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Madmaxista
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ME HAN ESTAFADO: ESTA PLANTA ES UNA RUINA
<br />
Les propusieron un negocio, les aseguraron unos beneficios -con la garantía del<br />
Estado- y decidieron invertir. Sin embargo las <b>reglas del juego cambiaron</b> y<br />
donde dije digo Así comienza la historia de muchas familias españolas que un<br />
buen día decidieron invertir parte o la totalidad de sus ahorros en la compra de<br />
instalaciones solares fotovoltaicas.<br />
<br />
<br />
<br />
<span style="font-size: large;">Las modificaciones legales llevadas a cabo por el Gobierno en el caso de las plantas solares</span><br />
<span style="font-size: large;">fotovoltaicas, han provocado el endeudamiento de muchas familias españolas</span><br />
<br />
<br />
En el año 2007, el Estado promulgaba el Real Decreto 661/2007 que incentiva la inversión en plantas fotovoltaicas,<br />
asegurando que el retorno de esa inversión no iba a ser<br />
un problema porque se establecería un precio fijo -primapor la energía vertida a la red.<br />
Se empezaron a construir plantas en determinadas<br />
zonas de España y muchas familias, alentadas por esta<br />
seguridad, comenzaron a adquirirlas. Pero como el<br />
precio era alto, el trámite pasaba por la solicitud de un<br />
préstamo al banco -generalmente por el 80 por ciento<br />
del importe total, aunque en muchos casos por el 100<br />
por ciento del valor de la instalación-, pero con la<br />
garantía de que en el plazo de unos años las plantas<br />
estarían amortizadas y, desde ese momento, comenzarían<br />
a ser rentables.<br />
<br />
Pero la historia no fue así.<br />
El sector siempre ha defendido que uno de los principales problemas que hubo<br />
en España fue que la Administración no supo adaptar la regulación a la evolución<br />
del mercado.<br />
<br />
Cuando se estableció el precio de la tarifa en nuestro país en el año 2007, cuyo<br />
valor era similar o incluso más bajo que en otros países de Europa, construir una<br />
planta fotovoltaica salía cara porque los costes de los materiales empleados eran<br />
elevados. Sin embargo, en tan sólo cuatro años, los precios de estos mismos<br />
materiales bajaron un 80 por ciento. En España se siguieron vendiendo los<br />
paneles más caros que en cualquier otro país, pero los costes eran mucho más<br />
bajos y todo el mundo en la cadena de valor tenía margen suficiente para<br />
venderlos aquí. Sin embargo, el que los compraba no veía el precio rebajado y<br />
los materiales para su planta los pagaba a precio de mercado español, es decir,<br />
que sólo se beneficiaron unos cuantos.<br />
<br />
Cuando en septiembre de 2007 el Gobierno se da cuenta de que España va a<br />
superar los 400 megavatios de potencia que se había establecido como objetivo<br />
para ese año, decide limitar la construcción de plantas solares fotovoltaicas y<br />
concede un año -hasta el 29 de septiembre de 2008- para terminar las plantas<br />
que estaban en construcción. A juicio del sector, el plazo fue exagerado porque<br />
una planta, con todos los permisos, no se tarda más de seis meses en construir.<br />
<br />
<br />
Las prisas por cumplir los plazos establecidos y poder acogerse al RD 661<br />
provocaron que, ante la incertidumbre de no saber lo que iba a pasar después<br />
del 29 de septiembre, se acelerase la construcción de plantas fotovoltaicas y,<br />
ante la escasez en el mercado de suficientes paneles para satisfacer la<br />
inesperada demanda, comenzó a utilizarse material de mala calidad, como<br />
después se ha podido demostrar -inversores que se queman o placas deficitarias<br />
en rendimiento-.<br />
<br />
<b>Y vinieron los recortes</b><br />
El Gobierno decide frenar esta situación y promulga el Real Decreto 1565/2010<br />
que limita a 25 años el cobro de la prima, cuando antes estaba establecido un<br />
precio reconocido durante los 25 primeros años y otro precio menor a partir de los<br />
25 y hasta la vida útil de la planta -luego salieron dos Decretos que subieron la<br />
percepción de la prima hasta los 30 años desde la puesta en servicio de la planta-.<br />
Sobre este asunto, la Asociación Nacional de Productores e Inversores de<br />
Energías Renovables (Anpier) interpuso un recurso contencioso-administrativo<br />
que el Tribunal Supremo ha desestimado, alegando que las medidas<br />
introducidas “no son contrarias a derecho” y no dañan el principio de<br />
“rentabilidad razonable”.<br />
<br />
Posteriormente, el Gobierno promulga el Real Decreto-ley 14/2010 que limita las horas de producción en función de la tecnología utilizada, de manera que,<br />
una vez superada esa barrera, las plantas tienen que vender la energía a precios<br />
de mercado.<br />
Para instalaciones con tecnología fija se limita a 1.250 horas, para las de<br />
seguimiento a un eje a 1.644 horas y para las de seguimiento a dos ejes a 1.707<br />
horas hasta el 31 de diciembre de 2013. A partir de 2014 hay una segunda<br />
limitación que dependerá de la zona en la que la planta se encuentre instalada.<br />
Este mismo RDL también introduce el pago de un peaje de 0,5 euros por<br />
megavatio hora que los propietarios de las plantas están obligados a pagar por<br />
distribuir la energía eléctrica.<br />
<br />
De acuerdo con los últimos datos facilitados por la Comisión Nacional de Energía<br />
(CNE), durante el pasado mes de agosto las instalaciones fotovoltaicas<br />
empezaron a alcanzar los límites de horas de operación equivalente con derecho<br />
a percibir las primas. La existencia de estos límites, que se han alcanzado este<br />
año antes que en 2011 porque ha habido más irradiación, conlleva que la<br />
tecnología fotovoltaica cobrará las mismas primas que el pasado año.<br />
Esta situación, unida al nuevo impuesto del 6 por ciento a la venta de electricidad<br />
incluido en la reforma energética, eleva al 36 por ciento el recorte en la<br />
retribución del sector fotovoltaico desde 2010.<br />
<br />
<br />
Todo esto hace que las familias que habían confiado sus ahorros en un proyecto<br />
de inversión a largo plazo, atractivo por su rentabilidad, se haya convertido en<br />
una pesadilla. Con estos recortes, muchas de ellas no pueden hacer frente a los<br />
créditos que solicitaron para la compra de sus plantas porque las cuentas ya no<br />
les salen y, otras muchas, tienen que poner dinero de su propio bolsillo. Todos se<br />
quejan de la gran inseguridad jurídica y de que han pagado el pato de una<br />
situación que se le fue de las manos al Gobierno y que, finalmente, ha<br />
repercutido en el más débil.<br />
<br />
Y para colmo de males, hace unos días se conocía la noticia que anunciaba el<br />
hecho de que los productores de energía solar fotovoltaica tendrán que esperar,<br />
al menos, hasta mediados de 2013 para empezar a recurrir el recorte de ayudas<br />
que limita el número de horas con derecho a prima.<br />
<br />
La Audiencia Nacional ha confirmado que los recursos deberán presentarse una<br />
vez que la CNE cuente con las liquidaciones definitivas del año y no con cada<br />
liquidación provisional. El primer año en el que se aprecia el recorte de primas es<br />
2011, pero todavía no se puede recurrir porque no está disponible la liquidación<br />
definitiva y, previsiblemente, no lo estará hasta mediados de 2013. Al parecer, la<br />
Audiencia también ha pedido a las asociaciones que los recursos se presenten<br />
lo más agrupados posible para evitar colapsar los juzgados.<br />
<br />
<br />
<br />
<span style="font-size: large;">Recortes en el</span><br />
<span style="font-size: large;">sector fotovoltaico</span><br />
■ <b>RD 1565/2010</b>, que reduce a<br />
veinticinco años el cobro de la<br />
prima para una instalación<br />
fotovoltaica.<br />
■ <b>RDL 14/2010</b>, que limita las<br />
horas de producción de una<br />
instalación para el cobro de la<br />
prima. También introduce un<br />
peaje de 0,5 euros pormegavatio<br />
hora por distribuir la energía<br />
eléctrica producida.<br />
■<b> Impuesto del seis porciento</b> a<br />
la producción de electricidad que<br />
recoge el proyecto de ley de<br />
medidas fiscales para la<br />
sostenibilidad energética<br />
<br />
<br />
<span style="font-size: large;">Arbitraje</span><br />
<span style="font-size: large;">internacional</span><br />
Un total de catorce fondos de<br />
inversión y empresas<br />
energéticas extranjeras han<br />
demandado al Gobierno español<br />
por los recortes retroactivos<br />
establecidos en el RD-ley<br />
14/2010. Los inversores<br />
internacionales cifran en 2.000<br />
millones de euros sus<br />
inversiones en el sector<br />
fotovoltaico español y en 270<br />
megavatios la potencia de la que<br />
son titulares en España. Entre<br />
todos ellos gestionan<br />
conjuntamente más de 22.000<br />
millones de euros<br />
<br />
<br />
Les propusieron un negocio, les aseguraron unos beneficios -con la garantía del<br />
Estado- y decidieron invertir. Sin embargo las <b>reglas del juego cambiaron</b> y<br />
donde dije digo Así comienza la historia de muchas familias españolas que un<br />
buen día decidieron invertir parte o la totalidad de sus ahorros en la compra de<br />
instalaciones solares fotovoltaicas.<br />
<br />
<br />
<br />
<span style="font-size: large;">Las modificaciones legales llevadas a cabo por el Gobierno en el caso de las plantas solares</span><br />
<span style="font-size: large;">fotovoltaicas, han provocado el endeudamiento de muchas familias españolas</span><br />
<br />
<br />
En el año 2007, el Estado promulgaba el Real Decreto 661/2007 que incentiva la inversión en plantas fotovoltaicas,<br />
asegurando que el retorno de esa inversión no iba a ser<br />
un problema porque se establecería un precio fijo -primapor la energía vertida a la red.<br />
Se empezaron a construir plantas en determinadas<br />
zonas de España y muchas familias, alentadas por esta<br />
seguridad, comenzaron a adquirirlas. Pero como el<br />
precio era alto, el trámite pasaba por la solicitud de un<br />
préstamo al banco -generalmente por el 80 por ciento<br />
del importe total, aunque en muchos casos por el 100<br />
por ciento del valor de la instalación-, pero con la<br />
garantía de que en el plazo de unos años las plantas<br />
estarían amortizadas y, desde ese momento, comenzarían<br />
a ser rentables.<br />
<br />
Pero la historia no fue así.<br />
El sector siempre ha defendido que uno de los principales problemas que hubo<br />
en España fue que la Administración no supo adaptar la regulación a la evolución<br />
del mercado.<br />
<br />
Cuando se estableció el precio de la tarifa en nuestro país en el año 2007, cuyo<br />
valor era similar o incluso más bajo que en otros países de Europa, construir una<br />
planta fotovoltaica salía cara porque los costes de los materiales empleados eran<br />
elevados. Sin embargo, en tan sólo cuatro años, los precios de estos mismos<br />
materiales bajaron un 80 por ciento. En España se siguieron vendiendo los<br />
paneles más caros que en cualquier otro país, pero los costes eran mucho más<br />
bajos y todo el mundo en la cadena de valor tenía margen suficiente para<br />
venderlos aquí. Sin embargo, el que los compraba no veía el precio rebajado y<br />
los materiales para su planta los pagaba a precio de mercado español, es decir,<br />
que sólo se beneficiaron unos cuantos.<br />
<br />
Cuando en septiembre de 2007 el Gobierno se da cuenta de que España va a<br />
superar los 400 megavatios de potencia que se había establecido como objetivo<br />
para ese año, decide limitar la construcción de plantas solares fotovoltaicas y<br />
concede un año -hasta el 29 de septiembre de 2008- para terminar las plantas<br />
que estaban en construcción. A juicio del sector, el plazo fue exagerado porque<br />
una planta, con todos los permisos, no se tarda más de seis meses en construir.<br />
<br />
<br />
Las prisas por cumplir los plazos establecidos y poder acogerse al RD 661<br />
provocaron que, ante la incertidumbre de no saber lo que iba a pasar después<br />
del 29 de septiembre, se acelerase la construcción de plantas fotovoltaicas y,<br />
ante la escasez en el mercado de suficientes paneles para satisfacer la<br />
inesperada demanda, comenzó a utilizarse material de mala calidad, como<br />
después se ha podido demostrar -inversores que se queman o placas deficitarias<br />
en rendimiento-.<br />
<br />
<b>Y vinieron los recortes</b><br />
El Gobierno decide frenar esta situación y promulga el Real Decreto 1565/2010<br />
que limita a 25 años el cobro de la prima, cuando antes estaba establecido un<br />
precio reconocido durante los 25 primeros años y otro precio menor a partir de los<br />
25 y hasta la vida útil de la planta -luego salieron dos Decretos que subieron la<br />
percepción de la prima hasta los 30 años desde la puesta en servicio de la planta-.<br />
Sobre este asunto, la Asociación Nacional de Productores e Inversores de<br />
Energías Renovables (Anpier) interpuso un recurso contencioso-administrativo<br />
que el Tribunal Supremo ha desestimado, alegando que las medidas<br />
introducidas “no son contrarias a derecho” y no dañan el principio de<br />
“rentabilidad razonable”.<br />
<br />
Posteriormente, el Gobierno promulga el Real Decreto-ley 14/2010 que limita las horas de producción en función de la tecnología utilizada, de manera que,<br />
una vez superada esa barrera, las plantas tienen que vender la energía a precios<br />
de mercado.<br />
Para instalaciones con tecnología fija se limita a 1.250 horas, para las de<br />
seguimiento a un eje a 1.644 horas y para las de seguimiento a dos ejes a 1.707<br />
horas hasta el 31 de diciembre de 2013. A partir de 2014 hay una segunda<br />
limitación que dependerá de la zona en la que la planta se encuentre instalada.<br />
Este mismo RDL también introduce el pago de un peaje de 0,5 euros por<br />
megavatio hora que los propietarios de las plantas están obligados a pagar por<br />
distribuir la energía eléctrica.<br />
<br />
De acuerdo con los últimos datos facilitados por la Comisión Nacional de Energía<br />
(CNE), durante el pasado mes de agosto las instalaciones fotovoltaicas<br />
empezaron a alcanzar los límites de horas de operación equivalente con derecho<br />
a percibir las primas. La existencia de estos límites, que se han alcanzado este<br />
año antes que en 2011 porque ha habido más irradiación, conlleva que la<br />
tecnología fotovoltaica cobrará las mismas primas que el pasado año.<br />
Esta situación, unida al nuevo impuesto del 6 por ciento a la venta de electricidad<br />
incluido en la reforma energética, eleva al 36 por ciento el recorte en la<br />
retribución del sector fotovoltaico desde 2010.<br />
<br />
<br />
Todo esto hace que las familias que habían confiado sus ahorros en un proyecto<br />
de inversión a largo plazo, atractivo por su rentabilidad, se haya convertido en<br />
una pesadilla. Con estos recortes, muchas de ellas no pueden hacer frente a los<br />
créditos que solicitaron para la compra de sus plantas porque las cuentas ya no<br />
les salen y, otras muchas, tienen que poner dinero de su propio bolsillo. Todos se<br />
quejan de la gran inseguridad jurídica y de que han pagado el pato de una<br />
situación que se le fue de las manos al Gobierno y que, finalmente, ha<br />
repercutido en el más débil.<br />
<br />
Y para colmo de males, hace unos días se conocía la noticia que anunciaba el<br />
hecho de que los productores de energía solar fotovoltaica tendrán que esperar,<br />
al menos, hasta mediados de 2013 para empezar a recurrir el recorte de ayudas<br />
que limita el número de horas con derecho a prima.<br />
<br />
La Audiencia Nacional ha confirmado que los recursos deberán presentarse una<br />
vez que la CNE cuente con las liquidaciones definitivas del año y no con cada<br />
liquidación provisional. El primer año en el que se aprecia el recorte de primas es<br />
2011, pero todavía no se puede recurrir porque no está disponible la liquidación<br />
definitiva y, previsiblemente, no lo estará hasta mediados de 2013. Al parecer, la<br />
Audiencia también ha pedido a las asociaciones que los recursos se presenten<br />
lo más agrupados posible para evitar colapsar los juzgados.<br />
<br />
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<span style="font-size: large;">Recortes en el</span><br />
<span style="font-size: large;">sector fotovoltaico</span><br />
■ <b>RD 1565/2010</b>, que reduce a<br />
veinticinco años el cobro de la<br />
prima para una instalación<br />
fotovoltaica.<br />
■ <b>RDL 14/2010</b>, que limita las<br />
horas de producción de una<br />
instalación para el cobro de la<br />
prima. También introduce un<br />
peaje de 0,5 euros pormegavatio<br />
hora por distribuir la energía<br />
eléctrica producida.<br />
■<b> Impuesto del seis porciento</b> a<br />
la producción de electricidad que<br />
recoge el proyecto de ley de<br />
medidas fiscales para la<br />
sostenibilidad energética<br />
<br />
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<span style="font-size: large;">Arbitraje</span><br />
<span style="font-size: large;">internacional</span><br />
Un total de catorce fondos de<br />
inversión y empresas<br />
energéticas extranjeras han<br />
demandado al Gobierno español<br />
por los recortes retroactivos<br />
establecidos en el RD-ley<br />
14/2010. Los inversores<br />
internacionales cifran en 2.000<br />
millones de euros sus<br />
inversiones en el sector<br />
fotovoltaico español y en 270<br />
megavatios la potencia de la que<br />
son titulares en España. Entre<br />
todos ellos gestionan<br />
conjuntamente más de 22.000<br />
millones de euros<br />
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