públicas (central, autonómica y local) al que se sumarían las empresas del sector inmobiliario y financiero, ya que las medidas -especialmente aquellas que contemplan rebajas de los costes hipotecarios- necesitan el apoyo de bancos y cajas de ahorros.

El nuevo modelo define el marco de las Administraciones. El Estado “velará por el funcionamiento del sistema, aportará financiación y desarrollará el marco normativo de su competencia”, es decir, la valoración del suelo. Las comunidades “diseñarán marcos legales y políticas activas con el fin de agilizar la transformación de solares”. Y Las corporaciones locales “facilitarán suelo a precio asequible”.

Para vigilar el cumplimiento de este acuerdo en caso de que el PP llegue a un acuerdo con el resto de partidos y con el sector privado-, los populares proponen la creación de una Mesa Nacional.

http://www.expansion.com/edicion/exp...o/1041216.html

Iniciado por pepeleches

TArde y mal como siempre, pero ahora les preocupa. Buena señal, para los que pensamos que ni siquiera pueden hacer nada por evitar que les cubra la mierda.

Qué hijoputas tos los encorbataos que han puesto las manos durante 8 años y ahora vienen con medidas ridículas a hacernos creer que van a hacer algo. Aunque pudieran, no lo harían...