azkunaveteya
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El juez ve indicios de criminalidad en la gestión de Miguel Blesa en Caja Madrid - elEconomista.es
La espada de la justicia se cierne sobre Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, que investiga el crédito concedido por la entidad al antiguo dueño de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, ha emitido un auto que no deja lugar a dudas.
"Se deducen indicios de criminalidad inherentes a las manifiestas infracciones de buenas prácticas bancarias, relacionadas con el control del riesgo, ejecución y desenvolvimiento de las relaciones crediticias entre el imputado Gerardo Díaz Ferrán y la entidad Caja Madrid, cuando era presidida por el otro imputado, Miguel Blesa de la Parra", asegura en el mismo.
El magistrado señala que ambos se han limitado a recurrir las resoluciones adoptadas por el juzgado "sin aportar el menor justificante de pago de los créditos en cuestión". En concreto, se investiga un préstamo que Caja Madrid otorgó a Marsans en 2009 por un importe de 26,6 millones de euros, siendo Díaz Ferrán consejero de la entidad, y pese a saber que la empresa se encontraba ya en una situación de quiebra y que había ofrecido como garantía activos ya hipotecados. Eso, además de otros créditos a la familia del también expresidente de la CEOE, por valor de otros 5 millones.
Declaraciones
El juez considera que "las versiones de descargo de uno u otro imputado, en el momento actual de la instrucción, no se muestran como mínimamente verosímiles". Blesa declaró en el juzgado que los créditos concedidos por Caja Madrid se concedían con las debidas garantías, pero el juez asegura que hasta la fecha no hay pruebas de que los otorgados a Díaz Ferrán se hallen "suficientemente garantizados", deduciéndose, más bien, lo contrario de la documentación obtenida por el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo (OCP) del Consejo General del Notariado.
Díaz Ferrán manifestó que no podía acreditar el debido pago de los créditos pero insistió en que los abonó mediante la cesión a Caja Madrid de una supuesta empresa concesionaria de autobuses, supuestamente bajo el control de su antiguo socio Gonzalo Pascual, que habría actuado como testaferro. Pero el juez tampoco se lo cree e insiste en que "tales versiones, por sí solas, a parte de su apunte peregrino (...) lejos de acomodarse a prácticas adecuadas en el ámbito de la gestión bancaria, inciden en la proyección de una imagen sumamente deteriorada de la llevanza del riesgo y la regencia de una entidad del relieve de Caja Madrid".
A la vista del informe presentado asimismo el pasado 8 de febrero por la Guardia Civil y de los correos electrónicos corporativos intervenidos a Blesa, el juez ordena además el secreto de sumario :
::::: :: por espacio de un mes para todas las partes, salvo para el Ministerio Fiscal, a partir de la notificación del auto, que tuvo lugar el pasado día 18 de febrero.
El magistrado considera en el auto que es necesario mantener la confidencialidad de los datos intervenidos ya que, en su opinión, si se hiciera públicos "podrían comprometer muy seriamente el fin de los actos de investigación que deben practicarse, dada la posibilidad de que tales correos contengan información financiera y de gestión bancaria de carácter muy significativamente relevante para el desarrollo de esta causa".
La espada de la justicia se cierne sobre Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, que investiga el crédito concedido por la entidad al antiguo dueño de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, ha emitido un auto que no deja lugar a dudas.
"Se deducen indicios de criminalidad inherentes a las manifiestas infracciones de buenas prácticas bancarias, relacionadas con el control del riesgo, ejecución y desenvolvimiento de las relaciones crediticias entre el imputado Gerardo Díaz Ferrán y la entidad Caja Madrid, cuando era presidida por el otro imputado, Miguel Blesa de la Parra", asegura en el mismo.
El magistrado señala que ambos se han limitado a recurrir las resoluciones adoptadas por el juzgado "sin aportar el menor justificante de pago de los créditos en cuestión". En concreto, se investiga un préstamo que Caja Madrid otorgó a Marsans en 2009 por un importe de 26,6 millones de euros, siendo Díaz Ferrán consejero de la entidad, y pese a saber que la empresa se encontraba ya en una situación de quiebra y que había ofrecido como garantía activos ya hipotecados. Eso, además de otros créditos a la familia del también expresidente de la CEOE, por valor de otros 5 millones.
Declaraciones
El juez considera que "las versiones de descargo de uno u otro imputado, en el momento actual de la instrucción, no se muestran como mínimamente verosímiles". Blesa declaró en el juzgado que los créditos concedidos por Caja Madrid se concedían con las debidas garantías, pero el juez asegura que hasta la fecha no hay pruebas de que los otorgados a Díaz Ferrán se hallen "suficientemente garantizados", deduciéndose, más bien, lo contrario de la documentación obtenida por el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo (OCP) del Consejo General del Notariado.
Díaz Ferrán manifestó que no podía acreditar el debido pago de los créditos pero insistió en que los abonó mediante la cesión a Caja Madrid de una supuesta empresa concesionaria de autobuses, supuestamente bajo el control de su antiguo socio Gonzalo Pascual, que habría actuado como testaferro. Pero el juez tampoco se lo cree e insiste en que "tales versiones, por sí solas, a parte de su apunte peregrino (...) lejos de acomodarse a prácticas adecuadas en el ámbito de la gestión bancaria, inciden en la proyección de una imagen sumamente deteriorada de la llevanza del riesgo y la regencia de una entidad del relieve de Caja Madrid".
A la vista del informe presentado asimismo el pasado 8 de febrero por la Guardia Civil y de los correos electrónicos corporativos intervenidos a Blesa, el juez ordena además el secreto de sumario :
::::: :: por espacio de un mes para todas las partes, salvo para el Ministerio Fiscal, a partir de la notificación del auto, que tuvo lugar el pasado día 18 de febrero.El magistrado considera en el auto que es necesario mantener la confidencialidad de los datos intervenidos ya que, en su opinión, si se hiciera públicos "podrían comprometer muy seriamente el fin de los actos de investigación que deben practicarse, dada la posibilidad de que tales correos contengan información financiera y de gestión bancaria de carácter muy significativamente relevante para el desarrollo de esta causa".
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