La patronal minera Carbunión replicó ayer al PP que las ayudas mineras por valor de 494,4 millones consideradas un «escándalo» por los populares corresponden al período 1998-2001 y fueron concedidas por el Gobierno presidido por José María Aznar. La organización empresarial presidida por Victorino Alonso argumentó que estas subvenciones fueron «auditadas y justificadas» por el Ministerio de Industria en los años en las que se concedieron y que, en su momento, este departamento las consideró debidamente justificadas.


La Intervención General de la Administración del Estado, como ya informó LA NUEVA ESPAÑA en septiembre de 2008, planteó que las minas debían reintegrar casi 500 millones en ayudas, al incurrir en anomalías en su tramitación. Los informes, elaborados entre 2004 y 2007, se tradujeron en expedientes con supuestas irregularidades que fueron archivados en su mayor parte por el Consejo de Ministros del Gobierno de Rodríguez Zapatero. La Intervención del Estado remitió entonces la documentación al Tribunal de Cuentas, que debe decidir ahora si las empresas mineras tiene que devolver las ayudas.


El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, manifestó el miércoles que existen indicios de un «escándalo» en la concesión de ayudas a la minería del carbón en la etapa del PSOE en el Gobierno entre 2004 y 2007. Carbunión aseguró ayer que esas subvenciones corresponden al período 1998-2001, y no al 2004-2007, y que el procedimiento seguido en su análisis es el establecido en la Ley de Subvenciones. Fue en 2004, ya en época de Zapatero, cuando la Intervención del Estado revisó la concesión de estas ayudas y, aplicando unos criterios distintos a los establecidos para concederlas, estableció unas discrepancias, según indicó la patronal minera. La inspección, al ir empresa por empresa, tardó tres años en completar la revisión, de modo que finalizó el último informe en 2007.


Al no estar el Instituto del Carbón conforme con estos informes, elevó el proceso al Ministerio de Industria, como marca la Ley General de Subvenciones, mientras que la Intervención del Estado hizo lo propio con el Ministerio de Hacienda. Como había falta de acuerdo entre los ministerios, la cuestión llegó al Consejo de Ministros, donde se decidió finalmente dejar sin efecto los informes que había emitido la Intervención y aceptar las liquidaciones de las ayudas efectuadas por el Ministerio de Industria en los ejercicios 1998, 1999, 2000 y 2001.