Martí Armadà (ERC), alcalde de Vilabertran, declaró ayer como testigo en el juzgado número 2 de Figueres por alquilar un bloque de pisos a una banda de proxenetas búlgaros, 12 de los cuales están en prisión preventiva por explotar a mujeres en las carreteras del Alt Empordà. Armadà reconoció ante la policía que sabía a qué se dedicaban sus inquilinos tras ser citado al revelar la investigación que los pisos de la calle de Magre de Figueres, en los que vivían proxenetas y prostitutas, eran de su propiedad.

Varios testigos del vecindario confirmaron ayer que algunas de las prostitutas continúan viviendo en los apartamentos propiedad del alcalde. “Siguen ahí al menos cinco chicas que yo haya visto, tres búlgaras y dos rumanas. No se fueron después de la redada de la policía”, afirmó un trabajador de un establecimiento cercano que ha observado los movimientos del grupo durante años. Aunque ayer al mediodía nadie contestó al telefonillo, dos de las ventanas del bloque de pisos estaban abiertas. “Ahora hay unas seis o siete mujeres. Salen por la mañana y vuelven por las tardes”, explicó el dueño de un restaurante situado a escasos metros del bloque.

La banda explotaba a una veintena de mujeres en la carretera N-II. Los presuntos proxenetas, detenidos a principios de mayo, las pegaban cuando se negaban a prostituirse. De ellos, 12 están en prisión por delitos de trata de seres humanos, amenazas y coacciones.

Los testigos del vecindario han explicado a la policía que en los pisos vivían entre seis y siete proxenetas y que Armadà mantenía contacto frecuente con ellos. El alcalde posee varios negocios en la zona, entre ellos un bar, y pasa a diario por allí. “Le he visto muchas veces hablar con ellos en la calle y beber algo con ellos en los bares”, afirmó uno de ellos, que prefiere mantenerse en el anonimato. El alcalde reconoció ante la policía que sabía a lo que se dedicaban los proxenetas. “Sé que reparten a chicas por la carretera, es de dominio público”, dijo a los agentes el pasado 8 de mayo. Tampoco negó que les viera con frecuencia en la zona. Armadà no quiso ayer hacer declaraciones a este periódico y se limitó a afirmar: “He venido como testigo”.

El juez también citó a declarar a un ciudadano rumano que vivió durante unos meses en el hostal Pepe, local situado en la carretera de Roses y en el que la policía practicó varias detenciones por esta operación, a la que denominaron Danubio. “Los jefes eran búlgaros y yo soy rumano. Puedo probar que no tengo nada que ver”, declaró. Según este hombre, en el hostal Pepe vivían “unas 10 chicas” que se prostituían también en la N-II, una carretera que cruza la provincia y donde en esta época hay decenas de mujeres que venden sexo a los conductores.

El bloque, propiedad de Armadà y de su esposa a través de la sociedad mercantil Dolors Tomàs SL, está situado en una zona muy turística cercana al Museo Dalí. Hasta la operación policial era frecuente oír gritos y golpes procedentes de los pisos, aunque la calle estuviese llena de turistas en las terrazas. “Me he negado siempre a que se sienten aquí”, explicó el dueño de un establecimiento de la zona. El restaurador se cruza a diario con Armadà, pero no entiende que el alcalde alquilase a sabiendas sus pisos a una banda de explotadores. “Él tiene hijas de la edad de esas mujeres. La gente cierra los ojos”, afirmó este restaurador.

A raíz de las detenciones, los comerciantes de la zona explican que la situación está “más tranquila”. Aunque, todos confirman, entre cinco y siete mujeres todavía viven allí. Las chicas han ido cambiando. Hace un tiempo los proxenetas las trasladaban en furgoneta, pero las prácticas del grupo se han modificado con los años. “Las veías salir por la mañana con sus sillitas plegables y la sombrilla”, explica otro trabajador de la zona. “Destrozadas, hechas polvo, demacradas”. Son los adjetivos que utiliza para describir a las mujeres, sometidas a horarios infernales. La policía, que investiga los bienes patrimoniales de la banda, se incautó de numerosa documentación, según un testigo de la operación.

Armadà, que también es diputado provincial, llevaba años alquilando los pisos de la calle de Magre 5 a los presuntos proxenetas, según fuentes cercanas al caso. El bloque, pintado de color rojo, tiene ocho viviendas, aunque tres de los telefonillos no funcionan.

En la declaración ante la policía, el alcalde admitió que alquiló uno de los pisos a Mariyana S., que se encuentra en prisión preventiva. Iglika A. tenía arrendado el 2º B y también está en la cárcel. Las mujeres serían las encargadas de controlar a las chicas con mano de hierro.

Y no se follaba a las meretrices? Raro, raro, raro...

Cualquier político es un proxeneta por definición. Sus putas somos nosotros.

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