Guillotinasya
Madmaxista
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Javier Romera/Carmen Obregón | 8:00 - 9/07/2012 (El Economista)
"La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". Así resumía el mítico actor norteamericano Groucho Marx la gestión de la cosa pública. Más allá del carácter humorístico de la sentencia, lo cierto es que los partidos y la clase política se han consolidado como el tercer gran problema para los españoles.
Crece el desapego a la clase política
Según el último informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al pasado mes de mayo, tan sólo el paro y las cuestiones de índole económica generan una mayor preocupación entre los ciudadanos. A raíz de la crisis, ha crecido de forma imparable el desapego ante la clase política, que es citada como el gran problema por un 22,5 por ciento de los encuestados.
La mayoría de los expertos y analistas consultados por este periódico coincide en una misma idea: los ciudadanos no entienden cómo se exige a la sociedad continuos ajustes, se recorta en educación y en sanidad, se prolonga la edad de jubilación, se suben los impuestos y, a cambio, se mantienen los privilegios de la clase política. Para empezar, uno de los grandes problemas es que no existe ni siquiera ningún informe oficial que cifre cuál es el número exacto de políticos que hay en España cobrando una nómina de la Administración, sea central, autonómica o local.
Cargos públicos
Lo único evidente es que la organización del Estado autonómico ha consolidado al país como el primero de la Unión Europea por número de cargos públicos. Las últimas estimaciones realizadas apuntan, en este sentido, que podría haber más de 400.000 en activo si se incluyen asesores y cargos de confianza.
Son diputados, senadores, alcaldes, concejales, miembros de los parlamentos autonómicos o de las diputaciones provinciales, de las mancomunidades, de las empresas públicas... y así un larguísimo etcétera. Si se tiene en cuenta esta cifra, en España habría así más cargos políticos que médicos, policías y bomberos juntos. Y eso en un país con casi cinco millones de parados. En Europa, el segundo Estado con un mayor número de políticos sería de acuerdo con los estudios y estimaciones realizadas, Italia. Pero aun así, tiene, de acuerdo con los cálculos hechos, la mitad que nosotros, unos 200.000.
Más o menos en el mismo nivel estaría Francia, y muy por detrás, con poco más de 100.000, Alemania. Y eso en un país federal, dividido en 16 lander, y con un grado de descentralización mucho mayor que España.
El aparato del Estado
Hay que tener en cuenta que no hay cifras oficiales y que se trata tan sólo de estimaciones, pero aún así, en nuestro país habría alrededor de un cargo político por cada 115 ciudadanos, lo que nos sitúa muy por encima de nuestros vecinos. Entre las grandes economías de la eurozona, el ratio es, de hecho, mucho más bajo. En Italia hay así uno por cada 300 aproximadamente, en Francia uno por cada 325 y en Alemania uno por cada 800 ciudadanos. No hay así comparación posible de gasto.
Joaquín Trigo, director del Instituto de Estudios Económicos (IEE), que frente a la previsible subida del IVA, apunta en este sentido que "se está perdiendo un tiempo precioso" y urge a rebajar el coste de la Administración del Estado, recortando la masa salarial de los cargos políticos y funcionarios, si es necesario cambiando incluso la ley. No se trataría tanto de bajar los sueldos, que en la mayoría de los casos están ya muy ajustados y han bajado considerablemente en los últimos dos años, como de recortar el número de nóminas con cargo a las arcas públicas.
Y en la misma línea se pronuncia también Carlos de Benito, director de la Nebrija Business School. "A partir de ahora, desde la perspectiva laboral poco más se puede hacer, en todo caso adelantar el retraso en la edad de jubilación, que no será a los 67 años hasta 2027. Pero lo más importante es reformar el marco jurídico del Estado", asegura. "Hay que recuperar competencias autonómicas porque el modelo actual es inviable e insostenible. Es necesario adelgazar urgentemente la estructura y reducir el número de cargos públicos".
Una gran parte del problema está ahora mismo en las empresas públicas. El Gobierno ha anunciado un plan de "simplificación y racionalización" tanto en éstas como en las fundaciones, que debe acabar con el cierre o privatización de una buena parte de ellas. Pero aún así no es una tarea fácil porque, de acuerdo con los últimos datos oficiales, hay todavía 2.800 empresas públicas estatales y otras 2.350 más autonómicas.
Según informó el diario La Razón, el Ejecutivo estaría estudiando también una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para reducir sustancialmente el número de concejales en los Ayuntamientos españoles. Actualmente hay en la administración local 68.462 cargos electos, lo que supone 2.300 más que en la anterior legislatura.
El ranking por provincias lo encabezan Barcelona, con 3.761 concejales; Valencia, con 2.964; Madrid, con 2.287, y Salamanca, con 2.168. En el lado opuesto están Álava, con 431; Las Palmas, con 598, y Cádiz, con 716. Pero a estas cifras hay que sumar además los 8.116 alcaldes, por cada uno de los ayuntamientos existentes en la actualidad.
El Gobierno aprobó ya el pasado mes de abril incluir una propuesta para reducir el número de consistorios en el Programa Nacional de Reformas 2012, que se remitió además a Bruselas. "España tiene un número de ayuntamientos muy superior al de otros países del mismo tamaño", reconoció entonces el ministro de Economía, Luis de Guindos.
En el mismo plan se contempla también la reordenación competencial para eliminar duplicidades entre las administraciones y la posible supresión de oficinas comerciales autonómicas o su integración en el Icex, algo que en cualquier caso dependerá en última instancia de lo que decida hacer cada autonomía. Eso claro está, salvo que se cambie la ley a nivel nacional y se les retiren competencias.
"¿Qué falla entonces?"
El catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Juan Carlos I Manuel Villoria, asesor de Rodríguez Zapatero antes de que ganara en las urnas, denuncia la existencia de estructuras clientelares y añade que la preocupación del político español es cómo mantener a los suyos en su puesto. Villoria tiene claro que "sobran políticos pagados con fondos públicos". Según dice, "apenas hay unos pocos, concejales de pueblo que trabajan desinteresadamente y que incluso les cuesta dinero desempeñar sus cargos". El resto sigue cobrando del erario público.
El problema, además, es que no se trata ya de que haya un número excesivo de políticos, sino, sobre todo, de su falta de cualificación en muchas ocasiones para el puesto que ocupan. Aunque uno de los recientes estudios del grupo de investigación Democracia y autonomías: sociedad y política (DASP) concluye que, en la actual legislatura, el 87 por ciento de los parlamentarios españoles goza de un alto nivel de estudios, hay otro dato que contrarresta con otro guarismo. Y es que el 88 por ciento de los ciudadanos desaprueba su gestión. "¿Qué falla entonces?", se pregunta el catedrático y experto en comunicación política Xavier Coller: la formación especializada. "Nuestros dirigentes no están preparados para ejercer la política", dictamina.
Perfiles políticos
"En España nos encontramos con dos perfiles políticos, "el que entiende que es una correa de transmisión de la sociedad, y el que piensa sin embargo que hay que modular las demandas sociales porque a veces los ciudadanos no tienen el conocimiento profundo de las materias". Estas son dos conclusiones genéricas de la encuesta elaborada por DASP, que analiza, con un universo de 600 parlamentarios, la semblanza del dirigente español.
Apenas hay cursos especializados que enseñen al político "cómo se debe relacionar con la gente, cómo se lee una encuesta, qué contar en una rueda de prensa, y lo que es más importante, cómo hacer una ley... Muchos de nuestros políticos llegan a las instituciones sin saber cómo se hacen las leyes. No es el caso de Estados Unidos, donde una vez ganado tu escaño recibes cursos de iniciación a la vida parlamentaria", relata Coller, director del grupo de investigación Democracia y Autonomías: Sociedad y Política.
La escasa formación especializada no es, sin embargo, el único obstáculo del político español para el correcto desempeño de la cosa pública. En opinión de Coller, a los problemas formativos se suma la ausencia de empatía. "Hay casos clamorosos de desconexión. Los políticos legislan en función de lo que conocen. Reproducen el entorno en el que se han socializado. Son incapaces de desarrollar una sensibilidad social. Se relacionan entre ellos. Se reúnen con sus asociaciones y sus sindicatos afines. Carecen de trasnversalidad", dice.
Pero todo eso puede cambiar. Según Daniel Montero, periodista y autor de La casta, el increíble chollo de ser político en España, "ahora sabemos que las carreteras se hacen con nuestro dinero, que los hospitales se levantan con nuestros impuestos... Y en España apenas somos conscientes desde hace unos días de que existe un derecho a acceder a la información pública".
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"La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". Así resumía el mítico actor norteamericano Groucho Marx la gestión de la cosa pública. Más allá del carácter humorístico de la sentencia, lo cierto es que los partidos y la clase política se han consolidado como el tercer gran problema para los españoles.
Crece el desapego a la clase política
Según el último informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al pasado mes de mayo, tan sólo el paro y las cuestiones de índole económica generan una mayor preocupación entre los ciudadanos. A raíz de la crisis, ha crecido de forma imparable el desapego ante la clase política, que es citada como el gran problema por un 22,5 por ciento de los encuestados.
La mayoría de los expertos y analistas consultados por este periódico coincide en una misma idea: los ciudadanos no entienden cómo se exige a la sociedad continuos ajustes, se recorta en educación y en sanidad, se prolonga la edad de jubilación, se suben los impuestos y, a cambio, se mantienen los privilegios de la clase política. Para empezar, uno de los grandes problemas es que no existe ni siquiera ningún informe oficial que cifre cuál es el número exacto de políticos que hay en España cobrando una nómina de la Administración, sea central, autonómica o local.
Cargos públicos
Lo único evidente es que la organización del Estado autonómico ha consolidado al país como el primero de la Unión Europea por número de cargos públicos. Las últimas estimaciones realizadas apuntan, en este sentido, que podría haber más de 400.000 en activo si se incluyen asesores y cargos de confianza.
Son diputados, senadores, alcaldes, concejales, miembros de los parlamentos autonómicos o de las diputaciones provinciales, de las mancomunidades, de las empresas públicas... y así un larguísimo etcétera. Si se tiene en cuenta esta cifra, en España habría así más cargos políticos que médicos, policías y bomberos juntos. Y eso en un país con casi cinco millones de parados. En Europa, el segundo Estado con un mayor número de políticos sería de acuerdo con los estudios y estimaciones realizadas, Italia. Pero aun así, tiene, de acuerdo con los cálculos hechos, la mitad que nosotros, unos 200.000.
Más o menos en el mismo nivel estaría Francia, y muy por detrás, con poco más de 100.000, Alemania. Y eso en un país federal, dividido en 16 lander, y con un grado de descentralización mucho mayor que España.
El aparato del Estado
Hay que tener en cuenta que no hay cifras oficiales y que se trata tan sólo de estimaciones, pero aún así, en nuestro país habría alrededor de un cargo político por cada 115 ciudadanos, lo que nos sitúa muy por encima de nuestros vecinos. Entre las grandes economías de la eurozona, el ratio es, de hecho, mucho más bajo. En Italia hay así uno por cada 300 aproximadamente, en Francia uno por cada 325 y en Alemania uno por cada 800 ciudadanos. No hay así comparación posible de gasto.
Joaquín Trigo, director del Instituto de Estudios Económicos (IEE), que frente a la previsible subida del IVA, apunta en este sentido que "se está perdiendo un tiempo precioso" y urge a rebajar el coste de la Administración del Estado, recortando la masa salarial de los cargos políticos y funcionarios, si es necesario cambiando incluso la ley. No se trataría tanto de bajar los sueldos, que en la mayoría de los casos están ya muy ajustados y han bajado considerablemente en los últimos dos años, como de recortar el número de nóminas con cargo a las arcas públicas.
Y en la misma línea se pronuncia también Carlos de Benito, director de la Nebrija Business School. "A partir de ahora, desde la perspectiva laboral poco más se puede hacer, en todo caso adelantar el retraso en la edad de jubilación, que no será a los 67 años hasta 2027. Pero lo más importante es reformar el marco jurídico del Estado", asegura. "Hay que recuperar competencias autonómicas porque el modelo actual es inviable e insostenible. Es necesario adelgazar urgentemente la estructura y reducir el número de cargos públicos".
Una gran parte del problema está ahora mismo en las empresas públicas. El Gobierno ha anunciado un plan de "simplificación y racionalización" tanto en éstas como en las fundaciones, que debe acabar con el cierre o privatización de una buena parte de ellas. Pero aún así no es una tarea fácil porque, de acuerdo con los últimos datos oficiales, hay todavía 2.800 empresas públicas estatales y otras 2.350 más autonómicas.
Según informó el diario La Razón, el Ejecutivo estaría estudiando también una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para reducir sustancialmente el número de concejales en los Ayuntamientos españoles. Actualmente hay en la administración local 68.462 cargos electos, lo que supone 2.300 más que en la anterior legislatura.
El ranking por provincias lo encabezan Barcelona, con 3.761 concejales; Valencia, con 2.964; Madrid, con 2.287, y Salamanca, con 2.168. En el lado opuesto están Álava, con 431; Las Palmas, con 598, y Cádiz, con 716. Pero a estas cifras hay que sumar además los 8.116 alcaldes, por cada uno de los ayuntamientos existentes en la actualidad.
El Gobierno aprobó ya el pasado mes de abril incluir una propuesta para reducir el número de consistorios en el Programa Nacional de Reformas 2012, que se remitió además a Bruselas. "España tiene un número de ayuntamientos muy superior al de otros países del mismo tamaño", reconoció entonces el ministro de Economía, Luis de Guindos.
En el mismo plan se contempla también la reordenación competencial para eliminar duplicidades entre las administraciones y la posible supresión de oficinas comerciales autonómicas o su integración en el Icex, algo que en cualquier caso dependerá en última instancia de lo que decida hacer cada autonomía. Eso claro está, salvo que se cambie la ley a nivel nacional y se les retiren competencias.
"¿Qué falla entonces?"
El catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Juan Carlos I Manuel Villoria, asesor de Rodríguez Zapatero antes de que ganara en las urnas, denuncia la existencia de estructuras clientelares y añade que la preocupación del político español es cómo mantener a los suyos en su puesto. Villoria tiene claro que "sobran políticos pagados con fondos públicos". Según dice, "apenas hay unos pocos, concejales de pueblo que trabajan desinteresadamente y que incluso les cuesta dinero desempeñar sus cargos". El resto sigue cobrando del erario público.
El problema, además, es que no se trata ya de que haya un número excesivo de políticos, sino, sobre todo, de su falta de cualificación en muchas ocasiones para el puesto que ocupan. Aunque uno de los recientes estudios del grupo de investigación Democracia y autonomías: sociedad y política (DASP) concluye que, en la actual legislatura, el 87 por ciento de los parlamentarios españoles goza de un alto nivel de estudios, hay otro dato que contrarresta con otro guarismo. Y es que el 88 por ciento de los ciudadanos desaprueba su gestión. "¿Qué falla entonces?", se pregunta el catedrático y experto en comunicación política Xavier Coller: la formación especializada. "Nuestros dirigentes no están preparados para ejercer la política", dictamina.
Perfiles políticos
"En España nos encontramos con dos perfiles políticos, "el que entiende que es una correa de transmisión de la sociedad, y el que piensa sin embargo que hay que modular las demandas sociales porque a veces los ciudadanos no tienen el conocimiento profundo de las materias". Estas son dos conclusiones genéricas de la encuesta elaborada por DASP, que analiza, con un universo de 600 parlamentarios, la semblanza del dirigente español.
Apenas hay cursos especializados que enseñen al político "cómo se debe relacionar con la gente, cómo se lee una encuesta, qué contar en una rueda de prensa, y lo que es más importante, cómo hacer una ley... Muchos de nuestros políticos llegan a las instituciones sin saber cómo se hacen las leyes. No es el caso de Estados Unidos, donde una vez ganado tu escaño recibes cursos de iniciación a la vida parlamentaria", relata Coller, director del grupo de investigación Democracia y Autonomías: Sociedad y Política.
La escasa formación especializada no es, sin embargo, el único obstáculo del político español para el correcto desempeño de la cosa pública. En opinión de Coller, a los problemas formativos se suma la ausencia de empatía. "Hay casos clamorosos de desconexión. Los políticos legislan en función de lo que conocen. Reproducen el entorno en el que se han socializado. Son incapaces de desarrollar una sensibilidad social. Se relacionan entre ellos. Se reúnen con sus asociaciones y sus sindicatos afines. Carecen de trasnversalidad", dice.
Pero todo eso puede cambiar. Según Daniel Montero, periodista y autor de La casta, el increíble chollo de ser político en España, "ahora sabemos que las carreteras se hacen con nuestro dinero, que los hospitales se levantan con nuestros impuestos... Y en España apenas somos conscientes desde hace unos días de que existe un derecho a acceder a la información pública".
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