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Un 10% del censo de cada municipio demanda viviendas subvencionadas
Actualmente, 25.375 vecinos de Cantabria está en el registro regional para comprar con ayudas y 17.507 quisieran una residencia en alquiler

09.09.07 - VIOLETA SANTIAGO

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Presentación en Mogro del Plan de Viviendas de Protección Oficial en Miengo . / DM

FOTO FIJA
Ayudas a adquirientes de vivienda de protección oficial: 989.

Importe de las subvenciones reconocidas: 7.223.456 euros.

Importe préstamos reconocidos: 84.057.226 euros.

Viviendas protegidas en construcción: 3.408.

Visado de contratos de compra venta: 980.

Subvenciones a propietarios para que arrienden la vivienda: 34.

Subvenciones a inquilinos de viviendas alquiladas : 607.Los expertos ni titubean: se puede cifrar en el 10% del censo de cada ayuntamiento cántabro el número de demandantes de una vivienda pública. Es decir, si Camargo suma 30.000 vecinos, unos 3.000 estarían buscando piso y, al tiempo, necesitarían apoyo oficial para conseguirla, debido a su nivel de renta. En total, el registro de solicitantes de vivienda del Gobierno cántabro contabiliza actualmente 25.375 ciudadanos, de los cuales alrededor de 18.000 corresponden sólo a la capital. También es reseñable la cifra de personas que reclaman una residencia en alquiler: 17.507, (aunque hay que matizar que en ambas listas pueden repetirse nombres).

Sin embargo, conocer el número exacto de reclamantes de vivienda subvencionada en Cantabria no es tan fácil. Para empezar, porque este registro regional no tiene datos centralizados de todos los municipios, sino sólo de aquellos que en algún momento han creado el listado de peticionarios debido a que la Administración iba a desarrollar una promoción en su zona. Es el caso de sólo 12 ayuntamientos: Cartes, Suances, Marina de Cudeyo, Santa María de Cayón, Colindres, Voto, Reinosa, Santoña, Penagos, Limpias o Santander.

Otro grupo de municipios ha pedido información para acogerse a este tipo, pero los planes están todavía por concretar. En este apartado se incluirían Castañeda, Villacarriedo, Santiurde de Toranzo, Los Corrales de Buelna, Comillas, Arnuero, Valderredible, Miengo, San Vicente de la Barquera, Bareyo y la Mancomunidad de municipios del Alto Asón. Para seguir, porque también se estima que de los apuntados en este registro, una parte reseñable habría presentado la solicitud sin cumplir al dedillo los requisitos, «sólo por si cuela. Esto es habitual en esta autonomía y en todas», señala el coordinador de planes de Vivienda de la comunidad autónoma, Ángel Pérez Cruz.

Esta falta de información sobre los reclamantes 'reales' quiere ser subsanada por el nuevo director general de Vivienda, Francisco Javier Gómez Blanco, quien se propone mantener reuniones con los ayuntamientos de más peso en la región para que todos vuelquen la información de que disponen a los ordenadores de la Oficina de la Vivienda en Cantabria. Sus próximas entrevistas son en Santa Cruz de Bezana, El Astillero y Camargo, entre otros. «También se tiene que seguir trabajando con los pequeños», considera, «aunque está claro que la mayor demanda se produce en los municipios que son atravesados por una autovía. Esto se ve muy claramente si se sigue el trazado de la A-8, alrededor de la cual existe importante demanda».

Registros sin validez

Se da la circunstancia, además, de que son varios los ayuntamientos que tienen su propio registro de demandantes, algo que «no tiene ninguna validez. Los registros municipales no son operativos y sólo nos generan problemas», señala Ángel Pérez, que explica que la competencia «y la única autoridad» para ayudar al acceso a la vivienda corresponde a las Administraciones autonómicas. «Por tanto, quien no está en el registro regional no puede contar con subvenciones».


De ahí que le parezca «muy discutible» el uso que hacen los municipios de los registros locales, «en los que se suelen poner condiciones de llevar unos años empadronado para tener derecho a ayudas. Quieren que las viviendas que se construyen en su área sean para los residentes. Y esto no es así», recalca. «A la gente no se la puede exigir años de antigüedad».

Las cifras que ya dedica la Consejería de Obras Públicas a apoyar a los ciudadanos a la hora de comprarse un piso o para fomento del alquiler están en los 91 millones de euros (más de 15.000 millones de pesetas) por el primer concepto y más de tres millones por el segundo.

Los números indican, sin embargo, que el alquiler sigue siendo una opción menos valorada por el consumidor: ahora mismo, sólo se está subvencionando a 34 propietarios que alquilan su vivienda y a 607 personas que necesitan apoyo para hacer frente al coste del arrendamiento.

Desde que se pide una ayuda hasta que se cobra pueden pasar de cuatro meses a seis (este último plazo se da para los alquileres).

Última edición por Ladrillo_power; 09-sep-2007 a las 12:15


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